Jonás

La discusión por el incremento de la tarifa al transporte público en Jalisco pasó de analizarse desde perspectivas económica y legales y derechos humanos, a un intercambio de acusaciones. El tema se tornó extremo después que el gobernador Pablo Lemus señaló directamente a tres diputados por incitar a la violencia en las manifestaciones públicas
Señaló en particular a las dos diputadas del Partido Futuro, Mariana Casillas y Tonantzin Cárdenas, además del coordinador de diputados del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, que llevaron manifestantes a la marcha del pasado 10 de enero y los incitaron a atacar Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana.
El mandatario se refirió también a “algunos diputados de Morena” que participan de esta politización en el tema también bautizado como “el tarifazo”.
La polarización ya es evidente en la discusión pública por el cobro del transporte, a pesar de que se haya anunciado un subsidio mediante el uso de la Tarjeta Única, para que se paguen 11 y no 14 pesos (el aumento es de 9.50 a 14 pesos y aplicará a partir del 1 de abril próximo), y adicionalmente los estudiantes de universidades públicas y privadas pagarán sólo cinco pesos, igual que los estudiantes de nivel.
La discusión es normal. Se trata, además, de una oportunidad política que los opositores a Movimiento Ciudadano no desaprovecharán. En este punto, llama la atención que el gobernador no haga referencia a los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) que también han sido críticos con el tema y que anunciaron también medidas de protesta.
Sin embargo, la discusión política genera en este momento una confrontación abierta que no necesariamente beneficia a los usuarios del transporte, que son mayoría.
Que se convoque nuevamente a una marcha este sábado 17 de abril y que se preparen nuevas movilizaciones de protesta (Morena anunció la propia para el 14 de febrero) no parece cambiar de fondo las cosas.
De hecho, el único mensaje de oposición que ha parecido coherente lo anunció la dirigencia estatal de Morena, que instalará mesas de trabajo para elaborar una alternativa formal que, afirmaron, presentarán en el Congreso del Estado. Si ésta se aprueba o se rechaza, es otro tema, pero lo importante es que haya alternativas, posiciones serias y constructivas, no sólo crítica y reprobación.
Además, en su afán de descalificar, los opositores están perdiendo una oportunidad que impactaría positivamente en todos los usuarios del transporte: exponer qué compromisos deberán hacer los transportistas para mejorar el servicio. 
Parece inevitable que se pagará más; no puede permitirse que sea por lo mismo.

Tarifa del transporte: la discusión crece

Sí, otra vez Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos apenas había favorecido el discurso de las autoridades mexicanas que cancelaron cualquier incursión de carácter militar en territorio nacional, cuando da un nuevo golpe, ahora en el ámbito económico, a la estabilidad mexicana, al declarar que el tratado comercial entre los tres países del Norte, es irrelevante para Estados Unidos.
Y adicionalmente, Trump genera un nuevo problema en la agenda del gobierno mexicano, al subrayar que en Estados Unidos no se necesitan automóviles fabricados en México, lo cual remece a la industria automotriz nacional, que ha sido desde hace décadas uno de los pilares de la economía mexicana.
Ya no sorprende que Donald Trump un día sea amable y condescendiente con la presidenta Claudia Sheinbaum, y al otro le clave un nuevo puñal a México, pero ciertamente el ritmo de ataque es muy rápido.
Hay que recordar que este año 2026 está agendada la revisión del T-MEC, y el presidente de Estados Unidos no solamente lo ha rechazado, sino que sugirió desde hace tiempo la posibilidad de cancelarlo definitivamente.
Esto contrasta con los augurios positivos que desde finales del año 2025, el gobierno mexicano y su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habían hecho públicos, dando por hecho que ya está caminado un buen tramo de la revisión del tratado comercial que involucra a México, Estados Unidos y Canadá.
La industria automotriz mexicana ha sido una de las víctimas fatales de los aranceles de Donald Trump en acero y aluminio, y de sus amenazas al acuerdo comercial tripartita. Antes de que Trump iniciara su segundo mandato en México, se fabricaban casi 4 millones de vehículos cada año; desde su llegada al poder por segunda ocasión, no solamente impuso aranceles que debe cubrir la industria automotriz, sino que hizo más complejos los trámites y procesos de manufactura, y eso ha impactado negativamente en este sector que ha generado 1 millón de empleos directos, y 3.5 millones de empleos indirectos, sumando casi el 5% del PIB en México.
La estrategia de Trump también es conocida: Ataca y después abre la puerta a una negociación en la que siempre lleva la ventaja; ser presidente de la primera economía del planeta, y de la que depende la mayor parte de la economía mexicana, le permite jugar esa mano.
Este 14 de enero, seguramente la presidenta Sheinbaum deberá tener un comentario, una salida a este nuevo golpe, ahora al ámbito económico que junto con el de seguridad, han sido los dos más comprometidos en la relación obligada de México con su vecino del Norte.
Ante la nueva urgencia, aumenta el trabajo y la necesidad de buscar alternativas y negociaciones; esta es otra tarea que se suma a las que ya tiene el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“El T-MEC es irrelevante”

