Los criminales deben de ser tratados como ellos tratan a sus víctimas

El ataque armado ocurrido en la Colonia Talpita, en Guadalajara, donde una menor de nueve años y su padre resultaron gravemente heridos tras ser perseguidos por sujetos armados, evidencia el nivel de degradación al que ha llegado la violencia en Jalisco. Este tipo de hechos confirman que la inseguridad ya no distingue perfiles, contextos ni edades: hoy cualquier ciudadano puede convertirse en víctima directa del crimen organizado.

Este caso no es aislado. En lo que va del año, al menos dos incidentes de alto impacto en Jalisco han involucrado a menores de edad como víctimas colaterales o directas de ataques armados, incluyendo el atentado previo contra un empresario de la Central de Abastos y su hija. Estos hechos reflejan un patrón alarmante: la violencia criminal se ha extendido al núcleo familiar y a espacios que antes se consideraban fuera de riesgo.

Jalisco se mantiene entre las entidades con mayor número de homicidios dolosos a nivel nacional, y una parte significativa de estos delitos está vinculada a disputas entre grupos del crimen organizado, control territorial y actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el cobro de piso. A pesar de ajustes en las estrategias de seguridad, la presencia y operación de estas estructuras criminales continúan impactando directamente a la población civil.

La afectación a niñas, niños y adolescentes, representa uno de los indicadores más graves del deterioro social. La violencia no solo los expone como víctimas de ataques armados, sino también como población en riesgo de desplazamiento, trauma psicológico y reclutamiento forzado. Cuando un menor es alcanzado por la violencia, no se trata únicamente de un hecho delictivo, sino de una falla estructural del sistema de seguridad y protección social.

Este escenario exige planes estratégicos urgentes y efectivos por parte de las autoridades. No basta con operativos reactivos ni con despliegues temporales. Se requieren acciones sostenidas de inteligencia, investigación y desarticulación de células criminales, así como coordinación real entre los tres niveles de gobierno. La prevención debe enfocarse tanto en la contención inmediata de la violencia como en el debilitamiento financiero y operativo de las organizaciones delictivas.

Asimismo, es indispensable reforzar la capacidad de las instituciones encargadas de la procuración de justicia. La impunidad sigue siendo uno de los principales factores que permiten la reproducción de la violencia. Sin investigaciones sólidas, detenciones legales y sentencias firmes, el mensaje para la delincuencia es claro: el riesgo de consecuencias sigue siendo bajo.

La violencia del crimen organizado no solo está arrebatando vidas, sino que está erosionando el tejido social y la percepción de seguridad colectiva. Si no se implementan estrategias integrales y decididas, el daño no será únicamente estadístico: será generacional. Erradicar a los delincuentes no es una consigna, es una obligación del Estado antes de que la violencia termine por desplazar a la sociedad misma.