Hiram Espinoza de los Monteros

Todo gobierno necesita una bandera. Una idea que concentre discurso, promesa de modernidad y capital político. Un proyecto que sintetice su narrativa y le permita decir: Aquí está nuestra forma de gobernar.
¿Será eso la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco”? Cualquier respuesta, hoy, es prematura.
Por lo pronto, no nace como un trámite más. Fue la respuesta a la crisis generada por el aumento a la tarifa del transporte público y, también, como plataforma integral para concentrar subsidios, programas sociales, beneficios y relación directa con el Estado. Un solo plástico como llave de acceso a la política pública. Eso no es menor.
Más allá de si el sistema se cayó el primer día por saturación —y de si esto pudiera repetirse ante cualquier nuevo pico de demanda—, la mayor suspicacia está en quién administrará este modelo.
La Tarjeta Única será operada por Servicios Broxel S.A.P.I. de C.V., la misma empresa que gestiona las tarjetas del Bienestar del gobierno federal. La coincidencia habla de una firma que ya forma parte de la arquitectura financiera del Estado, pero también abre un debate legítimo.
De acuerdo con evaluaciones oficiales de la Condusef, Broxel ha recibido las calificaciones más bajas en productos de depósito a la vista, el tipo de servicio que sirve de base para administrar recursos de los usuarios. Las quejas más frecuentes están relacionadas con bloqueos de cuentas y problemas para liberar saldos. Un tema especialmente sensible cuando se trata de dinero de la ciudadanía.
El otro asunto es el contrato. Contempla un pago de 5.45 pesos mensuales por cada tarjeta activa. No es una compra única de plásticos, sino una erogación permanente que, imagino, incluye la operación y mantenimiento de la aplicación a la que cada usuario ligará su cuenta personal para recibir apoyos gubernamentales. Cada nuevo usuario será también una nueva ganancia para el privado. Serán millones de personas… y de pesos.
Son gastos que se harán, así funcionan este tipo de esquemas, y van ligados a la idea de un gobierno eficiente, cercano y moderno. Pero ese modelo también concentra riesgos desde el inicio, porque centralizar padrones, datos personales, subsidios y trámites convierte, por obviedad, a la tarjeta en un punto de control estratégico.
Curioso cómo un plástico naranja de ocho por cinco centímetros puede convertirse tan rápido en una herramienta más del poder, ¿no?

Hiram Espinoza

¿Proyecto insignia del sexenio… o solo experimento administrativo?

Cada vez que se discute la tarifa del transporte público, el debate se reduce a la misma pregunta: ¿Cuánto debe costar el pasaje?
En la lógica real de que moverse no es un lujo sino la condición mínima para trabajar, estudiar, atender una emergencia o simplemente vivir la ciudad, conviene replantear y centrarla en el usuario y sus derechos humanos básicos que, evidentemente, no logra satisfacer el Estado o queda parco en cuanto a sus responsabilidades.
En Jalisco, la movilidad se cumple a través de un modelo concesionado. El Estado regula, supervisa y fija tarifas, pero la operación cotidiana recae en empresarios privados. No es un esquema ilegal ni extraño, de hecho, así ha sido durante décadas. El problema es otro.
Cuando el transporte funciona bajo una lógica de concesión, inevitablemente entra en juego la rentabilidad. El concesionario no solo paga combustible, mantenimiento y salarios; también necesita obtener una ganancia. Esa ganancia se integra a la tarifa, entonces el usuario deja de ser ciudadano y se convierte en cliente.
Cada aumento se justifica desde esa lógica: Suben los insumos, se encarece la operación, hay que ajustar el pasaje. El razonamiento es coherente… si hablamos de un negocio, pero el transporte público no es cualquier negocio, es esencial.
No es un planteamiento abstracto, tiene base a partir de la encuesta reciente sobre satisfacción del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara que revela que los sistemas mejor evaluados son el Tren Ligero y los corredores de transporte masivo, donde el Estado tiene una participación directa. En cambio, las mayores quejas siguen apareciendo en el transporte concesionado, particularmente por la frecuencia y la calidad del servicio.
Por ello de nuevo pregunto: ¿Y si el transporte público no tuviera que ser negocio?
Si el Estado asumiera directamente la operación, la lógica cambiaría. La tarifa no tendría que contemplar utilidades, solo costos: Pagar choferes, mantener unidades, garantizar frecuencia y seguridad. No se trataría de ganar, sino de cumplir; no sería cosa de rentabilidad, sino de servicio al público.

