Staff quiero tv

AHORA, REFORMA ELECTORAL DE MORENA
Esta semana anticipa que la nueva “batalla” morenista es el apoyo a la Reforma Electoral que impulsará la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde el sábado pasado “dio color” la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, quien aseguró que la reforma no pretende “controlar” sino “construir una democracia verdadera” tal y como “lo exige el pueblo de México”… y ya se sabe que la fórmula más repetida de todos los partidos políticos es su cercanía “al pueblo”. En ese tenor, esta mañana como cada lunes, la presidenta de Morena, Erika Pérez y el senador Carlos Lomelí, presentan su propia mañanera para abordar éste y otros temas, como la actualización de su calendario de trabajo contra el aumento a la tarifa del transporte en Jalisco. Y seguramente, Lomelí Bolaños le responderá al gobernador Pablo Lemus la declaración en la que lo mostró como un ignorante.
AUTOESTIMA GIGANTE EN EL PRI
Y a propósito de Reforma Electoral, quien se voló la barda fue el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, al hacer gira política en Durango y anunciar que su partido está listo para competir en las elecciones de 2027 y 2030, con alianzas o sin ellas, pero con la certeza de ganar y encabezar “la reconstrucción nacional”. Esta afirmación fue la respuesta al anuncio de la dirigencia nacional de Morena: el PRI está a punto de desaparecer. Entre discurso y discurso, la dirigente estatal del Revolucionario Institucional, Laura Haro, también inició la difusión del riesgo que representa –afirma– la nueva reforma al proceso electoral que desde su perspectiva, afectará al Instituto Nacional Electoral y sólo tiene como finalidad que los morenistas concentren el poder y acaben con la democracia.
SIGUE LA ELECCIÓN DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN
El proceso de elección del nuevo Fiscal Anticorrupción en Jalisco puede llegar a su conclusión la tarde de hoy. A las 5:00 de la tarde está programada una sesión de la Comisión de Seguridad que encabeza la diputada Adriana Medina, en la que los diputados integrantes deberán definir quién es el elegido (o elegida) de la terna enviada desde Palacio de Gobierno. Las apuestas más fuertes apuntan a favor de Tatiana Anaya, actual consejera jurídica del gobierno estatal. Después que lo definan en la comisión, debe celebrarse una sesión del pleno mañana martes, último día para determinar esta elección.

Mi pecho no es bodega

Jonás

Se convertirá esta semana en uno de los temas centrales en el discurso de la Presidencia de la república y seguramente, será también uno de los tópicos más abordados mediáticamente. Se trata de la Reforma Electoral.
La presidenta Claudia Sheinbaum habló del asunto y se burló de que ya haya sido bautizada como la “Ley Maduro”, en alusión a que pretende un régimen como el chavista, de Venezuela.
Hay muchas sospechas y pocas certezas, pero como suele decirse: “No tengo pruebas, pero tampoco dudas”.
La nueva Reforma Electoral pretende, según lo ha dicho repetidamente la presidenta Claudia Sheinbaum y con ella la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, hacer más baratas las elecciones en México; reducir los costos de organizar elecciones, dar menos recursos públicos a los partidos políticos y recortar también los legisladores plurinominales.
Eso en primer término, pues hace falta conocer y revisar la iniciativa para esta reforma que será presidenta por la presidencia.
Curiosamente y como ha sucedido siempre en la historia política del país, mientras más afirman las autoridades que no tienen una pretensión, más se sospecha que ese es, justamente, su objetivo. Y mientras más repiten que no quieren controlar las elecciones y reducir las posibilidades de perderlas, más se instala la idea contraria.
Hay que enumerar con claridad algunos de los escenarios en el contexto de la Reforma Electoral:
a) Los partidos políticos de oposición (PAN, PRI, MC) poco pueden hacer más allá de señalar sus quejas. No cuentan con votos suficientes en la Cámara de Diputados y en el Senado. La reforma pasará como todas las anteriores, con la mayoría de Morena.
b) El freno, involuntariamente, podrían ponerlo los diputados del Partido del Trabajo y del Partido Verde, inconformes con la reducción del presupuesto público para los partidos que pretende la presidencia. La negociación está abierta.
c) El INE presentó su propia iniciativa y ésta consistió básicamente en su fortalecimiento y autonomía. Además, piden un presupuesto basado en el Producto Interno Bruto para evitar los vaivenes políticos. El encargado de la reforma, Pablo Gómez, lo rechazó.
d) Reducir el tamaño y el costo del INE, y desaparecer además a los organismos electorales estatales, opera contra la calidad de la democracia y la organización de elecciones, no al contrario.
e) Reducir el número de legisladores plurinominales (no se sabe cuántos), sólo aumentará el poder la mayoría de Morena que, previsiblemente, seguirá ganando elecciones en el ámbito legislativo. El efecto no será democratizador ni representativo, sino autoritario.
f) La Reforma Electoral puede encontrar fuerte oposición en el ámbito internacional, en especial desde el ámbito económico y de inversiones. Éste es un obstáculo que circunstancialmente, puede abogar en favor de la democracia mexicana.
Habrá que estar atentos a la propuesta de reforma.

