Jonás

Como consecuencia del operativo federal que acabó con la vida de Nemesio Oseguera “El Mencho”, se desató una ola de violencia que al paso de tres días, se puede comprobar en toda su dimensión. Las cifras oficiales indican que hubo 661 vehículos quemados con más de 500 puntos bloqueo en el Área Metropolitana de Guadalajara y con daños en 50 municipios de los 125 que hay en Jalisco.
La ciudad más daña fue Puerto Vallarta por la dimensión de los ataques y la población que tiene. Pero lamentablemente, el daño mayor quizá se sentirá en el turismo: ayer miles de personas abarrotaban el aeropuerto vallartense, eran turistas que querían regresar a sus lugares de origen lo más pronto posible porque el lunes estuvieron encerrados en sus hoteles, esperando que la violencia terminara.
Las consecuencias de la muerte de “El Mencho” son cuantificables en daños monetarios, pero no se pueden medir en otras consecuencias que afectan a las personas y a la sociedad.
También ayer, muchas personas manifestaban sentirse con miedo de salir a las calles pero tenían que hacerlo porque trabajar es la única forma de obtener recursos para seguir con su vida cotidiana. 
Además de Guadalajara y los municipios conurbados junto con Puerto Vallarta, se registraron daños profundos en municipios como Mascota, Chiquilistlán, Autlán y obviamente, Tapalpa, donde tuvo lugar el operativo de las fuerzas federales contra “El Mencho”.
Hoy, el gobernador Pablo Lemus y el gabinete de seguridad en pleno visitan Puerto Vallarta para llevar el discurso y la presencia que animen a la normalidad que puede tardar mucho tiempo en volver.
En este contexto, diputados del Congreso estatal, tanto del desaparecido partido Hagamos como de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, han propuesto aplicar presupuesto público en un fondo de apoyo a las víctimas de la quema de vehículos, de los ataques armados, de los cierres de negocios y todos los daños colaterales.
La propuesta va de tomar recursos de otras partidas estatales hasta solicitar apoyo económico a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En medio de la emergencia y los daños, parece elemental que se sugiera el apoyo público a los afectados, pero en lugar de hacer sugerencias, los diputados del Congreso estatal deben actuar con la mayor celeridad.
Hoy tendrá lugar en el Congreso una sesión extraordinaria con la finalidad de aprobar el presupuesto que se ejercerá este año: mil 109 millones de pesos. Bien podrían incluir la discusión y aprobación inmediata de los fondos de apoyo y las reglas para entregar el recurso.
Está en posibilidad de los legisladores hacerlo. Que discutan menos y hagan más.

Apoyo económico a las víctimas

La ciudad se paralizó y a muchos los invadió el miedo. No hubo escuela, ni transporte público, ni gasolineras abiertas, ni comercio. El día después del operativo que dio como resultado la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se sintió una incertidumbre total. ¿Qué seguía? ¿Cómo debía procederse?
Para colmo, todavía ayer lunes mientras desde Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum aseguraba que ya todos los narcobloqueos se habían levantado y el país regresaba a la normalidad, en carretera a Tequila, a unos pocos kilómetros de Guadalajara, otro narcobloqueo provocaba miedo en la zona.
En varias poblaciones de la región de Los Altos, desde Lagos de Moreno hasta Zapotlanejo (este último, municipio conurbado con Guadalajara), las personas evitaban las carreteras y había vehículos calcinados.
Y peor, en algunas tiendas de conveniencia hubo saqueos. Al menos se informó de una en Zapopan.
¿El país en calma? Sólo en el discurso. 
Pero los mensajes de protección y prudencia empezaron a quebrarse pasado el mediodía, cuando la gente en la zona metropolitana no podía comprar comida porque todas las tiendas estaban cerradas; algunas pocas abrieron y aumentaron los precios. Había que hacer filas para comprar pan, tortillas, huevo y carne, los que podían.
Las gasolineras cerradas, las farmacias, los negocios de autoservicio. 
¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Y al mediodía, en Casa Jalisco, después de horas de reuniones y pláticas, los integrantes del gabinete de seguridad del gobierno del Estado anunciaron que se continuaba en “Código Rojo”.
La explicación: no se podía garantizar la ausencia de riesgo, de peligro.
Pero varios avisos empezaron a romper esta inercia. El gobierno municipal de Tlajomulco anunció que desde hoy pueden abrir y trabajar con normalidad todos los negocios en el municipio. La administración del Mercado de Abastos anunció que hoy también, abrirán todas sus bodegas y comercios; no quieren que sus alimentos perecederos se pierdan. Y además, la mayoría de los pequeños comercios en la ciudad dependen de la mercancía de ésta, que es la segunda central de abastos más grande del país.
La lectura de este choque de discursos se interpretó rápidamente, porque ya por la tarde el gobernador del Estado, Pablo Lemus, anunció en sus redes sociales que el Código Rojo está por levantarse: las clases inician mañana y las actividades se retomarán paulatinamente desde hoy. 
Probablemente, fallaron los operativos de seguridad. Quizá falló la lectura sobre cómo atender la problemática derivada de la violencia del crimen organizado que reaccionó a la muerte de Nemesio Oseguera.
Pero pudo más la presión social. El día después del “Mencho” quedará como una mala experiencia, por la tensión social, por el desconcierto y la zozobra. Pero la misma sociedad que se ausentó de las calles y las áreas públicas, decidió que ya vuelve e ellas.

