Carlos Palacios

El 2026 se elegirá como un año bisagra, donde las reformas estructurales, la coyuntura internacional y los engranajes preelectorales rumbo a las elecciones intermedias de 2027, marcarán el futuro de nuestra democracia. 
La reforma electoral será uno de los temas dominantes en el escenario político nacional, al perfilarse un cambio profundo en las reglas del juego democrático.
Otro frente será la renegociación del T-MEC, que se convertirá en un eje central de negociaciones comerciales con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, la cual se ha caracterizado por endurecer su política migratoria y arancelaria, así como las reglas del nearshoring.
México deberá negociar con astucia para no ceder soberanía, pero tampoco aislarse en un mundo interconectado. En un contexto donde el nearshoring representa una oportunidad dorada, cualquier tropiezo podría costarnos caro, exacerbando desigualdades regionales y poniendo a prueba la resiliencia de nuestra economía.
La seguridad y la lucha contra la corrupción no cederán terreno en esta ecuación, con la persistencia de la violencia impulsada por grupos delincuenciales.
Temas como la extorsión y la infiltración en municipios sin duda influirán en la agenda legislativa y moldeando la percepción pública del gobierno federal.
Es imperativo mantener el ritmo de la estrategia de seguridad que ha emprendido el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, como condición para afianzar la legitimidad del proyecto transformador.
En el ámbito social, las reformas laboral y educativa irrumpirán con fuerza, abriendo debates sobre cambios que tocarán a la vida cotidiana de millones de mexicanos.
La discusión de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la implementación de un nuevo modelo educativo marcarán la agenda social. Estas iniciativas podrían generar debates sobre su viabilidad económica y en términos de equidad.
Aunque las elecciones intermedias lleguen hasta 2027, 2026 será indiscutiblemente preelectoral, con disputas internas por candidaturas en gubernaturas y municipios que agitarán la vida interna de los partidos políticos.
La posible creación de nuevos partidos y reacomodos políticos pondrán a prueba a coaliciones que, hasta ahora, parecen inquebrantables.
Este caldo de cultivo preelectoral podría derivar en una polarización anticipada, donde la lealtad partidista se podría anteponer al bien común, lo que representará un desafío para los líderes políticos y los partidos.
Por último, el Mundial de Futbol 2026, en el que nuestro país será coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, emergerá como una oportunidad y un desafío simultáneo. 
Este evento impulsará sectores como la infraestructura y el turismo, inyectando vitalidad económica, pero también podría exponer vulnerabilidades en seguridad y logística que impactarán directamente en la agenda política.
De manejarse el evento de forma correcta, podría ser un escaparate de orgullo nacional; de lo contrario, será un amplificador de críticas internas y externas.
En suma, 2026 no será un año de transiciones tersas, sino de pruebas que definirán si México consolida la Cuarta Transformación.
Como sociedad, nos toca exigir diálogo y consensos para que estos desafíos se conviertan en catalizadores de un futuro más justo.

