Miguel De La Rosa Figueroa

Este cargo de diputado local, amable lector, lectora, es el primer encargo político legal que he asumido y no espero más. Al terminar de desempeñarlo, que la ciudadanía pueda juzgarme de haberlo hecho con decencia, con congruencia y con utilidad social.
Tiempo antes, 26 años casi, los dediqué a la educación: fui (soy) docente, director y supervisor escolar en el nivel de secundaria. Muy probablemente al concluir la Legislatura regresaré con satisfacción a continuar mi trabajo en dicha función.
He de compartirles también que, reconociendo la falta de experiencia en muchos temas y más en la política, antes de tomar posesión de la diputación busqué el consejo de personas expertas y al consultarles un listado de asuntos que sin duda serían materia de discusión legislativa, surgió el que la gente identifica como las “infancias trans”, el cual habría de abordarse porque pesa sobre el Congreso una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a legislar al respecto.
Los consejos que recibí sobre este asunto fueron más o menos en este sentido:
“Ni se te ocurra apoyar los temas de la diversidad, Jalisco es un Estado conservador y únicamente te ganarías el repudio de la mayoría”.
Incluso, en sintonía con tales recomendaciones me sugirieron una especie de máxima política:
“En política no debemos decir lo que queremos decir, sino lo que la mayoría quiere escuchar”.
Con este preámbulo, respetable ciudadana, ciudadano, desatendiendo los consejos y quizá tan “conveniente” máxima, con profundo respeto a tu postura, que quizá sea la postura de la mayoría y la de la respetable comunidad religiosa, quiero exponerte mi opinión. Pero antes de ella hacer de tu conocimiento información precisa, puntual, de lo que ordena la Corte al Congreso del Estado en torno a las “infancias trans” y lo que contiene la iniciativa que presentamos para atender dicha sentencia.
La Suprema Corte, en una sentencia derivada de un recurso promovido por la CNDH contra un artículo de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, dispuso en su sentencia que los menores de edad tienen derecho a la identidad de género autopercibida, por tanto, es inconstitucional que esa ley permita únicamente a los mayores de edad modificar su acta de nacimiento para cambiar su nombre y su género. En ese sentido dispuso la Corte que a los menores que acudan con el acompañamiento de sus padres o tutores y teniendo claridad el funcionario del registro civil que los solicitantes sean conscientes de la decisión, deberá expedírseles una nueva acta de nacimiento con el nombre y el género que soliciten.
Conforme a este derecho, antes de que se emitiera esta sentencia, en Jalisco, en el año 2020 el gobernador Enrique Alfaro mandó una instrucción a los registros civiles para que aceptaran los cambios en las actas de nacimiento por este motivo. Al día de hoy, cientos de menores lo han hecho y reconozco que más allá de los discursos, el gobierno estatal actual no ha dado disposición en contrario.
Sin embargo, para el caso de menores que no cuenten con la anuencia de sus padres o tutores, la Corte ordenó al Congreso del Estado que DEFINIERA EL PROCEDIMIENTO CIVIL QUE DEBERÁ SEGUIRSE EN INSTANCIA JUDICIAL PARA QUE DICHOS MENORES RECLAMEN ESTE DERECHO.
La iniciativa que presentamos, respetable lector, lectora, es exclusivamente para proponer, conforme a la sentencia de la Corte, que el PROCEDIMIENTO JUDICIAL A SEGUIR EN ESTOS CASOS SEA EL DE CARÁCTER SUMARIO, contemplado en el código de procedimientos civiles vigente. Esto es y nada más.
Con apego a la verdad: no estamos legislando para que menores de edad puedan cambiar su sexo, lo que tendría que ver con procedimientos quirúrgicos, ni siquiera para que puedan cambiar su género, porque la sentencia de la SCJN ya lo reconoció basada en la interpretación de derechos establecidos en la Constitución Federal y en diversos tratados internacionales (por cierto, tal sentencia votada por unanimidad de las y los ministros que la integraban antes de la elección del Poder Judicial). Solamente estamos enunciando la vía judicial que habrá de seguirse cuando exista negativa de padres o tutores para que sus hijos, hijas menores que lo quieran hacer, cambien su acta de nacimiento.
Ahora sí, como opiniones personales, he de decir lo siguiente:
Siempre he pensado que las personas somos diferentes y que dichas diferencias no pueden ser motivo para la confrontación, el maltrato o la discriminación. Ya lo hicimos a lo largo de la historia por razones de lugar de nacimiento, por condición económica, por color de piel, por pertenencia religiosa, por ideas políticas y hasta por género (hombres contra mujeres). Todas estas posturas han sido luego estigmas de vergüenza de la humanidad entera y hemos aprendido que la mejor manera de convivir es respetarnos, respetando nuestras diferencias.
Pienso, con tantos años de convivir y de observar la conducta adolescente, que pasando la infancia, las y los menores comienzan a definir en materia de identidad de género aquello con lo que se identifican, no como producto de influencia cultural, no como ocurrencia pasajera, no como consecuencia de trastorno o degeneración sexual; más bien como resultado de cierto impulso natural. Así, es posible observar que muchos menores hombres se asumen como hombres, muchas menores mujeres se asumen como mujeres, pero también en algunos casos se observa a menores que se identifican con un género diferente del de su sexo.
Particularmente con estos últimos, observamos que algunos miembros de sus familias, a veces sus compañeros e incluso los maestros, los comienzan a maltratar o a hacer objeto de escarnio, burlas o discriminación. Vemos a padres molestos, a veces violentos, que dirigen a sus hijos toda su ira cuando se enteran de ello, cuando les escuchan hablar, cuando les ven comportarse diferente.
Pienso al respecto que las familias, la escuela y la sociedad deberían asumir una actitud diferente ante esta divergencia. Considero que la actitud de las y los demás hacia estas personas habría de dejar claro que así como son, son bienvenidas y bienvenidos a la comunidad humana. Deberíamos trabajar, como lo hacemos con todas y todos los demás adolescentes, para que participen de una educación sexual integral. Que aprendan a cuidarse y a cuidar a los demás, que aprendan a respetarse y a respetar a los demás.
Hay muchas cosas más que expresar en torno a esta situación. Quizás valga la pena hacerlo, no desde lo que resulte políticamente, si no humanamente conveniente.

