Laura Haro Ramirez

El fin de semana, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, presentó un acuerdo con la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) por el cual la tarifa del transporte público para estudiantes será de 5 pesos por viaje durante todo su sexenio. El pacto, celebrado con la dirigente estudiantil Fernanda Romero, fue presentado como un “respaldo a la educación” y un acto de sensibilidad hacia las familias jaliscienses en medio del furor del aumento al pasaje.
A primera vista, la medida pareciera un triunfo incuestionable para los movimientos estudiantiles. Sin embargo, no hay que perder de vista el panorama completo ante la euforia de una “tarifa preferencial por todo el sexenio”. El anuncio ocurre en medio del encono social generalizado, y ante la amenaza de manifestaciones en contra de un alza del 47% en términos reales, a un servicio que simple y llanamente no los vale. Suena más a un cálculo político.
Este contexto importa. Que la tarifa estudiantil apenas suba 25 centavos, para ubicarse en 5 pesos, no quiere decir que éste sea el costo final de cada viaje hacia los centros de estudio, por el contrario, aumenta la brecha entre los 14 pesos que devengarán los transportistas y la tarifa que aportarán los estudiantes, ¿y quién cubrirá el boquete? Más allá de eso, ¿de qué tamaño es el boquete? Veamos.
Aunque no se precisa si el subsidio del gobierno será para todos los niveles de educación o sólo para medio superior y superior, supongamos que es exclusivo para los dos últimos. De acuerdo con el INEGI, en Jalisco hay alrededor de 597 mil estudiantes de preparatoria y universidad. Se estima que el 80% utiliza transporte público, es decir, cerca de 478 mil usuarios, y que cada uno toma en promedio 4 camiones diarios: un millón 911 mil pasajes por día.
Si la tarifa real es de $14.00 y los estudiantes pagarán $5.00, el Estado subsidiará 9 pesos, lo que da más de 17 millones de pesos por día, y ya que la tarifa entrará en vigor el 1 de abril, durante el resto del 2026 el monto total del subsidio a estudiantes será de 4 mil 729 millones 536 mil pesos; es 4 veces la bolsa anunciada de mil 200 millones de pesos para subsidiar a todos los usuarios del transporte público en el AMG y otros municipios, Todavía faltaría sumar los 3 pesos que subsidiarán por pasaje de la población general. De ese tamaño el boquete.
Y aquí surge la pregunta: ¿De dónde saldrán los recursos para sostener esta tarifa preferencial durante seis años? Los subsidios tienen un costo real, son recursos públicos, dinero de la ciudadanía. No demeritamos la lucha estudiantil, ni nos oponemos al impulso de las juventudes –por el contrario– la acompañamos. Cuestionamos las decisiones del gobierno y sus repercusiones. Un transporte público digno, eficiente y accesible es un derecho colectivo. Por eso, la exigencia del PRI ha sido clara: por el bien de la economía de las familias, ningún tarifazo en Jalisco.

