De Tequila, al gobierno de Sheinbaum

El caso de Diego Rivera, ahora expresidente de Tequila y en proceso de juicio por delitos como extorsión, privación de la libertad y los que se acumulen, alcanzó límites inesperados: incluso la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, ha pedido una mayor fiscalización en el uso de recursos económicos en las campañas políticas, pero también a los partidos políticos, al momento de elegir a sus candidatas y candidatos.

Se trata de medidas indispensables, consideró la presidenta, para combatir una realidad que ya no se puede cuestionar: el crimen organizado se infiltró en las campañas electorales, en los partidos políticos y en los gobiernos, en este caso municipales.

El caso de Tequila, uno de los municipios emblemáticos de Jalisco, se convirtió en tema nacional. Se han planteado múltiples análisis y abundan las voces de quienes pretenden probar la presencia de la delincuencia organizada en el entorno de Diego Rivera, incluso antes de que fuera presidente municipal.

Mientras esto ocurre, el gobernador Pablo Lemus anunció que este 10 de febrero acudirá a Tequila junto con su gabinete, para aplicar políticas públicas que apoyen al municipio y a sus habitantes.

¿Pero qué hacemos con la fiscalización solicitada por la presidenta Sheinbaum?

Cuando ella se refiere a “fiscalizar”, hay que interpretar que se trata de medidas severas y sus castigos correspondientes, a los partidos políticos y sus candidatos que utilicen en campaña recursos económicos de origen ilícito o fuera del marco de la ley.

Habría que recordar en este punto, los derroches en la movilización que por todo el país realizaron quienes entonces fueron bautizados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como las “corcholatas”.

Durante décadas, las sanciones aplicadas a partidos políticos y candidaturas que rebasaron los topes de gasto de campaña han sido tardías e ineficaces. Se aplican cuando las elecciones ya terminaron y cuando los sancionados ya son autoridades electas y en funciones.

Además, hay que decirlo con todas sus letras, las dirigencias de los partidos políticos no han aplicado medidas reales para lograr que sus candidatas y candidatos estén probadamente fuera de la esfera de la delincuencia organizada. Y no hay autoridad ni sanción, que los alcance.

Y como prueba de esto, lo que apenas ayer respondió la presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez García, cuestionada sobre cómo fue electo Diego Rivera como candidato a la presidencia municipal de Tequila: “Yo no era dirigente en ese momento”. No, quien encabezaba al partido era Katia Castillo, hoy diputada federal. Pero no habrá ninguna sanción contra ella.

Hablar sólo de “mayor fiscalización” suena a meros deseos, a un formulismo para el momento crítico.

La realidad que ya se implantó por sí misma y está haciendo más profundas sus raíces es la presencia de la delincuencia organizada y sus recursos económicos, en las campañas políticas, los partidos y la administración pública.