Desafíos políticos para el 2026: Temas clave que marcarán a México

Jalisco se ha convertido, lamentablemente, en un símbolo nacional de lo que ocurre cuando un gobierno prefiere administrar la narrativa antes que enfrentar la realidad. Bajo la administración de Pablo Lemus, el discurso oficial insiste en que el Estado avanza, que hay control, que se trabaja por la seguridad. Sin embargo, los hechos —crudos, dolorosos e irrefutables— cuentan otra historia.
El hallazgo del llamado Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, en marzo de 2025, debería haber cimbrado a cualquier gobierno responsable. Colectivos de búsqueda encontraron restos humanos, ropa y objetos personales en lo que todo apunta fue un centro de adiestramiento de un cártel. No se trató de un hecho aislado, sino de una evidencia más del reclutamiento forzado y de la crisis de desapariciones que vive el Estado. ¿Cómo es posible que un campo de esta naturaleza operara sin que las autoridades estatales se dieran cuenta?
A esto se suman las fosas clandestinas localizadas cerca del Estadio Akron, en Zapopan, justo cuando Jalisco presume estar listo para recibir al mundo en el Mundial de Fútbol 2026. Mientras se invierten millones en imagen urbana, en propaganda y en espectáculos, la realidad es que el crimen organizado ha penetrado zonas emblemáticas, a plena vista de todos.
Los narcobloqueos en La Barca, la quema de vehículos y los enfrentamientos armados en los límites con Michoacán y Guanajuato confirman que el territorio jalisciense sigue siendo disputado por grupos criminales con absoluta impunidad. Y cuando la violencia se traslada a las zonas residenciales, el mensaje es todavía más grave: nadie está a salvo.
El asesinato de un empresario y su hija en Guadalajara, a finales de 2025, con un comando de más de 30 sicarios actuando como si se tratara de una película, marcó un punto de quiebre. Lo mismo ocurrió recientemente con la balacera en Jardines del Tepeyac, en Zapopan, a plena luz del día, en una de las zonas más transitadas de la ciudad. Dos muertos, varios heridos, pánico colectivo y, como siempre, explicaciones tardías.
Pero quizá lo más indignante es la normalización de la trata de personas y de la delincuencia forzada. Centros de llamadas operados por un grupo delincuencial, jóvenes reclutados con engaños, torturados, obligados a estafar o a delinquir. La Nueva Central Camionera convertida en punto de captación criminal. Esto no es una falla menor: es el reflejo de un Estado que perdió el control de su propio territorio.
El gobierno estatal no puede seguir culpando a la federación, al pasado o al contexto nacional. La seguridad es una responsabilidad directa del gobierno estatal y municipal, y los resultados están a la vista: más fosas, más balaceras, más desaparecidos y más miedo.
Jalisco no necesita discursos triunfalistas ni campañas de relaciones públicas. Necesita un cambio profundo de estrategia, coordinación real con la federación y, sobre todo, voluntad política para enfrentar al crimen sin simulaciones, más seguridad, menos frivolidad y Tik Tok. 
Porque mientras se presumen estadísticas maquilladas, el gobernador viaja y se dedica a bailar ante las cámaras, y la ciudadanía vive entre el terror, la impunidad y el abandono. Y eso, en cualquier democracia, es el verdadero fracaso.