Laura Haro

El cálculo político en la tarifa estudiantil

Hoy es el primer lunes del 2026 y vale la pena repasar algunos momentos que serán clave en éste, que se perfila como un año bisagra para México, no por una sola decisión ni por un único acontecimiento, sino por la confluencia de presiones internas y externas que pondrán a prueba la golpeada democracia, la debilitada economía, la capacidad del gobierno de Morena para enfrentar crisis de enormes proporciones –algo que ha quedado de manifiesto, no tienen–, y por otro lado, la capacidad de la oposición y la sociedad civil para conformar un bloque de contención.
2026 arrancó con una carga de adrenalina adicional, con el sismo de magnitud 6.5, registrado el viernes 2, en Guerrero, que se sintió en distintos estados de la república, incluyendo a la Ciudad de México, recordándonos la fragilidad y lo susceptibles que somos ante los efectos de la naturaleza, por lo que no podemos obviar que la lucha contra el cambio climático debe ser clave durante este año.
En el tablero internacional, la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses sacudió a América Latina y al mundo entero, abriendo múltiples debates del Derecho Internacional, la intervención o la dictadura en Venezuela, sin embargo, el punto clave son las declaraciones del presidente Donald Trump respecto a México, poniendo en jaque al gobierno de Morena y su actual política de seguridad.
En paralelo, 2026 será un año crucial para la relación comercial con nuestros principales socios, Estados Unidos y Canadá. La revisión del T-MEC colocará a México frente a su principal dilema económico: cómo sostenerse como socio estratégico de la principal potencia del mundo. Lo anterior se antoja difícil con las constantes declaraciones de la Casa Blanca respecto al incumplimiento de las reglas del juego por parte del gobierno mexicano; en ese escenario la negociación del T-MEC será más un examen político que cualquier otra cosa.
Otro asunto preocupante para este año será la reforma electoral. Morena ha dejado claro que no se trata únicamente de rediseñar reglas, sino que van a la caza del sistema democrático, el pluralismo y lo que queda de los contrapesos. No buscarán fortalecer la forma en la que se elige en México, sino que buscarán dictar quién juega, a qué juega y cuándo deja de jugar un juego en el que siempre gana Morena. Ante ello, el PRI se ha posicionado de manera contundente en contra de todo tipo de atropello a la democracia.
2026 será también el año en el que México reciba su tercera copa del mundo, el evento deportivo más esperado, que por primera ocasión será compartido con Estados Unidos y Canadá. El torneo nos colocará en la vitrina global, pero también pondrá a prueba la seguridad, la infraestructura (con obras a medias, inundaciones, caos vial) y luego de la fiesta, en definitiva, tendrá que haber un balance de gastos vs. ganancias.
A estos temas se suman otros menos espectaculares, pero decisivos: la crisis hídrica que amenaza a ciudades enteras, la persistente presión migratoria y el encarecimiento de la vivienda. Ningún año nuevo ofrece soluciones mágicas; nos toca encontrar claridad, consenso y voluntad para hacer frente a cada uno de los retos del 2026.

Las claves del 2026

En Jalisco cerraremos el año con otro tarifazo “Al Estilo Jalisco”. 2025 estuvo marcado por los aumentos al SIAPA, al Predial, el refrendo, la verificación, el cambio de placas y ahora, a pocos días de iniciar el 2026, se anuncia un alza a las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara. En este escenario, la pregunta es, ¿el gobierno entiende la realidad que viven las familias?
Si entienden esta realidad y aún así son capaces de impulsar estos aumentos tarifarios, hay un completo desinterés en los efectos negativos a la economía de los hogares; si no los entienden, los tarifazos son entonces, una muestra de la desconexión de la clase gobernante con la ciudadanía.
El impacto de un aumento del 47 por ciento en términos reales, se observará en dos bandas: Por un lado, la bolsa anunciada por el gobernador para el subsidio de la tarifa, significa mil 200 millones de pesos menos para infraestructura y servicios para la ciudadanía, porque dicha suma proviene –desde luego– de nuestros impuestos. En segundo lugar, el impacto se absorberá directamente en el bolsillo de los usuarios.
Con la tarifa social de 11 pesos, anunciada por el gobernador, una persona que toma tres camiones para llegar a su escuela o centro de trabajo, y otros tres para regresar a su casa, gastará casi 300 pesos adicionales al mes, y tendrá que destinar casi 2 mil pesos de su salario mensual en pasajes. Para un salario de 10 mil pesos, estamos hablando de un 20% destinado al transporte público; el impacto para una familia donde mamá, papá y un hijo se trasladan, es más que significativo.
La justificación del aumento a las tarifas viene acompañada por una serie de factores que se sienten lejanos para el usuario del transporte y que en realidad no son de su competencia. La movilidad es un derecho y el servicio es una concesión del Estado, que quien la adquiere genera ganancias pero también adquiere responsabilidades; por lo tanto, es casi imposible que la ciudadanía no lo perciba como un abuso por parte del gobierno.
Por otro lado, los hechos que anteceden al aumento no son favorables para la administración, pues la Línea 4 del Tren Ligero ya ha presentado distintas incomodidades a los usuarios, que afectan sus tiempos de traslado, y al mismo tiempo, la promesa incumplida de una línea de tren ligero que correría del Aeropuerto al Estadio Akron, que se convirtió en un BRT con un trazo a medias, no suman para que el tarifazo encuentre ecos razonables en la ciudadanía.
Al tiempo que ocurre esta coyuntura sobre el transporte público, las y los usuarios lo describen como un sistema deficiente, malo e insuficiente. A todas luces una pésima manera de cerrar un año y arrancar uno nuevo.

