El compañero Leo
La reciente revelación del expediente penal de Leonardo Almaguer —con sus sombras de robo calificado y delincuencia organizada en 2004— debió haber provocado una sacudida ética. En su lugar, lo que presenciamos fue un despliegue de cinismo legislativo que retrata de cuerpo entero a buena parte de nuestra clase política.
Cuando el coordinador de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, solicitó formalmente que Almaguer compareciera ante el pleno para dar explicaciones, la respuesta fue una joya del surrealismo jurídico. Los coordinadores de las diversas bancadas cerraron filas y entregaron un escrito donde argumentan, con una solemnidad casi religiosa, que “no existe fundamento jurídico” para citar a comparecer a uno de los suyos.
Resulta fascinante ver a estos coordinadores volverse tan escrupulosos y puristas del Derecho cuando se trata de protegerse entre sí. El documento es un monumento al conflicto de interés: el propio Almaguer lo firma para blindarse a sí mismo, apenas unos días después de haber declarado que “estaba dispuesto a dar la cara”. Al final, la cara que dio fue la de saberse intocable.
Al firmar este pacto de silencio, las y los coordinadores —incluidas las del PRI y el PAN que desoyen a sus propias dirigencias— envían un mensaje claro: se sienten por encima del resto de los mortales. En su cosmovisión, ellos son los únicos facultados para exigir cuentas, pero nadie, absolutamente nadie, puede osar pedirles cuentas a ellos. Han convertido la representación popular en una casta privilegiada donde la curul funciona como salvoconducto.
Flaco favor le hacen a la ciudadanía al transformarse en la defensoría de oficio del “compañero Leo”. Mientras ellos se pierden en tecnicismos para evitar una comparecencia, la realidad afuera de su burbuja es aterradora. La reciente detención del alcalde de Tequila, el morenista Diego Rivera Navarro, por vínculos directos con el crimen organizado, nos recuerda que ya no estamos ante casos aislados de corrupción, sino ante más que evidentes intentos de captura sistemática de las instituciones por la delincuencia.
¿Cómo puede el Congreso exigirle transparencia a un municipio o a un secretario, si sus propios líderes se esconden tras un oficio para proteger a un coordinador con antecedentes de delincuencia organizada? Si el caso de Tequila es la evidencia de un cáncer que amenaza con corroer al país, la defensa de Almaguer en el Congreso es la prueba de que quienes tendrían que buscar una cura, prefieren en cambio proteger al virus. Al cerrar filas por Almaguer, las bancadas no solo protegen a un hombre; están abdicando de cualquier vestigio de autoridad moral.
