Manuel Baeza

Pueblo Quieto es un problema que debe resolverse ya. Esa zona de Guadalajara, invadida desde hace décadas, y sobre la que se construyó una comunidad de manera irregular, genera preocupación a los vecinos, molestias a quienes deben transitar por el rumbo, y temor por la presencia de delincuentes que han hecho de esos metros junto a la vía un espacio para la delincuencia.
Son casi 600 metros de impunidad que sentó sus reales en los años 70, y desde entonces se convirtió en un cáncer para la ciudad.
Entiendo que mi dicho suena rudo, descortés e incluso discriminatorio, pero no encuentro otra manera de describir a Pueblo Quieto.
Quien esto escribe llegó a transitar a pie esa zona cuando estudiaba la secundaria. Las viviendas establecidas entonces eran muy pocas, todas ellas vagones de ferrocarril abandonados y convertidos en casas habitadas seguramente por familiares de ferrocarrileros, o por personas que encontraron en esos vehículos un espacio para vivir.
Pero los vagones habitados comenzaron a ser reemplazados por casas de ladrillo, y poco a poco el espacio fue ocupado por viviendas en forma, con patios y hasta segundos pisos, ante la indiferencia de autoridades federales y locales.
Hoy, entrar a pie a Pueblo Quieto es imposible si se quiere salir sin sustos. Fui asaltado en el cruce de Inglaterra y Niños Héroes hace ya unos cinco años por tres hombres con cuchillos que sólo me despojaron de un teléfono porque no traía nada más de valor conmigo. Y cuando pretendí seguir a los ladrones para intentar negociar la recuperación de mi celular, fui interceptado por otro grupo que amenazó con matarme si no me retiraba de inmediato de la zona.
Sí, tengo un problema con Pueblo Quieto, pero seguro no soy el único.
Lo cierto es que el conflicto que representa ese asentamiento debe resolverse ya, y de una manera negociada. No abogo por una intervención policial que arrase con las casas, pero sí por una alternativa de vivienda y servicios para sus habitantes, de manera que la zona deje de ser una especie de favela tapatía.
Los vecinos de Jardines del Bosque merecen tranquilidad y no vivir en fortalezas con bardas enormes coronadas por alambre de púas. Los transeúntes merecen poder caminar por el rumbo sin riesgo a sufrir un robo. La ciudad necesita un punto seguro más.manuek

Pueblo Quieto es un problema

Congruencia. ¿Es mucho pedir a los funcionarios públicos?
Me viene a la mente esta pregunta por el desaguisado que viven los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras descubrirse que mandaron comprar camionetas Jeep Grand Cherokee para ser blindadas y utilizarlas como sus vehículos.
La compra en cuestión, amarrada a la adquisición de muchos vehículos más, fue dada a conocer en redes sociales y provocó que los ministros se deslindaran de inmediato de la transacción, alegando muchos de ellos que ni siquiera sabían del asunto.
(Hago un paréntesis para señalar que me parece correcto que los ministros tengan vehículos que les garanticen seguridad ante una posible agresión. Su trabajo lo justifica, y hay que señalar que un atentado contra cualquiera de ellos podría provocar zozobra en mercados y en la confianza de empresarios, entre muchos).
Lo que me parece incorrecto es la falta de congruencia de los ministros. Todos ellos llegaron al cargo mediante un proceso electoral (que no me gustó nada) donde los candidatos se desvivieron en pregonar que ellos no serían como sus antecesores, y que la austeridad era su premisa principal como posibles funcionarios.
La verdad es que poca diferencia hemos visto desde que los actuales juzgadores llegaron al cargo, especialmente los ministros. Poco ha cambiado en cuanto a ingresos y prestaciones para los ministros. Su dieta es prácticamente la misma, y las prestaciones que desaparecieron, como seguros de gastos médicos, fueron sustituidos por servicios que serán prestados por el Estado (ISSSTE, por ejemplo), y que con seguridad serán brindados a los ministros de marras como si fueran personajes VIP.
Por eso menciono la congruencia. O más bien la falta de ella. Hay que tener firmeza para actuar en consecuencia con los dichos. Si se criticó a los antecesores, entonces nada debería parecerse a la situación que vivían. Si se llegó al cargo ofreciendo un cambio evidente, nada de eso se ha notado.
Hoy los ministros tiraron la piedra y escondieron la mano. Congruencia señores. Están a tiempo de rectificar.
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Congruencia. ¿Es mucho pedir?