Miguel De la Rosa Figueroa

Decir lo que se piensa o lo que quieren escuchar

Desde el 22 de noviembre de 2024 y hasta el día de hoy, el “Operativo Enjambre” diseñado por el gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha detenido a 61 funcionarios públicos presuntamente responsables de cometer diversos delitos. De ellos, 14 se desempeñaban como presidentes municipales y habían obtenido el triunfo postulados por instituciones políticas de todos los colores partidarios: PAN, PRI, PRD, MC, Morena, PT y Verde, más uno perteneciente al Partido Chiapas Unido.
La pluralidad partidaria de los detenidos refleja que la presidenta de México no actúa por consigna política y no encubre a nadie. Con ello manda un mensaje a todos los servidores públicos; la seguridad de las personas, la protección de sus familias, el cuidado de sus bienes, son una prioridad del gobierno federal, y quien atente contra ellos no va a encontrar impunidad ni amparo en el cargo público. El reclamo de la doctora Claudia Sheinbaum ha sido contundente: “Ningún partido político y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse; eso debe quedar muy claro en el país”.
En este contexto, la reciente detención del presidente de Tequila, por instrucción del gobierno federal, ha incentivado en los partidos de oposición, en los pocos funcionarios públicos que aún conservan en algunas entidades y en los medios de comunicación que les son afines, una letanía de acusaciones pretendiendo construir la narrativa de que Morena en su generalidad mantiene pactos con el crimen. Nada más ajeno a la realidad; tanto el gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador y especialmente el de la doctora Claudia Sheinbaum, se distinguen por un esfuerzo evidente, orientado a separar al poder político de cualquier complicidad con la delincuencia organizada.
Evidencia de lo anterior son el número de detenciones, la relevancia de éstas, los materiales, armas, drogas, vehículos asegurados, el dinero confiscado a todos los grupos criminales y no solo a alguno de ellos. Todo esto es por mucho, mayor a los registrados en los sexenios de los partidos de oposición.
No podemos negar que Morena se ha equivocado en la postulación de algunos funcionarios públicos a cargos de elección popular, pero la diferencia sustancial con relación a la oposición es que el propio gobierno federal surgido de Morena, en lugar de voltearse a otro lado o temer al costo político, decide actuar, mientras que en su momento los partidos de oposición que nos antecedieron en el gobierno federal o que gobiernan en las entidades, le han brindado a sus afines completa protección e impunidad.