Como en una repetición de lo que fue el inicio del año 2025, en este joven 2026 el gobierno mexicano se ve empujado, otra vez, a dar prioridad a la agenda que impone el gobierno de los Estados Unidos. Ayer en su rueda de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que nuevamente se había comunicado con el presidente Donald Trump y anunció con total satisfacción que queda anulada cualquier posibilidad de operaciones militares norteamericanas en nuestro suelo.
Es importante recordar el antecedente de esta llamada: Después que el 3 de enero, en una operación milimétrica los militares norteamericanos invadieron Venezuela y sacaron a Nicolás Maduro para llevarlo ante los tribunales en Estados Unidos, el presidente Trump anunció que estaba considerando iniciar operaciones contra el crimen organizado en territorio de otros países; en México nos dimos por aludidos de inmediato.
La preocupación se intensificó tanto que la presidenta anunció haberle ordenado al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, iniciar pláticas con el secretario de Estado del país vecino, Marco Rubio, a fin de aclarar de qué se trataba este proyecto; también aseguró que ella misma solicitaría una llamada con el presidente Trump para aclarar las cosas y eliminar la incertidumbre.
Este 12 de enero la presidenta informó que la llamada había tenido un lugar y que no habrá ninguna operación en territorio mexicano, porque se mantiene la colaboración (sin sumisión) y en su versión, aseguró que Donald Trump insistió en poner a disposición del gobierno mexicano a las tropas estadounidenses para combatir al crimen organizado, pero lo rechazó con firmeza argumentando la soberanía mexicana.
Aunque con diferentes fechas, pareciera que esta película ya la hemos visto varias veces.
La pregunta central es simple: ¿Puede haber militares norteamericanos en México en una incursión contra los narcotraficantes?
Es muy improbable, pero con Donald Trump en la Casa Blanca no se puede considerar imposible.
Sobre este mismo tema, hay que subrayar que la estrategia del gobierno mexicano para reducir la violencia y combatir a los carteles, está dando resultado.
La administración de Sheinbaum Pardo le informa a la de Trump que se han reducido los homicidios dolosos, pasando de 86 a 52 por día; se ha detenido a más de 40 mil acusados de cometer delitos de alto impacto, y como nunca, se han ubicado y destruido laboratorios de sustancias sintéticas como el fentanilo.
Resultados, los hay, pero no pequemos de ingenuos. Donald Trump necesita construir su historia de éxito y combate a “sus enemigos” y para tener resultados, no se va a detener ante el gobierno mexicano ni el de ningún otro país en América Latina.
Este “triunfo” de la presidenta Sheinbaum es igual a los anteriores, relacionados con temas de seguridad o de aranceles: momentáneo.
La comunicación entre los dos presidentes le reditúa frutos a Trump y también a Claudia Sheinbaum… hasta que el presidente estadounidense haga su siguiente declaración.
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Otra llamada a Donald Trump