Al paso que vamos, más temprano que tarde el presidente Donald Trump pedirá a México el control de Baja California y Baja California Sur. Y si los mexicanos no se lo permiten, tal vez utilice amenazas de intervención, o intente comprar la península.
¿Para qué querría la administración trumpista el control (o propiedad) de ese territorio mexicano? Simplemente para garantizar control sobre el espacio aéreo y la franja de costa (12 millas náuticas o 22.2 kilómetros), con el argumento de que así evitaría que embarcaciones, o aviones de diferentes tamaños, lleven droga hacia el territorio continental estadounidense. Y claro, para construir enormes desarrollos turísticos y de retiro para los ciudadanos de su país.
Por supuesto que lo que escribo suena a disparate, pero igual sonaba a disparate hace varios meses la pretensión trumpista de hacerse del control de Groenlandia, ya sea mediante la fuerza, o con un pago por 700 mil millones de dólares a los habitantes de esa región autónoma de Dinamarca. Y mire Usted.
El presidente Trump, quien como dirían en mi rancho, “anda desatado”, quiere dejar como legado de su gobierno una expansión territorial de Estados Unidos. Ya puso medio pie dentro de Venezuela, y amenaza con hacerlo de manera completa en Groenlandia. También ha dicho que quiere anexar Canadá.
Si nos atenemos a lo que vemos, entonces no sería tan irreal que un día amanezcamos con la posibilidad de que la península californiana quede plasmada en el mapa de la Unión Americana.
Por supuesto que lo que no veo es la complacencia mexicana, ni de gobierno, ni de sus ciudadanos, por más que algunos de nuestros compatriotas tengan ganas de ver acciones militares estadounidenses en territorio nacional contra narcotraficantes mexicanos.
Por lo pronto la mirada de Donald Trump está enfocada en Europa. Y esperemos que se mantenga hacia ese lado del mundo.

Baja California y Trump: al paso que vamos

¿Hay que registrar los celulares? Mi respuesta es sí, pese a la desconfianza que suele acompañar estos procedimientos.
La idea de tener un registro de las líneas de telefonía celular no es descabellada, pues para muchos efectos es necesario saber de quién es tal o cual línea de teléfono móvil, principalmente en temas de seguridad. Si cualquiera de nosotros recibe una llamada de extorsión o de amenaza, y la denunciamos, la autoridad correspondiente podrá solicitar a las empresas telefónicas los datos del responsable de la línea para investigar el caso.
Porque es importante precisar que, según lo establecido, quienes tendrá guardados los datos serán las compañías de servicio celular, no el gobierno federal. El procedimiento para pedir los datos de un usuario será el mismo, como hasta ahora. Si todo sale como se presume, ningún funcionario público tendrá acceso a los datos del usuario sin haber realizado un procedimiento formal y legal para ello.
La verdad es que los ciudadanos solemos dar nuestros datos con mucha frecuencia. Si compramos autos o motocicletas, hay que registrar nuestras generales ante el gobierno. Si renovamos placas, también. Cuando compramos una propiedad hacemos lo mismo. Y también cuando pedimos el INE, o abrimos una cuenta de banco, o solicitamos crédito en una tienda departamental.
El problema es la desconfianza ciudadana hacia el gobierno en turno. Un registro similar, el llamado Registro Nacional de Usuarios de Telefonía (Renaut), se hizo cuando Felipe Calderón era presidente, y hubo las mismas dudas y molestias. No todos se registraron, y luego se comprobó que alguien vendía por internet bases de datos del registro, lo que dio al traste con el programa, que fue terminado en 2011.
El actual programa se llama Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) y se hace bajo la misma premisa que en el gobierno calderonista. La desconfianza, claro, es básicamente la misma: que los datos queden expuestos.
Creo, sin embargo, que vale la pena un registro de esta naturaleza. Si queremos terminar con las extorsiones y amenazas, se necesita un padrón de esta naturaleza. Lo que se necesita también, sin embargo, es que realmente se cuide la información proporcionada, y eso será responsabilidad de empresas y gobierno federal. Y no es una responsabilidad cualquiera.

¿Hay que registrar los celulares?