De Izaguirre a las balaceras en Zapopan

En entregas anteriores he expuesto una premisa: El sello que ha marcado los gobiernos de Movimiento Ciudadano a nivel estatal y municipal es uno: Los negocios, no los resultados.
Por donde han pasado, los gobernantes naranjas han puesto especial empeño en tejer negocios millonarios en beneficio de unos cuantos, generalmente &#8220;sus cuates&#8221;.
Así como Enrique Alfaro llegando a gobernar Tlajomulco, dejó huella de inmediato con el gran negocio que significó la APP del Centro Administrativo de Tlajomulco, y la maceta de José Fors en Paseo Alcalde de Guadalajara, años después, así el gobierno de Pablo Lemus no es la excepción y, aunque no sorprende —es un gobernante que tiene sus raíces en la iniciativa privada—, sí llama la atención la velocidad con que ha repartido contratos cuantiosos en los primeros meses de su administración.
Pablo Lemus asumió la gubernatura el 6 de diciembre del 2024 y poco más de tres meses después ya estaba otorgando un contrato sin precedentes, 6 mil 377 millones de pesos para contratar el servicio de videovigilancia a la empresa Seguritech Integral Security.
No hay que perder de vista que uno de los directivos de esta empresa estuvo recientemente involucrado en un escándalo porque &#8220;rentó&#8221; un inmueble de su propiedad, la llamada &#8220;Casa Azul&#8221; en Woodlands (Houston), al ex gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez.
Durante la actual administración de Claudia Sheinbaum, la Agencia Nacional de Aduanas en México (ANAM), le canceló a esta empresa un contrato millonario debido a que presentaba costos excesivos.
En octubre del 2025, el gobierno de Pablo Lemus amarró otro contrato millonario con Servicios Broxel S.A.P.I. de C.V., empresa que suministrará las llamadas &#8220;tarjetas naranjas&#8221;, que deberán ser adquirida sí o sí por los ciudadanos para pagar 11 pesos y no 14, en el transporte público, y para acceder a los beneficios de diversos programas sociales estatales. Cada tarjeta tendrá un costo de 5.4 pesos (IVA incluido).
Servicios Broxel ha sido cuestionada en varias ocasiones por incumplimientos y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene abierta una investigación en su contra, luego de que recibió una adjudicación para suministrar los vales de despensa navideños para servidores públicos federales a finales del 2025.
En medio de los señalamientos por la contratación de Servicios Broxel, salió a luz la contratación de otro proveedor para entregar las &#8220;tarjetas naranjas&#8221;. Esta vez la empresa favorecida fue Tarjetas Integrales S.A. de C.V., conocida como TISA, que durante muchos años suministró los llamados transvales y una de las empresas que vendió los equipos de recaudo para el transporte público en Jalisco.
Por estos y otros negocios fraguados en la pasada administración estatal, como el programa de “A Toda Máquina” y la compra a sobreprecio de computadoras y pantallas para el sector educativo, el próximo fiscal especializado en combate a la corrupción, Eduardo Mazanilla, tendrá un reto enorme frente a sí.
Manzanilla, quien se desempeñaba como director jurídico de la Secretaría de Salud en la actual administración de Pablo Lemus, y un perfil muy cercano al alfarismo, particularmente al ex secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, tendrá que investigar la estela de sospechas que han dejado los &#8220;negocios naranjas&#8221; y deberá hacerlo desde el terreno de la imparcialidad y la responsabilidad.
La investigación de presuntos casos de corrupción en Jalisco y en el país no es una exigencia de la oposición en México o en Jalisco, es una obligación legal y moral.
Legal porque así lo establece el paquete de leyes en el que están soportados los sistemas estatal y nacional anticorrupción, y moral porque la corrupción es uno de los principales flagelos en México, que año con año afecta de forma directa a millones de mexicanos.

Investigar los “negocios naranjas”, el reto del nuevo Fiscal Anticorrupción

En Jalisco ya nada nos sorprende. Cada sexenio de Movimiento Ciudadano confirma lo que muchos advertimos desde la oposición: Los gobiernos de MC dejaron de ser un instrumento de bienestar social para convertirse en un modelo de negocio perfectamente aceitado, donde siempre ganan los mismos y siempre pierde la gente.
El reciente aumento al transporte público no es una medida técnica ni inevitable. Es un tarifazo disfrazado de modernización, aprobado en lo oscurito el 26 de diciembre, cuando la mayoría de las familias pensaba en cómo cerrar el año, no en cómo estirar aún más su gasto diario. Pasar de 9.50 a una tarifa técnica de 14 pesos —un incremento de casi 50 por ciento— es un golpe directo a la economía popular.
Nos dicen que “no pasa nada”, que con la Tarjeta Única el usuario pagará 11 pesos. Pero eso no es un alivio: es condicionar un derecho. Si no tienes la tarjeta, pagas más. Si no entregas tus datos personales, pagas más. Si el sistema falla —como ya está ocurriendo— pagas más. Así de simple.
La Tarjeta Única no es una política social; es un negocio financiero montado desde el poder. El gobierno decidió entregar la dispersión de subsidios y programas sociales a una empresa privada que cobrará mensualmente por cada tarjeta activa, mientras concentra información sensible de millones de jaliscienses. Todo bajo el discurso de la eficiencia, pero sin transparencia suficiente ni garantías claras.
¿De verdad alguien cree que esto no tiene un interés económico detrás? ¿Que no hay ganancias privadas en cada plástico emitido, en cada peso que pasa por ese sistema?
Y el transporte es solo una pieza más. El otro gran sello del proyecto de Pablo Lemus y Movimiento Ciudadano son las obras infladas. La Glorieta Minerva que costó 52 por ciento más de lo anunciado. La Línea 4 del Tren Ligero que terminó costando miles de millones adicionales. Plazas, vialidades y rehabilitaciones que siempre, curiosamente, terminan costando mucho más de lo presupuestado. Negocios, negocios y solo negocios.
Mientras tanto, el discurso oficial insiste en que “no hay dinero” para evitar el tarifazo o para mejorar realmente el servicio. Pero sí hay dinero para sobrecostos, para contratos opacos y para esquemas que benefician a unos cuantos.
Por eso considero que la iniciativa de las diputadas Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas, que desde el Congreso de Jalisco impulsan un referéndum, es una medida adecuada que busca que el pueblo de Jalisco decida sobre la tarifa y calidad del transpor que tenemos en nuestro Estado. Porque cuando un gobierno le da la espalda a la gente, la ciudadanía tiene derecho a decidir. El transporte público no es un lujo ni un negocio: Es una necesidad básica. Y gobernar no es administrar tarifas y contratos, es defender el interés público.
Movimiento Ciudadano convirtió a Jalisco en su empresa. Nosotros, desde la oposición, seguiremos señalándolo y combatiéndolo. Porque el estado no es un negocio y la gente no es clientela.

