De Izaguirre a las balaceras en Zapopan

Jalisco se ha convertido, lamentablemente, en un símbolo nacional de lo que ocurre cuando un gobierno prefiere administrar la narrativa antes que enfrentar la realidad. Bajo la administración de Pablo Lemus, el discurso oficial insiste en que el Estado avanza, que hay control, que se trabaja por la seguridad. Sin embargo, los hechos —crudos, dolorosos e irrefutables— cuentan otra historia.

El hallazgo del llamado Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, en marzo de 2025, debería haber cimbrado a cualquier gobierno responsable. Colectivos de búsqueda encontraron restos humanos, ropa y objetos personales en lo que todo apunta fue un centro de adiestramiento de un cártel. No se trató de un hecho aislado, sino de una evidencia más del reclutamiento forzado y de la crisis de desapariciones que vive el Estado. ¿Cómo es posible que un campo de esta naturaleza operara sin que las autoridades estatales se dieran cuenta?

A esto se suman las fosas clandestinas localizadas cerca del Estadio Akron, en Zapopan, justo cuando Jalisco presume estar listo para recibir al mundo en el Mundial de Fútbol 2026. Mientras se invierten millones en imagen urbana, en propaganda y en espectáculos, la realidad es que el crimen organizado ha penetrado zonas emblemáticas, a plena vista de todos.

Los narcobloqueos en La Barca, la quema de vehículos y los enfrentamientos armados en los límites con Michoacán y Guanajuato confirman que el territorio jalisciense sigue siendo disputado por grupos criminales con absoluta impunidad. Y cuando la violencia se traslada a las zonas residenciales, el mensaje es todavía más grave: nadie está a salvo.

El asesinato de un empresario y su hija en Guadalajara, a finales de 2025, con un comando de más de 30 sicarios actuando como si se tratara de una película, marcó un punto de quiebre. Lo mismo ocurrió recientemente con la balacera en Jardines del Tepeyac, en Zapopan, a plena luz del día, en una de las zonas más transitadas de la ciudad. Dos muertos, varios heridos, pánico colectivo y, como siempre, explicaciones tardías.

Pero quizá lo más indignante es la normalización de la trata de personas y de la delincuencia forzada. Centros de llamadas operados por un grupo delincuencial, jóvenes reclutados con engaños, torturados, obligados a estafar o a delinquir. La Nueva Central Camionera convertida en punto de captación criminal. Esto no es una falla menor: es el reflejo de un Estado que perdió el control de su propio territorio.

El gobierno estatal no puede seguir culpando a la federación, al pasado o al contexto nacional. La seguridad es una responsabilidad directa del gobierno estatal y municipal, y los resultados están a la vista: más fosas, más balaceras, más desaparecidos y más miedo.

Jalisco no necesita discursos triunfalistas ni campañas de relaciones públicas. Necesita un cambio profundo de estrategia, coordinación real con la federación y, sobre todo, voluntad política para enfrentar al crimen sin simulaciones, más seguridad, menos frivolidad y Tik Tok.
Porque mientras se presumen estadísticas maquilladas, el gobernador viaja y se dedica a bailar ante las cámaras, y la ciudadanía vive entre el terror, la impunidad y el abandono. Y eso, en cualquier democracia, es el verdadero fracaso.