Primero lo primero. Comenzó el año y la prioridad del gobierno estatal (que apenas regresa de vacaciones) es la elección del próximo Fiscal Anticorrupción de Jalisco.
Por supuesto que hay muchos temas importantes para las autoridades estatales, pero en lo más alto de su lista de pendientes está el definir quién sustituirá a Gerardo de la Cruz como fiscal, pues es un cargo muy importante como para dejarlo en segundo plano.
Ya hay 30 aspirantes al puesto, 20 hombres y diez mujeres. Ahora falta que desde Palacio de Gobierno se presente a los diputados locales una terna (13 de enero) para que se realicen entrevistas a los seleccionados (16 de enero), y se decida si esas tres personas son elegibles. La fecha límite para que el Congreso local decida al fiscal mediante votación es el 20 de enero.
Parece sencillo, pero no lo es tanto. Y es que, si bien la elección de la terna recae en la oficina del gobernador, para lograr la lista de los tres candidatos finales se han hecho consultas con diferentes grupos y sectores sociales, incluyendo personajes partidistas, todo con miras de lograr un consenso o, en su defecto, para tener las menos fricciones posibles a la hora de que los legisladores voten.
El tiempo apremia, y como formalmente los legisladores regresarán a trabajar el próximo lunes 12 de enero, el periodo para sacar “humo blanco” se redujo significativamente.
Funcionarios estatales reconocen que hay especial atención en el tema. Que Pablo Lemus ha estado muy involucrado en el proceso (al final la terna será suya), y que busca una decisión final que pueda convencer a la mayoría. Nada de “fiscal carnal”, dicen.
La lista de aspirantes es grande, pero los conocedores ven con posibilidades a Tatiana Esther Anaya (las damas primero), a Ricardo Sánchez Beruben, y a Kristyan Felipe Luis Navarro.
Así que puede usted estar seguro de que no hay más tema en la agenda política que el nombramiento del fiscal anticorrupción. Ya los cambios en el gabinete, y otras cosas, vendrán después. Primero lo primero.

Primero lo primero

Pocas cosas tan impopulares para un gobierno como el aumento a la tarifa del transporte público. No importa el color del partido, ni el tamaño de la población usuaria: Que el transporte público cueste más, siempre de los siempres será sometido a debate (si acaso), y a fuertes críticas por parte de la oposición y, por supuesto, de la población.
En el caso de Jalisco tenemos un comité técnico encargado de analizar las tarifas y, de sugerir al gobierno en turno la necesidad, o no, de un incremento. Luego, el mismo gobierno decide si hace caso a la propuesta, o si decide modificarla. Y la decisión siempre tiene un componente político. Así son las cosas.
El reto es lograr un mecanismo que deje fuera la parte política de cualquier gobierno, sea del color que fuere, en la decisión de subir las tarifas, y en cuál porcentaje.
Es una utopía, pero lo ideal sería que un comité tarifario tuviera la representatividad necesaria para tomar decisiones sin necesidad del aval de un gobierno. Que tanto empresarios como usuarios del transporte tuvieran voz y voto en las discusiones y decisiones. Y que el gobierno simplemente fuera garante de lo acordado.
Me manejo en la idea de que el transporte público es algo tan importante que no debería estar en manos de un gobierno o de un grupo de empresarios. Tendría que estar regulado y sancionado por un verdadero organismo público, una autoridad con la fuerza y representatividad necesaria para que todos los sectores de la sociedad asumieran sus decisiones sin dudar.
Y que ese organismo pudiera hacer revisiones bianuales a las tarifas para evitar rezagos. Que todos supiéramos y entendiéramos que se deben ajustar las tarifas del transporte de manera constante para evitar golpes fuertes a los bolsillos de la sociedad.
¿Es posible? Tal vez, pero lo veo difícil.

Tarifas al transporte: la utopía

Viene para Jalisco un “año bisagra”. Me refiero con ello a los doce meses que los políticos y funcionarios con aspiraciones dedicarán a armar sus candidaturas electorales para 2027.
Este “año bisagra” se caracterizará por el esfuerzo que harán los políticos y funcionarios para resaltar ante la opinión pública. Sin son alcaldes o alcaldesas, intensificarán su trabajo “pie a tierra” para recorrer barrios y colonias con obras y promociones para reforzar su nombre, de cara a las boletas para la reelección, o para un cargo diferente si es que se encuentran en su segundo periodo al frente de un municipio.
Los que son secretarios estatales y quieren brincar a una presidencia municipal o diputación también dedicarán buena parte de su tiempo a dejarse ver, y a mostrar por todas las vías posibles los logros de su trabajo.
Otros son los legisladores locales y federales. Muchos querrán aparecer en las boletas del 2027, y para ello se mostrarán mucho más activos (e incluso agresivos políticamente) para que los electores (aunque hubieran llegado al cargo mediante una lista) los volteen a ver.
Sobra decir que, por ser año mundialista de futbol, habrá para los políticos muchas más oportunidades de dejarse ver, pues lo menos que harán será mostrarse en redes sociales con la playera del equipo mexicano festejando todos y cada uno de los goles de la selección (Dios me oiga). Ahora sí que, hasta quienes no saben de futbol, serán expertos.
Nada hay de sorpresa, pues. El 2026 será el año de las precampañas, y nadie nos libraremos de ellas.
Eso sí: Habrá que ir analizando el trabajo de cada uno de los políticos que no podrán decir que quieren ser candidatos, pero lo dejarán ver con sus acciones. Esperemos que el relumbrón y la fiesta futbolera no nos distraigan mucho de la realidad de los funcionarios, alcaldes y legisladores.