Los partidos políticos de oposición en Jalisco encontraron una causa común que los ubica en un solo frente: Están contra el incremento a la tarifa del transporte público y su primer reclamo es al gobierno de Pablo Lemus, a quien ahora se acusa de hacer “negocios turbios” con la emisión de la Tarjeta Única Jalisco, que será la única herramienta posible para obtener un descuento, de 11 pesos para los ciudadanos “comunes” y de cinco pesos para estudiantes.
Es cierto, hay muchas dudas que requieren respuesta y que han dado juego a las críticas:
1. La empresa Broxel SAPI de CV, que será proveedora de las tarjetas, de las que espera sean emitidas hasta cinco millones, cobrará 5.45 pesos por cada plástico. ¿Será un cobro anual, mensual? La falta de aclaración de este dato da pie para señalar que el pago entregado por el gobierno estatal será multimillonario: hasta 114 millones de pesos al año, con sólo dos millones de tarjetas emitidas, si el cobro es mensual.
Además, subrayan que esta empresa está siendo investigada por la Secretaría de Anticorrupción del gobierno federal, por presuntas fallas en la emisión de vales de despensa, con afectaciones a burócratas del gobierno federal.
Curiosamente, a partir de este año la Universidad de Guadalajara entregó a Broxel el manejo de los vales de despensa para los trabajadores universitarios.
Hay que subrayar que ante las dudas, la autoridad debe entregar rápidamente la mayor información, pues la oposición política expondrá siempre el peor de los escenarios.
2. La emisión de las tarjetas debe completarse a todo vapor, antes de que el 1 de abril empiece a cobrarse la nueva tarifa del transporte. Eso da como resultado que se contará con dos meses y medio para que al menos dos millones de personas hayan completado el trámite, a fin de acceder al descuento tarifario en el transporte. Si no tienen la Tarjeta Única, los usuarios deberán pagar 14 pesos por viaje.
¿Tiene el gobierno estatal la capacidad técnica y de recursos humanos para hacer el trámite rápidamente? Habrá una plantilla de 750 personas, distribuidas en módulos de hasta 30 funcionarios cada uno. Aseguran que completarán 25 mil trámites diarios.
Hay que comprobar que lo logren.
3. Los partidos políticos, sus voceros y diputados, rechazan el incremento en la tarifa a pesar de los descuentos y afirman que hay acuerdos secretos entre el gobierno estatal y los transportistas, y lo afirman con base en sospechas, no pruebas, pero su terreno es el político, no el técnico.
La apuesta para los partidos es ventajosa: les puede costar muy poco y obtendrán mucho si empujan el descontento social y el gobierno estatal tiene fallas en los trámites, a pesar de las ventajas que la Tarjeta Única tiene para cada usuario.
Entramos en periodo de incertidumbre.

La resistencia al “tarifazo”

