Investigar los “negocios naranjas”, el reto del nuevo Fiscal Anticorrupción

En entregas anteriores he expuesto una premisa: El sello que ha marcado los gobiernos de Movimiento Ciudadano a nivel estatal y municipal es uno: Los negocios, no los resultados.

Por donde han pasado, los gobernantes naranjas han puesto especial empeño en tejer negocios millonarios en beneficio de unos cuantos, generalmente “sus cuates”.

Así como Enrique Alfaro llegando a gobernar Tlajomulco, dejó huella de inmediato con el gran negocio que significó la APP del Centro Administrativo de Tlajomulco, y la maceta de José Fors en Paseo Alcalde de Guadalajara, años después, así el gobierno de Pablo Lemus no es la excepción y, aunque no sorprende —es un gobernante que tiene sus raíces en la iniciativa privada—, sí llama la atención la velocidad con que ha repartido contratos cuantiosos en los primeros meses de su administración.

Pablo Lemus asumió la gubernatura el 6 de diciembre del 2024 y poco más de tres meses después ya estaba otorgando un contrato sin precedentes, 6 mil 377 millones de pesos para contratar el servicio de videovigilancia a la empresa Seguritech Integral Security.

No hay que perder de vista que uno de los directivos de esta empresa estuvo recientemente involucrado en un escándalo porque “rentó” un inmueble de su propiedad, la llamada “Casa Azul” en Woodlands (Houston), al ex gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez.

Durante la actual administración de Claudia Sheinbaum, la Agencia Nacional de Aduanas en México (ANAM), le canceló a esta empresa un contrato millonario debido a que presentaba costos excesivos.

En octubre del 2025, el gobierno de Pablo Lemus amarró otro contrato millonario con Servicios Broxel S.A.P.I. de C.V., empresa que suministrará las llamadas “tarjetas naranjas”, que deberán ser adquirida sí o sí por los ciudadanos para pagar 11 pesos y no 14, en el transporte público, y para acceder a los beneficios de diversos programas sociales estatales. Cada tarjeta tendrá un costo de 5.4 pesos (IVA incluido).

Servicios Broxel ha sido cuestionada en varias ocasiones por incumplimientos y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene abierta una investigación en su contra, luego de que recibió una adjudicación para suministrar los vales de despensa navideños para servidores públicos federales a finales del 2025.

En medio de los señalamientos por la contratación de Servicios Broxel, salió a luz la contratación de otro proveedor para entregar las “tarjetas naranjas”. Esta vez la empresa favorecida fue Tarjetas Integrales S.A. de C.V., conocida como TISA, que durante muchos años suministró los llamados transvales y una de las empresas que vendió los equipos de recaudo para el transporte público en Jalisco.

Por estos y otros negocios fraguados en la pasada administración estatal, como el programa de “A Toda Máquina” y la compra a sobreprecio de computadoras y pantallas para el sector educativo, el próximo fiscal especializado en combate a la corrupción, Eduardo Mazanilla, tendrá un reto enorme frente a sí.

Manzanilla, quien se desempeñaba como director jurídico de la Secretaría de Salud en la actual administración de Pablo Lemus, y un perfil muy cercano al alfarismo, particularmente al ex secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, tendrá que investigar la estela de sospechas que han dejado los “negocios naranjas” y deberá hacerlo desde el terreno de la imparcialidad y la responsabilidad.

La investigación de presuntos casos de corrupción en Jalisco y en el país no es una exigencia de la oposición en México o en Jalisco, es una obligación legal y moral.

Legal porque así lo establece el paquete de leyes en el que están soportados los sistemas estatal y nacional anticorrupción, y moral porque la corrupción es uno de los principales flagelos en México, que año con año afecta de forma directa a millones de mexicanos.