2026, el “año bisagra”

Ya suena el silbato de la Línea 4 del Tren Ligero.
La obra, iniciada físicamente en mayo de 2022, está terminada y en periodo de pruebas. Será el próximo lunes 15 de diciembre cuando la línea comience a dar un servicio largamente esperado, y que se estima servirá para transportar a más de cien mil pasajeros por día, lo que deberá contribuir a mejorar la movilidad en una zona altamente poblada y obligada a transporte en vehículos de motor: autos particulares y camiones, lo que genera un tráfico terrible todos los días y a toda hora.
Que la Línea 4 comience a operar es una buena noticia. Se trata de una obra importante para una ciudad que avanza muy lento en materia de transporte público. Entiendo que es más fácil decirlo que hacerlo, pero a estas alturas de la vida metropolitana deberíamos ir en la línea 8 o 10 del Tren Ligero, y no en la 4. Vamos tarde, y espero que esta nueva ruta ayude a que los políticos y funcionarios se den cuenta del cambio de vida que representa para miles de personas un sistema eficiente de transporte colectivo.
Ya con la Línea 4 en marcha, y con la Línea 5 (que no es tren ligero) en creación, urgirá la ampliación de la Línea 3 hasta Tesistán y, por qué no, hasta La Venta del Astillero. Es algo que podría hacer la actual administración estatal en los cinco años de gobierno que le quedan pendientes.
Y todos aquellos con ganas de ocupar Casa Jalisco y despachar en Palacio de Gobierno bien harían en analizar cuál debería ser la Línea 6 y la 7, para no perder tiempo y comenzar su construcción en 2030. Sería, además, un excelente argumento de campaña.
Por lo pronto ya suena el silbato de la Línea 4. Será el lunes cuando Pablo Lemus (¿vendrá Enrique Alfaro?), su equipo, y representantes de diferentes grupos sociales hagan el primer viaje en la nueva ruta. Y habrá caras felices por todos lados, con absoluta justificación.

Línea 4: ya suena el silbato

Anuar García Gutiérrez

Los criminales deben de ser tratados como ellos tratan a sus víctimas

José Francisco Muñoz Valle

Cuando la memoria falla: vacunación, sarampión y sistemas que se olvidan

Jonás

La normalización de Tequila

Marcela Páramo Ortega

Presupuesto y derechos para personas con discapacidad

Gloria Ramos

Por la gloria

¿Es momento de examinar a los candidatos a las alcaldías de México? Me parece que sí. Lo ocurrido la semana pasada en Tequila, donde el gobierno federal detuvo al presidente municipal por presuntos actos delictivos, entre ellos pertenecer a un grupo del crimen organizado, lo amerita.
No es el de Tequila el único caso de este tipo. Ya el año pasado se llevaron a la cárcel al presidente municipal de Teuchitlán por cargos similares, todos relacionados con el Rancho Izaguirre. Y acciones como esas se han realizado en diferentes municipios (muchos de ellos en el Estado de México), contra presidentes municipales y sus presuntos cómplices.
¿Qué hacer entonces para tener cierta certeza de que se postula a candidatos honestos, “limpios”? Me parece que la opción es que todos, absolutamente todos los aspirantes a presidir una alcaldía, deberían someterse a exámenes de control y confianza.
Ese tipo de evaluaciones existe desde hace mucho tiempo y se practican de manera obligada a todos los ciudadanos que entren a trabajar a una dependencia de seguridad pública.
Los exámenes en cuestión suelen incluir cinco puntos: investigación socioeconómica; evaluación médica; evaluación toxicológica; evaluación psicológica; evaluación poligráfica.
Sí. Necesitamos saber si los candidatos están aptos de salud; si tienen capacidad mental; si tienen problemas de adicciones; si suelen mentir. Y lo más importante: necesitamos saber si el nivel de vida de los aspirantes corresponde a sus ingresos declarados.
Nada de que existan candidatos con autos de lujo, con residencias enormes, con viajes y gastos sospechosos, y que en sus declaraciones patrimoniales tengan sueldos que no corresponden.
Nada de candidatos que súbitamente cambiaron su nivel de vida porque les heredaron; o porque se ganaron la lotería. Eso simplemente despierta sospechas que nunca terminan por ser aclaradas.
Por eso, la idea de que el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Servicio de Protección Federal, una instancia que ya existe, investigue a todos los candidatos a alcaldes. Si superan las pruebas, bienvenidos en las boletas. Si no, ya sabemos a dónde se pueden ir.

¿Es momento de examinar a los candidatos?