Operación Enjambre, sin distingo de partidos

Desde el arranque del primer año de gobierno del presidente Donald Trump, en este su segundo mandato, ha llevado al planeta a una delicada crisis por las frecuentes acciones militares, la recurrente imposición unilateral de aranceles, la inhumana persecución de inmigrantes, la represión a las protestas ciudadanas y los múltiples y confrontativos discursos con los que pretende imponer su voluntad, afuera y dentro de su territorio.
México, especialmente, ha padecido sus intemperancias y las ha tenido que sumar a las tradicionales complejidades existentes en su relación con EU. Incluso los acuerdos formalmente suscritos entre ambos países, en estos tiempos han vivido su angustia y puesto en riesgo su observancia y continuidad por los espontáneos arranques de superioridad del vecino del norte.
Sin embargo, aún en ese marco de autoritarismo que distingue al ejecutivo estadounidense, nuestra Nación ha logrado sostener una relación respetuosa y, salvo en algunos temas arancelarios y discursivos, la actual vinculación económica incluso nos ha resultado positiva (aumentamos las exportaciones a EU en un 7% el año pasado).
¿Qué ha determinado este cambio de paradigma, de relaciones de sometimiento a relaciones de entendimiento y de beneficio mutuo? La Doctora Claudia Sheinbaum lo sintetiza en una clara premisa: cooperación sí, subordinación no.
México ya no es la Nación vulnerable de otras épocas. Frente a las amenazas utilizadas como instrumento político, nuestro país responde desde una posición de fortaleza moral, política y económica: el gobierno de la Doctora Claudia Sheinbaum tiene una legitimidad social que rebasa el 80%, lo que se traduce en poder político para negociar; además, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, le aportamos a su economía insumos, recursos, productos y servicios indispensables para sus propios procesos productivos, para la satisfacción de sus necesidades de mercado interno y para su competitividad en el exterior. Hay una interdependencia económica real que obliga a ambas naciones a actuar colaborativamente.
Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con el presidente Trump, en la que se abordaron temas centrales para ambos países, entre ellos el futuro del T-MEC. El diálogo fue directo, respetuoso y orientado a dar seguimiento puntual a los acuerdos. Esta relación demuestra una nueva forma de ejercer la política exterior: firme en los principios, pero abierta a la coordinación.
En temas sensibles, México ha dejado claro su posicionamiento. En materia de agua, el reciente acuerdo sobre el Río Bravo muestra que es posible cumplir compromisos internacionales sin poner en riesgo la viabilidad de nuestros productores y comunidades. En seguridad, México hace su parte para frenar el tráfico de fentanilo, pero exige corresponsabilidad de Estados Unidos para detener el flujo ilegal de armas que tanto daño causan a nuestro pueblo.
La conducción de la presidenta Sheinbaum no sólo ha generado estabilidad y certidumbre; es una líder reconocida a nivel internacional. El propio presidente Trump ha destacado la capacidad, inteligencia y firmeza de la mandataria mexicana. La relación con Estados Unidos es compleja, sí, pero por primera vez en décadas se construye desde el respeto mutuo, la soberanía y el bienestar de nuestro pueblo.

Una líder maravillosa

Antes fue el dengue y ahora el sarampión. Los casos de estos problemas de salud, que colocan a Jalisco en el primer lugar nacional, reflejan el descuido que las autoridades locales han tenido en la política de salud implementada, la cual sigue causando perjuicios en la salud de la población.
De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades locales, Jalisco registra una tasa de 7.54 casos de sarampión por cada 100 mil habitantes, la más alta a nivel nacional. Esta situación nos coloca frente a una clara fase de alerta sanitaria, ante la cual la Organización Panamericana de la Salud incluso ha sugerido retirar a México el estatus de país libre de sarampión.
Durante 2025 y 2026 se han confirmado mil 344 casos y ya se registran dos defunciones por esta enfermedad. Hasta hoy, 38 municipios reportan personas afectadas por este problema de salud. A ello se suman los riesgos sanitarios a los que podría exponerse la población de Jalisco al ser sede mundialista.
Jalisco enfrenta nuevamente una crisis de salud pública. Resulta urgente que la política estatal se involucre de manera decidida en su atención, garantizando la aplicación de la vacuna en todos los espacios posibles y reforzando los servicios médicos de primer contacto. Actualmente, numerosas unidades de salud operan con carencias severas, como la falta de personal y la escasez de insumos básicos, incluida la ausencia de jeringas para la vacunación, lo que evidencia una problemática estructural en el sistema de salud estatal.
Debe ser prioritaria la coordinación entre las secretarías involucradas para asegurar que la vacunación se lleve a cabo en los planteles educativos, principalmente en los de educación básica, siempre previa autorización de madres y padres de familia. La prevención no puede seguir siendo postergada ni tratada como un asunto secundario.
Esta crisis sanitaria se debe, en gran parte, a que las autoridades locales continúan empecinadas en una postura separatista, al negarse a coordinarse con la Federación tanto en las medidas de prevención sanitaria como en la prestación de los servicios de salud en general. Esta actitud pone en riesgo el derecho a la salud de millones de jaliscienses, al anteponer diferencias políticas a las necesidades urgentes de la población.
Es momento de reconocer que la incorporación de Jalisco al IMSS Bienestar es urgente e inaplazable. Esta medida fortalecería de manera decisiva el sistema de atención para quienes no cuentan con ningún régimen de seguridad social. Jalisco merece, exige y tiene derecho a recibir servicios de salud con los más altos estándares de calidad, cobertura y atención; la política estatal no puede seguir retrasando decisiones que afectan la vida y bienestar de la población.

