Ministros de la SCJN: Así son sus nuevas camionetas de lujo
Ministros estrenan camionetas de lujo de hasta 1.7 millones de pesos y desatan críticas por el gasto en plena “austeridad”.
La información de que ministros de la Suprema Corte recibieron camionetas Jeep Grand Cherokee de último modelo encendió el debate en redes sociales, sobre todo por el contraste entre el alto costo de estos vehículos y el discurso oficial de austeridad.
De acuerdo con datos difundidos en días recientes, cada uno de los nueve ministros habría sido asignado a una unidad cuyo precio en el mercado va desde alrededor de 1 millón 69 mil pesos hasta cerca de 1.7 millones de pesos, dependiendo de la versión y el nivel de equipamiento.
En el sitio oficial de Jeep se detalla que la Grand Cherokee se ofrece en distintas variantes como Altitude, Limited, L Limited y Summit 4×4, lo que explica la gran diferencia de precios. Estas versiones combinan capacidades todoterreno, acabados de lujo y sistemas avanzados de seguridad, características que han convertido a este SUV en uno de los modelos más completos de su segmento.
La potencia, tecnología y capacidades todoterreno de Jeep
Según las especificaciones técnicas del fabricante, la Jeep Grand Cherokee está impulsada por un motor Pentastar V6 de 293 caballos de fuerza y 260 libras-pie de torque, lo que le permite un desempeño equilibrado tanto en ciudad como en carretera. Su rendimiento aproximado es de 9.3 kilómetros por litro en entorno urbano y hasta 14.3 kilómetros por litro en autopista.
El modelo incorpora la suspensión neumática Quadra-Lift, que ajusta automáticamente la altura del vehículo para mejorar la conducción en calles citadinas o enfrentar caminos irregulares. También cuenta con el sistema de tracción 4×4 Quadra-Trac II, capaz de enviar hasta el 100 por ciento del torque al eje con mayor agarre, dependiendo de las condiciones del terreno.
A esto se suma el sistema Selec-Terrain, que permite elegir entre distintos modos de manejo como Auto, Sport, Snow, Sand/Mud o Rock, optimizando la respuesta del vehículo según el tipo de superficie.
Un SUV de lujo ahora en uso institucional
En su discurso publicitario, Jeep describe a la Grand Cherokee como un vehículo pensado para “conquistar cualquier camino” y destinado “solo para los más fuertes”. Una narrativa enfocada en la aventura y el dominio del terreno que hoy adquiere otro significado, al tratarse de unidades asignadas a funcionarios públicos bajo el argumento de garantizar condiciones adecuadas de seguridad.
La marca también destaca que este modelo puede “apoderarse de cualquier terreno” gracias a sus sistemas 4×4 y tecnologías de tracción avanzada. Frases como “mostrar el lado más feroz” o “dejar huella en cada trayecto” cobran una perspectiva distinta cuando el trayecto ya no es una ruta todoterreno, sino el ejercicio de funciones públicas en un contexto de exigencia ciudadana por mayor austeridad.
Seguridad certificada y posibles costos de blindaje
En materia de seguridad, la Jeep Grand Cherokee cuenta con la distinción TOP SAFETY PICK+ del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS), la máxima calificación que otorga este organismo. El modelo obtuvo evaluaciones de nivel “Bueno” en pruebas de impacto frontal y lateral, además de altas puntuaciones en sistemas de iluminación.
Entre sus tecnologías de seguridad activa se incluyen frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal con frenado asistido, detección de peatones y ciclistas, asistencia en cruces de intersecciones, monitoreo de fatiga del conductor y control de crucero adaptativo. En total, integra más de 110 elementos de seguridad, de acuerdo con el fabricante.
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A estas características se suma la opción de blindaje. Según datos de empresas especializadas en protección vehicular en México, un blindaje nivel IIIA puede costar entre 170 mil y 400 mil pesos, mientras que niveles superiores, como IV o V, superan los 400 mil y pueden rebasar los 600 mil pesos, dependiendo del grado de protección requerido.
De esta forma, la asignación de estas camionetas no solo representa un elevado gasto de compra, sino también un costo adicional en equipamiento de seguridad, lo que mantiene el tema en el centro del debate público sobre el uso de recursos y la congruencia con las políticas de austeridad.
