Pueblo Quieto: el progreso no puede pasar por encima de las personas

En Jalisco, hablar de grandes obras de infraestructura suele ser sinónimo de modernidad y desarrollo. Pero detrás de cada proyecto hay una pregunta que no podemos ignorar: ¿Qué pasa con las personas que ya viven en esos territorios?

Esta es la situación que hoy enfrentan las y los habitantes de Pueblo Quieto, en Guadalajara, ante el anuncio de su desalojo para la construcción de infraestructura ferroviaria del gobierno federal, lo que nos obliga a mirar este tema desde una perspectiva de derechos humanos.

No se trata de estar a favor o en contra del tren. Se trata de algo más básico, ya que ninguna obra pública, por importante que sea, puede justificar que se deje a las personas en la incertidumbre, sin información clara o sin alternativas dignas. El desarrollo no puede significar que unas y unos avancen mientras otros pierden su casa, su entorno y su proyecto de vida.

Cuando se habla de un posible desalojo, no solo está en juego el derecho a la vivienda. También se vulneran otros derechos como el derecho a la información, a la participación, al debido proceso y los derechos de niñas, niños, personas mayores y con discapacidad, que requieren una protección especial en cualquier reubicación.

Los estándares nacionales e internacionales son claros: los desalojos deben ser la última opción y, si resultan estrictamente necesarios, deben hacerse con garantías mínimas indispensables como: información previa, diálogo, alternativas de vivienda adecuada y medidas para evitar el uso de la fuerza.

Por ello, es obligación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco recordar a las autoridades municipales, estatales y federales que, antes de iniciar cualquier proyecto, es necesario colocar al centro a las personas. No basta con “avisar” a la comunidad; se requiere un proceso real de diálogo y consulta.  No basta con ofrecer cualquier lugar; la reubicación debe garantizar vivienda digna, acceso a servicios, educación, salud y posibilidades de empleo. No basta con decir que “es por el bien de todos”; también debe ser por el bien de quienes hoy viven ahí y temen perderlo todo.

Por ello, esta defensoría propone algunos pasos básicos que deberían asumirse como compromisos mínimos: información transparente y accesible para todas las familias de Pueblo Quieto, por escrito y en reuniones directas, sobre el proyecto, los plazos y las alternativas. Mesas de diálogo con representación de la comunidad, autoridades responsables de la obra y acompañamiento de organismos de derechos humanos. Plan de reubicación digno y atención especial a grupos en situación de vulnerabilidad.

Como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, reitero que nuestra tarea es acompañar, documentar y exigir que cualquier acción en esta zona se realice con pleno respeto a la dignidad de las personas.

El verdadero desarrollo se mide no solo por las obras que se construyen, sino por la forma en que el Estado trata a quienes se ven afectados por ellas. En Pueblo Quieto, hoy, está a prueba esa coherencia.