El golpe que se prepara con la Reforma Electoral

Mario Muñoz de Loza

Los registros sobre la implementación de cuatro sistemas destinados a registrar y centralizar los datos personales de los ciudadanos no solo debería preocuparnos, sino hacernos cuestionar hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra información personal en nombre de la conveniencia y la “modernización”. Estos registros —el Sistema Universal de Salud, el Seguro Médico al Estilo Jalisco, el registro de usuarios de telefonía móvil, y la Tarjeta Única en Jalisco— son ejemplos claros de un avance digital que, bajo la promesa de simplificar procesos, arriesga la privacidad de los ciudadanos de formas alarmantes.
El Sistema Universal de Salud, que pretende agrupar el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar en un solo ente unificado, es una de las reformas más ambiciosas. A primera vista, suena como un paso positivo para garantizar acceso equitativo a la salud. Pero, al involucrar la creación de una credencial permanente vinculada a un expediente médico digital único, nos enfrentamos al peligro de que nuestra información médica más íntima se almacene y circule sin la debida protección. La idea de tener un “expediente clínico” digital accesible a todos los servicios públicos de salud es peligrosa si no se garantiza una seguridad robusta que impida su acceso no autorizado o su uso indebido.
Similarmente, la iniciativa de crear un registro obligatorio para los usuarios de telefonía móvil, con la intención de eliminar el anonimato en el uso de líneas móviles, está siendo justificada con la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, ¿quién asegura que los datos recolectados no serán usados con fines distintos a los inicialmente propuestos? Esta medida parece abrir las puertas a un espionaje masivo y, sin duda, debilita nuestra privacidad personal, especialmente si consideramos los fallos de seguridad previos que han involucrado a diversas instituciones en el país.
En el caso del Seguro Médico al Estilo Jalisco, aunque la intención de proveer atención médica gratuita es encomiable, el proceso de registro es tan sencillo como entregar un CURP y una identificación oficial. ¿Qué garantías tenemos de que nuestros datos personales, desde la salud hasta nuestra ubicación geográfica, no serán expuestos o utilizados con fines políticos o comerciales?
Lo más grave de todo es la falta de transparencia en estos procesos. Aunque se nos promete que nuestra información será “resguardada” bajo estrictas medidas de protección, el historial de filtraciones de datos en México no nos da muchas razones para confiar. Los recientes escándalos relacionados con el uso indebido de datos personales, así como la escasa rendición de cuentas por parte de las autoridades en estos temas, deberían ser una llamada de atención.
Si bien la tecnología ofrece soluciones para mejorar la eficiencia de los servicios públicos, no debemos sacrificar nuestra privacidad sin garantías claras. Las autoridades deben garantizar que la información que recabamos no se convertirá en un nuevo vector de control o de vulnerabilidad para la ciudadanía. Es imperativo que el acceso a nuestros datos personales esté regulado, y que la protección de nuestra información se convierta en un eje central de cualquier reforma digital. De lo contrario, estaremos construyendo un sistema que, en lugar de servir a los ciudadanos, los pondrá al servicio del Estado y, en última instancia, de intereses que ni siquiera conocemos.