Una noticia de tremendo impacto fue presentada la mañana de este 8 de enero en Palacio Nacional. En la rueda de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum se anunció que los homicidios dolosos han disminuido 40% entre octubre del año 2024 y diciembre del año pasado.
La cifra es impresionante si se revisa por sí sola. Es un gran logro para el gobierno federal poder presumir una reducción de ese tamaño, y apenas en un año de administración. 
Lo que no se puede medir, no se puede mejorar, suele repetirse. Y el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum insiste en las cifras para asegurarnos que se trabaja en el combate a la violencia, a los delitos que dañan a los mexicanos, y se avanza en porcentajes considerables en la persecución de la paz y de la justicia. Precisamente por eso conviene ver no solamente el vaso medio lleno, sino también el vaso medio vacío.
Porque decir que se disminuyeron los homicidios 40% es un dato tremendo, pero la realidad en México está todavía muy, muy lejos de acercarnos a la paz que anhelamos.
La presidenta y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconocen que también entre octubre 2024 y diciembre 2025 se pasó de casi ¡87 asesinatos al día!, a un promedio de 52. Dicho de otro modo, todos los días son asesinados 52 mexicanos en nuestro país. Esa cifra por sí misma refleja una tragedia nacional.
Y hay otro punto que podemos expresar entre signos de interrogación: ¿Cómo se siente Usted? Sí, ¿usted se siente seguro o segura en la calle, en su barrio, en el transporte público, en el cajero automático del banco, incluso en su casa?
Podría parecer injusto equiparar el combate a la inseguridad que nos presume el gobierno federal, con las persistentes cifras de percepción de inseguridad; y es que los mexicanos en mayor o menor grado, manifestamos un alto muy alto porcentaje de sensación de inseguridad.
Desde octubre del año 2024 hasta el día de hoy, han sido detenidas casi 41 mil personas por delitos de alto impacto; se han asegurado más de 20 mil armas de fuego; se han incautado 320 toneladas de droga y se han desarticulado mil 890 laboratorios donde se produce droga.
Sí, hay que reconocer el trabajo que se está haciendo. Pero hay que aceptar también que falta mucho: Que la impunidad es mayor al 90%; que las cárceles son “universidades del crimen”; que hay peligros y delitos en ciudades, carreteras y zonas rurales, y otras tantas cosas. Y de paso, revisando el discurso oficial, también habría que admitir y reconocer las responsabilidades de quienes ya no están en el gobierno y en el sexenio pasado, no hicieron lo que les tocaba. Y no eran los neoliberales de antes.
Falta mucho todavía, para que podamos decir que nos sentimos seguros.

Las cifras de la violencia en México

Al que fuera el primer fiscal “autónomo” de la república mexicana, Alejandro Gertz Manero, le cumplieron la promesa de premio político para que abandonara su cargo: será el nuevo embajador de México ante el gobierno del Reino Unido, o como mejor le conocemos la Gran Bretaña.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el propio gobierno europeo acepta a Gertz como embajador, por lo que sólo queda pendiente el trámite en el Senado de la república, trámite que incluso se van a ahorrar, porque la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, también se erige con facultades para acelerar este nombramiento.
Como era de esperarse, se presume con bombo y platillo que con la incorporación de Alejandro Gertz al cuerpo diplomático mexicano, se concreta un reconocimiento a su trayectoria en el servicio público, pero este discurso no puede hacer olvidar que el señor Gertz renunció antes de tiempo a la FGR, presionado por la presidenta Sheinbaum, que quiso colocar en la dependencia a su incondicional y hoy fiscal nacional, Ernestina Godoy.
Con Gertz como embajador, se confirma esta tendencia de la 4T: Utilizar al servicio diplomático mexicano que antes fue reconocido internacionalmente, como una “agencia de colocaciones” para los aliados políticos, o quienes sirvieron fielmente los objetivos del poder.
De Alejandro Gertz, hay que decir que no cumplió con la expectativa: Fue nombrado fiscal general de la república, en un movimiento que se había originado en la ciudadanía, y que pretendía romper el nexo entre la presidencia y quien era el procurador de la justicia en materia de delitos federales; fue el primer fiscal autónomo, pero se comportó como lo habían hecho durante décadas quienes eran titulares de la Procuraduría General de la República: Estaban al servicio del poder y no de la ciudadanía.
De Alejandro Gertz se recordarán muchas cosas, pero no que haya sido un buen fiscal, porque si hubiera cumplido con esa vocación, seguiría al frente de la FGR. Se dice que siempre podemos estar peor, pero a Gertz Manero no se le extrañará en la Fiscalía. Quedan pendientes, y así seguirán en el tiempo, casos como el del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, y muchos otros actos de ataque a la ley, que han consolidado en México una oscura época de impunidad y falta de justicia.