Tarifazo al estilo Jalisco

A pocos días de cerrar el año, la Presidenta mostró en su conferencia mañanera una estadística del Banco Mundial donde se muestra que la clase media en México supera a la población en situación de pobreza, señalando que entre 2018 y 2024 la clase media creció más de 12 puntos porcentuales, mientras que la pobreza descendió cerca de 14 puntos, lo cual ha catalogado como un logro histórico. Pero, ¿son ciertos los datos?
Para cualquier analista estas cifras merecen un escrutinio más allá del aplauso aliado. Que una institución como el Banco Mundial confirme una tendencia positiva en términos de ingresos relativos no es intrascendente, pero tampoco es suficiente para cantar victoria frente a los desafíos estructurales del país. El organismo considera como clase media a quienes tienen ingresos por encima de los 17 dólares diarios, equivalente a unos 340 pesos; esto coloca en el papel a muchos hogares dentro de este estrato, pero en los hechos la realidad es muy cuestionable.
Estos ingresos no son suficientes para hacer frente a una enfermedad, la pérdida del empleo, la subida en la renta o en los alimentos, tampoco hay margen real para el ahorro, la inversión, la educación, ni para una jubilación digna. En economías como las de México donde muchos gastos esenciales son privados (salud, transporte, seguridad, vivienda), un ingreso dentro de este índice no garantiza estabilidad, que es justamente el rasgo central de la clase media.
La narrativa de Morena encuadra este logro en la lógica del Bienestar que, según Palacio Nacional, los programas sociales han tenido efectos multiplicadores en millones de familias. Y aunque podamos estar de acuerdo en que ciertos apoyos gubernamentales pueden atenuar vulnerabilidades, la evidencia sugiere que las métricas no capturan por completo el acceso a servicios públicos esenciales, la calidad del empleo, ni la seguridad económica en el largo plazo, todos ellos aspectos cruciales para que la llamada clase media no solo exista en cifras, sino también en sustancia.
Las cifras deben interpretarse con prudencia. Queremos que la pobreza se reduzca, que los ingresos de las familias mejoren, pero atribuirlas de manera simplista a decisiones coyunturales, sin reconocer factores como la entrada de capitales extranjeros, remesas, los flujos de empleo informal, o la propia idea de que 340 pesos diarios te convierten en clase media, es tratar de ver la realidad con lentes oscuros. Ahora mismo el país enfrenta inflación, encarecimiento de la vivienda, desabasto de medicamentos y toda clase de retos que profundizan la desigualdad de millones.
A medida que se acercan las fiestas decembrinas, las familias merecen celebrar, pero es importante la planificación de los gastos y la prudencia para evitar una cuesta de enero prolongada.
Por lo demás, a todas y a todos ustedes que me acompañan semana a semana, les deseo una muy Feliz Navidad.

La nueva clase media

Hoy que inicia el servicio de la Línea 4 del Tren Ligero rumbo a Tlajomulco, luego de dos años de retraso y –a diferencia del PRI, que construyó tres líneas sin endeudamiento– con una deuda para los próximos años, de 21 mil 538 millones de pesos, es un buen momento para hablar acerca de los trenes en México a partir de la llegada de Morena, con tres casos emblemáticos de amplio conocimiento social.
Lo primero es aclarar que esta columna no se opone a la idea de ampliar las opciones de movilidad urbana y suburbana de manera eficiente, masiva y sustentable. ¡El PRI fue el primero que hizo esta apuesta! Lo que pretende este texto es evidenciar las carencias de un gobierno que en siete años ha demostrado no estar a la altura de los retos que implica mover a más de 130 millones de personas. Dicho lo anterior, analicemos caso por caso.
3 de mayo de 2021: La hoy presidenta gobernaba la capital mexicana, eran aproximadamente las 10:20 de la noche, cientos de personas regresaban a casa en un tren de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, cuando la estructura por la que circulaba sobre la avenida Tláhuac, entre la estación Olivos y Tezonco, se desplomó. El accidente ocasionó la muerte de 27 pasajeros y dejó a más de 80 personas heridas; vecinos de la zona y usuarios llevaban meses denunciando el mal estado del paso elevado, pero el mantenimiento nunca llegó, y hoy no hay culpables de esta desgracia.
El segundo caso no parte de una catástrofe, sino del anuncio de que el tan esperado y anunciado tren México-Toluca, operará de forma completa a partir del próximo mes. Un proyecto nacido en un gobierno priísta, pero que Morena retrasó por siete años, con un encarecimiento de 300% en sus costos, como cada obra impulsada por estos gobiernos.
Y el tercer caso, sin duda el más escandaloso de todos, el Tren Maya, el proyecto insignia de la corrupción, la ineficiencia y la soberbia de los gobiernos de Morena. Proyectado en 150 mil millones de pesos, pero con un costo, hasta ahora, de 500 mil millones de pesos, y que en 2024 generó 275 millones de pesos en ganancias, pero sus gastos de operación –subsidiados con el dinero de nuestros impuestos– fueron de 2 mil 837 millones de pesos.
No es sólo que en 10 años podría generar pérdidas de 25 mil millones de pesos al erario público, o que le tomará hasta 20 años ser rentable, sino que también su construcción ocasionó la tala de más de 10 millones de árboles en el Sureste mexicano y dejó daños medioambientales irreversibles en sistemas cavernosos subterráneos, la selva y la fauna de la región, pero eso no es todo, esta obra fue el entramado perfecto para impulsar los negocios corruptos de los hijos de López Obrador.
Como ya lo mencioné, no pongo en duda que la apuesta deba ser por la movilidad, sin embargo, la planeación importa más que los caprichos, la transparencia más que la corrupción, y las vidas más que el encubrimiento de los aliados. A la gente de Tlajomulco, esperemos que esta nueva línea les ayude a resolver parte del caos en aquella zona de la ciudad.

