Jonás

Este 22 de enero tuvo lugar en el Congreso del Estado, una larga comparecencia de dos secretarios del gobierno estatal: el de Transporte, Diego Monraz, y el de Hacienda Pública, Luis García Sotelo. Su presencia ante los diputados tuvo un objetivo doble: justificar el aumento a la tarifa del transporte y explicar el programa de la Tarjeta Única.
La presencia de los secretarios fue de más de seis horas, contando los periodos de descanso, y al final de la intensa jornada, las preguntas planteadas, las respuestas, los reclamos y las denuncias públicas, no se llegó a ningún lado.
En este momento, las cosas siguen el rumbo que se trazó desde finales de 2025: el 1 de abril se aplicará el incremento en la tarifa de 9.50 a 14 pesos, con un costo de 11 pesos para quienes presenten la Tarjeta Única; cinco pesos para estudiantes de educación básica, media superior y superior, y siete pesos para quienes estén registrados en programas sociales que contemplan una reducción tarifaria. 
Estos descuentos aplicarán sólo si se presenta la Tarjeta Única.
Los diputados, principalmente de oposición, exhibieron sus sospechas de que hubo violaciones a la legalidad y al derecho fundamental de la movilidad, por el incremento en la tarifa. A pesar de que los secretarios expusieron sus argumentos una y otra vez con explicaciones técnicas, sus respuestas chocaron ante las posturas políticas de los legisladores.
Queda claro que el tema del aumento tarifario en el transporte es un jugoso botín político que todos los grupos parlamentarios quieren aprovechar.
Hoy se presentará la solicitud formal ante la autoridad electoral (Instituto Electoral y de Participación Ciudadana), para que analice si puede o no aplicarse un referéndum sobre la tarifa.
Pero fuera de esto, sigue quedando pendiente lo más importante en materia de transporte: mejorar su calidad para los usuarios, para los conductores, para la movilidad en la ciudad, para reducir la contaminación… para todos.
Los diputados de oposición, no cabe duda, han aprovechado la coyuntura para arremeter contra las políticas del gobierno estatal y contra Pablo Lemus Navarro, y los legisladores que apoyan a Movimiento Ciudadano también han encontrado el paréntesis para favorecer su causa, pero la mejoría del transporte público sigue sin estar garantizada.

El transporte público como botín político

Mientras en México nos ocupamos en nuestros problemas internos, en los asuntos que marca nuestra agenda ya sea local, regional o nacional, el mundo sigue una marcha trepidante que puede dejarnos atrás y no contemplarnos en la elección del futuro que se está edificando.
Desde 2019, un presidente mexicano no ha estado presente en el Foro de Davos, Suiza. Lo que inició Andrés Manuel López Obrador lo ha continuado la presidenta Claudia Sheinbaum: No asistir a este encuentro económico de la élite mundial, al que acuden los potentados económicos, los jefes de Estado y numerosas personalidades. Pero si no va ella, lo extraño es que no acudan el secretario de Economía o el secretario de Relaciones Exteriores.
Definitivamente, México debería estar representado y sumarse a eventos como este, en los que se construye el nuevo orden mundial.
Mientras nos debatimos en esto, en Davos, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, presentó un discurso que marca el inicio de una época y que nos obliga a pensar en lo que haremos en el futuro inmediato.
Sin entrar en muchos detalles, Carney habló desde la perspectiva canadiense y anunció que es tiempo de dejar de vivir en la ilusión de una globalización, en la que siguiendo las reglas que han establecido los más poderosos, hay seguridad y progreso.
Eso se terminó, dijo el jefe de Estado canadiense. Hay una nueva realidad en la que los más poderosos (Estados Unidos, China o Rusia) establecen condiciones y pasan por encima de los que pueden menos.
Describió a Canadá como una “potencia media”, categoría en la que entra México, y consideró que es tiempo de hacerse cargo de los problemas de cada nación: Un país que no sea capaz de alimentar a sus ciudadanos, está en peligro; un país que no está insertado en el desarrollo tecnológico, está en riesgo; un país que no pueda defenderse, está en desventaja.
Carney subrayó que cada país debe volver al camino de su esfuerzo y de la defensa de sus recursos y sus ciudadanos; y a todas las potencias medias –otra vez, como México– les invitó a la unión y la cooperación, porque es muy amplio el camino en el que pueden colaborar en conjunto, para equilibrar la fuerza de las potencias.
Aquí la duda: ¿Que hará el gobierno de México? Somos vecinos de los Estados Unidos y no conviene luchar con ellos, y tampoco desaprovechar la oportunidad de estar asociados.
El camino es obligatorio: Hacernos cargo de nuestros propios desafíos, porque nadie va a venir a solucionarlos. ¿Estamos en esa ruta?