Gertz Manero embajador

Desde que el 26 de diciembre se confirmó que la tarifa del transporte público en Jalisco aumenta de 9.50 a 14 pesos, se gestó una oposición política contra lo que llaman “el tarifazo”.
Partidos políticos de oposición y sus dirigentes, no solamente anuncian acciones y manifestaciones en contra de la nueva tarifa, sino que le exigen al gobernador del Estado que la vete e impida su aplicación a partir del 1 de abril.
En tanto, el mandatario Pablo Lemus confirma que a partir del 12 de enero inicia la emisión de la denominada Tarjeta Única Jalisco, con la que se podrá acceder al transporte público a un costo de 11 pesos, gracias a un subsidio que aplicará al gobierno estatal y que sólo en 2026, ascenderá a mil 200 millones de pesos.
La discusión en torno del transporte público tiene entonces una serie de factores políticos que seguirán siendo protagonistas en la comunicación de este fenómeno.
Pero habría que hacer énfasis en otros elementos importantes, como el derecho a la movilidad. Moverse en el Área Conurbada de Guadalajara es vital para sus habitantes. Actividades educativas, laborales, económicas, de salud, turísticas y más, no pueden realizarse sin la necesaria movilidad que en esta ciudad puede ser caótica y conflictiva al paso de los años y el crecimiento de la urbe.
Si los transportistas han pugnado durante años para que haya un incremento en la tarifa, también debe considerarse que los usuarios tienen derechos que muchas veces no se respetan; las quejas van desde un mal servicio o unidades en mal estado, hasta escasez de camiones, lo que obliga a que mucha gente espere 20, 30 minutos o más el paso de una unidad, que evidentemente está repleta de pasajeros.
También se denuncian instalaciones deficientes, con escaleras eléctricas o elevadores sin funcionamiento, lo que afecta principalmente a las personas de la tercera edad o que tienen alguna discapacidad temporal o permanente.
Igual, hay zonas de la ciudad que simplemente no cuentan con transporte público. No es casualidad que en municipios como Guadalajara o Zapopan los gobiernos municipales estén habilitando transporte gratuito en algunas colonias porque simplemente no existe.
Los transportistas, principales beneficiarios del incremento en la tarifa, deben también garantizar mejoras de inmediato y mediano plazo para que el servicio corresponda a la tarifa, y las autoridades quedan obligadas a mantener el análisis y la mejoría de la red de transporte público que no debe ser visto como un negocio o una fuente de ingresos económicos.
Hay que subrayarlo, el derecho a la movilidad es un compromiso social y de las autoridades. A partir de ese convencimiento es que debe analizarse, reformarse y garantizarse.

La nueva tarifa del transporte público

Los ojos del mundo están puestos en Venezuela y en Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Después de la intervención militar que inaugura una nueva y peligrosa etapa en el siglo XXI, lo más importante no es lo que ocurrirá con el petróleo venezolano. Tampoco qué pasará con Nicolás Mauro ante un tribunal en Nueva York. Lo más trascendente es si Venezuela podrá regresar a la democracia.
Apenas ayer, Delcy Rodríguez rindió protesta como presidenta en funciones en el país sudamericano, en un intento evidente del chavismo por mantenerse en el poder. Eso era de esperarse, pero el problema para los venezolanos radica en que pueden lograr una negociación con el gobierno de Donald Trump, si le permiten acceder al petróleo y a los recursos naturales del país, en aras de pagar una deuda que reclama el presidente estadounidense.
Si eso llega a ocurrir, ¿de qué habrá servido el derrocamiento de Nicolás Maduro?
Si millones de venezolanos desde el exilio, y dentro de su nación, aplaudieron la caída de Maduro, aunque fuera a través de la intervención de los militares norteamericanos, es porque se espera el restablecimiento de elecciones democráticas, con funcionarios que surgen de la voluntad popular y que le regresen a Venezuela la estructura y las instituciones para salir de la profunda crisis en la que han caído con el régimen chavista.
Lo que ocurre con Venezuela, evidentemente importa más a sus ciudadanos, pero es importante también para América Latina, incluido México.
Los países latinoamericanos que comparten idioma, historia, cultura y vecindad, estarán permanentemente sometidos a los excesos de autoridad y poder de los Estados Unidos. 
No es ningún descubrimiento que si el subcontinente encuentra incentivos suficientes para alianzas sólidas y duraderas, tiene mayor posibilidad de hacer frente a los arranques ilegales o de fuerza militar de la potencia del Norte.
Perder la oportunidad de apoyar a Venezuela en su proceso de democratización, es una pérdida para todas las naciones latinoamericanas, al margen de la inclinación de derecha o izquierda de sus gobiernos nacionales.
Muchas veces, en un lenguaje populista, se ha manejado que México es “hermano mayor” en América Latina. Esta es una ocasión real en la que México puede no intervenir, sino defender y apoyar un proceso real de empoderamiento de los venezolanos en Venezuela.
Porque efectivamente, la oportunidad de la democracia se está alejando rápido, mientras el gobierno de Trump pretende establecer el control sobre los recursos de ese país.