El día después del “Mencho”

La caída de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, ayer domingo en un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano, cierra una larga etapa de crecimiento de una organización delictiva que marcó negativamente a Jalisco y dañó a los mexicanos, y abre ahora el período de fabricación de la leyenda urbana y popular.
La información oficial nos dice que Oseguera y sus hombres se enfrentaron en Tapalpa, Jalisco, contra las fuerzas federales y en la balacera, el líder delictivo fue gravemente herido. Murió en un helicóptero mientras era trasladado a la Ciudad de México. Durante la tarde, un gran operativo de seguridad acompañaba el vehículo donde eran llevados los restos mortales para ser analizados por los forenses.
A diferencia de la historia de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, plagada de escapes y persecuciones cinematográficas, “El Mencho” cayó inesperadamente, sin seguimiento mediático ni glamour, pero su último día será recordado por los narcobloqueos que proyectaron mundialmente a Jalisco, mencionado en comunicados de las embajadas de Estados Unidos, Rusia y Francia, para advertir del peligro a sus ciudadanos que están en México.
¿Y después del “Mencho”, qué?
Mientras las horas se contaban lentamente este domingo, las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo daban casi la impresión de que no estaba enterada; de que estaba tan sorprendida como el resto de la gente. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, no informó detalles ni comentó como hace regularmente, sobre el operativo y sus resultados. Se limitó a copiar la información institucional en la que se dio cuenta de la muerte, casi accidental, del capo.
Este día, al iniciar la semana, se puede anticipar el discurso de triunfo.
Con la desaparición física del “Mencho” y estando sus hermanos y su hijo en cárceles de los Estados Unidos, ¿se puede presumir la desaparición de la organización delictiva que dirigieron durante años y que los convirtió en el mayor objetivo de persecución en México y en el país vecino? Y es que ya se ha difundido que las operaciones delictivas del cártel que encabezó Oseguera se extendieron por Centro y Sudamérica, y llegaron a Europa, Asia y África.
Los especialistas ya lo retoman desde ayer: La violencia se pulverizará; donde cayó un capo, aparecerán y pelearán numerosos líderes delictivos de menor estatura.
Entre las reacciones populares más repetidas después de darse a conocer la muerte de Oseguera, se impusieron expresiones que dudan de la veracidad de la noticia; muchos le atribuyeron a una “operación secreta” de los Estados Unidos la caída del líder delictivo y no faltaron quienes acusaron al gobierno mexicano y la presidenta Sheinbaum de haber seguido instrucciones de Donald Trump.
Un fenómeno tan complejo como el narcotráfico y la existencia de un cártel como el que encabezó Oseguera, generan explicaciones simplistas que pretenden explicarlo todo en tres renglones.
Las consecuencias apenas empezarán verse desde hoy y pegarán fuerte en la política, la economía, la organización social y hasta en los eventos que están en preparación, como el Mundial de Futbol que inicia en junio. ¿Estamos preparados? Construyamos respuestas.

