Decisiones que incendian la agenda pública en Jalisco
Tal parece que el Gobierno de Jalisco no calculó el verdadero impacto político y social de dos decisiones tomadas desde Casa Jalisco que, en cuestión de días, han generado una intensa polémica en redes sociales, medios de comunicación, sobremesas familiares y charlas de café. La primera fue el incremento a la tarifa del transporte público, que pasó de $9.50 a $14.00 pesos de un solo golpe, lo que representa un aumento del 47.3%. La segunda, estrechamente vinculada a la primera, fue condicionar los descuentos a la obtención de la llamada Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco”, mediante la cual los estudiantes pagarían $5.00 pesos por viaje y el público en general $11.00 pesos.
Es cierto que la tarifa del transporte público llevaba varios años sin actualizarse y también es cierto que los costos de operación —diésel, refacciones, mantenimiento— se han incrementado. Sin embargo, ello no justifica un aumento de esta magnitud ni bajo esta lógica. De hecho, integrantes del propio Comité Tarifario han reconocido públicamente que el dictamen técnico nunca estableció una tarifa de $14.00 pesos, como finalmente lo autorizó el gobernador mediante acuerdo administrativo. Hubiera sido más razonable aplicar incrementos graduales, y no autorizar de una sola vez una tarifa pensada en clave prospectiva, como si ya estuviéramos en el año 2030.
A ello se suma la polémica Tarjeta Única. Conviene aclararlo: no se trata de una tarjeta bancaria, pero sí implica un costo mensual directo para la ciudadanía de $5.45 pesos por tarjeta activa. Considerando que el contrato firmado con la empresa Broxel prevé la emisión de hasta 5 millones de tarjetas, el costo potencial asciende a aproximadamente 27 millones 250 mil pesos mensuales, con cargo al presupuesto estatal. A esto debe añadirse el subsidio al transporte: cada usuario que pague con la tarjeta recibirá $3.00 pesos por viaje, recursos que serán transferidos a los concesionarios. El propio gobierno ha anunciado una bolsa inicial de al menos mil 200 millones de pesos solo para esta parte del subsidio.
Estas decisiones no solo han provocado un amplio malestar social, sino que también han logrado algo poco común: unir a la oposición política. PRI, Morena, PT y PAN se han pronunciado en contra del incremento, al igual que las fracciones locales de Hagamos y Futuro. Incluso en el Congreso del Estado se vivió un episodio inusual, cuando la bancada de Movimiento Ciudadano abandonó el pleno para evitar debatir el tema, hecho duramente criticado por la oposición.
A ello se suma el impulso a la recolección de firmas para solicitar un referéndum sobre el incremento al transporte público. Más allá de su viabilidad jurídica —pues mientras el gobierno sostiene que es inviable, hay quienes afirman que existen criterios de la Suprema Corte que podrían abrir la puerta a su procedencia—, el dato político es claro: el tema ha escalado. Y la pregunta persiste: si el aumento fue autorizado a finales de diciembre, en un periodo prácticamente vacacional, ¿por qué se aplicará hasta abril de 2026? El debate ya no gira solo en torno a la tarifa, sino a la forma, el fondo y las consecuencias de decisiones que, lejos de apagarse, siguen alimentando el descontento social.
