Juan Pablo Colín

En Acción Nacional lo decimos con claridad y sin rodeos: la niñez no se usa, no se negocia y no se convierte en bandera electoral. En Jalisco y en México, hay causas que están por encima de modas ideológicas, de cálculos políticos y de agendas impuestas desde el poder y una de ellas es la defensa de nuestras niñas y nuestros niños.
El PAN defendió a la niñez y lo hizo dando la cara, ya que en Jalisco, Morena y sus aliados impulsaron la iniciativa para permitir que niñas y niños pudieran cambiar su género en el acta de nacimiento. No fue un error ni una confusión legislativa, fue una decisión política cargada de ideología, que pretendía avanzar sin escuchar a las familias ni considerar las consecuencias de fondo y frente a eso, en el Congreso de Jalisco hubo una postura clara, no pasar.
Esa iniciativa se rechazó porque el PAN defendió a la niñez, porque para nosotros la niñez y las familias no son mercancía electoral ni moneda de cambio, porque creemos que los menores deben ser protegidos, no utilizados como laboratorio social ni como instrumento de propaganda política.
Hoy quiero reconocer a las y los panistas de Jalisco, a quienes sostuvieron esta defensa con firmeza, sin titubeos, sin esconderse y dando la cara ante las y los jaliscienses. Defender a la niñez no es una bandera de campaña, es una convicción profunda, es un compromiso ético y social que no depende del aplauso fácil ni de la presión mediática.
Mientras tanto, vemos con preocupación la incongruencia de otros actores políticos; Movimiento Ciudadano en Jalisco pretende presentarse como defensor de las niñas y los niños, pero desde sus dirigencias nacionales y estatales promueven exactamente la misma agenda que aquí dicen cuestionar, eso no es congruencia, es oportunismo.
Las niñas y los niños no pueden ser un tema electoral, no se trata de ganar likes en redes sociales ni de sumar votos en una coyuntura política, se trata de proteger a quienes no pueden defenderse solos, de actuar con responsabilidad social y de entender que las decisiones que se toman hoy tienen efectos permanentes en la vida de las personas y en el tejido social.
En Jalisco y en México hay una línea que no se cruza y esa línea es la niñez, por eso, desde Acción Nacional exigimos claridad. A la dirigencia de Movimiento Ciudadano le pedimos que sea honesta con su postura, con las y los jaliscienses y con todos los mexicanos, que no jueguen a dos bandas, que no digan una cosa en el ámbito local y otra en el nacional, que asuman el costo político de sus decisiones y de sus alianzas ideológicas.
La defensa de nuestras familias es algo que en Acción Nacional vamos a hacer siempre, no hoy, no solo cuando conviene, no únicamente cuando hay reflectores. La defensa debe ser siempre, porque creemos en la familia como núcleo de la sociedad, porque entendemos la responsabilidad que implica legislar para las futuras generaciones y porque no estamos dispuestos a cruzar límites que ponen en riesgo a quienes merecen mayor protección.
En Acción Nacional estamos del lado de las familias y sin titubeos, del lado de la niñez.

