El responsable del homicidio de Clarisa en Puerto Vallarta fue vinculado a proceso y permanecerá al menos un año en prisión preventiva

La indignación social tuvo respuesta judicial. El presunto responsable del atropellamiento que terminó con la vida de Clarisa en Puerto Vallarta fue detenido y vinculado a proceso, confirmó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
Se trata de Erick Roberto “N”, quien presuntamente conducía en estado de ebriedad cuando ocurrió el siniestro el pasado 12 de enero. El imputado permanecerá en prisión preventiva por un año, mientras avanza el proceso penal en su contra.
“Hubo manifestaciones en Vallarta con toda razón. El esposo de Clarisa y su familia tenían razón en exigir justicia”, declaró el mandatario estatal, al confirmar la detención y el inicio formal del proceso judicial.
Clarisa resultó gravemente lesionada tras el impacto y permaneció 16 días hospitalizada, hasta que el 28 de enero se confirmó su fallecimiento. Su muerte detonó una serie de protestas ciudadanas y bloqueos en avenidas principales de la ciudad, donde familiares y amigos exigieron castigo para el responsable.
Las movilizaciones presionaron a las autoridades para acelerar la investigación y evitar que el caso quedara impune.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía del Estado de Jalisco, el imputado conducía una camioneta Kia Sportage negra sobre los carriles centrales de la avenida Francisco Medina Ascencio. Al llegar al cruce con avenida Fluvial Vallarta, en la Zona Hotelera Norte, no respetó la luz roja del semáforo, circulaba a exceso de velocidad y se impactó contra un vehículo Kia Río.
En ese automóvil viajaba Clarisa, quien sufrió lesiones severas que finalmente le causaron la muerte por traumatismo craneoencefálico y lesiones abdominales.
Tras reunir 52 datos de prueba, la Vicefiscalía en Investigación Regional logró que un juez dictara auto de vinculación a proceso por los delitos de homicidio por culpa grave y daño en las cosas culposo.
Además de la prisión preventiva por un año, se estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación, periodo en el que se definirá la responsabilidad penal del acusado.
El caso, que sacudió a Puerto Vallarta, se ha convertido en un símbolo del reclamo social contra la impunidad y la conducción bajo los influjos del alcohol. Ahora, la exigencia es clara: que la justicia no se quede a medio camino.