¿Y si el transporte público no tuviera que ser negocio?

Bastó una semana para que dos municipios del interior de Jalisco exhibieran la misma fractura profunda: gobiernos locales que no pueden garantizar ni su propia integridad. Techaluta perdió su arsenal por culpa de dos de sus propios policías; Tequila perdió su gobernabilidad a manos de su propio alcalde. Dos historias distintas con un mismo diagnóstico: Instituciones que se rompen desde adentro.
Ambos casos revelan una fragilidad institucional justo en el nivel donde el Estado debería ser más cercano, más confiable y más transparente para el ciudadano. Porque si el pacto social se quiebra —ese acuerdo básico en el que la ciudadanía confía en su autoridad a cambio de orden, protección y servicios—, primero se quiebra en lo local, en el municipio, en la administración desde donde se gestiona lo cotidiano.
El caso de Techaluta es brutal en su simpleza: Dos policías y un taxista involucrados en el robo de armas y dinero público, siguiendo una llamada telefónica que jamás debió tener validez operativa. Un arsenal completo trasladado en un taxi, como si el aparato de seguridad municipal fuera un cascarón atravesado por cualquier instrucción improvisada. ¿Cómo puede una comunidad confiar en una institución que no sabe ni defenderse de sí misma?
Tequila, por su parte, exhibe otro tipo de colapso: El del poder que deja de entender su propia función. Un alcalde que pretende clausurar a su principal industria —no por razones técnicas, sino por presiones, excesos y cálculos fiscales mal sustentados— pone en riesgo la certidumbre jurídica que sostiene a toda una región tequilera. Diego Rivera, alcalde de Tequila, se mostró arbitrario; las seis denuncias en su contra en la Fiscalía Anticorrupción sugieren que esa arbitrariedad no fue un accidente, sino su estilo de gobierno.
Para completar el cuadro, la defensa política del alcalde vino directamente de la dirigencia estatal de Morena. Su presidenta en Jalisco, Erika Pérez, acusó al gobierno estatal de “defender a los poderosos”, ignorando que el conflicto se originó en el intento del Ayuntamiento de incrementar hasta 20 veces el cobro del predial, además de imponer multas y recargos por cerca de 60 millones de pesos.
Lo que revelan Techaluta y Tequila, cada uno a su manera, es que Jalisco avanza en infraestructura, inversión y crecimiento, pero arrastra municipios que se administran como si fueran pequeños reinos, desconectados de toda lógica estatal y esto es algo que no deben dejar de lado porque —reitero— los municipios son la primera línea del Estado. Si esa línea se rompe, todo lo demás —la economía, la seguridad, la convivencia— puede también comenzar a verse endeble.

