El mandatario señaló que el Ministerio Público realizó allanamientos en centros de votación donde el Colegio de Abogados designaba a su representante titular

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, acusó a la fiscalía de intervenir en el proceso para elegir a magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país.
El mandatario señaló que el Ministerio Público realizó allanamientos en centros de votación donde el Colegio de Abogados designaba a su representante titular y suplente ante la corte. La fiscalía argumentó que investigaba supuestas irregularidades en el proceso.
Arévalo mantiene un conflicto con la fiscal general, Consuelo Porras, quien fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. Ambos bloques la incluyeron en listados relacionados con actos que consideraron contrarios al orden democrático. El presidente la acusa de haber intentado impedir su toma de posesión hace dos años.
A través de la red social X, Arévalo calificó el operativo como una acción para interferir en la elección y alterar el resultado. Tras una suspensión temporal derivada de los cateos, el Colegio de Abogados concluyó la votación y eligió a Astrid Lemus como una de las cinco integrantes de la Corte de Constitucionalidad.
Fracasaron en su intento de secuestrar las elecciones del CANG. Con la misma fórmula con la que intentaron arrebatarle la libertad a Guatemala en 2023, hoy vuelven a fracasar. Ganó el rescate de la justicia. Ganaron los abogados honestos. Ganó la libertad. Ganó la esperanza.…
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) February 13, 2026
La Organización de Estados Americanos emitió un comunicado en el que rechazó los allanamientos y advirtió que representaron un riesgo constitucional al afectar el ejercicio del sufragio.
El mandato de Porras concluye el 17 de mayo. La fiscal busca ser electa magistrada en representación de una universidad estatal. Ha señalado que su intención es garantizar la aplicación de la ley y desempeñar el cargo con transparencia y profesionalismo.
Durante su gestión, el Ministerio Público abrió procesos contra periodistas, líderes comunitarios y exfiscales. Algunos de ellos salieron del país. En este contexto, Arévalo tiene la facultad de designar al próximo fiscal general y a uno de los cinco magistrados de la Corte.
En los últimos años, la Corte de Constitucionalidad ha enfrentado cuestionamientos por decisiones que, según diversos sectores, excedieron sus atribuciones y favorecieron intereses vinculados con casos de corrupción.