Venezuela arde mientras la democracia se aleja

Ismael Ramírez

Asma por maltrato infantil cultural

Staff quiero tv

Mi pecho no es bodega

El tema del aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco se convirtió en fuente de una profunda discusión en el Congreso del Estado, en el todavía joven año. En la primera sesión que tiene lugar en 2026, los diputados chocaron por sus diferentes posturas ante el costo del transporte.
Hubo, sin embargo, dos posiciones muy claras: La de la oposición y la de la fracción del partido en el gobierno, Movimiento Ciudadano (MC).
Con la mayoría de votos opositores, se aprobaron una serie de exhortos que pretenden entre otras cosas, exigir al gobernador del Estado, Pablo Lemus, la anulación de la nueva tarifa de 14 pesos; aplicar un referéndum para que la población se pronuncie sobre este aumento; citar a los secretarios de Transporte y Hacienda ante los diputados, y crear una Comisión Especial, integrada por legisladores y ciudadanos, para evaluar la mejoría en el servicio del transporte. 
En la sesión pasó de todo. Hubo discusiones serias y otras que rayaron en lo absurdo. Diputados de MC y algunos aliados de otros partidos, intentaron “reventar” la sesión al abandonarla y no lo consiguieron.
Además, se generó una abierta confrontación contra el gobernador del Estado, por sus señalamientos sobre la incitación a la violencia en manifestaciones públicas.
Las discusiones legislativas son enteramente normales; en el Congreso están representados los partidos políticos que cuentan con simpatía y votantes entre la población.
Sin embargo, la discusión que ocurrió ayer evidencia los proyectos particulares, las directrices de los partidos, e incluso la visión particular o de grupos, pero deja en segundo término el interés primordial de la ciudadanía: Mejorar el transporte público.
Se podrá seguir discutiendo, no sólo en el Congreso sino incluso en tribunales –para allá parece que van las cosas–, el tema de la tarifa y el proyecto de la llamada Tarjeta Única, pero lo que más debe importarle a los diputados y a los funcionarios del Gobierno del Estado es que el transporte público en el Área Conurbada de Guadalajara, y en otras ciudades del Estado, mejore notablemente.
Habría que destacar en particular, la iniciativa de crear una Comisión Especial presentada por los diputados de Acción Nacional (PAN), que durante un año esté dando seguimiento al desempeño del transporte público, bajo la condición de echar para atrás el incremento en la tarifa si el servicio no mejora.
Y la mejoría debe consistir en que haya más unidades de transporte y que el paso de éstas sea más regular; que el trato de los conductores sea cívico y que las unidades estén en buenas condiciones, entre otros varios aspectos del servicio, pues no sólo es el precio, también el producto que se está pagando, el centro de la definición final.
Si esto no se consigue, toda la discusión política y pública habrá sido inútil.

Confrontación desde el Congreso