La mejor manera de humanizar el proceso migratorio en el mundo es reconociendo a las personas migrantes y su aporte a las sociedades de arribo. Para ello se impone establecer un marco jurídico que les garantice su estatus regular en los países a donde se ven obligados a huir. De lo contrario, los millones de migrantes continuarán viviendo en la sombra de las comunidades donde se insertan y en las cuales colaboran con su trabajo para aceitar la maquinaria económica, pero sin ninguna garantía legal para su estancia.
En la medida que los gobiernos apuesten por regularizar a su población migrante lograrán construir un escenario de mayor certidumbre y seguridad para toda la sociedad. Esta ruta la acaba de elegir el presidente de España, Pedro Sánchez, al promulgar esta semana un decreto que ofrece a cientos de miles de migrantes “indocumentados” una vía para solicitar permisos de residencia temporal.
Para acceder a este derecho los migrantes “sin papeles” deberán cumplir con algunos requisitos, a saber: haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025, tener una estancia mínima de cinco meses, y no tener antecedentes penales. Las solicitudes se aceptarán entre abril y junio de este año.
Con el permiso temporal podrán acceder de manera regular a un empleo en cualquier sector del país, y tendrá vigencia de un año con posibilidad de ser renovado; asimismo se regularizará de manera simultánea a los hijos e hijas menores de edad de los solicitantes que ya se encuentran en España y su permiso será por cinco años. Muy importante es que en el momento que se presente la solicitud, quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que tuviese el migrante. Lo que no se obtiene con el permiso es la nacionalidad, aunque sí podrán votar en las elecciones municipales, pero no en las generales y autonómicas.
El decreto presidencial español busca solucionar la escasez de mano de obra en España e impulsar el crecimiento económico mediante la incorporación regular de una mano de obra que ya trabaja en el país. Esa política ya se ha puesto en marcha en otras ocasiones desde 1986 con Felipe González, hasta 2005 con José Luis Rodríguez Zapatero.
Sobra decir que estas medidas no son un incentivo para que las personas salgan de sus terruños, por el contrario, son las políticas de expoliación llevadas a cabo por naciones del centro sobre los países de la periferia y la falta de oportunidades de trabajo, educación, vivienda, salud y recreo lo que se convierten en una catapulta migratoria.
Indudablemente el decreto español va a contracorriente de las políticas que criminalizan a los migrantes en Estados Unidos, pero también en varios países europeos como Reino Unido, Grecia e Italia.