Muchos registros…

Los registros sobre la implementación de cuatro sistemas destinados a registrar y centralizar los datos personales de los ciudadanos no solo debería preocuparnos, sino hacernos cuestionar hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra información personal en nombre de la conveniencia y la “modernización”. Estos registros —el Sistema Universal de Salud, el Seguro Médico al Estilo Jalisco, el registro de usuarios de telefonía móvil, y la Tarjeta Única en Jalisco— son ejemplos claros de un avance digital que, bajo la promesa de simplificar procesos, arriesga la privacidad de los ciudadanos de formas alarmantes.

El Sistema Universal de Salud, que pretende agrupar el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar en un solo ente unificado, es una de las reformas más ambiciosas. A primera vista, suena como un paso positivo para garantizar acceso equitativo a la salud. Pero, al involucrar la creación de una credencial permanente vinculada a un expediente médico digital único, nos enfrentamos al peligro de que nuestra información médica más íntima se almacene y circule sin la debida protección. La idea de tener un “expediente clínico” digital accesible a todos los servicios públicos de salud es peligrosa si no se garantiza una seguridad robusta que impida su acceso no autorizado o su uso indebido.

Similarmente, la iniciativa de crear un registro obligatorio para los usuarios de telefonía móvil, con la intención de eliminar el anonimato en el uso de líneas móviles, está siendo justificada con la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, ¿quién asegura que los datos recolectados no serán usados con fines distintos a los inicialmente propuestos? Esta medida parece abrir las puertas a un espionaje masivo y, sin duda, debilita nuestra privacidad personal, especialmente si consideramos los fallos de seguridad previos que han involucrado a diversas instituciones en el país.

En el caso del Seguro Médico al Estilo Jalisco, aunque la intención de proveer atención médica gratuita es encomiable, el proceso de registro es tan sencillo como entregar un CURP y una identificación oficial. ¿Qué garantías tenemos de que nuestros datos personales, desde la salud hasta nuestra ubicación geográfica, no serán expuestos o utilizados con fines políticos o comerciales?

Lo más grave de todo es la falta de transparencia en estos procesos. Aunque se nos promete que nuestra información será “resguardada” bajo estrictas medidas de protección, el historial de filtraciones de datos en México no nos da muchas razones para confiar. Los recientes escándalos relacionados con el uso indebido de datos personales, así como la escasa rendición de cuentas por parte de las autoridades en estos temas, deberían ser una llamada de atención.

Si bien la tecnología ofrece soluciones para mejorar la eficiencia de los servicios públicos, no debemos sacrificar nuestra privacidad sin garantías claras. Las autoridades deben garantizar que la información que recabamos no se convertirá en un nuevo vector de control o de vulnerabilidad para la ciudadanía. Es imperativo que el acceso a nuestros datos personales esté regulado, y que la protección de nuestra información se convierta en un eje central de cualquier reforma digital. De lo contrario, estaremos construyendo un sistema que, en lugar de servir a los ciudadanos, los pondrá al servicio del Estado y, en última instancia, de intereses que ni siquiera conocemos.