¿Y después del “Mencho”?

Sin un acuerdo sólido con los aliados políticos del Partido Verde y el Partido del Trabajo, finalmente se consolidó una propuesta de reforma electoral. Lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras en la Cámara de Diputados, el coordinador Ricardo Monreal ordenó votar a favor, dirigiéndose cuando menos a los legisladores federales de Morena.
Sheinbaum Pardo aseguró que no se trata de “presentar por presentar” la propuesta de reforma. Los objetivos de la reforma radican en reducir el costo de las elecciones, el costo de las instituciones electorales y del Poder Legislativo, pues de entrada habría una reducción de miembros en el Senado de la República.
La presentación formal de la iniciativa de reforma se realizará el próximo martes 24 de febrero.
Están dejando todavía un margen de negociación de unos pocos días, quizá para terminar de convencer a quienes, a pesar de ser aliados e incluso integrantes de la fracción de Morena en las dos cámaras, se han revelado en público o en secreto contra los puntos centrales de la reforma.
Está en juego, sin duda, el proyecto de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
Pero además del proyecto del grupo gobernante, está en juego también el futuro de la democracia mexicana.
El discurso de la reducción de costos tiene un potente atractivo popular.
Entregar recursos públicos a los partidos políticos no es aprobado por la población. Los altos sueldos de funcionarios públicos, de legisladores y de integrantes del Poder Judicial, son granadas que están de inmediato y encienden la molestia ciudadana.
Por eso, cuando la presidenta Sheinbaum y los legisladores de Morena difundan que el objetivo es reducir el costo de las elecciones, obtendrán aprobación inmediata.
El costo de ello, sin embargo, será el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) y la reducción de las capacidades reales para organizar y garantizar las elecciones, porque también está en pie recortar a las instituciones electorales de los estados.
En esta estrategia doble: imponer recortes en la organización electoral y mantener la alianza con el Verde y el PT a pesar de que estos partidos cargarán con el mayor impacto de los recortes de plurinominales y presupuesto público, puede permitirle a la administración de Claudia Sheinbaum consolidar una mayor acumulación de poder en lo que resta del sexenio.
Pero eso no garantiza que mejore el sistema de partidos, que se fortalezca a las instituciones y se mantenga la pluralidad y la representación de los mexicanos en el sistema de gobierno de la república.
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Ya hay reforma electoral

Ayer pasó como uno de los muchos trámites que a diario tienen lugar en la Cámara de Diputados: Sergio Mayer Bretón solicitó licencia, y se la concedieron, para irse a participar al reality televisivo conocido como “la casa de los famosos”. Está en su derecho, ni duda cabe. ¿Y los derechos de los ciudadanos?
Sergio Mayer es diputado, nuevamente, en la fracción de Morena. Se ha distinguido, como siempre en su trayectoria pública, por su trayectoria en la farándula y el entretenimiento.
Sorprende que como diputado federal, participe en comisiones legislativas como la de Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional y Justicia. ¿Será que sus posturas y sus votos hayan influido en la reforma al Poder Judicial que ahora pretenden volver a reformar los mismos diputados de Morena?
Sergio Mayer no es el primer miembro del “mundo del entretenimiento” que llega a una Legislatura. En el pasado han circulado por ahí personajes como las fallecidas Carmen Salinas e Irma “La Tigresa” Serrano, por citar dos conocidos ejemplos.
Y aclarando: no es que un actor de televisión o de cine; un personaje del ámbito artístico o farandulezco, sea peor o mejor que los políticos desconocidos o ex deportistas (¡qué decir de Cuauhtémoc Blanco!), o dirigentes sindicales, o ex gobernadores que están o han estado antes en la Cámara de Diputado o en el Senado.
Son los frutos podridos de la democracia. Porque las reglas permiten que lleguen al cargo por la vía de los votos.
Pero con sinceridad: en un país como el nuestro que se debate en el afán de reformar su democracia; de resolver la inseguridad y la violencia; de reformar su sistema de salud o su sistema educativo, para garantizar mayor igualdad y justicia, ¿es ético que un diputado deje la curul para irse a participar a un reality show televisivo? ¿Ese es el nivel de compromiso y responsabilidad que le permitirá mejorar, no a la sociedad, sino al Poder Legislativo? 
En el terreno estrictamente legal, debería ser mucho más serio y solemne y riguroso, admitir a un ciudadano para que se integre como legislador, y también para que se retire de su función antes de tiempo.
Pero si los diputados y senadores mismos no toman en serio su tarea y su investidura, si las cámaras son, finalmente, un espacio de actuación política, no se le puede reclamar a un integrante de la farándula que salte de un espectáculo a otro según le convenga.