El ejemplo canadiense para México

Esta vez, la tercera, sumaron 37. El Gobierno de México envió a 37 “operadores de organizaciones criminales” ante la justicia de los Estados Unidos. Quien lo dio a conocer fue el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Con esto se confirma y reconfirma la colaboración del gobierno mexicano con la administración de Donald Trump.
En las últimas dos semanas, el mandatario de los Estados Unidos ha insistido, entre otros muchos temas, con “facilitar” apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum con personal de las fuerzas armadas estadounidenses para combatir al crimen organizado en territorio de México. 
Reiteradamente, la presidenta ha contestado que no. Que gracias.
Sin embargo, en la primera oportunidad, el sistema de seguridad de nuestro país entrega nuevamente a sus detenidos para que sean juzgados en Estados Unidos.
Nadie quiere defender a los delincuentes mexicanos, pero se han realizado tres entregas: el 27 de febrero de 2025, el 12 de agosto del mismo año, y este 20 de enero de 2026.
Que se haga justicia contra esos delincuentes. Todos estamos de acuerdo. Sólo que no podemos dejar de ver que esa “justicia” se aplica en otro país, no en el nuestro, donde también cometieron múltiples delitos y provocaron daños inconmensurables.
Pero no somos ciegos a la política: ¿A cambio de qué los llevan a Estados Unidos?
Después de esta nueva muestra de colaboración sin sumisión, el gobierno de Donald Trump ¿dejará de despreciar el T-MEC? ¿Dejará de instalar barreras en la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Le dará el trato apegado a la ley a millones de migrantes mexicanos que construyen los Estados Unidos todos los días, pagan sus impuestos y hacen más fuerte a la economía del vecino del Norte?
Es obvio que el gobierno de México no puede hacer nada por ellos; y naturalmente, la administración de Claudia Sheinbaum está más ocupada en mantener el status quo que en defender a los migrantes que viven en Estados Unidos y abastecen de remesas a millones de familias en México.
Es obvio, también, que no es posible oponerse o retar a Donald Trump.
Pero ante estas pruebas de la realidad, habría que esperar al menos que hubiera un trato más respetuoso para nuestro país y ¿por qué no?, una garantía de que se mantendrán los tratados comerciales.

Otro envío de narcos a EU

La presidenta salió a aclarar: no hay irregularidades en la presencia de un avión militar en Toluca. No trajo soldados. Es un asunto de capacitación. Demasiadas explicaciones… y mucha suspicacia en la opinión pública.
¿Quién no da por hecho, en su fuero interno, que la presencia de personal militar y de las agencias estadounidenses como la CIA, la DEA o el FBI es permanente en nuestro país? Como diría el clásico: No tengo pruebas, pero tampoco dudas. 
A nadie sorprende la injerencia del gobierno de los Estados Unidos, y mucho menos en estos tiempos. El gobierno de Donald Trump ha irrumpido en Medio Oriente, hace apenas unos días ingresó a fuerza de armas y milicia en Venezuela y sacó nada menos que al presidente; acaba de imponer aranceles a países europeos que se oponen a su proyecto de anexión de Groenlandia. 
De manera que el interés del gobierno norteamericano en México es permanente. Quizá hay aumentado su agresividad en meses recientes, pero nunca se ha ausentado. Es hasta cierto punto normal, considerando los intereses demográficos, económicos y territoriales que hay entre los dos países. La de México y Estados Unidos no es la frontera más grande del mundo, pero sí la que registra más cruces y más intercambio de mercancías. 
Sorprende, eso sí, el desdén a la opinión pública en México. El enorme avión Lockheed C-130J Super Hércules, con capacidad de traslado de 92 personas o 65 soldados equipados, que puede trasladar hasta 27 toneladas, aunque se usa normalmente en misiones humanitarias, aterrizó en el aeropuerto de Toluca porque “trajo de regreso a personal mexicano que se capacitó en Estados Unidos”. Al menos eso dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. 
También es extraño que se reconozca por parte de la cúpula militar de nuestro país que bien pudiera haber aterrizado en un aeropuerto militar. Además, la presidenta del país asegura que desde octubre del año pasado se había autorizado su ingreso a México. 
Son demasiadas explicaciones y todas sospechosas. 
En los últimos días el gobierno de Trump ha presionado para que la administración de la presidenta Sheinbaum permita la presencia estadounidense en el combate al crimen organizado. El discurso oficial ha mantenido la defensa de la soberanía y el principio de colaboración sin sumisión. 
La administración Trump ya ha mostrado cuánto respeta la soberanía de otras naciones y cuál es su consideración sobre el Derecho Internacional. 
No es necesario promover la ingenuidad, aunque se imponga el discurso de la soberanía. Mejor hará la administración de Claudia Sheinbaum si con pragmatismo, cede en demandas a cambio de ganar en terrenos que convienen al país, como la revisión del T-MEC.

