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26 enero 2026
Marcela Michel López
Marcela Michel López

El transporte público es un derecho, no un negocio

23 enero 2026
|
05:00
Actualizada
20:46

¿Qué pasa si mezclas cuestionables decisiones políticas en pleno periodo navideño, más un servicio público con elevado costo y múltiples deficiencias, más un pueblo justamente indignado ante el abuso, más represión y comentarios misóginos como respuesta gubernamental? Así es, ¡tienes un tarifazo totalmente impopular!

Rutas insuficientes, saturación del servicio, corridas inestables, choferes con bajos salarios, unidades en mal estado, alcancías “roba centavos” y accidentes viales constantes, ese es el pan de cada día para miles de personas que, por necesidad, tienen que realizar sus traslados habituales en el transporte público jalisciense.

¿Habrá alguien que se atreva a negar que esta es la cruda realidad que viven los usuarios del transporte público? ¿Habrá alguien que afirme sin sonrojarse que el transporte público realiza sus servicios a la ciudadanía de manera óptima?

Sin embargo, ante las graves deficiencias que siguen en este vital servicio público, ante la molestia de los usuarios que tienen que vivir este calvario diariamente, la respuesta del gobierno del Estado fue: Aumentar exponencialmente el costo del pasaje y, por si esto fuera poco, obligar a los usuarios a contratar una tarjeta de débito con una empresa financiera para que, mediante un subsidio estatal, se le pague el pasaje íntegro al concesionario privado y el usuario tenga “derecho” al descuento en la cuota.

La respuesta del pueblo fue evidente: Repudio total a una medida intransigente que no fue consensuada con la ciudadanía. Cientos de personas decidieron manifestarse contra el alza al transporte público y, nuevamente, la respuesta gubernamental fue la menos correcta: amedrentamiento, detenciones arbitrarias y groseros señalamientos contra representantes populares electos que decidieron respaldar el sentir popular.

Si se trataba de empeorar el problema, se logró el objetivo. Ahora, además del mal servicio en el trasporte público, se agrega el daño en los bolsillos de miles de pasajeros y un ambiente represivo que estigmatiza a todo el que quiera protestar. Un ejemplo perfecto de todo lo que no se debe hacer para mejorar los servicios públicos.

Brindar transporte público accesible y de calidad es un derecho humano y una obligación del Estado; priorizar el beneficio de concesionarios o empresas privadas, no. Protestar es un derecho garantizado en la constitución; reprimir o denigrar a representantes populares electos por alzar la voz, no.

El gobierno estatal aún puede atender el sentir popular, esta medida puede revertirse con un poco de sensatez política, priorizando el consenso y el diálogo. Jalisco merece un trasporte digno, a precio accesible; esperemos exista la voluntad para velar por el bienestar de la ciudadanía, de lo contrario, que sea el propio pueblo a través del voto quien emita su veredicto final.

*Las opiniones y contenidos en este texto son responsabilidad total del autor y no de este medio de comunicación.
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