El diputado Mayer a la casa de los famosos

Contar con reglas que nos garanticen candidaturas y funcionarios electos que sean honestos, eficaces, probos y que posean otras virtudes, ha sido un anhelo público desde hace años. De hecho, la construcción de la democracia en el país a partir de las reformas de ciudadanización que iniciaron en la década los años 90 del siglo pasado, ya establecían reglas y requisitos para que a la función pública llegaran las personas más capacitadas, pero también las más honorables.
Recientemente, ante la evidencia que antes era un rumor pero hoy está probada, de que la delincuencia organizada participa abiertamente en el financiamiento de candidaturas y en la administración pública, especialmente en los municipios, renace el interés de “limpiar” la vida pública de personas involucradas en o relacionadas con la ilegalidad.
Hay varios casos recientes: el de Diego Rivera Navarro, ahora expresidente municipal de Tequila, detenido en el “Operativo Enjambre” del gobierno federal junto con otros colaboradores cercanos, acusado de delitos como extorsión y privación ilegal de la libertad. Con el paso de los días (fue detenido el 5 de febrero pasado), las denuncias por abuso de autoridad y cobro de “derecho de piso” han aumentado.
Otro caso notorio fue el del diputado estatal y coordinador de la fracción del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, de quien se ventiló que en el año 2004 fue detenido por robo a transporte de carga y se le reclamó públicamente no haberlo informado durante la campaña que lo llevó a ganar un escaño en el Congreso local.
Motivados por ello, diputados de Movimiento Ciudadano (MC) propusieron medidas para ajustar las reglas de elección de candidatas y candidatos; apenas ayer también anunciaron iniciativas similares en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y además, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), presentó una iniciativa para el combate a la corrupción y prevenir que autoridades cometan ilegalidades similares a las que se le atribuyen al exalcalde de Tequila; los respaldaron el Partido Acción Nacional (PAN) y sus diputados estatales.
La cuestión, sin embargo, no es nueva. 
Desde hace años y varias elecciones, se establecieron medidas como el mecanismo “tres de tres” para que quienes se presentaran como candidatas y candidatos presentaran públicamente su declaración patrimonial, documentos que demostraran que no tenían conflicto de intereses y además, un examen de control y confianza.
En sucesivas elecciones se han lanzado propuestas para aplicar pruebas toxicológicas y psicológicas.
Se han hecho, en fin, propuestas varias que rebasaron el marco legal, para garantizar socialmente que los aspirantes al voto ciudadano sean honorables, no tengan relaciones inconfesables con la delincuencia y hayan construido su patrimonio sin cometer delitos.
A juzgar por las pruebas, no se ha logrado.
Hay dos filtros que fallaron estrepitosamente: la impunidad electoral y los partidos políticos.
Los partidos deberían tener las herramientas, reglas internas y mecanismos estrictos para no presentar a ninguna persona que no deba ser candidata.
Las numerosas autoridades designadas para investigar el origen y financiamiento de las campañas también han fallado.
Y el desinterés ciudadano contribuye también que elección tras elección, sigan llegando a los cargos personajes de pasado cuestionable y ahora, hasta de abierta conducta delictiva.