El tarifazo, la tarjeta, Jalisco convertido en negocio

Por años, Jalisco ha sido gobernado por Movimiento Ciudadano bajo una narrativa de modernidad, eficiencia y buenos gobiernos. Sin embargo, cuando uno se detiene a hacer un balance serio, honesto y desde el territorio, la conclusión es inevitable: A la sombra del poder, los gobiernos naranjas han sido muy buenos para hacer negocios, pero muy malos para dar resultados a las y los jaliscienses.
Lo digo con claridad y con responsabilidad política. Desde Tlajomulco hasta el Gobierno del Estado se repite un patrón que ya es imposible ocultar: Contratos multimillonarios, asociaciones público-privadas diseñadas a la medida y decisiones que benefician a unos cuantos, mientras los problemas estructurales de Jalisco siguen intactos o, peor aún, se agravan.
Ahí está el caso del Centro Administrativo de Tlajomulco, construido bajo un esquema de asociación público privada que compromete recursos públicos durante años para garantizar ganancias a particulares. O la autorización desmedida de fraccionamientos sin planeación, que dejó miles de viviendas abandonadas, los tristemente conocidos “huevitos”, y comunidades sin servicios ni futuro.
A nivel estatal los ejemplos sobran. El programa “A Toda Máquina”, con un contrato superior a los 3 mil 600 millones de pesos, entregado a un empresario cercano al entonces gobernador Enrique Alfaro, es un símbolo de cómo se gobierna cuando las amistades pesan más que la transparencia. Más recientemente, el contrato de más de 6 mil millones de pesos otorgado de manera directa a Seguritech para la videovigilancia en Jalisco marca un récord histórico por su monto y por la ausencia total de licitación.
Lo preocupante es que, así como es fácil recordar estos negocios, resulta casi imposible enumerar logros que hayan mejorado la vida cotidiana de la gente. Porque la pregunta de fondo es sencilla: ¿Vive mejor hoy el pueblo de Jalisco? La respuesta, lamentablemente, es no.
Seguimos siendo uno de los estados con más personas desaparecidas; la violencia golpea todos los días; los robos, extorsiones y secuestros forman parte de la rutina; las mujeres siguen viviendo múltiples formas de violencia. Casos como el centro de reclutamiento del crimen organizado en Teuchitlán o asesinatos a plena luz del día evidencian un Estado rebasado.
A esto se suma una ciudad sucia y contaminada, agua de mala calidad, calles destrozadas y un transporte público caro y deficiente. Los jaliscienses no viven en el Jalisco de los videos de TikTok; viven en el Jalisco real, el de los problemas no resueltos.
Gobernar no es hacer negocios ni administrar la imagen. Gobernar es dar resultados. Y en Jalisco, Movimiento Ciudadano le ha quedado a deber a la gente que votó por ellos.