Hablemos de trenes

Si la política enfrenta un desgaste tan prominente y una crisis de credibilidad entre la ciudadanía, es en gran medida por la falta de valores como la determinación, la palabra y la congruencia de quienes suelen tomar el camino más cómodo, del acomodo facilongo, la crítica a medias y el acuerdo en lo “oscurito”. Son actores que dicen ser pero no son, mientras bailan el vals de “ni contigo, ni sin ti”. Esto es Movimiento Ciudadano, el esquirol de Morena.
El partido naranja ha puesto como base fundamental de su estrategia la ambigüedad, la simulación y la cooperación con Morena. Durante años se han presentado como un partido opositor, sin embargo, los hechos muestran otra realidad: Movimiento Ciudadano se ha dedicado a aplanar el camino para que el oficialismo avance de manera destructiva en el país. A continuación algunos ejemplos.
El caso más reciente —y quizá más grave— fue la votación en el Senado para nombrar a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República. Lejos de oponerse a la imposición de un perfil cercano y leal al gobierno, MC aportó sus votos para consolidar los próximos nueve años de persecución política, carpetazo a las investigaciones por corrupción, vínculos ilegales y desfalcos en contra de morenistas como Adán Augusto, los hijos de López Obrador y gobernantes de la 4T. La votación exigía contrapesos, pero los naranjas decidieron acomodarse del lado del poder.
En julio de 2025, cuando se aprobó la polémica reforma de telecomunicaciones, que atenta contra la libertad de expresión y la privacidad personal, Movimiento Ciudadano volvió a alinearse con Morena y como un partido satélite más, votó a favor: MC respaldó la reforma sin titubeos, contribuyendo a cimentar el proyecto autoritarista de la 4T. Más del 90% de las votaciones han sido acompañadas por parte del partido naranja a favor del oficialísimo.
En septiembre de 2024, cuando se discutía en el Senado de la república la Reforma Judicial, el senador emecista Daniel Barreda, al más puro estilo del escapista Harry Houdini, se ausentó de la sesión, facilitando que Morena y sus aliados alcanzaran la mayoría calificada, ocasionando que hoy México tenga la Corte más ineficiente de su historia.
En Jalisco, Movimiento Ciudadano y Morena se asociaron para aprobar el aumento a las tarifas del Siapa, en un servicio que entrega agua sucia, que deja a colonias enteras sin gota de líquido durante días, y que es responsable de los incontables socavones de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Además de desaparecer la transparencia.
Estos episodios exhiben un patrón sistemático: MC como bisagra del oficialismo, pese a que en cada periodo electoral se presentan como el voto útil para frenar a Morena. En tiempos que el país exige definiciones, fingir ser oposición, ha sido la apuesta del partido naranja. La realidad es que ha habido un solo partido capaz de resistir, al que no se le puede reprochar un solo voto a favor de las peligrosas reformas de Morena; y que pese a los ataques no se ha doblado: ese partido es el PRI.