¿Candidatos y funcionarios honestos?

El ritmo con el que están brotando los conflictos internos en Morena sólo refleja el reacomodo interno que se gesta antes del proceso electoral del año 2027, en el que deben renovarse 17 gubernaturas y la integración de la Cámara de Diputados. Hay una clara lucha en la que está haciendo todo por imponerse el grupo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, pero hay fuertes resistencias y, además, el escenario está muy mezclado entre actores políticos que tienen varias fidelidades al mismo tiempo.
El caso más reciente y conocido es el escándalo que protagonizó un funcionario menor en la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, quien se negó a ser removido del cargo por el secretario del ramo, Mario Delgado, y se aferró a su oficina haciendo escándalo mediático y anunciando que de permitirse el cambio a los libros de texto gratuitos –su máxima responsabilidad desde que llegó al cargo de director de Materiales Educativos–, se atenta contra “el legado” de Andrés Manuel López Obrador.
Marx Arriaga ya había ganado fama pública años atrás, al intervenir en los libros de textos y desatar una polémica por los contenidos erróneos en algunos casos, y también por implantar una ideología afín a Morena. Además, se presentaba como uno de los sustentadores de la llamada “Nueva Escuela Mexicana”, que aún no termina de entenderse del todo entre los maestros de educación pública en todo el país.
Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha debido explicar en su rueda de prensa cotidiana en Palacio Nacional, que se estima el trabajo de Marx Arriaga, pero nadie puede apropiarse del contenido de los libros de texto.
Además del episodio reciente de este personaje, la semana pasada se detonó otro escándalo al publicarse un libro titulado “Ni venganza ni perdón”, en cuyo contenido el ex consejero jurídico de López Obrador afirma que Jesús Ramírez Cuevas, hoy coordinador de asesores de la presidenta Sheinbaum, introdujo al primer círculo político del ex presidente López Obrador a Sergio Carmona Angulo, conocido como “El rey del huachicol”, personaje que financió varias campañas electorales antes de ser asesinado en 2021 en Nuevo León.
Y en una sucesión acelerada de conflictos, antes de la publicación de este libro que destapó un enfrentamiento severo dentro de Morena, ya se habían confirmado los choques con las cúpulas del Partido Verde y el Partido del Trabajo, que rechazan las propuestas centrales de la reforma electoral que la presidenta había dicho, iba a presentarse en la Cámara de Diputados a mediados de febrero.
En medio de estos conflictos, se insiste en que hay una purga de “morenistas duros” a quienes se está retirando de los círculos de poder más influyentes en Morena y el gobierno federal.
Para la presidencia Sheinbaum y su círculo más cercano, sin embargo, el riesgo de que se registre un quiebre interno definitivo, y también con los partidos políticos que habían sido sus aliados, pone en riesgo el predominio morenista después del proceso electoral 2027.
El drama está en desarrollo.