Mario Muñoz

Muchos registros…

Federico Torres López

Las protestas en Irán no tienen antecedentes en la zona, en la escala en que se están desarrollando y en el alcance que el molesto pueblo iraní proyecta.
Recordemos amigos de quiero tv que en 1979 sobrevino en aquella vieja región de la expoderosa Persia, una revolución Islámica que lideró Ruhollah Jomeni y que terminó con la época del sha, Mohammad Reza Pahvlavi, mismo que salió huyendo junto con la princesa Farah a Egipto. El periplo de exilio de la pareja real iraní incluyó a varios países, entre ellos México.
En aquellos años, el levantamiento popular que impulsó el ayatolá Jomeni, unió a chiítas, estudiantes, laicos de izquierda y comerciantes, ante un régimen que ellos consideraban autoritario, con una economía repartida de manera desigual, y no tomaron en cuenta para la valoración del movimiento, el auge petrolero del país que los mantenía a flote. Hasta aquí el contexto.
Hoy, el régimen está en el ojo del huracán por las mismas razones del pasado, fundamentadas en la depreciación de la moneda y el deterioro de las condiciones de vida. Las manifestaciones en contra del sistema de los ayatolás se han extendido por todas las regiones del país, pero ahora la diferencia es que han sido violentamente reprimidas. Las muertes cuantificadas hasta el momento ascienden a dos mil 571, de acuerdo con la agencia de noticias de activistas de derechos humanos con sede en los EE.UU.
Para aquilatar la fuerza de los grupos opositores al sistema revisemos lo que hacen estas cuatro agrupaciones:
1. Reza Pahlavi y los monárquicos. La coalición a la que pertenecen más de 40 activistas radicados fuera del país, se unió el príncipe heredero de los Pahlavi para fundar un partido de oposición en el año 2018 que ahora está en sintonía con la administración de Trump. Reza Pahlavi radica en territorio americano.
2. Los muyahidines, que tienen dinero e influencia, pero que no tienen popularidad dentro del país iraní. Este grupo es liderado por Masud Rayaví, que comenzó una lucha armada para derrocar al sistema actual.
3. Los reformistas. El grupo está integrado por exfuncionarios, clérigos críticos y políticos reformistas que piden cambios graduales. Destaca aquí Mostafa Tajzadeh, que fue viceministro del interior durante la presidencia de Mohamed Jatamí en 1997.
4. Movimiento Mujer, Vida y Libertad. Integra a grupos pequeños y distintos cuya base común es un ideario de izquierdas. Es una coalición muy fuerte entre mujeres jóvenes y minorías.
Para nosotros, en México, las repercusiones de los acontecimientos comentados, nos pueden llegar a impactar en el alza de los precios del petróleo y en consecuencia de las gasolinas, sin embargo, nos muestran que las sociedades del mundo que no se sienten apoyadas, empiezan a levantar la voz y a tratar de buscar cambios significativos. Irán es también uno de los países en la mira geopolítica constante de los Estados Unidos.
Seguimos en conexión.

Federico Torres

¿El fin de los ayatolás?