Muchos negocios, pocos resultados

En el debate público suele olvidarse que las transformaciones profundas no ocurren por inercia. Requieren decisiones claras y una dirección definida.
La iniciativa discutida recientemente en el Congreso no fue un trámite legislativo más: Representa un ajuste estratégico en la forma en que México concibe su aparato productivo y su relación con el comercio internacional.
Desde hace seis años, la Cuarta Transformación ha sostenido un objetivo central: Reducir la dependencia externa y fortalecer la capacidad productiva nacional. No se trata de un planteamiento ideológico, sino de una respuesta a un modelo que durante décadas colocó a la industria mexicana en condiciones de competencia desiguales. Sectores como el textil, el papel, el calzado, los muebles o los plásticos fueron desplazados por importaciones subvaluadas, no por falta de capacidad, sino por reglas que permitieron prácticas comerciales desleales y la pérdida de empleos formales.
La actualización de mil 463 fracciones arancelarias debe entenderse en ese contexto. Aplica únicamente a países con los que México no tiene tratados comerciales y respeta plenamente los compromisos internacionales vigentes, incluidos el T-MEC y los acuerdos con la Unión Europea. No implica cerrar la economía, sino corregir distorsiones que afectan a las cadenas productivas nacionales.
Llamar a esta medida “proteccionismo” es una simplificación interesada. En realidad, se trata de soberanía económica: establecer reglas más equilibradas y evitar que sectores estratégicos compitan contra precios artificiales provenientes de economías que no ofrecen reciprocidad ni estándares laborales comparables.
El momento es especialmente relevante. El discurso del nearshoring pierde sentido si el país sigue dependiendo del exterior para componentes clave. Fortalecer el contenido nacional es una condición necesaria para aprovechar la relocalización productiva y generar valor agregado interno.
La industria automotriz, una de las principales fortalezas del país, se beneficiará de un entorno más justo frente al crecimiento acelerado de importaciones que han desplazado procesos y autopartes nacionales. De igual forma, sectores como el calzado, los muebles, el textil o los cosméticos contarán con mejores condiciones frente a prácticas que poco tienen que ver con eficiencia y mucho con explotación laboral.
Esta reforma es un paso hacia una política industrial más coherente, alineada con el Plan México impulsado por la doctora Claudia Sheinbaum. Apostar por producir más, depender menos y defender lo propio no es un gesto político: es una decisión de largo plazo sobre el tipo de país que México quiere ser.
Jalisco, uno de los Estados más competitivos del país por su capacidad productiva y de generación de empleos, además de su potente sector exportador, resultará beneficiado, también, por una reforma que vela por los intereses locales.