La niñez no se toca

La austeridad en este país se ha convertido en un discurso cómodo, no en una convicción. Se invoca en conferencias, se repite en discursos y se presume como bandera moral, pero cuando llega el momento de aplicarla en serio, curiosamente, siempre hay excepciones y hoy una de esas excepciones tiene nombre y apellido, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Qué rápido se les olvidó a los ministros su discurso de la “austeridad republicana”, esa misma Corte que la 4T vendió como símbolo de una nueva era, sin privilegios, sin excesos, cercana al pueblo, acaba de quedar exhibida por algo muy sencillo: camionetas blindadas… y de lujo.
De acuerdo con reportes de prensa, la Suprema Corte confirmó la compra de nueve camionetas blindadas para sus ministros y aquí viene lo verdaderamente ofensivo, el costo se ha manejado entre 1.5 y 3 millones de pesos por unidad, dependiendo el nivel de blindaje. El propio presidente de la Corte, Hugo Aguilar, habló públicamente de alrededor de 2.4 millones de pesos por camioneta ya blindada, si hacemos la cuenta: más de 20 millones de pesos en puro “transporte austero”.
Eso sí, guardaron silencio, no informaron, no transparentaron, no explicaron y como suele pasar, no dijeron nada, hasta que se armó el escándalo. Entonces, de pronto, apareció la versión corregida y que siempre no las querían, que las van a devolver, que se van a reasignar, en otras palabras, sí a la austeridad, pero solo cuando los cachan.
Todavía nos quieren vender la frase mágica, “seguridad no implica lujo”, perfecto, nadie discute que los ministros tengan derecho a seguridad, lo que se cuestiona es la hipocresía. Porque una cosa es proteger la integridad y otra muy distinta es moverse en camionetas millonarias mientras se presume cercanía con el pueblo y se condenan los “privilegios del pasado”.
Si de verdad creen que seguridad no es lujo, empiecen por demostrarlo con hechos, no con camionetas de alta gama ni con excusas de último minuto. La congruencia no se declara, se ejerce y mientras tanto, millones de mexicanas y mexicanos se suben todos los días a un transporte público deficiente, inseguro, saturado, donde el miedo es parte del trayecto y ahora resulta que los “ministros del pueblo” no son tan del pueblo y viajan blindados, cómodos y en vehículos que la mayoría de los mexicanos jamás podrá pagar.
Desde el PAN Jalisco lo decimos con claridad: la austeridad selectiva no es austeridad, es simulación y la simulación también erosiona la confianza en las instituciones. Una Corte que predica una cosa y hace otra pierde autoridad moral, aunque conserve atribuciones legales.
La justicia no se fortalece con lujos ni con discursos vacíos, se fortalece con congruencia, transparencia y respeto al dinero de la gente, porque ese dinero no es del gobierno, ni de los ministros, ni de ningún proyecto político, es de las y los mexicanos, pero no se preocupen, cuando se les olvida, el PAN tiene que recordárselos.

Seguridad, pero con lujo

Hablar de soberanía mexicana exige seriedad y congruencia, no es una palabra para repetir en discursos ni un escudo retórico para encubrir errores, abusos o silencios cómplices. La soberanía no es aislarse del mundo ni mucho menos justificar autoritarismos ajenos o propios. Hoy, lamentablemente, desde el poder se ha distorsionado ese concepto para fines políticos y electorales.
Morena ha querido hacernos creer que la soberanía consiste en cerrar los ojos frente a la realidad, incluso cuando esa realidad implica defender o minimizar dictaduras como la que durante años oprimió al pueblo venezolano bajo el régimen de Nicolás Maduro. Eso no es soberanía; eso es traicionar los valores democráticos que México históricamente ha defendido en el ámbito internacional, pues la soberanía no puede ser sinónimo de silencio ante el autoritarismo ni de complicidad disfrazada de neutralidad.
Tampoco puede usarse al pueblo como coartada para violar la ley; hemos visto cómo, en nombre de una supuesta soberanía popular, se toman decisiones que debilitan instituciones, se ignoran contrapesos y se pisotea el Estado de Derecho. Cuando la ley estorba al proyecto político, se le descalifica; cuando la Constitución incomoda, se le interpreta a modo y esa no es la soberanía que merece México.
Desde el PAN lo decimos con claridad, no estamos a favor de intervenciones extranjeras ni de injerencias indebidas en nuestros asuntos internos. México debe decidir su rumbo con libertad, pero tampoco aceptamos que la soberanía sea utilizada como excusa para la impunidad, la omisión o la falta de autoridad del Estado. 
Defender la soberanía no es cruzarse de brazos mientras el país se desangra. La soberanía real se construye con Estado de Derecho, eso significa que la ley se haga valer, que las reglas sean iguales para todos y que el gobierno ejerza su autoridad de manera legítima. Significa que el orden público esté en manos del Estado y no de grupos criminales que controlan territorios, imponen reglas y someten a comunidades enteras ante la mirada pasiva del gobierno.
Un país que no controla su territorio, que no garantiza seguridad a sus ciudadanos y que permite que la ilegalidad se normalice, no puede llamarse soberano, aunque lo repita todos los días en conferencias y discursos. La soberanía no se decreta; se ejerce, y se ejerce cuando hay instituciones fuertes, policías y fiscalías capaces, jueces independientes y un gobierno que asume su responsabilidad.
México no necesita más consignas ni más propaganda, necesita autoridad democrática, legalidad y resultados. La verdadera defensa de la soberanía está en proteger a las familias, en garantizar libertades, en combatir al crimen y en respetar la Constitución. Todo lo demás es discurso vacío y el país ya no está para simulaciones.
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Soberanía e impunidad

