Antes fue el dengue y ahora el sarampión. Los casos de estos problemas de salud, que colocan a Jalisco en el primer lugar nacional, reflejan el descuido que las autoridades locales han tenido en la política de salud implementada, la cual sigue causando perjuicios en la salud de la población.
De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades locales, Jalisco registra una tasa de 7.54 casos de sarampión por cada 100 mil habitantes, la más alta a nivel nacional. Esta situación nos coloca frente a una clara fase de alerta sanitaria, ante la cual la Organización Panamericana de la Salud incluso ha sugerido retirar a México el estatus de país libre de sarampión.
Durante 2025 y 2026 se han confirmado mil 344 casos y ya se registran dos defunciones por esta enfermedad. Hasta hoy, 38 municipios reportan personas afectadas por este problema de salud. A ello se suman los riesgos sanitarios a los que podría exponerse la población de Jalisco al ser sede mundialista.
Jalisco enfrenta nuevamente una crisis de salud pública. Resulta urgente que la política estatal se involucre de manera decidida en su atención, garantizando la aplicación de la vacuna en todos los espacios posibles y reforzando los servicios médicos de primer contacto. Actualmente, numerosas unidades de salud operan con carencias severas, como la falta de personal y la escasez de insumos básicos, incluida la ausencia de jeringas para la vacunación, lo que evidencia una problemática estructural en el sistema de salud estatal.
Debe ser prioritaria la coordinación entre las secretarías involucradas para asegurar que la vacunación se lleve a cabo en los planteles educativos, principalmente en los de educación básica, siempre previa autorización de madres y padres de familia. La prevención no puede seguir siendo postergada ni tratada como un asunto secundario.
Esta crisis sanitaria se debe, en gran parte, a que las autoridades locales continúan empecinadas en una postura separatista, al negarse a coordinarse con la Federación tanto en las medidas de prevención sanitaria como en la prestación de los servicios de salud en general. Esta actitud pone en riesgo el derecho a la salud de millones de jaliscienses, al anteponer diferencias políticas a las necesidades urgentes de la población.
Es momento de reconocer que la incorporación de Jalisco al IMSS Bienestar es urgente e inaplazable. Esta medida fortalecería de manera decisiva el sistema de atención para quienes no cuentan con ningún régimen de seguridad social. Jalisco merece, exige y tiene derecho a recibir servicios de salud con los más altos estándares de calidad, cobertura y atención; la política estatal no puede seguir retrasando decisiones que afectan la vida y bienestar de la población.