Un avión militar de EU en Toluca

Se convertirá esta semana en uno de los temas centrales en el discurso de la Presidencia de la república y seguramente, será también uno de los tópicos más abordados mediáticamente. Se trata de la Reforma Electoral.
La presidenta Claudia Sheinbaum habló del asunto y se burló de que ya haya sido bautizada como la “Ley Maduro”, en alusión a que pretende un régimen como el chavista, de Venezuela.
Hay muchas sospechas y pocas certezas, pero como suele decirse: “No tengo pruebas, pero tampoco dudas”.
La nueva Reforma Electoral pretende, según lo ha dicho repetidamente la presidenta Claudia Sheinbaum y con ella la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, hacer más baratas las elecciones en México; reducir los costos de organizar elecciones, dar menos recursos públicos a los partidos políticos y recortar también los legisladores plurinominales.
Eso en primer término, pues hace falta conocer y revisar la iniciativa para esta reforma que será presidenta por la presidencia.
Curiosamente y como ha sucedido siempre en la historia política del país, mientras más afirman las autoridades que no tienen una pretensión, más se sospecha que ese es, justamente, su objetivo. Y mientras más repiten que no quieren controlar las elecciones y reducir las posibilidades de perderlas, más se instala la idea contraria.
Hay que enumerar con claridad algunos de los escenarios en el contexto de la Reforma Electoral:
a) Los partidos políticos de oposición (PAN, PRI, MC) poco pueden hacer más allá de señalar sus quejas. No cuentan con votos suficientes en la Cámara de Diputados y en el Senado. La reforma pasará como todas las anteriores, con la mayoría de Morena.
b) El freno, involuntariamente, podrían ponerlo los diputados del Partido del Trabajo y del Partido Verde, inconformes con la reducción del presupuesto público para los partidos que pretende la presidencia. La negociación está abierta.
c) El INE presentó su propia iniciativa y ésta consistió básicamente en su fortalecimiento y autonomía. Además, piden un presupuesto basado en el Producto Interno Bruto para evitar los vaivenes políticos. El encargado de la reforma, Pablo Gómez, lo rechazó.
d) Reducir el tamaño y el costo del INE, y desaparecer además a los organismos electorales estatales, opera contra la calidad de la democracia y la organización de elecciones, no al contrario.
e) Reducir el número de legisladores plurinominales (no se sabe cuántos), sólo aumentará el poder la mayoría de Morena que, previsiblemente, seguirá ganando elecciones en el ámbito legislativo. El efecto no será democratizador ni representativo, sino autoritario.
f) La Reforma Electoral puede encontrar fuerte oposición en el ámbito internacional, en especial desde el ámbito económico y de inversiones. Éste es un obstáculo que circunstancialmente, puede abogar en favor de la democracia mexicana.
Habrá que estar atentos a la propuesta de reforma.

