Manuel Baeza

Primero lo primero. Comenzó el año y la prioridad del gobierno estatal (que apenas regresa de vacaciones) es la elección del próximo Fiscal Anticorrupción de Jalisco.
Por supuesto que hay muchos temas importantes para las autoridades estatales, pero en lo más alto de su lista de pendientes está el definir quién sustituirá a Gerardo de la Cruz como fiscal, pues es un cargo muy importante como para dejarlo en segundo plano.
Ya hay 30 aspirantes al puesto, 20 hombres y diez mujeres. Ahora falta que desde Palacio de Gobierno se presente a los diputados locales una terna (13 de enero) para que se realicen entrevistas a los seleccionados (16 de enero), y se decida si esas tres personas son elegibles. La fecha límite para que el Congreso local decida al fiscal mediante votación es el 20 de enero.
Parece sencillo, pero no lo es tanto. Y es que, si bien la elección de la terna recae en la oficina del gobernador, para lograr la lista de los tres candidatos finales se han hecho consultas con diferentes grupos y sectores sociales, incluyendo personajes partidistas, todo con miras de lograr un consenso o, en su defecto, para tener las menos fricciones posibles a la hora de que los legisladores voten.
El tiempo apremia, y como formalmente los legisladores regresarán a trabajar el próximo lunes 12 de enero, el periodo para sacar “humo blanco” se redujo significativamente.
Funcionarios estatales reconocen que hay especial atención en el tema. Que Pablo Lemus ha estado muy involucrado en el proceso (al final la terna será suya), y que busca una decisión final que pueda convencer a la mayoría. Nada de “fiscal carnal”, dicen.
La lista de aspirantes es grande, pero los conocedores ven con posibilidades a Tatiana Esther Anaya (las damas primero), a Ricardo Sánchez Beruben, y a Kristyan Felipe Luis Navarro.
Así que puede usted estar seguro de que no hay más tema en la agenda política que el nombramiento del fiscal anticorrupción. Ya los cambios en el gabinete, y otras cosas, vendrán después. Primero lo primero.

Primero lo primero

Pocas cosas tan impopulares para un gobierno como el aumento a la tarifa del transporte público. No importa el color del partido, ni el tamaño de la población usuaria: Que el transporte público cueste más, siempre de los siempres será sometido a debate (si acaso), y a fuertes críticas por parte de la oposición y, por supuesto, de la población.
En el caso de Jalisco tenemos un comité técnico encargado de analizar las tarifas y, de sugerir al gobierno en turno la necesidad, o no, de un incremento. Luego, el mismo gobierno decide si hace caso a la propuesta, o si decide modificarla. Y la decisión siempre tiene un componente político. Así son las cosas.
El reto es lograr un mecanismo que deje fuera la parte política de cualquier gobierno, sea del color que fuere, en la decisión de subir las tarifas, y en cuál porcentaje.
Es una utopía, pero lo ideal sería que un comité tarifario tuviera la representatividad necesaria para tomar decisiones sin necesidad del aval de un gobierno. Que tanto empresarios como usuarios del transporte tuvieran voz y voto en las discusiones y decisiones. Y que el gobierno simplemente fuera garante de lo acordado.
Me manejo en la idea de que el transporte público es algo tan importante que no debería estar en manos de un gobierno o de un grupo de empresarios. Tendría que estar regulado y sancionado por un verdadero organismo público, una autoridad con la fuerza y representatividad necesaria para que todos los sectores de la sociedad asumieran sus decisiones sin dudar.
Y que ese organismo pudiera hacer revisiones bianuales a las tarifas para evitar rezagos. Que todos supiéramos y entendiéramos que se deben ajustar las tarifas del transporte de manera constante para evitar golpes fuertes a los bolsillos de la sociedad.
¿Es posible? Tal vez, pero lo veo difícil.

