México necesita un Bukele

En México se ha instalado una idea peligrosa: Que el delito se combate explicándolo y no enfrentándolo. Bajo el discurso de atender “las causas”, el Estado ha optado por una política criminal que confunde contención con permisividad y derechos humanos con pasividad. Mientras tanto, el ciudadano común sigue viviendo con miedo.

Se insiste en que la violencia se resolverá con dádivas, programas sociales y una supuesta educación que no alcanza a quienes ya operan estructuras criminales armadas, organizadas y con control territorial. El resultado es evidente: los delitos no desaparecen, se transforman; la impunidad no se reduce, se normaliza.

Aquí surge una pregunta incómoda pero inevitable: ¿Y si el problema no es la falta de diagnóstico, sino la falta de decisión? En otros países, cuando el Estado decidió ejercer toda su fuerza legítima, el control del territorio dejó de estar en manos del crimen. No fue retórica ni discursos, fue autoridad.

En México, la autoridad ha aprendido a hacerse de la vista gorda cuando se trata de actuar con firmeza contra los criminales. Se tolera el avance del crimen organizado, se minimizan sus efectos y se justifica la inacción con tecnicismos. Sin embargo, esa misma autoridad exige con vehemencia el respeto a los derechos humanos cuando se trata de juzgar o condenar a otros sistemas democráticos ajenos, como ocurre con Venezuela. La doble moral es evidente: pasividad interna, firmeza discursiva externa.

Los derechos humanos se invocan con rapidez cuando conviene políticamente, pero se relativizan cuando las víctimas son mexicanas. Se olvida una verdad básica que no debería ser controversial: los derechos humanos son para los humanos derechos. Para quienes respetan la ley, para quienes trabajan, para quienes quieren vivir en paz. No para quienes de manera sistemática oprimen, extorsionan, desaparecen y asesinan.

Esto no implica justificar abusos ni eliminar garantías. Implica reconocer que el primer derecho humano es vivir sin miedo. Hoy, millones de mexicanos no lo tienen. Cuando el crimen controla comunidades, impone reglas y sustituye al Estado, la omisión gubernamental también se convierte en una forma de violencia institucional.

Combatir al crimen organizado con toda la fuerza del Estado no es autoritarismo. Es cumplir con la obligación constitucional de garantizar seguridad, orden y paz social. Lo verdaderamente autoritario es permitir que grupos criminales gobiernen de facto mientras el Estado se limita a explicar las causas del desastre y a señalar con el dedo a otros países.

México no necesita más discursos que comprendan al delincuente. Necesita un Estado que lo enfrente. Porque mientras se protege al victimario con argumentos políticos y tecnicismos jurídicos, el ciudadano sigue contando muertos.

Y esa es la realidad que muchos prefieren no decir: cuando la ley no se impone, la violencia manda.