Ministros de lujo… y de moral barata

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó hace tiempo de ser un contrapeso para convertirse en un club de privilegios blindados. Blindados, literalmente. Mientras millones sobreviven con salarios de hambre y se arrastra con un Estado que predica austeridad hasta el cansancio, los ministros —los mejor pagados del país— viven como si el erario fuera herencia familiar y no dinero público.

No es una exageración: sueldos obscenos, prestaciones de otro planeta, asesores de lujo, viáticos generosos y ahora, como cereza del pastel, camionetas blindadas de casi tres millones de pesos para todos. Y todo financiado por los mismos ciudadanos a los que dicen proteger con su “independencia judicial”. Independencia, sí, pero del pudor, del sentido común y de la realidad nacional.

El problema no es solo cuánto ganan, sino cómo viven y cómo se comportan. Los ministros no sólo administran justicia, administran cotos de poder. Despachos “amigos”, consultorías externas, asesorías cruzadas y una red de favores que convierte a la Corte en una puerta giratoria donde la toga se quita y se pone según convenga. Jueces por la mañana, abogados de élite por la noche. Legal, quizá. Ético, jamás.

Morena tiene razón en una cosa —y eso ya es decir bastante—: no son iguales. Son peores. Porque estos ministros no llegaron con discursos incendiarios ni promesas de transformación, sino con una narrativa engañosa de austeridad republicana, de sensibilidad social, de justicia, de sacrificios que nunca existieron. Engañaron al electorado con la solemnidad del cargo y la hipocresía del discurso.

La compra de camionetas blindadas no es solo un exceso, es un símbolo. Simboliza el miedo a la gente, el divorcio absoluto con la calle y la convicción de que el poder debe ir acompañado de lujos, no de responsabilidad. Y si eso no fuera suficiente, está el detalle miserable de usar placas de otros Estados para evadir multas y refrendos. Ministros de la ley burlando la ley. La escena se escribe sola.

No se trata de populismo ni de linchamiento mediático. Se trata de congruencia. ¿Cómo puede una Corte exigir legalidad cuando sus integrantes hacen malabares para no pagar impuestos locales? ¿Cómo pueden hablar de Estado de derecho quienes ven al presupuesto como un botín?

La Suprema Corte no está en crisis por los ataques de los medios y la población. Está en crisis por su propia conducta. Por su soberbia, su desconexión y su apetito insaciable. Si la justicia es ciega, sus ministros no lo son: ven perfectamente el dinero, el poder y los privilegios. Y de forma descarada, no están dispuestos a soltarlos.