Tarifas al transporte: la utopía

Viene para Jalisco un “año bisagra”. Me refiero con ello a los doce meses que los políticos y funcionarios con aspiraciones dedicarán a armar sus candidaturas electorales para 2027.
Este “año bisagra” se caracterizará por el esfuerzo que harán los políticos y funcionarios para resaltar ante la opinión pública. Sin son alcaldes o alcaldesas, intensificarán su trabajo “pie a tierra” para recorrer barrios y colonias con obras y promociones para reforzar su nombre, de cara a las boletas para la reelección, o para un cargo diferente si es que se encuentran en su segundo periodo al frente de un municipio.
Los que son secretarios estatales y quieren brincar a una presidencia municipal o diputación también dedicarán buena parte de su tiempo a dejarse ver, y a mostrar por todas las vías posibles los logros de su trabajo.
Otros son los legisladores locales y federales. Muchos querrán aparecer en las boletas del 2027, y para ello se mostrarán mucho más activos (e incluso agresivos políticamente) para que los electores (aunque hubieran llegado al cargo mediante una lista) los volteen a ver.
Sobra decir que, por ser año mundialista de futbol, habrá para los políticos muchas más oportunidades de dejarse ver, pues lo menos que harán será mostrarse en redes sociales con la playera del equipo mexicano festejando todos y cada uno de los goles de la selección (Dios me oiga). Ahora sí que, hasta quienes no saben de futbol, serán expertos.
Nada hay de sorpresa, pues. El 2026 será el año de las precampañas, y nadie nos libraremos de ellas.
Eso sí: Habrá que ir analizando el trabajo de cada uno de los políticos que no podrán decir que quieren ser candidatos, pero lo dejarán ver con sus acciones. Esperemos que el relumbrón y la fiesta futbolera no nos distraigan mucho de la realidad de los funcionarios, alcaldes y legisladores.

2026, el “año bisagra”

Ya suena el silbato de la Línea 4 del Tren Ligero.
La obra, iniciada físicamente en mayo de 2022, está terminada y en periodo de pruebas. Será el próximo lunes 15 de diciembre cuando la línea comience a dar un servicio largamente esperado, y que se estima servirá para transportar a más de cien mil pasajeros por día, lo que deberá contribuir a mejorar la movilidad en una zona altamente poblada y obligada a transporte en vehículos de motor: autos particulares y camiones, lo que genera un tráfico terrible todos los días y a toda hora.
Que la Línea 4 comience a operar es una buena noticia. Se trata de una obra importante para una ciudad que avanza muy lento en materia de transporte público. Entiendo que es más fácil decirlo que hacerlo, pero a estas alturas de la vida metropolitana deberíamos ir en la línea 8 o 10 del Tren Ligero, y no en la 4. Vamos tarde, y espero que esta nueva ruta ayude a que los políticos y funcionarios se den cuenta del cambio de vida que representa para miles de personas un sistema eficiente de transporte colectivo.
Ya con la Línea 4 en marcha, y con la Línea 5 (que no es tren ligero) en creación, urgirá la ampliación de la Línea 3 hasta Tesistán y, por qué no, hasta La Venta del Astillero. Es algo que podría hacer la actual administración estatal en los cinco años de gobierno que le quedan pendientes.
Y todos aquellos con ganas de ocupar Casa Jalisco y despachar en Palacio de Gobierno bien harían en analizar cuál debería ser la Línea 6 y la 7, para no perder tiempo y comenzar su construcción en 2030. Sería, además, un excelente argumento de campaña.
Por lo pronto ya suena el silbato de la Línea 4. Será el lunes cuando Pablo Lemus (¿vendrá Enrique Alfaro?), su equipo, y representantes de diferentes grupos sociales hagan el primer viaje en la nueva ruta. Y habrá caras felices por todos lados, con absoluta justificación.

Línea 4: ya suena el silbato

Donald Trump lo tiene muy claro: necesita dar un golpe en Venezuela para reafirmar su política internacional en contra de las drogas y el narcotráfico. Y lo dará pronto.
Puede ser que cuando este texto sea publicado, algo haya ocurrido ya. Lo cierto es que el interés estadounidense por el petróleo, y luego por la libertad de Venezuela, terminará en una acción militar en territorio sudamericano. Las palabras de Donald Trump en redes sociales y en declaraciones públicas este martes son la señal de que ya tiene decidido el derrocamiento de Nicolás Maduro y el apoyo militar estadounidense para un gobierno de transición. Una frase recién utilizada por el presidente del país de las barras y las estrellas ante periodistas es contundente: “Empezaremos con los ataques por tierra. Acabaremos con esos hijos de perra”.
La maquinaria de guerra estadounidense no se mueve sin necesidad. El desplazamiento de barcos de guerra gringos en la zona del Caribe es enorme, y cuesta una fortuna en términos de combustible y avituallamiento. El consenso de los analistas en la materia es que habrá intervención de algún tipo, y que ésta es inminente.
El apoyo militar de Rusia al país sudamericano existe, pero es mínimo. El ejército de Vladimir Putin tiene las manos llenas en Ucrania, y la mira puesta en otros puntos de Europa, por lo que no se meterá de lleno en el tema. Hay prioridades y Venezuela no es una de ellas.
Habrá que ver qué tanto resisten las milicias venezolanas. Estados Unidos pondrá su cuota de sangre, pero la mayor parte vendrá del lado del ejército sudamericano.
Nicolás Maduro ha perdido su presencia en la opinión pública latina. El deterioro de su país es tan grande, que pocos saldrán a defenderlo a él. A eso apuesta también Trump: a que Maduro termine exiliado en Cuba en el mejor de los casos, o a que se detenga y traslade a Estados Unidos para languidecer en una prisión mientras se le enjuicia como narcoterrorista.
Algo viene y es pronto, si no es que ya. No queda más que rezar por los venezolanos.