El golpe que se prepara con la Reforma Electoral

El tema del aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco se convirtió en fuente de una profunda discusión en el Congreso del Estado, en el todavía joven año. En la primera sesión que tiene lugar en 2026, los diputados chocaron por sus diferentes posturas ante el costo del transporte.
Hubo, sin embargo, dos posiciones muy claras: La de la oposición y la de la fracción del partido en el gobierno, Movimiento Ciudadano (MC).
Con la mayoría de votos opositores, se aprobaron una serie de exhortos que pretenden entre otras cosas, exigir al gobernador del Estado, Pablo Lemus, la anulación de la nueva tarifa de 14 pesos; aplicar un referéndum para que la población se pronuncie sobre este aumento; citar a los secretarios de Transporte y Hacienda ante los diputados, y crear una Comisión Especial, integrada por legisladores y ciudadanos, para evaluar la mejoría en el servicio del transporte. 
En la sesión pasó de todo. Hubo discusiones serias y otras que rayaron en lo absurdo. Diputados de MC y algunos aliados de otros partidos, intentaron “reventar” la sesión al abandonarla y no lo consiguieron.
Además, se generó una abierta confrontación contra el gobernador del Estado, por sus señalamientos sobre la incitación a la violencia en manifestaciones públicas.
Las discusiones legislativas son enteramente normales; en el Congreso están representados los partidos políticos que cuentan con simpatía y votantes entre la población.
Sin embargo, la discusión que ocurrió ayer evidencia los proyectos particulares, las directrices de los partidos, e incluso la visión particular o de grupos, pero deja en segundo término el interés primordial de la ciudadanía: Mejorar el transporte público.
Se podrá seguir discutiendo, no sólo en el Congreso sino incluso en tribunales –para allá parece que van las cosas–, el tema de la tarifa y el proyecto de la llamada Tarjeta Única, pero lo que más debe importarle a los diputados y a los funcionarios del Gobierno del Estado es que el transporte público en el Área Conurbada de Guadalajara, y en otras ciudades del Estado, mejore notablemente.
Habría que destacar en particular, la iniciativa de crear una Comisión Especial presentada por los diputados de Acción Nacional (PAN), que durante un año esté dando seguimiento al desempeño del transporte público, bajo la condición de echar para atrás el incremento en la tarifa si el servicio no mejora.
Y la mejoría debe consistir en que haya más unidades de transporte y que el paso de éstas sea más regular; que el trato de los conductores sea cívico y que las unidades estén en buenas condiciones, entre otros varios aspectos del servicio, pues no sólo es el precio, también el producto que se está pagando, el centro de la definición final.
Si esto no se consigue, toda la discusión política y pública habrá sido inútil.

Confrontación desde el Congreso

La discusión por el incremento de la tarifa al transporte público en Jalisco pasó de analizarse desde perspectivas económica y legales y derechos humanos, a un intercambio de acusaciones. El tema se tornó extremo después que el gobernador Pablo Lemus señaló directamente a tres diputados por incitar a la violencia en las manifestaciones públicas
Señaló en particular a las dos diputadas del Partido Futuro, Mariana Casillas y Tonantzin Cárdenas, además del coordinador de diputados del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, que llevaron manifestantes a la marcha del pasado 10 de enero y los incitaron a atacar Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana.
El mandatario se refirió también a “algunos diputados de Morena” que participan de esta politización en el tema también bautizado como “el tarifazo”.
La polarización ya es evidente en la discusión pública por el cobro del transporte, a pesar de que se haya anunciado un subsidio mediante el uso de la Tarjeta Única, para que se paguen 11 y no 14 pesos (el aumento es de 9.50 a 14 pesos y aplicará a partir del 1 de abril próximo), y adicionalmente los estudiantes de universidades públicas y privadas pagarán sólo cinco pesos, igual que los estudiantes de nivel.
La discusión es normal. Se trata, además, de una oportunidad política que los opositores a Movimiento Ciudadano no desaprovecharán. En este punto, llama la atención que el gobernador no haga referencia a los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) que también han sido críticos con el tema y que anunciaron también medidas de protesta.
Sin embargo, la discusión política genera en este momento una confrontación abierta que no necesariamente beneficia a los usuarios del transporte, que son mayoría.
Que se convoque nuevamente a una marcha este sábado 17 de abril y que se preparen nuevas movilizaciones de protesta (Morena anunció la propia para el 14 de febrero) no parece cambiar de fondo las cosas.
De hecho, el único mensaje de oposición que ha parecido coherente lo anunció la dirigencia estatal de Morena, que instalará mesas de trabajo para elaborar una alternativa formal que, afirmaron, presentarán en el Congreso del Estado. Si ésta se aprueba o se rechaza, es otro tema, pero lo importante es que haya alternativas, posiciones serias y constructivas, no sólo crítica y reprobación.
Además, en su afán de descalificar, los opositores están perdiendo una oportunidad que impactaría positivamente en todos los usuarios del transporte: exponer qué compromisos deberán hacer los transportistas para mejorar el servicio. 
Parece inevitable que se pagará más; no puede permitirse que sea por lo mismo.