Soberanía productiva: el rumbo correcto para México

La defensa territorial de la Comunidad de San Lorenzo Azqueltán representa un proceso singular en la historia reciente, pues implica al mismo tiempo la recuperación de su identidad indígena y la reconfiguración del poder regional.
El pueblo tepecano fue sometido durante siglos a despojos violentos de sus tierras y a la fragmentación de su tejido comunitario, impulsada por familias caciquiles que controlaban la vida económica y política de la zona. La negación sistemática de sus derechos ancestrales por parte de las autoridades fue uno de los mecanismos centrales de ese despojo.
Aunque la comunidad solicitó el reconocimiento y titulación de bienes comunales, las instituciones federales, estatales y municipales intervinieron para transformar este trámite en una dotación de ejido, figura destinada a campesinos sin tierra y no a pueblos con posesión ancestral. Este cambio redujo el alcance legal de sus derechos históricos. Sin embargo, existen amplias evidencias sobre los orígenes del Pueblo de Azqueltán y su vínculo con la nación tepehuana, cuyo territorio abarcaba desde Azqueltán hasta las cercanías de Guadalajara antes de la colonización española. En 1777 la Corona reconoció su posesión de 94,400 hectáreas, aunque los despojos continuaron pese a contar con estos títulos legítimos.
En el siglo XX, la comunidad reactivó sus gestiones agrarias. Tras reconocer la autenticidad de sus títulos, la Secretaría de la Reforma Agraria determinó que solo podrían restituírseles alrededor de 11,461 hectáreas. En 1961, mediante tecnicismos ilegales, se revirtió el trámite de restitución para convertirlo en dotación de ejido. Este hecho dividió profundamente a la comunidad entre quienes rechazaban perder su carácter indígena y quienes comenzaron a aceptar la figura ejidal, división aprovechada por caciques locales, autoridades municipales y actores agrarios.
La situación derivó en un creciente clima de indignación. En 1981 la comunidad interpuso un amparo contra la imposición del ejido, y aunque en 1994 se ordenó reponer el trámite, la respuesta oficial siguió siendo lenta y limitada. Para el año 2000 se dotó únicamente 1,096 hectáreas, entregadas en los terrenos más escabrosos. Paralelamente, la organización comunitaria se fortaleció, integrando también a familias wixaritari que aportaron su herencia cultural y se sumaron a la defensa territorial.
El conflicto se agravó entre 2017 y 2018 con agresiones directas a sus líderes, lo que motivó la intervención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El caso alcanzó un punto crítico con la privación de la libertad de dos autoridades comunitarias, posteriormente liberadas gracias a la presión internacional. Esto llevó a la creación de la Misión Civil de Observación, que acompañó activamente a la comunidad y logró, en 2018, disminuir los niveles de violencia.
No obstante, la falta de diálogo con gobiernos recientes y la reactivación de ataques, incluido el asesinato de Marcos Aguilar, representante agrario, han devuelto a la comunidad a un estado de grave riesgo. Por ello, se plantea la creación de una comisión especial que dé seguimiento permanente a la situación y garantice la seguridad y los derechos del Pueblo Indígena de Azqueltán.
Asimismo, presentaré un exhorto ante la Comisión Permanente para que se conforme una comisión integrada por diputadas, diputados y senadoras y senadores de los estados de Jalisco, Michoacán y Nayarit, con el fin de atender de manera directa y coordinada los casos de despojo que enfrenta esta comunidad y muchas otras comunidades wixarikas.

La lucha de la comunidad de Azqueltán

En México existe un Cártel del Agua y no está formado por criminales en la sierra, sino por políticos del PAN, expresidentes, empresarios y grandes corporaciones que durante décadas han lucrado y se enriquecieron con el recurso más sagrado para la vida: el agua del pueblo.
Desde la tribuna, y desde mi convicción profunda, afirmo que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales no sólo es urgente, sino que es ¡una obligación moral! Porque mientras millones de familias en todo el país y en Jalisco viven con tandeos, tinacos vacíos y pozos agotados, un puñado de privilegiados se habían estado apropiando del agua como si fuera un negocio familiar del viejo régimen.
Según la UAM, apenas 1% de los usuarios acapara más de una quinta parte del agua concesionada en México, casualmente los nombres coinciden con los apellidos del poder económico: Claudio X. González, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea, con sus corporativos como Kimberly Clark, Banco Azteca, FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala y las mineras de Grupo México.
Mientras ellos extraen millones de metros cúbicos de acuíferos sobreexplotados, el pueblo recibe migajas. Eso no es desarrollo, ¡es saqueo legalizado!
Coincido, Vicente Fox Quesada es uno de los mayores acaparadores de agua del país. Su familia actualmente acumula 18 concesiones que suman más de 2.1 millones de metros cúbicos. Se suman otros panistas que han hecho del agua un patrimonio familiar; muchas de esas concesiones se otorgaron justo cuando Fox ascendía políticamente. Marko Cortés, con permisos vigentes hasta 2047 en Jalisco; Miguel Márquez Márquez, exgobernador de Guanajuato e Ignacio Loyola Vera, de Querétaro.
Todos ellos forman parte de lo que dentro de Conagua ya se conoce como el “Cártel del Agua”. La reforma que aprobamos no busca perseguir empresarios, ni castigar a productores, ni asfixiar inversiones, lo que se busca es poner fin al acaparamiento, garantizar el agua como derecho humano, y que las concesiones se otorguen con criterios de justicia. Los mismos que hoy gritan “autoritarismo” son quienes por años se beneficiaron de un sistema hecho a su medida. Lo que les duele no es la reforma, lo que les duele ¡es perder privilegios!
Como legislador jalisciense y como mexicano, lo digo con toda firmeza: ¡No vamos a permitir que el agua siga siendo el botín de unos cuantos! ¡No vamos a permitir que siga financiando los negocios de quienes siempre han vivido del presupuesto, del tráfico de influencias y del abuso!
Los privilegios del viejo régimen se acabaron. 
El agua vuelve a donde siempre debió estar: al pueblo de México. 
Por el bien de todos, el camino de México es el segundo piso de la transformación.