Con el reciente aumento a la tarifa del transporte público, lo único que queda claro es que Movimiento Ciudadano y Morena, una vez más, le dieron la espalda a las y los ciudadanos. No hay sorpresa, pero sí hay enojo, cansancio y una profunda sensación de abuso.
Es un aumento injusto para quienes creyeron en la promesa de Movimiento Ciudadano de que el transporte no iba a subir; es injusto para quienes confiaron en Morena cuando aseguraron que los combustibles bajarían de precio y es injusto, sobre todo, porque se le cobra más a la gente por un servicio que no está a la altura de lo que cuesta.
Aquí hay que decirlo con claridad, lo justo no es pagar menos a costa de un mal servicio, lo justo es tener un transporte digno y para que sea digno, debe costar lo que vale el servicio, ni más ni menos. Hoy, quienes usan el transporte todos los días, para ir a la escuela, al trabajo, a cuidar a un familiar o a un hospital, coinciden en algo: el sistema no funciona.
Falla en frecuencia, en seguridad, en comodidad, en accesibilidad y en información. Las esperas son eternas; los camiones no pasan a tiempo y las rutas no responden a las verdaderas necesidades de movilidad. En horas pico, los camiones van a reventar, con usuarios viajando como sardinas por falta de planeación. Las paradas son indignas, sin sombra de día, sin luz de noche, inseguras y sin condiciones mínimas y para colmo, muchas unidades no cuentan con rampas ni accesibilidad real para personas con discapacidad.
La inseguridad es otra deuda permanente, robos, acoso y una autoridad que no responde y pagar el pasaje se ha vuelto un viacrucis, con una tarjeta que no es universal y que, al estilo Morena, se presta al uso electoral y clientelar del subsidio. A esto se suma la nula información en tiempo real: el usuario no sabe si el camión viene ni cuánto va a tardar.
Por eso en el PAN nuestra postura es clara y no admite medias tintas: o mejora el servicio, o se echa para atrás la tarifa. Basta de pagar más por lo mismo. El aumento no puede ser un regalo a los concesionarios; debe estar estrictamente condicionado a un mejor servicio. Y el incremento aprobado, que además se subsidia con el dinero de la gente, tiene que estar sujeto a resultados medibles, ruta por ruta.
Nuestra propuesta es simple y justa, seis meses para cumplir o se elimina el aumento; proponemos una Comisión de Vigilancia del Transporte y un Semáforo Ciudadano: verde si cumple, rojo si falla.
Los propios usuarios han puesto sobre la mesa seis compromisos mínimos: menos tiempo de espera; viajes dignos, sin hacinamiento; paradas seguras e iluminadas; un sistema de pago moderno, eficiente y no clientelar; seguridad real con cámaras y respuesta inmediata; e información en tiempo real desde el celular. Si el camión no aparece en el mapa, el aumento desaparece de la ruta.
Hoy el transporte en Jalisco no es ni digno ni justo, por eso, seis meses para cumplir o se revierte el aumento, ruta por ruta. En el PAN respaldamos la propuesta de los usuarios, porque un transporte justo no se decreta, se cumple o no se cobra.

