La herida invisible de la desaparición forzada

Laura lleva siete años buscando a Armando.

Siete años de caminar oficinas, tocar puertas, repetir su historia frente a funcionarios que cambian de escritorio pero no de respuestas. Armando desapareció una mañana cualquiera y desde entonces no hay rastro de su paradero. No hay cuerpo, no hay certeza, no hay cierre. Solo ausencia.

En ese mismo tiempo, Laura también perdió su casa. El crédito hipotecario que ambos pagaban dejó de cubrirse porque el ingreso principal desapareció con Armando. No hubo seguro que se activara, no hubo prórroga, no hubo comprensión institucional. Por más que lo intentó con abogados y el apoyo de organizaciones de apoyo, la vivienda se perdió.

Tampoco ha podido cobrar un seguro de vida ni acceder a los recursos que Armando había generado con 22 años de trabajo. La razón es tan fría como absurda: no hay acta de defunción. La historia de Laura no es excepcional. Es el retrato cotidiano de miles de familias en México que, además de enfrentar el dolor de una desaparición, viven un proceso sistemático de revictimización institucional.

Hoy en nuestro país hay más de 115 mil personas desaparecidas o no localizadas. Cada una de ellas representa una familia que vive en un limbo jurídico y administrativo. La desaparición forzada no solo priva de la libertad a una persona; también suspende derechos, congela vidas y empuja a quienes buscan a una ruta interminable de trámites, negativas y silencios.

Durante años, la discusión pública se ha concentrado en la búsqueda, la seguridad y la justicia penal. Sin embargo, hay una dimensión que sigue siendo invisible: los efectos sociales, económicos y financieros de la desaparición. Ahí es donde el Estado sigue fallando y es momento de hacer algo.

Cuando una persona desaparecida tenía un empleo formal y cotizaba al IMSS o al ISSSTE, su familia solo conserva el acceso a la seguridad social por un periodo limitado. Cinco años después, la protección se extingue. Se pierde la atención médica, se cancelan derechos y las familias quedan completamente desamparadas, justo cuando el desgaste físico, emocional y económico es mayor. Lo mismo ocurre con la vivienda. Los créditos del Infonavit no se suspenden ni se cancelan ante una desaparición. Las deudas continúan, los seguros no se activan y, con el tiempo, el patrimonio se pierde. No porque las familias abandonen sus responsabilidades, sino porque la ley no reconoce la desaparición como una causa que amerite protección efectiva.

Pero quizá uno de los ámbitos más crudos es el del sistema financiero. Bancos y aseguradoras siguen operando bajo una lógica que ignora por completo la realidad de las personas desaparecidas. Sin acta de defunción no hay cobro de seguros, no se liberan cuentas, no se entregan saldos de AFORE ni se reconocen beneficiarios.

De todo lo anterior, el resultado es una forma de discriminación institucional que castiga y revictimiza a las familias por seguir buscando y por negarse a declarar muerta a una persona que aún esperan encontrar.

Esta falta de visibilidad parte de una misma raíz: la incapacidad del sistema para reconocer que la desaparición también genera derechos. Que la ausencia no puede traducirse en exclusión. Que la incertidumbre no puede ser sinónimo de abandono. Por eso es indispensable colocar este tema en la agenda pública. No se trata únicamente de mejorar la logística de las dependencias de seguridad social, sino de impulsar una revisión profunda de nuestro marco legal y financiero. De entender que el problema no es administrativo, sino estructural.

En este periodo de sesiones que comenzará la próxima semana en la Cámara de Diputados, estamos poniendo sobre la mesa una iniciativa que busca atender este vacío. Proponemos reformar la Ley del IMSS, la Ley del ISSSTE y la Ley del Infonavit para garantizar que las familias de personas desaparecidas puedan acceder a pensiones, atención médica vitalicia y protección de su vivienda mediante la Declaración Especial de Ausencia. Es un paso necesario para que los derechos laborales y sociales no desaparezcan junto con las personas.

Pero el reto va más allá. Es indispensable que el sistema financiero, bancos, aseguradoras y entidades de ahorro, asuman que la desaparición forzada es una realidad que también les concierne. Que se construyan mecanismos legales que permitan el acceso a seguros, prestaciones y recursos sin obligar a las familias a renunciar a la búsqueda de sus seres queridos.

La desaparición forzada no puede seguir tratándose como una anomalía marginal. Es una crisis humanitaria que ya se vive a diario y exige respuestas integrales. Esas respuestas deben partir de una premisa básica: las personas tienen derechos, incluso en la ausencia.

Sus familias también.

Laura sigue buscando a Armando. Como ella, miles de mujeres en este país —madres, esposas, parejas— sostienen la búsqueda y la vida al mismo tiempo, lo que hace que el problema también tenga un fuerte sesgo de género. Lo mínimo que podemos hacer desde el Estado es no convertirnos en cómplices del abandono.

Poner este tema en la agenda pública es un acto de justicia, de dignidad y de responsabilidad institucional. Porque la justicia social no puede seguir esperando.