El “Cártel del Agua” existe y está formado por los mismos de siempre

Jonás

Respuesta presidencial a los rebeldes

Marcela Michel López

La presidenta que merecemos, la presidenta que necesitamos

Claudia Salas

Movilidad secuestrada: la urgencia de ordenar el transporte en aeropuertos

Eduardo González Velázquez

Mentiras históricas de EU para invadir naciones

Staff quiero tv

Mi pecho no es bodega

Durante años, hablar de reformas electorales fue hablar de acuerdos entre partidos, de negociaciones en lo oscurito y de beneficios para las élites. Rara vez se pensaba en el ciudadano. Rara vez se preguntaban qué necesitaba la gente que paga impuestos, la que hace fila en el hospital, la que exige seguridad y oportunidades.
Hoy eso está cambiando.
La propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum parte de una premisa distinta y profundamente democrática: poner al ciudadano en el centro, no a los partidos ni a los políticos.
Aunque el proyecto aún se encuentra en integración por la comisión que encabeza Pablo Gómez, las señales son claras. Se busca reducir el dinero público que reciben los partidos y transformar el mecanismo mediante el cual llegan al Congreso los legisladores plurinominales.
Y hay que decirlo sin rodeos: la gente está cansada de mantener estructuras que no le responden. La propia Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 lo confirma; los partidos y el Poder Legislativo están entre las instituciones que menos confianza generan. ¿Cómo no iba a ser así si durante décadas vieron pasar miles de millones de pesos mientras las colonias seguían sin agua y las clínicas sin medicinas?
Ese modelo se agotó.
La presidenta ha sido muy clara: si existen legisladores de representación proporcional, deben elegirse de una forma distinta, no a través de listas diseñadas por las dirigencias. Quien aspire a representar, tendrá que ir al territorio, mirar a la gente a los ojos, ganarse el respaldo popular.
Eso significa algo fundamental: más cercanía y más responsabilidad. Menos cuotas. Menos amigos del poder brincando directo a una curul.
Al mismo tiempo, se plantea recortar de manera importante el gasto del aparato electoral. México no puede seguir teniendo uno de los sistemas más caros del mundo, que solo en el año 2025 se gastó más de 65 mil millones de pesos entre partidos federales y locales, además del INE, en un año donde no hubo elecciones federales, mientras persisten carencias básicas. Cada peso que se ahorre en burocracia dorada puede convertirse en una beca, en una pensión, en atención médica, en infraestructura que sirva a todos y todas las familias.
De eso se trata la transformación.
No es una reforma con dedicatoria; es una reforma contra el privilegio. Es cerrar la puerta al viejo régimen PRIANISTA, que convirtió la política en un “club de Tobi” exclusivo, y abrirla para que mande el pueblo.
Lo que comenzó el presidente López Obrador hoy tiene continuidad: limpiar la vida pública, terminar con los abusos y devolverle a la ciudadanía el poder de decidir.
La democracia no puede seguir siendo un negocio. Tiene que ser un derecho pleno para los mexicanos.
Y hacia allá vamos.

La democracia debe servir al pueblo, no a las cúpulas