Pagar más por lo mismo no es justicia en el transporte

El 2026 no será un año electoral, pero sí será un año decisivo. Será el punto de inflexión en el que las fuerzas políticas definan si están a la altura del momento que vive Jalisco y el país, o si se conforman con administrar la coyuntura. Para Acción Nacional en Jalisco, este periodo representa una doble responsabilidad, ejercer una oposición firme y útil, y al mismo tiempo prepararse con seriedad rumbo a las elecciones de 2027.
El papel del PAN como oposición no puede reducirse a la crítica automática ni a la confrontación estéril. Hoy más que nunca, los ciudadanos demandan contrapesos reales, capaces de señalar lo que no funciona, pero también de proponer soluciones viables. En un contexto donde los gobiernos suelen caer en la autocomplacencia o en la narrativa del “todo va bien”, la oposición debe convertirse en la voz de quienes viven una realidad distinta, inseguridad, falta de oportunidades, servicios públicos deficientes y un creciente desencanto con la política.
En Jalisco, el PAN tiene la oportunidad y el reto de ser ese contrapeso. No basta con señalar errores; hay que construir alternativas y esto implica una oposición cercana, que escuche y acompañe a la gente en sus colonias, en sus municipios, en sus espacios de trabajo. La política no se entiende desde el escritorio, sino desde el territorio. Volver a las calles, a los mercados, a las reuniones vecinales, es indispensable para reconectar con las preocupaciones cotidianas de las personas.
La preparación rumbo a 2027 debe comenzar ahora y no se trata solo de candidaturas, sino de proyecto. Acción Nacional necesita consolidar una agenda clara para Jalisco: Seguridad con estrategia y coordinación, crecimiento económico con apoyo real a las familias y a los emprendedores, gobiernos municipales cercanos y transparentes, y una defensa firme de las instituciones y las libertades, sin una propuesta reconocible y coherente, no hay campaña que alcance.
En este proceso, desde el PAN Jalisco seremos congruentes con el relanzamiento que Acción Nacional impulsa, una etapa que busca recuperar la esencia del partido y ser una opción ciudadana, humanista y responsable, que pone a las personas al centro de las decisiones públicas. No se trata de nostalgia, sino de identidad, de recordar por qué el PAN fue, durante años, una alternativa creíble para millones de mexicanos.
La ciudadanía espera una oposición que no solo critique, sino que cuide; que no solo exija, sino que acompañe; que entienda que la política se construye desde la confianza, y la confianza se gana con cercanía, coherencia y resultados. Ese es el desafío para el PAN en 2026 y la base para competir con seriedad en 2027.
En Acción Nacional tenemos claro que jugaremos un papel clave, no como espectador, sino como actor responsable del presente y constructor del futuro. El reto es grande, pero también lo es la oportunidad de volver a ser la voz de quienes quieren un mejor Jalisco y un mejor país.