El esquirol de Morena

Luego de una visita a Palacio Nacional, Adán Augusto López, el operador de Morena, La Barredora y el cártel de Macuspana, quien además coordina a los senadores morenistas, convocó de manera sorpresiva a una sesión extraordinaria en el Senado de la república. La versión extraoficial: la posible salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, y la posible candidata a sustituirlo: Ernestina Godoy, quien hasta ese momento hacía de Consejera Jurídica de la Presidencia.
La sesión era tan urgente que Adán Augusto solicitó a los senadores oficialistas regresar a CDMX o convocar a sus suplentes para garantizar la mayoría calificada. La sesión se llevó a cabo, la carta de dimisión informaba la separación del cargo para irse de embajador “a un país amigo”. López Hernández informó a los coordinadores parlamentarios que Gertz fue emplazado a presentar su renuncia por no presentar dos informes anuales, que por mandato constitucional, estaba obligado a presentar.
Gertz Manero fue, en términos reales, el primer fiscal de México, dado que antes del 2019, año en que fue nombrado por López Obrador, la figura de la Fiscalía era la de la Procuraduría; el cambio ocurrió tras una reforma constitucional que pretendía darle autonomía respecto al Ejecutivo. Tras esta reforma, la persona titular de la Fiscalía ocuparía el cargo durante nueve años, de manera transexenal; a Gertz Manero le quedaban dos años antes de concluir su encargo.
Gertz inició su trayectoria en 1961, en el sexenio de López Mateos, ocupando cargos modestos; en 1975 con Luis Echeverría asumió la Operación Cóndor, hacia 1998 se convirtió en secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal en la administración de Cuauhtémoc Cárdenas, y en 2000 fue secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, renunciando en 2004. Regresó a la vida pública como diputado federal por Movimiento Ciudadano en 2009 sin ninguna iniciativa aprobada y con más de la mitad de ausencias en las votaciones. Su tercer regreso, en 2019 hasta hoy.
De acuerdo con el diario español El País, en estos años en el servicio público, Gertz logró hacerse de un envidiable patrimonio compuesto por cuatro viviendas en España, un departamento en Nueva York, otro en Santa Mónica, California, y 122 vehículos de lujo, todo con un valor aproximado de 287 millones de pesos.
Como fiscal, Gertz Manero cerró los expedientes de las investigaciones en contra de Pío López Obrador, persiguió a 31 científicos del Conacyt, mantuvo encarcelada por tres años sin sentencia a Rosario Robles, y negó de manera escandalosa que el Rancho Izaguirre fuera un centro de exterminio, tal como aseguraban las madres buscadoras.
Tras su salida, todo apunta a que Ernestina Godoy sea la próxima Fiscal General de la República; incluso asumió el cargo de manera interina. Esto advierte un peligro inminente: la Fiscalía perderá la poca o mucha autonomía que tenía, todo responderá a Morena, y la persecución será aún más hostil de lo que ya era.

