El Estado castiga más a los artistas que a los delincuentes

En Jalisco, como en gran parte del país, la forma en que el Estado decide actuar frente a la violencia revela un problema de fondo: las prioridades institucionales no están alineadas con la gravedad de los delitos que se viven todos los días. Mientras la autoridad muestra rapidez para intervenir en conciertos, canciones o espectáculos señalados como apología del delito, los hechos criminales de alto impacto continúan ocurriendo sin que exista un avance claro en las investigaciones.

En los últimos años, Jalisco ha registrado una cantidad constante de homicidios, desapariciones, hallazgos de fosas clandestinas y ataques directos contra personas que buscan justicia. A pesar de la magnitud de estos hechos, muchos de ellos siguen sin responsables identificados públicamente, sin detenciones relevantes y sin información clara sobre el estado real de las investigaciones. Para la ciudadanía el resultado es el mismo: expedientes abiertos que no avanzan y casos que se enfrían con el paso del tiempo.

Las desapariciones se han convertido en uno de los fenómenos más dolorosos del Estado. Familias enteras han asumido labores que deberían corresponder a las autoridades, recorriendo terrenos, buscando indicios y exponiéndose a riesgos constantes. Incluso en casos donde se han localizado restos humanos o posibles sitios utilizados por grupos criminales, los resultados judiciales siguen siendo limitados. No hay claridad sobre cuántas investigaciones han derivado en detenciones ni sobre si las estructuras responsables han sido desmanteladas.

A esto se suman asesinatos de alto impacto, incluidos ataques contra personas defensoras, madres buscadoras y ciudadanos que se encontraban en espacios públicos. Estos hechos generan indignación social, pero con frecuencia no se traducen en procesos penales sólidos ni en sentencias que envíen un mensaje claro de consecuencia. La autoridad suele informar que “las investigaciones siguen en curso”, sin que exista una rendición de cuentas efectiva sobre los resultados.

En este contexto, resulta llamativo que sí exista una respuesta inmediata cuando el tema se traslada al ámbito artístico. Conciertos cancelados, carpetas de investigación abiertas y procedimientos administrativos avanzan con rapidez cuando se trata de canciones o expresiones culturales. La autoridad actúa, comunica y muestra resultados en plazos cortos. Esa capacidad de reacción contrasta con la lentitud frente a delitos que afectan directamente la vida, la integridad y la seguridad de las personas.

Este problema no es exclusivo de Jalisco. En distintos estados del país se repite el mismo patrón: presencia constante del crimen organizado, delitos de alto impacto que se acumulan y una persecución penal que rara vez alcanza a las estructuras que operan detrás de la violencia. La acción del Estado se concentra en lo visible y manejable, mientras los grupos criminales continúan funcionando con altos niveles de impunidad.

La discusión no se centra en justificar la apología del delito ni en negar que ciertos mensajes tengan impacto social. El punto central es otro: el desequilibrio en la aplicación de la ley. Cuando el Estado demuestra que puede actuar con firmeza en escenarios públicos pero no logra mostrar avances frente a homicidios, desapariciones o redes criminales, el mensaje que se transmite es preocupante.

La seguridad pública no se construye castigando símbolos ni administrando escándalos. Se construye investigando de manera seria, persiguiendo penalmente a quienes cometen delitos graves y garantizando que las víctimas tengan acceso real a la justicia. Mientras esto no ocurra, la percepción de impunidad seguirá creciendo y la confianza en las instituciones continuará deteriorándose.

Cuando el aparato estatal resulta más eficaz para sancionar a un artista que para esclarecer un asesinato o una desaparición, la justicia deja de cumplir su función básica. Y esa realidad, aunque incómoda, define con claridad una de las reglas no escritas de la justicia en México.