Tequila y Techaluta como síntoma

Hay algo que Andrés Manuel López Obrador supo leer como pocos: el pulso del descontento nacional. En sus tres intentos por llegar a la presidencia —el último convertido en triunfo electoral— recorrió rancherías, pueblos, municipios y estados para escuchar, casi en directo, las inconformidades que el país arrastraba.
Esos recorridos fueron su materia prima: la transformó en discurso, luego en promesas y finalmente en una coalición de perfiles improbable que dio origen a un mazacote que después llamó Morena. Lo que muchos llamaron giras eran, en realidad, una encuesta viviente. Y le funcionó. 
Los resultados de su gobierno dividieron: a unos los decepcionó, a otros los mantuvo cautivos. Esa base fiel —que creyó, esperó y lo acompañó— fue también el soporte del triunfo de Claudia Sheinbaum. Pero ella no tuvo el mismo recorrido territorial ni la misma acumulación de agravios propios. Y quizá por eso su discurso no resuena con la misma habilidad. Hoy su gobierno es el que va sumando inconformidades entre ese mismo pueblo (campesinos, transportistas, profesores) que cualquier partido soñaría conservar como base electoral.
Los bloqueos carreteros, las protestas de campesinos y transportistas, las manifestaciones contra la reforma a la Ley General de Aguas, los reclamos por precios de garantía, por inseguridad, por la falta de apoyos que antes los mantenían a flote; son múltiples fuegos encendidos en buena parte del país porque, dicen quienes se manifiestan, la vida diaria del campo, del transporte y de la producción se ha vuelto insostenible.
La respuesta del gobierno federal no ayudó. El lunes pasado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que quienes lideran a los inconformes están “ligados” al PAN, al PRI y hasta al PRD (partido cuyos remanentes acogió Morena); acompañando la acusación con la frase de que algunos manifestantes “ya tenían carpetas de investigación”, una manera suavecita, suavecita de decir que el descontento podría ser perseguido penalmente. En lugar de escuchar, el poder optó por criminalizar; en vez de atender las causas, buscó descalificar a los inconformes.
Fue tal el ruido, que al día siguiente la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que salir a matizar las declaraciones de su secretaria: que no se interpretaran como una amenaza, que no habría persecución política. Pero cuando un gobierno tiene que explicar lo que quiso decir… ya perdió el control del mensaje. Y, más grave aún, ya sembró desconfianza entre quienes lo llevaron al poder.
Jalisco no es ajeno a esta tensión nacional. Aquí también hay carreteras bloqueadas, protestas, precios devastadores para los productores, movilizaciones que paralizan carreteras. Lo mismo ocurre en Michoacán, Sonora, Guanajuato y en otros estados, cuyos gobiernos enfrentan el mismo desafío: ¿cómo contener un descontento que no provocaron, pero que tampoco han sabido traducir en respuestas claras? 
Las inconformidades que hoy recorren las carreteras de México no son un ataque.
Son un recordatorio. Ese pueblo que López Obrador supo convertir en motor político también exige ser escuchado ahora. Y si la nueva administración —el segundo piso de la 4T— quiere mantener esa base social que heredó, tendrá que recordar que la lealtad política en México nunca está garantizada: se renueva —o se pierde— todos los días.

Lo que Sheinbaum no sabe: leer la inconformidad

Guadalajara volvió a exhibir una fragilidad que ya había revelado hace unos meses. En el temporal de lluvias de 2025, la ciudad —y el Estado— mostró que no está preparada para enfrentar tormentas que exigen previsión, coordinación y capacidad de respuesta. El sábado pasado ocurrió otra tormenta… pero política: la movilización social y los disturbios posteriores a la manifestación de la Generación Z expusieron nuevamente que se sigue operando desde la reacción, no desde la prevención.
El operativo en el Centro de Guadalajara fue improvisado. Hay dos evidencias claras: la primera, del secretario general del Congreso de Jalisco, quien reconoció que el gobierno estatal no advirtió al Poder Legislativo sobre un posible riesgo de daños. La segunda, del alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, quien afirmó que esta vez no se les solicitó apoyo policial, a diferencia de manifestaciones anteriores. Es claro, no hubo estrategia.
Los destrozos ocurrieron horas después de la manifestación autodenominada Generación Z, y ahí está la lección elemental. Las turbas y los flujos sociales son, por naturaleza, imprevisibles; grupos como el llamado “bloque negro” pueden mezclarse con manifestantes pacíficos y operar al amparo de esa confusión. Justamente por eso debe existir planeación. Es claro, no la hubo.
Y vinieron más fallas: las detenciones y la investigación ministerial. Tras una “danza” de cifras, finalmente se confirmó que 40 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público. Los perfiles de algunos detenidos generan suspicacia sobre la eficiencia de la investigación puesto que la Fiscalía de Jalisco es la que debe determinar si existen elementos para imputar un delito.
Ahí está Alfredo, un hombre de 60 años con condiciones médicas delicadas, cuya familia afirma que solo caminaba por Pedro Moreno. Está Fernanda, que se detuvo a tomar fotografías mientras iba en bicicleta. Abraham, que acudió al centro —también en bici— para observar la manifestación. Y Ángel, detenido mientras protegía a su hija del gas lacrimógeno, cuando con su familia solo hacía compras del Buen Fin. Las irregularidades también se dieron en el Poder Judicial cuando en la audiencia de imputación de este martes no se permitió el acceso a familiares de los detenidos.
El primer año de gobierno de Pablo Lemus deja una lección nítida: hay que prepararse porque vienen cinco años más en los que habrá tormentas imprevisibles e imposibles de evitar, pero necesitan estrategias de cuanto tipo se puedan. Prever, prever, prever.