Venezuela: Donald Trump lo tiene muy claro

El tendero ya lo advirtió: vienen alzas a productos básicos (que no son básicos). Dichas alzas comenzarán en apenas unos días y rematarán en plena cuesta de enero.
El tendero es el hombre joven que tiene su negocio a la vuelta de mi casa, y a quien conozco desde hace varios años. El martes que fui por tortillas y leche me recibió diciendo que viene un año difícil, y para reforzar su vaticinio explicó que una conocida marca refresquera adelantó que el refresco negro de 600 mililitros pasará de 20 a 28 pesos por botella gracias al aumento en los impuestos propuestos por la Presidencia de México, y que fueron aprobados por la 4T en el Congreso de la Unión. En el caso de esta conocida trasnacional de los refrescos, una parte del alza de los ocho pesos se aplicará en diciembre, y la otra en los primeros días de 2026, para que el consumidor no lo resienta de un solo golpe.
“Viene un enero muy difícil”, insistió el tendero, quien por experiencia espera que en las próximas visitas que le hagan los proveedores, le anuncien alzas similares en bebidas azucaradas y otros productos.
No leo mucho a economistas o analistas financieros; tal vez ellos ya adelantaron un incremento en los precios, pero si el tendero me dice que vienen las alzas, y que vienen en serio, le creo.
A como me pintan el panorama económico de 2026, solo me quedan dos opciones: o me pongo a ahorrar lo más que pueda desde hoy mismo, o me concentro lo suficiente para adivinar el número ganador de la Lotería Nacional. Eso sí: no sé cuál de ambas opciones sea la más realista.
Por lo pronto regresaré a los tiempos en que el refresco negro, o cualquiera con gas, estaba fuera de mi dieta. Y al uso del transporte público con mayor frecuencia, y al café preparado en casa. El pan dulce, por supuesto, seguirá frecuentando mi mesa. Faltaba más.

El tendero ya lo advirtió

Dice mi padre que quien no quiera ruido, que no críe puercos. Algo similar ocurre con la política: quien no quiera manifestaciones, que no sea gobernante. Punto. 
Las manifestaciones son parte esencial de la vida pública. No existe el pueblo bueno que ama a sus gobernantes. Lo que sí hay son personas que están dispuestas a tolerar problemas porque consideran que se trabaja para solucionarlos, y personas que están cansadas de los problemas, y quieren soluciones visibles y palpables lo más rápido posible. Y están los paleros del gobernante en turno, pero esa es otra historia. 
El problema del gobernante es que realmente cree que es infalible; que lo que hace es mejor que lo que cualquiera otro pudiera lograr, y que los ciudadanos que protestan son ingratos, o sus enemigos. Así es como piensa quien quiera que llega al poder, aunque esté muy alejado de la realidad.
Manifestaciones, marchas, bloqueos y protestas se viven todo el tiempo en todas partes del mundo, y México no es la excepción. Busque Usted el país que considere más civilizado del mundo, y el país en el extremo opuesto, y en ambos encontrará quejas y protestas ciudadanas. En todo caso hay gobiernos que impiden las manifestaciones, pero el deterioro de la vida pública en esas naciones es más que evidente.
La presidenta de México ha mostrado su inconformidad con las protestas en contra de su gobierno, y su equipo la arropa. ¡Qué barbaridad! ¡Increíble que haya personas que no quieran/entiendan/admiren a la 4T! 
A Claudia Sheinbaum le quedan solo dos opciones: o se pone a escuchar el motivo de las manifestaciones e intenta corregir lo posible, o simplemente debe asumir que existe oposición en su contra, como lo existe también en los gobiernos de otras latitudes, y no preocuparse por las protestas. Total, si de veras la mayoría la quiere, entonces cuál es el problema. 
Pero que la administración federal actúe como si manifestantes u opositores fueran enemigos del Estado, eso ya es otra cosa. En la manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México se dejó a los revoltosos saquear tiendas, quemar locales, destruir mobiliario urbano, y agredir a los policías. Y ni un solo detenido hubo.
En la manifestación del pasado sábado se derribaron las vallas que rodean Palacio Nacional, y los granaderos salieron a atacar por parejo a quienes se cruzaron a su paso. Y hay una decena de detenidos acusados, por increíble que parezca, de tentativa de homicidio en contra de los policías. Una total desvergüenza por la desproporción a la hora de actuar contra los manifestantes. 
Manifestaciones contra Sheinbaum y su gobierno habrá el resto del sexenio, como las hubo contra AMLO, Peña Nieto, Calderón y Fox. La protesta es parte de la vida política de un país. Y al final, como dice mi padre: quien no quiera ruido, que no críe puercos… y que tampoco gobierne.
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Manifestaciones: quien no quiera ruido…