PAN Jalisco: Oposición responsable y preparación para el 2027

El 2026 se asoma en el calendario como un año que el oficialismo quiere vender envuelto en banderas, estadios llenos y discursos triunfalistas. El Mundial de Futbol será, sin duda, un evento relevante para México y particularmente para Jalisco, pero sería un error y una irresponsabilidad, confundir la fiesta deportiva con una evaluación seria del rumbo del país y del Estado. El balón podrá rodar, los reflectores encenderse y las cifras de visitantes inflarse; la realidad, sin embargo, no se maquilla tan fácilmente.
En materia económica, las expectativas no son alentadoras. México llega al 2026 con un crecimiento frágil, sostenido más por inercias externas que por decisiones internas acertadas. La inversión privada sigue mostrando cautela ante la falta de certeza jurídica, reglas claras y políticas públicas que incentiven la productividad. El discurso oficial insiste en que “vamos bien”, pero basta hablar con pequeños y medianos empresarios para constatar otra cosa: Menos crédito, mayores costos, inseguridad y un mercado interno que no termina de despegar.
Jalisco, que históricamente ha sido uno de los motores económicos del país, no es ajeno a este panorama. El dinamismo que presume el gobierno estatal convive con realidades incómodas, obras estratégicas inconclusas, un campo abandonado y sectores productivos que sobreviven más por su capacidad de resistencia que por el respaldo institucional. Apostar a que el Mundial compensará estas debilidades es una visión corta, un evento de unas cuantas semanas no sustituye una política económica sólida de largo plazo.
En seguridad, el escenario es aún más preocupante. A nivel nacional, la violencia se ha normalizado; las cifras de homicidios, desapariciones y delitos de alto impacto siguen siendo inaceptables, aunque se intente suavizarlas con comparaciones convenientes o narrativas optimistas. El ciudadano no vive de estadísticas; vive de su experiencia diaria, y esa experiencia sigue marcada por el miedo y la impunidad.
Jalisco enfrenta una crisis de seguridad que no admite disfraces. La presencia del crimen organizado, las desapariciones y la percepción de inseguridad son problemas estructurales que no se resolverán con operativos temporales pensados para cuidar la imagen durante el Mundial. Blindar zonas turísticas mientras colonias enteras siguen a merced de la delincuencia no es estrategia, es simulación.
El riesgo en 2026 es claro: Que el gobierno federal y los gobiernos locales utilicen el Mundial como cortina de humo. Que se privilegie la foto, el evento y el discurso, mientras se posponen las decisiones difíciles, que se confunda derrama económica temporal con bienestar sostenido, y presencia policial momentánea con seguridad real.
Desde Acción Nacional lo decimos con claridad, México y Jalisco no necesitan maquillaje, necesitan rumbo, necesitan gobiernos que digan la verdad, aunque incomode; que asuman responsabilidades, aunque cuesten; y que entiendan que el desarrollo no se mide por aplausos en un estadio, sino por la tranquilidad en los hogares, el empleo bien pagado y la confianza en el futuro.
El Mundial pasará. Lo que no puede pasar es la oportunidad de corregir el camino. 2026 debería ser el año de las decisiones serias, no del espejismo.

2026: El año del espejismo

El 2025 no fue un año cualquiera, fue el año en que el discurso oficial terminó de estrellarse contra la realidad. Un año que dejó al descubierto las prioridades del Gobierno Federal y, sobre todo, sus omisiones, porque gobernar no es repetir consignas ni repartir culpas, gobernar es asumir responsabilidades y en eso, Morena volvió a quedar a deber.
Los hospitales públicos siguen sin medicinas; no es una exageración ni una consigna opositora, es la realidad cotidiana de millones de familias que recorren pasillos vacíos, que escuchan “no hay” como respuesta permanente y lo más grave es que, aun con esta crisis evidente, Morena decidió no asignar ni un peso más al sector salud. Su indolencia se convirtió en política pública.
Las carreteras federales están hechas pedazos; basta salir a cualquier tramo del país para comprobarlo. Hoy circular por ellas es arriesgar la vida, sin embargo, el presupuesto volvió a ignorar su mantenimiento. Morena no etiquetó recursos suficientes para repararlas, como si la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo regional no importaran.
El campo mexicano sigue en el abandono; los productores luchan contra la falta de apoyos, el encarecimiento de insumos y la ausencia de una estrategia clara. Morena ni siquiera se digna a voltearlo a ver, se olvidaron de quienes garantizan la comida en nuestras mesas y sostienen buena parte de la economía nacional.
La inseguridad está desbordada; ya no hablamos solo de cifras, sino de territorios completos rebasados por el crimen y lo más alarmante, ni siquiera pueden proteger a los presidentes municipales. Si el gobierno no es capaz de garantizar la vida de sus propias autoridades, ¿qué le queda al ciudadano común?
La corrupción, lejos de combatirse, se reparte a manos llenas. Morena prometió erradicarla y terminó por normalizarla, mientras continúa destruyendo instituciones que costaron décadas construir, hoy tenemos organismos debilitados, contrapesos anulados y un poder concentrado que no rinde cuentas.
Pero aun así, yo, igual que tú, soy de los que no deja de luchar, de los que creemos que las cosas pueden mejorar. Porque este 2025 también nos dejó lecciones importantes, nos dejó claro que cuando alzamos la voz, el poder tiembla y que la crítica incomoda, porque revela verdades. Nos enseñó que resistir es más fácil cuando estamos unidos, cuando dejamos de lado el miedo y asumimos nuestra responsabilidad como ciudadanos.
Y, sobre todo, nos recordó que la verdadera esperanza de México no está en un partido ni en un discurso, sino en nosotros, en la sociedad que no se resigna, que exige, que participa y que defiende al país todos los días. México vale la pena. Y juntos, con convicción y carácter, podemos y debemos defenderlo.