La salida de Gertz Manero

Mañana, 25 de noviembre, las mexicanas volveremos a recordarle al país una verdad incómoda: Aquí ser mujer significa vivir en alerta, vivir con miedo, vivir bajo amenaza. La fecha no es para nada una celebración, es más bien una fecha de denuncia, una fecha que exige reconocer las violencias que persisten tanto en lo público como en lo privado, lo institucional y en lo cotidiano, porque en Jalisco, como en el resto de la república, las violencias contra las mujeres no son excepción, sino estructura.
Cuando por primera vez en su historia México tuvo una mujer Presidenta, nos dijeron que llegamos todas, pero aquí y en China, si la realidad no se transforma con acciones profundas, los simbolismos no alcanzan. La llegada histórica de la primera mandataria poco ha frenado el hecho de que en el país 11 mujeres son asesinadas cada día; tampoco ha logrado un cambio sustancial para atajar la desigualdad salarial o la trata, mucho menos ha desmantelado el pacto patriarcal que daña sistemáticamente el desarrollo pleno de las mujeres.
El primer año de gobierno de la Presidenta ha dejado claro que los discursos que no van acompañados de memoria histórica y valentía política, no rompen los techos de cristal, ni terminan con las causas que nos mantienen ancladas, como la pobreza, el miedo, la desigualdad o los estereotipos de género. En este primer año es notable el abandono institucional a la política de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, que era la herramienta mejor articulada para centrar la atención de los gobiernos en esta problemática.
En materia presupuestaria, 2026 era la oportunidad de demostrar un golpe de timón y un verdadero compromiso con las mexicanas, sin embargo la Secretaría de las Mujeres contará con una bolsa 1.2% menor en términos reales respecto a 2025, y aunque crearon el Anexo Transversal 31 “Consolidación de una Sociedad  de Cuidados” con 466 mil 674 millones de pesos, en realidad es una reagrupación contable de programas ya existentes como la Beca de Educación Básica Rita Cetina, los Servicios de Atención a la Salud del IMSS y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Un ejemplo adicional: el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades federativas, dedicado a la construcción de una sociedad igualitaria mediante acciones de prevención y atención en materia de violencia contra las mujeres, así como de empoderamiento en cada uno de los estados de la república, contará apenas con 334 millones de pesos; es el reflejo más pulcro de un presupuesto federal sin perspectiva de género.
Si no hay recursos, difícilmente habrá políticas públicas eficientes, refugios dignos, ni procuración de justicia, y así se repetirá el loop de la violencia. Por eso, el 25N no debe ser una fecha que pase desapercibida, debe incomodar a toda la clase política, especialmente a quienes deciden el rumbo de nuestra sociedad. Este 25 de noviembre nos toca a todas volver a nombrar lo que duele, porque el silencio ha sido el mejor cómplice de estos gobiernos, pero la memoria de las que estamos aquí debe hablar incluso, porque las que ya no están con nosotras.

25N: la deuda sigue, aunque tengamos Presidenta

En este inicio del 2026, el debate sobre la Reforma Electoral se atizó y volvió al centro de la discusión, pero esta vez con unos matices que han puesto de cabeza al grupo morenista. En principio, la reforma propuesta por la presidenta Sheinbaum, más que responder a diagnósticos técnicos, obedece a cálculos políticos que, como es de esperarse, favorecen al partido en el poder, y ponen en riesgo todo lo demás, con cambios radicales como la eliminación de la representación plural en el Congreso de la Unión y el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE).
La reforma para nada llega en abstracto, ni sorprende, se ha venido insertando en la misma línea discursiva y operativa de Morena, de concentración del poder, ataques sistemáticos a la democracia, y la imposición de sus propias reglas para jugar un juego que busca ganar a toda costa. Sin embargo, no es difícil entrever que lo que hay detrás del telón es la puesta en marcha de un plan para aniquilar el andamiaje democrático, que ha permitido la alternancia, la pluralidad y la estabilidad social en el país, con miras a instalar su proyecto de forma definitiva.
Las reacciones dentro del propio bloque oficialista ilustran perfectamente que con esta reforma sólo hay un ganador. El Partido del Trabajo y el Partido Verde no ocultaron sus reticencias ante la reducción del financiamiento a partidos políticos y a la figura de los plurinominales, lo que obligó a ponerle freno de emergencia al proyecto, ante la amenaza de no contar con la mayoría para su aprobación. En esta misma línea, resulta difícil de entender la ingenuidad de Morena para creer que estos dos partidos, que históricamente han vivido de lo que justo la presidenta propone eliminar, apoyarían tal propuesta.
En otra parte del escenario, las consejeras y consejeros del INE exigieron respeto al Artículo 41 Constitucional, que defiende su autonomía, personalidad jurídica y patrimonio; pidieron además un presupuesto vinculado al PIB nacional, para no estar sujeto a decisiones políticas, pero Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, rechazó ambas peticiones.
Mientras tanto, el PRI ha manifestado de manera reiterada su oposición a esta reforma porque lo único que busca es afianzar el control permanente de Morena en el país. Fue el propio PRI quien sentó las bases para que hoy existan expresiones diversas en el poder político; fue también durante los gobiernos del PRI que se creó el Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE) en 1990 dándole todas las atribuciones para convertirlo en el árbitro electoral que dio paso a la alternancia política en México.
Las vicisitudes y tensiones desdobladas en el debate por la reforma han obligado a Morena a replantear su proyecto, aunque sabemos que no cambiarán su propósito de debilitar los contrapesos y rediseñar las reglas para su beneficio. Lo que tenemos claro es que México merece más, no menos democracia.

La Reforma Electoral