Laura Haro Ramirez

En este inicio del 2026, el debate sobre la Reforma Electoral se atizó y volvió al centro de la discusión, pero esta vez con unos matices que han puesto de cabeza al grupo morenista. En principio, la reforma propuesta por la presidenta Sheinbaum, más que responder a diagnósticos técnicos, obedece a cálculos políticos que, como es de esperarse, favorecen al partido en el poder, y ponen en riesgo todo lo demás, con cambios radicales como la eliminación de la representación plural en el Congreso de la Unión y el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE).
La reforma para nada llega en abstracto, ni sorprende, se ha venido insertando en la misma línea discursiva y operativa de Morena, de concentración del poder, ataques sistemáticos a la democracia, y la imposición de sus propias reglas para jugar un juego que busca ganar a toda costa. Sin embargo, no es difícil entrever que lo que hay detrás del telón es la puesta en marcha de un plan para aniquilar el andamiaje democrático, que ha permitido la alternancia, la pluralidad y la estabilidad social en el país, con miras a instalar su proyecto de forma definitiva.
Las reacciones dentro del propio bloque oficialista ilustran perfectamente que con esta reforma sólo hay un ganador. El Partido del Trabajo y el Partido Verde no ocultaron sus reticencias ante la reducción del financiamiento a partidos políticos y a la figura de los plurinominales, lo que obligó a ponerle freno de emergencia al proyecto, ante la amenaza de no contar con la mayoría para su aprobación. En esta misma línea, resulta difícil de entender la ingenuidad de Morena para creer que estos dos partidos, que históricamente han vivido de lo que justo la presidenta propone eliminar, apoyarían tal propuesta.
En otra parte del escenario, las consejeras y consejeros del INE exigieron respeto al Artículo 41 Constitucional, que defiende su autonomía, personalidad jurídica y patrimonio; pidieron además un presupuesto vinculado al PIB nacional, para no estar sujeto a decisiones políticas, pero Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, rechazó ambas peticiones.
Mientras tanto, el PRI ha manifestado de manera reiterada su oposición a esta reforma porque lo único que busca es afianzar el control permanente de Morena en el país. Fue el propio PRI quien sentó las bases para que hoy existan expresiones diversas en el poder político; fue también durante los gobiernos del PRI que se creó el Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) en 1990 dándole todas las atribuciones para convertirlo en el árbitro electoral que dio paso a la alternancia política en México.
Las vicisitudes y tensiones desdobladas en el debate por la reforma han obligado a Morena a replantear su proyecto, aunque sabemos que no cambiarán su propósito de debilitar los contrapesos y rediseñar las reglas para su beneficio. Lo que tenemos claro es que México merece más, no menos democracia.

Laura Haro

La Reforma Electoral

Isaura Amador

Hoy, mientras manejaba por una de las avenidas de Zapopan, me encontré con una frase sencilla, colocada en la parte trasera de un camión de transporte público: “Todos somos peatones, sé más empático”.
El mensaje me acompañó durante el trayecto y pensé en lo fácil que puede olvidarse una verdad cuando vamos detrás del volante: la movilidad no se trata únicamente de vehículos, se trata de personas. Todas y todos, en algún momento del día, formamos parte de la movilidad peatonal, ya sea caminando o de manera asistida, como en una silla de ruedas.
Caminamos para llegar a la parada, para cruzar la calle, para acudir a la escuela, al trabajo o a una consulta médica. Por ello, hablar de movilidad es hablar de derechos: del derecho a desplazarnos de manera segura, accesible y digna, sin importar en qué parte de la ciudad vivimos o qué medio utilizamos para movernos. Durante mucho tiempo, las ciudades se diseñaron desde una lógica centrada en el automóvil. Hoy es evidente que ese modelo ya no responde a las necesidades reales de la población. La pirámide de la movilidad es clara: primero el peatón, después el transporte público y, al final, el vehículo particular.
No se trata de una tendencia pasajera ni de un concepto técnico aislado, sino de una visión de justicia urbana que reconoce que el espacio público debe priorizar a las personas. En Zapopan hemos entendido que garantizar este derecho implica generar condiciones reales para una movilidad más equitativa.
Por ello, la infraestructura se construye con una perspectiva de inclusión: banquetas amplias que permiten caminar con mayor seguridad, especialmente a mujeres, infancias y personas adultas mayores; cruceros seguros que incorporan huellas podotáctiles para personas con debilidad visual, reconociendo que la ciudad se vive de distintas maneras; y bolardos que delimitan el espacio y establecen un principio claro: la banqueta es para caminarla, no para invadirla.
De eso se trata la justicia espacial: de distribuir de manera más equitativa el espacio, la seguridad y las oportunidades dentro de la ciudad. No es solo una discusión técnica, es una discusión ética. ¿Quién puede caminar con tranquilidad? ¿Quién se ve obligado a bajar a la calle porque la banqueta es estrecha o inexistente? ¿Quién cruza con confianza y quién con temor? Diseñar ciudades pensadas para el peatón es reconocer que la vida cotidiana importa y que todas las personas tienen el mismo valor. Que moverse a pie no es un acto secundario, sino el punto de partida para una ciudad más ordenada, más incluyente y más humana. Tal vez por eso esa frase sigue resonando: porque la empatía también se construye desde la forma en que compartimos y cuidamos el espacio público.