La lección del primer año

Antes de ser asesinadas, las oficiales Gisela Ceballos y Libna Mata, informaron a cabina que revisarían un vehículo con vidrios polarizados. Cumplían con su jornada habitual; minutos después fueron atacadas a tiros. Lo que debía ser un procedimiento de rutina terminó en un ataque directo contra la autoridad, un hecho que trasciende a la corporación y expone la vulnerabilidad del Estado frente al crimen.
El doble asesinato se dio apenas un par de días después de que el gobernador de Jalisco anunciara el reforzamiento de la vigilancia en la frontera con Michoacán, tras la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La posibilidad de un desplazamiento de grupos criminales hacia territorio jalisciense está sobre la mesa, y el asesinato de las dos agentes podría ser una muestra de su avance y poder ya presente en el Estado.
Así se da otra lectura: la impunidad. La certeza con la que puede ejecutarse un crimen de esta magnitud en una zona metropolitana, a plena luz del día, refleja un nivel de organización y audacia que exige una respuesta inmediata y coordinada. No es un hecho aislado, sino un síntoma.
Cada ataque de este tipo reafirma que el objetivo del crimen organizado; no es solo el control territorial, sino el desgaste institucional. Golpear a quienes representan la ley es una forma de medir la capacidad de respuesta del Estado. En esa medición, lo que está en juego no es solo la seguridad pública, sino la autoridad misma.
Los mandos de seguridad de Jalisco describen a Gisela y a Libna como elementos ejemplares, puntuales y comprometidas. Este miércoles fueron despedidas con honores en la Academia de la Policía Estatal, en Tonalá. Entre aplausos, sirenas y lágrimas, sus compañeras y compañeros rindieron homenaje a su servicio. Durante la ceremonia, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, recordó: “Cayeron en cumplimiento de su deber. A veces esa frase parece vacía, pero hoy resuena como una verdad brutal: hasta el final hicieron aquello en lo que creían, proteger y servir a las y los jaliscienses”.

El desafío a la ley: el asesinato de dos policías viales en El Salto

En Jalisco, tres presidentes municipales viven bajo protección estatal. Tres. Lo confirmó el gobernador Pablo Lemus esta semana. Es un síntoma grave: la autoridad local se ha vuelto un blanco en medio del fuego cruzado entre crimen organizado e indiferencia institucional y por ello, en muchas regiones del país no se gobierna “a secas”, se gobierna con miedo.
El caso de Teocaltiche lo ilustra con crudeza. En menos de un mes —entre abril y mayo de este año— fueron asesinados su secretario general, una regidora, su director de seguridad y cuatro policías; otros cuatro continúan desaparecidos. Siete servidores públicos muertos en un mismo municipio, once vidas truncadas en una misma geografía donde la pregunta es ¿quién manda realmente?
Hace unas semanas, en el contexto del informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, entrevisté —junto con otros compañeros— a Omar García Harfuch. Dijo algo que hoy resuena: la base de la seguridad son los municipios, porque son el primer contacto con la ciudadanía y el punto donde se conoce el contexto real de la inseguridad. “Hay que fortalecer a las policías municipales”, insistía. Pero ¿cómo hacerlo cuando las corporaciones enfrentan déficit de personal, salarios bajos y armamento insuficiente?
Hasta hace unos años los municipios contaban con programas federales como el Subsemun, más tarde Fortaseg, creados para profesionalizar y equipar a las policías locales. Sin embargo, el Fortaseg fue eliminado del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2021 sin un sustituto equivalente. Los gobiernos municipales quedaron a la deriva, sin fondos ni respaldo para enfrentar al crimen organizado. La política de seguridad se volvió vertical: depende de recibir —o no— elementos “prestados” de la Guardia Nacional. A veces se anuncian, a veces llegan… y muchas veces ni los ven.
Si un alcalde necesita escolta para abrir una calle o inaugurar una obra, la democracia entra en modo supervivencia. Porque en los territorios donde la autoridad se oculta tras vidrios blindados, la ciudadanía sigue esperando algo tan elemental como que alguien —a quien ellos elijan— gobierne sin temor.
La protección a tres alcaldes en Jalisco es, en el fondo, una metáfora del país: tres bajo custodia, decenas en alerta y decenas más asesinados. Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán; fue el más reciente.

