Hacia una Nueva Ley de Privacidad: El Despertar Digital de México

En la última década, nuestra vida se ha mudado casi por completo al entorno digital. Sin embargo, mientras la tecnología avanzaba a pasos agigantados, nuestro marco legal en materia de protección de datos personales permaneció congelado en 2010, cuando por ejemplo, Facebook todavía no existía.

Recientemente se han iniciado una serie de diálogos para actualizar este marco normativo. La iniciativa liderada por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, surge de una necesidad crítica en la que podríamos discutir su análisis: por ejemplo, que al actual marco normativo le hace falta un desarrollo de los principios y deberes, que carece de esquemas de prevención y, que su régimen sancionatorio no es lo suficientemente eficaz ni disuasorio, pero en lo que no hay discusión, es que es necesaria su actualización como modelo normativo y que es necesario esté a la altura de los principales estándares internacionales.

Incluso, se podría transitar hacia una sola ley sin distinción de sector público o privado, que retome la vanguardia, brindando certeza jurídica a través de la innovación y la responsabilidad compartida, pero si no hay condiciones, entonces una ley hacia los particulares, que se anticipe a los desafíos modernos. Entre los puntos clave que considero se deberían tomar en cuenta, figuran los siguientes:

• Es imperativo mejorar la defensa de los derechos digitales y fortalecer la colaboración entre los sectores, para evitar los ciberdelitos como la violencia digital o la suplantación de identidad.
• Fortalecer a la autoridad de control, como una autoridad especializada, lo más autónoma posible y con atribuciones robustas de supervisión, promoción y sanción, entre otros aspectos.
• Se propone incorporar nuevas figuras y conceptos como la aplicación extraterritorial de la ley, el principio de legitimación, la limitación del tratamiento, el derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, así como la incorporación de las evaluaciones de impacto, como figuras preventivas, para el sector privado.
• La regulación debe incluir la incorporación de los neuroderechos de los datos biométricos como sensibles, regular la inteligencia artificial para asegurar la transparencia algorítmica y evitar los sesgos o la discriminación, y en general que las nuevas tecnologías no vulneren los derechos humanos.
• En cuanto a las observaciones del Consejo Consultivo del Convenio 108, nos han señalado la necesidad de quitar la excepción de las Sociedades de Información Crediticia en la Ley y derogar lo correspondiente en la ley sectorial.
• Con respecto al periodismo, la Ley no hace referencia a ninguna excepción del alcance de la aplicación de los requisitos que restringen la aplicación de ciertas disposiciones para el tratamiento llevado a cabo por la prensa, toda vez que esta situación supondría una limitación al ejercicio de la libertad de expresión.
• La necesidad de insertar reglas específicas con relación al tratamiento de datos personales de salud y otros sectores.
• Incorporar en la ley de sector privado la obligación a cargo de los responsables, de notificar a la autoridad de control cuando ocurra una vulneración de seguridad, esto con la finalidad de que los titulares estén mejor protegidos, e iniciar las investigaciones correspondientes.
• Empoderar al ciudadano mediante el derecho a la portabilidad, permitiendo que cada persona pueda trasladar su información entre plataformas de forma sencilla y sin obstáculos.
• La incorporación de principios como la privacidad desde el diseño y por defecto —que obliga a pensar en la protección de datos desde la creación de cualquier producto o servicio— nos permitiría contar con un ecosistema digital seguro, ético y competitivo.

Para que México se posicione en la vanguardia, es esencial alinearse con los estándares internacionales más avanzados, como el Convenio 108+ Plus y su correlación con regulaciones de avanzada como la Ley de Inteligencia Artificial europea. 

Estamos ante una oportunidad histórica para dotar a México de una legislación que no solo proteja nuestra información, sino que impulse un crecimiento económico moderno, basado no en sancionar más eficientemente a los particulares, sino en fortalecer una cultura donde los responsables del tratamiento de datos asuman un papel con el rigor que exige la confianza depositada por las personas, y que los titulares ejerzamos a plenitud nuestro derecho y denunciemos los indebidos tratamientos.