2025 y el Gobierno Federal al descubierto

El fin de semana pasado, el país volvió a ser testigo de algo que lamentablemente se está haciendo costumbre: un evento masivo en el Zócalo organizado desde el poder y con el poder, donde la presidenta de México, en lugar de asumir su papel como mandataria de todos, volvió a colocarse la camiseta de un solo grupo. Un Zócalo que debería unir terminó convertido, otra vez, en plataforma política y tribuna partidista.
Muchos ciudadanos interpretaron ese acto como lo que aparentó ser: un evento con tintes de campaña, lleno de discursos diseñados para confrontar a la oposición y para reafirmar la narrativa del gobierno. La presidenta pudo usar ese espacio para hablar de unidad, seguridad o reconstrucción institucional, pero eligió lo de siempre: dividir, señalar y polarizar.
Y lo más preocupante no es el discurso, sino lo que se vio alrededor. Resulta imposible ignorar los comentarios de asistentes que afirmaban haber sido presionados o acarreados, algo que ya se ha vuelto una sombra persistente sobre los eventos oficiales. Si el movimiento que presumen tan fuerte realmente lo fuera, no necesitaría llenar plazas con estructuras de movilización masiva; bastaría la convocatoria natural de la ciudadanía, pero la realidad parece ser otra.
Tampoco pasó desapercibida una ausencia significativa: el llamado “Bloque Negro”, ese grupo de choque cuya presencia en anteriores movilizaciones afines al oficialismo levantó muchas dudas y críticas. Esta vez no aparecieron, quizá para evitar incomodidades, quizá para no enturbiar un evento que buscaba mostrarse “pacífico”, o quizá porque la estrategia de confrontación se reserva para momentos convenientes. Sea cual sea la razón, su ausencia dice tanto como su presencia en otros momentos.
Pero el contraste más doloroso e inevitable llegó de la mano de la violencia. Mientras en el Zócalo se hablaba de logros, unidad y transformación, en otra parte del país estallaba un coche bomba. Sí, literalmente, la realidad explotó, de la forma más trágica posible, el mismo día que el gobierno intentaba vender un país tranquilo y sin sobresaltos.
Una terrible coincidencia que dejó al descubierto lo que muchos mexicanos ven todos los días y que ningún discurso masivo alcanza a ocultar: La inseguridad sigue ahí, tocando la puerta, destruyendo familias, sembrando miedo.
Esa es la verdadera contradicción: Por un lado, un gobierno concentrado en montajes multitudinarios y discursos de aplauso fácil; por el otro, un país enfrentando explosiones, balaceras y el avance del crimen en regiones donde el Estado parece ausente. La gente no vive del espectáculo en el Zócalo, vive con miedo al salir de casa, vive sin policías suficientes, sin fiscales eficientes, sin respuestas claras.
La presidenta tiene la responsabilidad de gobernar para todos, no solo para quienes la aplauden en eventos masivos y cuando utiliza la plaza pública más emblemática del país para atacar opositores, para promover su narrativa y para maquillar la realidad, se aleja de esa obligación constitucional y moral.
El país no necesita ceremonias, necesita resultados, no necesita discursos de confrontación, necesita soluciones. No necesita escenarios llenos de acarreados, necesita gobiernos que asuman la realidad y actúen frente a ella.
Porque mientras la presidenta festejaba, el país ardía y por más que intenten llenar plazas, la verdad seguirá explotando, una y otra vez, hasta que se gobierne con responsabilidad y no con propaganda.