Todas y todos somos peatones

Laura Castro Golarte

A mediados del siglo pasado, poco después de la Segunda Guerra Mundial, México estuvo de moda. De la mano con Estados Unidos, porque a ese país le convenía, y bajo el paraguas de la política del buen vecino implementada por Franklin D. Roosevelt desde los años 30, nuestro país vivió lo que se conoce como “milagro mexicano”, un periodo en el que el crecimiento económico fue alto, la población más o menos tenía poder adquisitivo y las expectativas de desarrollo eran alentadoras.
No por nada se llamó así, milagro mexicano, con una duración entre dos y tres décadas dependiendo de los analistas y de las fuentes. Algunos sostienen que este periodo empezó hacia finales del sexenio de Lázaro Cárdenas y otros lo ubican, el arranque, en la presidencia de Manuel Ávila Camacho.
De las diferentes acciones, medidas y/o circunstancias que implicó el milagro mexicano quiero destacar una que luego llevó a un cambio radical y crítico en materia económica, porque, hay que decirlo, en muchos sentidos el milagro mexicano no fue tal, las inconformidades de varios sectores se multiplicaban y las manifestaciones sociales eran cada vez más frecuentes: ferrocarrileros, médicos, maestros y estudiantes, por mencionar las principales. Aquí inicia y con fuerza, la consolidación del sistema político mexicano autoritario, represor, que conocimos y padecieron muchos en la segunda mitad del siglo XX.
Me refiero a la sustitución de importaciones. La aplicación de este concepto significaba que la industria mexicana era protegida mediante la imposición de aranceles a productos de otros países. La idea era que la producción industrial fuera mexicana en su totalidad o en la mayor parte y lo que por lo general se importaba, se fabricaría en México.
Funcionó para algunos, pero para muchos no. Lo que sucedió fue que el gobierno mexicano empezó a ser acusado de prácticas proteccionistas que, lejos de impulsar a los industriales mexicanos, los perjudicaba porque muchos se durmieron en sus laureles y producían insumos de muy baja calidad. El contrabando, la fayuca, como se le conocía popularmente, vivió sus tiempos de gloria.
Pues bien, las exigencias de Estados Unidos, ya en los años sesenta, para que México se abriera al mundo, al comercio exterior y a la todavía no identificada como globalización, empezaron a ser cada vez más y más fuertes y constantes. Además de lidiar con las circunstancias internacionales, más los conflictos y cuestiones derivadas del petróleo, el milagro mexicano se cayó, quedaron expuestas sus deficiencias y los gobiernos autoritarios le abrieron la puerta de para en par a la corrupción que se sumaba o era parte de ella, la ineficiencia de la administración pública, ya fuera federal, las estatales o las municipales. Desastre.
Ya sabemos ¿no? Enriquecimientos inexplicables e ilícitos, por supuesto; malas decisiones, endeudamiento, caída de los ingresos de los mexicanos y de su poder adquisitivo, crisis cambiaria con sucesivas y cada vez más profundas devaluaciones, pobreza y desigualdad más un aumento considerable en las inconformidades sociales con todo y que eran brutalmente reprimidas. Son los tiempos de la guerra sucia.
Después de los sismos de 1985, es Miguel de la Madrid el que abiertamente mete a México a la dinámica neoliberal con la apertura que implicó el ingreso al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el famoso GATT por sus siglas en inglés. Se empieza entonces con una apertura para la que México no tenía condiciones después de que su planta industrial, sobreprotegida, era ineficiente salvo algunos ramos exitosos como el cemento.
