La iniciativa recibió 135 votos a favor y 115 en contra, tras casi 11 horas de debate

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en una sesión que concluyó pasada la medianoche del jueves al viernes. La iniciativa recibió 135 votos a favor y 115 en contra, tras casi 11 horas de debate. Aunque representa un avance legislativo, el proyecto deberá regresar al Senado debido a modificaciones introducidas en Diputados.
La reforma ya había sido avalada por la cámara alta la semana anterior. El gobierno espera obtener la sanción definitiva antes del 1 de marzo, fecha en la que Milei dará su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante el Congreso.
El presidente celebró la votación a través de un mensaje en la red social X, donde afirmó que la iniciativa busca modificar el esquema de relaciones laborales vigente desde hace más de 70 años. Entre los puntos aprobados se incluyen la reducción de indemnizaciones, la ampliación de la jornada laboral hasta 12 horas y limitaciones al derecho de huelga. Un artículo que establecía la reducción a la mitad del salario durante periodos de enfermedad fue eliminado antes de la votación.

La sesión se desarrolló en el contexto de una huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que calificó la reforma como contraria a derechos laborales. Según el dirigente sindical Jorge Sola, el paro registró un acatamiento superior al 90 por ciento en distintas actividades.
Durante la jornada se registraron manifestaciones frente al Congreso. De acuerdo con reportes periodísticos, hubo enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que dejaron cerca de diez personas detenidas.
El paro afectó servicios bancarios, vuelos y actividades portuarias. Aerolíneas Argentinas reprogramó 255 vuelos, lo que impactó a aproximadamente 31 mil pasajeros. En el sector portuario se suspendieron embarques en terminales como Rosario.
El gobierno sostiene que la reforma permitirá reducir la informalidad laboral, que supera el 40 por ciento, y fomentar la creación de empleo mediante la reducción de cargas impositivas para empleadores. La iniciativa se discute en un contexto de contracción industrial, con más de 21 mil empresas cerradas en los últimos dos años y una pérdida estimada de 300 mil puestos de trabajo, según fuentes sindicales.