Las elecciones y las inversiones del crimen

La detención de Diego Rivera, alcalde de Tequila, por extorsión y presuntos vínculos con el crimen organizado, no es un accidente ni una excepción. Es el síntoma visible de un sistema electoral perforado, complaciente y, en muchos tramos, deliberadamente ciego. La pregunta ya no es quién está involucrado. La pregunta incómoda —y urgente— es quién no lo está.

México ha normalizado que gobernadores, alcaldes, diputados y operadores políticos aparezcan en expedientes penales como si fueran notas al pie. Ahí están los nombres: gobernadores sentenciados como Javier Duarte; procesados como César Duarte; extraditados como Tomás Yarrington; alcaldes detenidos por extorsión, delincuencia organizada o vínculos con cárteles; legisladores con antecedentes penales que, aun así, pasaron “legalmente” todos los filtros. La ley lo permitió. Los partidos lo avalaron. Las autoridades electorales lo certificaron.

No es una falla técnica. Es una simulación estructural.

El sistema presume legalidad porque cumple requisitos mínimos —edad, residencia, firmas—, pero evita los controles sustantivos. No exige cartas de antecedentes penales. No verifica redes de financiamiento. No audita patrimonios con rigor. No investiga trayectorias. Y cuando alguien cae, se escuda en la presunción de inocencia para justificar la omisión previa. La presunción de inocencia, convertida en coartada para la negligencia.

Mientras tanto, el dinero sucio sí hace su tarea. Financia campañas, paga estructuras, compra lealtades y, después, cobra favores: contratos, permisos, policías dóciles y territorios liberados. La política se vuelve un activo más del mercado criminal. Y el voto, una inversión.

Los partidos políticos, que deberían ser el primer dique, actúan como agencias de colocación electoral. Saben, pero miran a otro lado. Intuyen, pero callan. Negocian candidaturas “competitivas” aunque huelan a pólvora. Luego se dicen sorprendidos. No lo están.

¿Y ahora qué hacer?

¡Dejar de fingir!

México necesita una reforma electoral que incomode al poder: filtros obligatorios de antecedentes penales y patrimoniales, revisión de las redes financieras de campaña, auditorías en tiempo real, pérdida inmediata de candidaturas ante indicios fundados y responsabilidad legal de los partidos por postular perfiles vinculados al crimen. No después del cargo: antes de la boleta.

Hay modelos. Italia, con su legislación antimafia, impide candidaturas y disuelve ayuntamientos infiltrados. Colombia estableció controles estrictos de financiamiento tras el narcoescándalo de los noventa. Chile exige estándares de probidad y sanciona con dureza el financiamiento ilegal. España bloquea listas vinculadas a las organizaciones criminales o terroristas. Ningún sistema es perfecto, pero todos entendieron algo básico: la democracia no se defiende sola.

Aquí seguimos discutiendo si pedir antecedentes “viola derechos”, mientras el crimen gobierna municipios o Estados enteros. No es un dilema jurídico. Es una decisión política.

Porque cuando el Estado no pone filtros, los cárteles sí ponen candidatos.

Y entonces la elección ya está perdida antes de empezar.