Hay que ver los números del sexenio de De la Madrid para acordarnos tantito de cómo se profundizó la crisis, la pobreza extrema y las desigualdades.
No contentos con eso, el PRI, dueño del sistema político mexicano autoritario, dizque para “legitimarse” después del fraude de 1988, discurrió ampliar su inclusión en el mundo y nos vendieron muy bien el cuento de la globalización y del libre comercio con la promesa de llegar, por fin, al primer mundo.
Fue cuando se negoció, se firmó y entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, con grandes desventajas para nuestro país, particularmente en los ingresos de los trabajadores mexicanos y la ausencia, hasta la fecha, de un acuerdo migratorio. Estamos ya en 1994.
De entonces a la fecha, fue una cantaleta de los empresarios —y con justa razón— la urgencia de que México se diversificara en cuanto a los mercados con los que tenía convenios o relaciones comerciales; no podía apostar todas sus fichas sólo en Estados Unidos o en el acuerdo del llamado entonces TLCAN. Nunca sucedió. Sí, hay una larga lista de tratados comerciales, pero ninguno con los niveles de intercambio como el de América del Norte; claro que separarse, desprenderse o de plano, desconocerlo, afectaría mayormente a nuestro país, digo, para quienes afirman que no se ha hecho lo suficiente para atender la urgencia de la diversificación; el margen de maniobra es mínimo, casi nulo.
Pues bien, como habrá deducido el lector, todo este preámbulo tiene que ver con esta afirmación del presidente del vecino del Norte (nada qué ver con aquella política del Buen Vecino que era exactamente al revés de lo que está haciendo ahora  Donald Trump) en el sentido de que para Estados Unidos el T-MEC es irrelevante, que no necesita los productos mexicanos ni canadienses, justo cuando está en proceso la negociación programada para el inicio de este año.
Las repercusiones no se han hecho esperar y bueno, el viernes pasado, el primer ministro de Canadá realizó una visita oficial a China que claro que no está peleada con el libre comercio promovido y exigido por Estados Unidos desde el siglo pasado. En cuanto a México, se reiteran las ventajas, ganancias y beneficios que han tenido los tres países desde 1994 y, claro está, que las condiciones del tratado pueden mejorar.
Un punto significativo que se empezó a atender desde 2018 a la fecha tiene que ver con los salarios en México. Antes de 2018 no se aumentaban porque se aducía que aumentaría la inflación exponencialmente y que México perdería productividad; pues no, ya estamos viendo que no, al contrario. Con todo, toca aportar para que el tratado se mantenga dada la vinculación extrema de las economías de los tres países y sí, Estados Unidos también lo necesita, no sólo se trata de automóviles.
Hay analistas que vaticinan el fin del libre comercio como lo hemos conocido en los últimos 40 o 50 años; y hay quienes sostienen que Trump tendrá que dar marcha atrás a sus constantes amenazas. Ya veremos, como todo lo que pasa con respecto al vecino norteño, hay circunstancias incluso internas en Estados Unidos que pueden llevar a un cambio de estrategia, a un rediseño de prioridades. La incertidumbre prevalece, es cierto, pero no es cualquier cosa decir, “es irrelevante”. Esa afirmación ya movilizó a Canadá y en México, de manera paralela, se trabaja en polos de desarrollo y en relaciones con otros mercados.