Usando el Zócalo para dividir

Miguel De La Rosa Figueroa

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La sociedad anestesiada que somos

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Mi pecho no es bodega

La discusión sobre la Reforma Electoral no es un debate técnico ni un ajuste administrativo, es una discusión de fondo sobre el tipo de país que queremos ser y desde el PAN Jalisco lo decimos con toda claridad: No estamos en contra de cambiar las reglas para mejorar la democracia, estamos en contra de que el poder use la ley para quedarse con el poder.
Lo que hoy propone Morena no es una Reforma Electoral, es una trampa legal para controlar elecciones, árbitros y resultados y un intento burdo por escribir las reglas del juego desde el gobierno, controlar al árbitro y luego salir a competir con ventaja. Eso no es democracia, eso es abuso de poder.
Esto ya lo vimos antes, pasó en Venezuela y no empezó con tanques ni con dictaduras abiertas, empezó con reformas “legales” que vaciaron la democracia desde adentro. Reformas que parecían técnicas, pero que en realidad estaban diseñadas para someter a las instituciones y perpetuar al poder en el gobierno.
Y hay algo todavía más grave: Cuando quitas controles, el dinero ilegal entra a la política. Huachicol, crimen organizado, financiamiento en lo oscurito, eso es lo que quieren normalizar. No es una reforma técnica, es una reforma de control y estamos en contra de que el gobierno se haga trampa solo. Morena quiere escribir las reglas, controlar al árbitro y competir al mismo tiempo y cuando el árbitro obedece al gobierno, el resultado ya está decidido.
El ataque al INE es el corazón de esta reforma. Debilitar al árbitro no ahorra dinero y cuesta libertad, ya que un árbitro sometido deja de ser árbitro y sin árbitro independiente no hay elecciones limpias, lo que significa regresar a los tiempos en que el gobierno organizaba elecciones y también las ganaba.
Hay que sumar el cuento de los plurinominales: No quieren menos pluris, quieren menos voces, ya que eliminar plurinominales no mejora la democracia, la empobrece. El problema no es la pluralidad, es la sobrerrepresentación fraudulenta, porque quieren congresos a modo, no representativos.
El doble discurso de Morena es evidente: Cuando eran oposición defendían el financiamiento público y hoy lo quieren desaparecer, no porque sea malo, sino porque ya tienen otras fuentes, menos control, más corrupción.
Las elecciones hoy están bajo amenaza. Recordemos que el crimen organizado ya intervino en procesos electorales, está documentado; el PAN ha llevado pruebas a instancias internacionales.
Tampoco nos oponemos a la revocación de mandato, nos oponemos a usarla como propaganda disfrazada, es decir, sin reglas claras, se convierte en un aplausómetro desde el poder y eso rompe el piso parejo y debilita la democracia.
La posición del PAN es clara: Sí a la democracia, no al autoritarismo; sí a árbitros fuertes, sí a elecciones limpias, no a mayorías falsas, no al dinero del narco. La democracia no se negocia, las elecciones se ganan con votos, no con miedo, no con dinero ilegal y no con árbitros sometidos.
México merece una democracia real, no una democracia secuestrada desde el poder.