El tarifazo, la tarjeta, Jalisco convertido en negocio

En Jalisco ya nada nos sorprende. Cada sexenio de Movimiento Ciudadano confirma lo que muchos advertimos desde la oposición: Los gobiernos de MC dejaron de ser un instrumento de bienestar social para convertirse en un modelo de negocio perfectamente aceitado, donde siempre ganan los mismos y siempre pierde la gente.

El reciente aumento al transporte público no es una medida técnica ni inevitable. Es un tarifazo disfrazado de modernización, aprobado en lo oscurito el 26 de diciembre, cuando la mayoría de las familias pensaba en cómo cerrar el año, no en cómo estirar aún más su gasto diario. Pasar de 9.50 a una tarifa técnica de 14 pesos —un incremento de casi 50 por ciento— es un golpe directo a la economía popular.

Nos dicen que “no pasa nada”, que con la Tarjeta Única el usuario pagará 11 pesos. Pero eso no es un alivio: es condicionar un derecho. Si no tienes la tarjeta, pagas más. Si no entregas tus datos personales, pagas más. Si el sistema falla —como ya está ocurriendo— pagas más. Así de simple.

La Tarjeta Única no es una política social; es un negocio financiero montado desde el poder. El gobierno decidió entregar la dispersión de subsidios y programas sociales a una empresa privada que cobrará mensualmente por cada tarjeta activa, mientras concentra información sensible de millones de jaliscienses. Todo bajo el discurso de la eficiencia, pero sin transparencia suficiente ni garantías claras.

¿De verdad alguien cree que esto no tiene un interés económico detrás? ¿Que no hay ganancias privadas en cada plástico emitido, en cada peso que pasa por ese sistema?

Y el transporte es solo una pieza más. El otro gran sello del proyecto de Pablo Lemus y Movimiento Ciudadano son las obras infladas. La Glorieta Minerva que costó 52 por ciento más de lo anunciado. La Línea 4 del Tren Ligero que terminó costando miles de millones adicionales. Plazas, vialidades y rehabilitaciones que siempre, curiosamente, terminan costando mucho más de lo presupuestado. Negocios, negocios y solo negocios.

Mientras tanto, el discurso oficial insiste en que “no hay dinero” para evitar el tarifazo o para mejorar realmente el servicio. Pero sí hay dinero para sobrecostos, para contratos opacos y para esquemas que benefician a unos cuantos.

Por eso considero que la iniciativa de las diputadas Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas, que desde el Congreso de Jalisco impulsan un referéndum, es una medida adecuada que busca que el pueblo de Jalisco decida sobre la tarifa y calidad del transpor que tenemos en nuestro Estado. Porque cuando un gobierno le da la espalda a la gente, la ciudadanía tiene derecho a decidir. El transporte público no es un lujo ni un negocio: Es una necesidad básica. Y gobernar no es administrar tarifas y contratos, es defender el interés público.

Movimiento Ciudadano convirtió a Jalisco en su empresa. Nosotros, desde la oposición, seguiremos señalándolo y combatiéndolo. Porque el estado no es un negocio y la gente no es clientela.