Milagro mexicano y apertura comercial

Héctor Ruiz López

Tal parece que el Gobierno de Jalisco no calculó el verdadero impacto político y social de dos decisiones tomadas desde Casa Jalisco que, en cuestión de días, han generado una intensa polémica en redes sociales, medios de comunicación, sobremesas familiares y charlas de café. La primera fue el incremento a la tarifa del transporte público, que pasó de $9.50 a $14.00 pesos de un solo golpe, lo que representa un aumento del 47.3%. La segunda, estrechamente vinculada a la primera, fue condicionar los descuentos a la obtención de la llamada Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco”, mediante la cual los estudiantes pagarían $5.00 pesos por viaje y el público en general $11.00 pesos.
Es cierto que la tarifa del transporte público llevaba varios años sin actualizarse y también es cierto que los costos de operación —diésel, refacciones, mantenimiento— se han incrementado. Sin embargo, ello no justifica un aumento de esta magnitud ni bajo esta lógica. De hecho, integrantes del propio Comité Tarifario han reconocido públicamente que el dictamen técnico nunca estableció una tarifa de $14.00 pesos, como finalmente lo autorizó el gobernador mediante acuerdo administrativo. Hubiera sido más razonable aplicar incrementos graduales, y no autorizar de una sola vez una tarifa pensada en clave prospectiva, como si ya estuviéramos en el año 2030.
A ello se suma la polémica Tarjeta Única. Conviene aclararlo: no se trata de una tarjeta bancaria, pero sí implica un costo mensual directo para la ciudadanía de $5.45 pesos por tarjeta activa. Considerando que el contrato firmado con la empresa Broxel prevé la emisión de hasta 5 millones de tarjetas, el costo potencial asciende a aproximadamente 27 millones 250 mil pesos mensuales, con cargo al presupuesto estatal. A esto debe añadirse el subsidio al transporte: cada usuario que pague con la tarjeta recibirá $3.00 pesos por viaje, recursos que serán transferidos a los concesionarios. El propio gobierno ha anunciado una bolsa inicial de al menos mil 200 millones de pesos solo para esta parte del subsidio.
Estas decisiones no solo han provocado un amplio malestar social, sino que también han logrado algo poco común: unir a la oposición política. PRI, Morena, PT y PAN se han pronunciado en contra del incremento, al igual que las fracciones locales de Hagamos y Futuro. Incluso en el Congreso del Estado se vivió un episodio inusual, cuando la bancada de Movimiento Ciudadano abandonó el pleno para evitar debatir el tema, hecho duramente criticado por la oposición.
A ello se suma el impulso a la recolección de firmas para solicitar un referéndum sobre el incremento al transporte público. Más allá de su viabilidad jurídica —pues mientras el gobierno sostiene que es inviable, hay quienes afirman que existen criterios de la Suprema Corte que podrían abrir la puerta a su procedencia—, el dato político es claro: el tema ha escalado. Y la pregunta persiste: si el aumento fue autorizado a finales de diciembre, en un periodo prácticamente vacacional, ¿por qué se aplicará hasta abril de 2026? El debate ya no gira solo en torno a la tarifa, sino a la forma, el fondo y las consecuencias de decisiones que, lejos de apagarse, siguen alimentando el descontento social.

Héctor ruiz

Decisiones que incendian la agenda pública en Jalisco

Clima en México: Jornada lluviosa y fría en gran parte del país

Veracruz: Asesinan a comandante de policía municipal

Sheinbaum presenta Plan de Justicia para chichimecas y otomíes

En un reporte reciente, autoridades informaron sobre el aseguramiento en Ensenada, Baja California, de un tractocamión que transportaba 720 litros de líquido, presuntamente relacionado con actividades ilícitas.
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Según estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el año 2025 registró un récord en el decomiso de vehículos cisterna utilizados para trasladar huachicol y precursores químicos durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo. En total, se aseguraron 1,017 unidades de este tipo, superando las cifras de los años anteriores: 199 en 2019, 133 en 2020, 71 en 2021, 131 en 2022, 273 en 2023 y 541 en 2024.
En cuanto a tractocamiones, en 2025 se confiscaron 3,255 unidades en operativos contra el tráfico ilegal de combustibles y sustancias base para drogas sintéticas. Las cifras previas incluyen 1,156 en 2019, 507 en 2020, 318 en 2021, 398 en 2022, 923 en 2023 y 2,255 en 2024. Del periodo de enero de 2019 a diciembre de 2025, el total de camiones cisterna incautados asciende a 2,365, mientras que los tractocamiones suman 8,812.
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La Sedena no desglosa cuántas de estas unidades están ligadas específicamente al traslado de combustible ilegal o a precursores químicos, ya que su base de datos no permite vincular los registros de vehículos con las sustancias incautadas. La dependencia aclara que sus efectivos realizan aseguramientos en casos de flagrancia delictiva, en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y ponen inmediatamente a disposición del Ministerio Público los objetos del delito. Además, participan en actividades para reducir los índices de violencia en el país.
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En agosto de 2025, fuerzas federales interceptaron un tractocamión en San Luis Río Colorado, Sonora, que transportaba 1,201 paquetes con presunta cocaína. El vehículo, acoplado a una caja seca, fue detectado durante labores de vigilancia por el Ejército, Guardia Nacional, Marina, FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al notar irregularidades en el techo de la caja.

Huachicol en México: Aumenta el aseguramiento de tractocamiones

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