Los cambios en el gabinete del gobernador Pablo Lemus están a la vuelta de la esquina. Se rumoraban los cambios desde hace meses, pero en su primer informe de labores el mandatario dejó ver que habría movimientos, y más tarde lo dijo con todas sus letras: vienen cambios, al menos dos.
Como ya no hay sorpresa, ahora el enfoque de todos quienes se dedican (nos dedicamos) al periodismo y el análisis es tratar de descubrir quiénes se van. Y para ello la fórmula es sencilla: basta con soltar nombres de los que se mencionan, y si por lo menos uno coincide, entonces nos damos por satisfechos.
Lo cierto es que los cambios en los gabinetes son algo común. No hay gobernante alguno que haya conservado intacto a su equipo de trabajo. Eso sí: hay gobernadores de Jalisco con más movimiento en sus gabinetes que otros. 
Tan solo entre Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro se notan diferencias. En el sexenio del priísta hubo 48 titulares o encargados de despacho en 24 puestos claves; es decir, en promedio dos por secretaría o dependencia. Llama la atención lo ocurrido en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con Aristóteles, pues en seis años hubo siete secretarios o encargados de despacho.
En el caso de Enrique Alfaro (sin contar los titulares de las coordinaciones creadas en su gobierno), hubo 39 titulares o encargados de despacho para 23 puestos claves. En este caso el promedio fue de 1.7 funcionarios por dependencia. En su sexenio Alfaro tuvo tres secretarías con tres titulares en seis años: el Sistema de Asistencia Social, la Secretaría de Administración, y la Secretaría de Cultura.
Viene el turno de Pablo Lemus. En su equipo habrá dos cambios al menos en lo que falta del año, y se vislumbran más cambios en los próximos meses con miras a las elecciones de 2027. Desde hace tiempo se maneja que dos o tres de los actuales titulares de secretarías se quedarían únicamente por un año para garantizar una transición en proyectos importantes para la administración emecista. También se habla de enroques.
Vienen los cambios y las apuestas. Así es este negocio.

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¿Hay que registrar los celulares? Mi respuesta es sí, pese a la desconfianza que suele acompañar estos procedimientos.
La idea de tener un registro de las líneas de telefonía celular no es descabellada, pues para muchos efectos es necesario saber de quién es tal o cual línea de teléfono móvil, principalmente en temas de seguridad. Si cualquiera de nosotros recibe una llamada de extorsión o de amenaza, y la denunciamos, la autoridad correspondiente podrá solicitar a las empresas telefónicas los datos del responsable de la línea para investigar el caso.
Porque es importante precisar que, según lo establecido, quienes tendrá guardados los datos serán las compañías de servicio celular, no el gobierno federal. El procedimiento para pedir los datos de un usuario será el mismo, como hasta ahora. Si todo sale como se presume, ningún funcionario público tendrá acceso a los datos del usuario sin haber realizado un procedimiento formal y legal para ello.
La verdad es que los ciudadanos solemos dar nuestros datos con mucha frecuencia. Si compramos autos o motocicletas, hay que registrar nuestras generales ante el gobierno. Si renovamos placas, también. Cuando compramos una propiedad hacemos lo mismo. Y también cuando pedimos el INE, o abrimos una cuenta de banco, o solicitamos crédito en una tienda departamental.
El problema es la desconfianza ciudadana hacia el gobierno en turno. Un registro similar, el llamado Registro Nacional de Usuarios de Telefonía (Renaut), se hizo cuando Felipe Calderón era presidente, y hubo las mismas dudas y molestias. No todos se registraron, y luego se comprobó que alguien vendía por internet bases de datos del registro, lo que dio al traste con el programa, que fue terminado en 2011.
El actual programa se llama Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) y se hace bajo la misma premisa que en el gobierno calderonista. La desconfianza, claro, es básicamente la misma: que los datos queden expuestos.
Creo, sin embargo, que vale la pena un registro de esta naturaleza. Si queremos terminar con las extorsiones y amenazas, se necesita un padrón de esta naturaleza. Lo que se necesita también, sin embargo, es que realmente se cuide la información proporcionada, y eso será responsabilidad de empresas y gobierno federal. Y no es una responsabilidad cualquiera.