México cerró 2025 con una constante que se resiste a ceder: alta percepción de inseguridad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, casi dos de cada tres personas consideran inseguro vivir en su ciudad. El dato confirma que la inseguridad se ha normalizado como parte del paisaje cotidiano del país. No se trata de un episodio coyuntural ni de una mala racha: es un fenómeno estructural que atraviesa gobiernos, discursos y estrategias.
Este contexto nacional es indispensable para entender lo que ocurre en lo local. El promedio nacional —63.8% de percepción de inseguridad— funciona como un piso de comparación, no como una excusa (media nacional). Si bien el entorno es adverso, los datos muestran con claridad que no todos los municipios reaccionan igual ni generan las mismas experiencias ciudadanas. La inseguridad se percibe, pero también se administra.
En Jalisco, particularmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, los números obligan a una reflexión incómoda. Municipios como Guadalajara y Tlajomulco no solo se ubican por encima del promedio nacional, sino que se colocan entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país de acuerdo al ENSU. Esto significa que el problema no puede atribuirse únicamente al “contexto nacional”. Hay factores locales —decisiones de gobierno, capacidades institucionales, control territorial y gestión urbana— que inciden directamente en cómo la ciudadanía vive y evalúa su entorno.
Otros municipios metropolitanos, como Zapopan o Tonalá, presentan cifras menores al promedio nacional. Sin embargo, la lectura tampoco es plenamente positiva. No hay una mejora sostenida ni un quiebre claro respecto al pasado. Lo que muestran los datos es contención del deterioro, pero no transformación. Algunos optimistas dirían, en un país donde la inseguridad es la norma, no empeorar puede considerarse un logro; sin embargo, mejorar de manera consistente sigue siendo el gran pendiente.
En contraste, Puerto Vallarta presenta niveles de percepción de inseguridad por debajo del promedio nacional. Este municipio demuestra que el contexto no determina por completo el resultado. Incluso bajo las mismas condiciones generales, existen realidades locales distintas que obligan a replantear la idea de que la inseguridad es inevitable.
La ENSU permite una lectura más profunda: la percepción de inseguridad no se construye solo a partir del delito. Se alimenta del estado de las calles, del alumbrado, del transporte, del suministro de agua y de la presencia —o ausencia— de autoridad. Cuando lo básico falla y el espacio público se deteriora, la inseguridad se vuelve una experiencia integral: no es solo miedo al crimen, es desconfianza en el gobierno y sus autoridades.
A poco más de un año del inicio de las nuevas administraciones municipales, los datos sugieren que, en la mayoría de los casos, no se ha logrado modificar de manera significativa la percepción ciudadana. La ciudadanía evalúa rápido, no tanto por resultados estructurales, sino por señales de rumbo, capacidad y control. Allí donde se logra ordenar la ciudad y garantizar servicios, la percepción mejora o se contiene; donde no, el promedio nacional deja de ser un escudo y se convierte en un espejo incómodo.
En materia de seguridad, lo que la gente siente termina siendo tan relevante como lo que las cifras oficiales reportan. Y hoy, ese sentimiento sigue diciendo que algo, en muchos gobiernos locales, no está funcionando como debería.