Los conflictos de Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum había asegurado que “a mediados de febrero” se presentaría en la Cámara de Diputados su propuesta de reforma electoral. Los días empiezan a transcurrir más rápido de lo que conviene políticamente, y un documento que contenga el dictamen de la reforma no está presente en la discusión legislativa.
La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ha aprovecho algunos espacios de difusión en los que participa para criticar que los políticos de oposición descalifican y hacen consideraciones sobre la reforma electoral, “pero no hay dictamen”.
Citamos en este espacio a Alcalde Luján por la enorme influencia que tiene la dirigente nacional del partido en las determinaciones de Morena y sus legisladores, pero también porque con su exigencia de que exista un dictamen, queda todavía más evidencia la fractura interna en el bloque de lo que han gustado en llamar la “cuarta transformación”.
En una ruta tan larga como lo es la política electoral mexicana, no es posible hacer una lectura integral de un período de unos pocos años, pero dado que ellos mismos, los de la “cuarta transformación” han insistido en diferenciar un período temporal en el que ocupan el poder, en contraste con lo que ocurrió antes, hay que revisar sus propuestas, que básicamente son las que dejó sin cumplir el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador:
• Eliminar los diputados y senadores de representación proporcional. 
• Reducir o eliminar las “prerrogativas” o recurso económico (miles de millones de pesos) que el gobierno federal y los gobiernos estatales entregan a los partidos políticos. 
• Reducir el costo millonario de la organización de elecciones en México.
Estas son las propuestas básicas, populistas, que se hicieron durante el gobierno de López Obrador y que ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum, pretende cumplir… pero no tiene apoyo.
La presidenta ha encontrado una férrea resistencia a estas reformas tanto en Morena, su partido, como en los partidos políticos aliados: Verde y Partido del Trabajo.
No aceptan, por ningún motivo, reducir a los plurinominales, ni tampoco dejar de recibir dinero del gobierno.
Adicionalmente, en la reforma electoral que la presidenta Sheinbaum le encargó a Pablo Gómez, aparecen asuntos “secundarios”, como desaparecer los organismos electorales de los estados, los tribunales electorales de los estados, reducir el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) y al mismo tiempo, hacerlo responsable de nuevas tareas de fiscalización y sanción por el uso de recursos económicos de origen público en actividades electorales.
Pero… nunca contaron con la resistencia de sus aliados.
La reforma electoral entra esta semana en ruta de fracaso. Igual que ocurre con la prohibición “ética” al “nepotismo electoral”.
Con la presidenta compiten los Monreal y los Gallardo. Y probablemente no podrá derrotarlos.

La pendiente reforma electoral

José Manuel Romo Parra

Carta de amor a Tapalpa

Juan Pablo Colín

“La paz de Jalisco no es negociable”

Miguel De La Rosa Figueroa

Ama de casa y Comandanta Suprema

Staff quiero tv

Mi pecho no es bodega

Después de los narcobloqueos y la violencia, otra cuestión se hizo evidente: ¿Guadalajara puede albergar el Mundial de Futbol en junio? No es asunto menor, porque los automóviles incendiados en la ciudad hicieron claras dos cosas: la primera, el tamaño del crimen organizado y sus operadores; la segunda, la posibilidad de que puedan repetir sus acciones en cualquier momento.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum salió inmediatamente a asegurar que Jalisco y la ciudad cuentan con todas las garantías para la organización de la justa deportiva, que se efectuará no sólo en Guadalajara, sino también en Monterrey y la Ciudad de México.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, descartó también cualquier posibilidad de que la sede mundialista se pierda y reiteró que se efectuarán todos los operativos de seguridad que sean necesarios.
Hay que destacar que en este punto, hay coincidencia entre el mandatario estatal y la presidenta de la república, a pesar de la evidente diferencia de posturas políticas y partidistas. Ni Claudia Sheinbaum ni Pablo Lemus deben coincidir en todo, pero en lo que sí están obligados es en actuar con visión de beneficio comunitario.
Después de la muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho” y las múltiples expresiones de violencia que se manifestaron particularmente en Jalisco pero también en otros 20 estados del país, el Estado (y esto incluye a los gobiernos estatales y al gobierno federal) está obligado a cerrar filas y actuar con fuerza y convicción frente a la delincuencia. 
Esto incluye salvar también la presencia de México en un evento deportivo que es también el máximo encuentro mundial. Ni siquiera las Olimpiadas se comparan en nivel de atención y atracción masiva con un Mundial de Futbol.
La cancelación de una sede como Guadalajara provocaría un daño profundo y duradero no a Jalisco, sino al país completo. Eso simplemente no puede permitirse.
La organización del Mundial de Futbol representa no únicamente un evento deportivo y la disposición de miles de millones de pesos en recursos públicos para preparar la sede, sino también la confirmación de nuestro país como una de las mayores sedes del planeta para albergar el turismo.
México es el sexto país con más turismo en el mundo. Después del Mundial de Futbol puede superar esa posición, y no se trata sólo de ocupar una posición en el top ten, se trata también de consolidar una industria a la que está llamada nuestra nación por riqueza en varias vertientes y preparación de nuestra sociedad. 
Salvaguardar el Mundial de Futbol es una misión común.

Rescatar el Mundial en Guadalajara