Tarifa del transporte: la discusión crece

Sí, otra vez Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos apenas había favorecido el discurso de las autoridades mexicanas que cancelaron cualquier incursión de carácter militar en territorio nacional, cuando da un nuevo golpe, ahora en el ámbito económico, a la estabilidad mexicana, al declarar que el tratado comercial entre los tres países del Norte, es irrelevante para Estados Unidos.
Y adicionalmente, Trump genera un nuevo problema en la agenda del gobierno mexicano, al subrayar que en Estados Unidos no se necesitan automóviles fabricados en México, lo cual remece a la industria automotriz nacional, que ha sido desde hace décadas uno de los pilares de la economía mexicana.
Ya no sorprende que Donald Trump un día sea amable y condescendiente con la presidenta Claudia Sheinbaum, y al otro le clave un nuevo puñal a México, pero ciertamente el ritmo de ataque es muy rápido.
Hay que recordar que este año 2026 está agendada la revisión del T-MEC, y el presidente de Estados Unidos no solamente lo ha rechazado, sino que sugirió desde hace tiempo la posibilidad de cancelarlo definitivamente.
Esto contrasta con los augurios positivos que desde finales del año 2025, el gobierno mexicano y su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habían hecho públicos, dando por hecho que ya está caminado un buen tramo de la revisión del tratado comercial que involucra a México, Estados Unidos y Canadá.
La industria automotriz mexicana ha sido una de las víctimas fatales de los aranceles de Donald Trump en acero y aluminio, y de sus amenazas al acuerdo comercial tripartita. Antes de que Trump iniciara su segundo mandato en México, se fabricaban casi 4 millones de vehículos cada año; desde su llegada al poder por segunda ocasión, no solamente impuso aranceles que debe cubrir la industria automotriz, sino que hizo más complejos los trámites y procesos de manufactura, y eso ha impactado negativamente en este sector que ha generado 1 millón de empleos directos, y 3.5 millones de empleos indirectos, sumando casi el 5% del PIB en México.
La estrategia de Trump también es conocida: Ataca y después abre la puerta a una negociación en la que siempre lleva la ventaja; ser presidente de la primera economía del planeta, y de la que depende la mayor parte de la economía mexicana, le permite jugar esa mano.
Este 14 de enero, seguramente la presidenta Sheinbaum deberá tener un comentario, una salida a este nuevo golpe, ahora al ámbito económico que junto con el de seguridad, han sido los dos más comprometidos en la relación obligada de México con su vecino del Norte.
Ante la nueva urgencia, aumenta el trabajo y la necesidad de buscar alternativas y negociaciones; esta es otra tarea que se suma a las que ya tiene el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

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El gabinete del gobernador Pablo Lemus está convocado el día de hoy a un encuentro de trabajo en Ajijic, uno de los pueblos emblemáticos de la Ribera de Chapala. A unos días de que concluya el primer mes de 2026, este encuentro debe servir para marcar las líneas de trabajo más importantes en el gobierno del Estado.
No se necesita mucha investigación para determinar qué es lo que más urge en la agenda del gobierno estatal: Indudablemente hay que sacar adelante la discusión pública y política por el incremento en la tarifa del transporte público. Además, llevar a buen puerto la tramitología para entregar cuando menos a dos millones de personas, la Tarjeta Única antes del 1 de abril. 
Esa es la coyuntura. Adicionalmente, la administración lemusista debe sacar de esta encerrona del gabinete, la determinación de los cambios de secretarios que ha venido anunciando el gobernador Lemus Navarro desde las últimas semanas del año pasado: al menos cinco modificaciones, según lo confirmó hace unos días.
Esos cambios implican movimientos dentro del equipo de gobierno, evidentemente con el afán de mejorar administrativa y políticamente.
Otro tema en el que debe trabajarse con urgencia y con el mismo o mayor nivel de energía y dedicación es la Copa Mundial de Futbol 2026.
En lo deportivo, ya hay instituciones que están llevando a cabo la tarea. Lo que debe considerarse es lo que corresponde a los gobiernos municipales y al del Estado: Seguridad, infraestructura, organización, garantía jurídica y otros aspectos, todos igualmente importantes.
No debe pasar por alto que a pesar del entorno político que domina a la administración de Donald Trump, en Estados Unidos se ha firmado en dos ocasiones que México pudiera ser objetivo de un ataque terrorista en el contexto del torneo futbolístico más importante del mundo.
Y ya que hablamos de seguridad, es uno de los renglones en los que no se puede bajar la guardia; se ha insistido en la coordinación, pero las cifras hasta ahora son el lenguaje con el que se comunica la eficiencia en el trabajo gubernamental en el combate a la violencia y la inseguridad; sin embargo, la estadística de percepción que maneja trimestralmente el Inegi, arrojó un resultado negativo para el cierre del año 2025. La necesidad de mejorar en este rubro es un objetivo permanente.
Seguro habrá muchos otros detalles, pero la agenda de trabajo para el gabinete tiene las prioridades que acaban de enumerarse.

El gabinete en la Ribera de Chapala