Los municipios sitiados

En México, las leyes nacen tarde. Llegan después del crimen, cuando el dolor ya tiene nombre y apellido. El feminicidio de Ángela Birkenbach, empresaria canadiense asesinada en Nayarit en 2023, no sólo reveló la brutalidad de un acto cometido –según la principal línea de investigación– por ambición y codicia; también expuso la violencia institucional que siguió a su muerte. Tres menores, hijos de Ángela, quedaron bajo tutela de la familia del presunto feminicida.
Dos años después, el caso vuelve al debate público. La diputada federal Claudia García Hernández, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, anunció una iniciativa que pretende llamarse Ley Ángela: una reforma que busca resguardar automáticamente a hijas e hijos de víctimas de feminicidio, suspendiendo de oficio la patria potestad, tutela o convivencias cuando el agresor sea el progenitor. La propuesta también prevé que, en casos excepcionales, pueda haber contacto supervisado sólo si un dictamen psicosocial independiente demuestra beneficio real para el menor.
La iniciativa es un intento por cerrar un vacío legal que permitió la revictimización. Porque la legislación vigente reconoce el derecho de convivencia del progenitor, incluso si está siendo investigado o vinculado a proceso por delitos graves contra la madre o los propios menores. Ese resquicio –sumado a la corrupción de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y del Poder Judicial que en apariencia está presente en este caso– ha hecho posible lo que debiera ser impensable: que los hijos de las víctimas terminen conviviendo con quien está acusado de arrebatarles a su madre. 
El caso de Ángela es un espejo incómodo para Jalisco y para el país. No se trata sólo de una tragedia familiar, sino del retrato de un Estado fragmentado, incapaz de articular justicia entre jurisdicciones: Nayarit procesa el feminicidio, mientras en Jalisco se litigan la herencia y la custodia. Un laberinto burocrático.
La Ley Ángela llega como un intento de reparar lo irreparable. Pero también como una pregunta moral: ¿Por qué en México hay que legislar lo que debería ser un principio ético elemental como lo es proteger a la niñez frente a la violencia?

Ley Angela

La salud pública es un asunto colectivo, significa que las decisiones individuales tienen efectos comunitarios, significa también que la prevención no puede depender únicamente del sistema de salud del Estado; pero sí es su responsabilidad poner las herramientas suficientes.
Eso lo saben los estudiosos del diseño de políticas públicas, pero también lo aprendimos quienes vivimos con consciencia el año 2020, el de la pandemia por COVID-19. Ahí entendimos aquello de “o salimos juntos, o no salimos”.
Años después, el brote de sarampión en México nos recuerda esa premisa. Si nos enfocamos solo en nuestro Estado, Jalisco supera ya el millar de casos confirmados, con una concentración relevante en el municipio de Tonalá. La respuesta institucional ha sido la instalación de módulos, brigadas de vacunación y cercos sanitarios en torno a los casos detectados. Medidas necesarias, aunque claramente reactivas.
Esta semana, desde la conferencia matutina del gobierno federal, se anunció la compra adicional de vacunas y se reiteró la intención de fortalecer la cobertura del sistema de salud. En el discurso, el énfasis está puesto en la capacidad de respuesta del Estado. En la práctica, la prevención vuelve a aparecer una vez que el problema ya está encima.
Sin embargo, reducir el debate a lo que hace o deja de hacer el gobierno es insuficiente.
El COVID dejó una enseñanza que hoy parece diluirse: Ningún esquema de vacunación funciona si la población no participa activamente. La renuencia a vacunarse, la desinformación y la percepción de que ciertas enfermedades están erradicadas, forman parte del problema tanto como los rezagos institucionales.
La salud pública no se sostiene únicamente con compras emergentes ni con anuncios de cobertura universal. Tampoco con la idea de que la responsabilidad es exclusivamente gubernamental. Es un equilibrio frágil entre políticas públicas oportunas y ciudadanía consciente.
El sarampión no es solo un reto sanitario; es un recordatorio de que las lecciones aprendidas no se conservan solas. Requieren memoria, constancia y corresponsabilidad. Ahí está el verdadero contraste entre lo que se dice y lo que se hace.

Sarampión: O salimos juntos o no salimos… oootra vez