Sarampión sube, gobierno de Jalisco baja

Hace unos días un medio de comunicación local publicó una nota en donde señala que la Contraloría del Estado encontró que en el año 2023 el Gobierno de Jalisco compró a la empresa “Forticus Tech” 8 mil 603 computadoras a un sobreprecio del 200%. Con relación a ese contrato, el gobierno erogó 99.7 millones de pesos, es decir 9 mil 995 por equipo. Si el sobre precio fue del 200% en esta adquisición, significa que el gobierno de Alfaro pagó indebidamente en exceso, más de 66 millones de pesos.
La misma nota periodística da cuenta que en el año 2024 el gobierno de Alfaro le hizo dos compras más a la misma empresa: En la primera adquirió 6 mil 40 computadoras y pagó por ellas 59.7 millones de pesos, cuyo valor unitario fue de 9 mil 897 pesos. En la segunda compra adquirió 8 mil 625 computadoras por un costo de 86.1 millones de pesos, es decir a un precio de 9 mil 998 pesos por equipo. Se desconoce si ambos contratos del 2024 están siendo investigados por la Contraloría estatal.
La intervención de la Contraloría en la compra de computadoras en el 2023 fue por exigencia de distintos empresarios quienes se quejaron de que en la licitación hubo participantes que ofertaron los mismos equipos hasta en 3 mil 100 pesos.
Hay elementos suficientes para estimar que no solo en la primera adquisición sino en las dos siguientes, el sobreprecio ronda el 200%. Entonces, si en total se adquirieron 23 mil 268 equipos y se pagaron por ellos 245.5 millones de pesos, significa que el gobierno de Alfaro, en lugar de pagar 245.5 millones de pesos, debió pagar solo 81.8 millones. Esto presume un menoscabo de 163.7 millones de pesos del erario.
Un caso más de corrupción identificado por la Contraloría en el gobierno de Alfaro, es el de los 150 millones de pesos que se observaron porque se quisieron justificar como compra de gasolina para patrullas que estaban descontinuadas e inservibles.
Considere la ciudadanía, 163.7 millones de pesos del sobreprecio de las computadoras, más 150 millones de pesos de la falsa compra de gasolina. En suma 313.7 millones de pesos perdidos por estos actos de corrupción. ¿Cuántas escuelas, centros de salud, unidades deportivas, ambulancias o patrullas no se adquirieron? ¿Cuántas maestras, maestros, médicos, policías no se contrataron por este desfalco? ¿Cuántas calles se quedaron sin alumbrado, sin empedrado, cuántas viviendas sin agua o drenaje? ¿Quiénes están disfrutando con lo anterior, quiénes han perdido por ello?

Paremos la corrupción

Jalisco requiere transitar a la recuperación del transporte público, servicio que debe quedar en manos del Estado, subsidiado para facilitar el acceso a toda la población y no se beneficie solo al concesionario como actualmente sucede.
En nuestra opinión, debe privilegiarse un transporte que circule con rutas eficientemente articuladas por donde las personas más lo demandan, como son las zonas de difícil acceso y alejadas de la mancha urbana.
La movilidad hoy en día es uno de los retos más relevantes para las grandes urbes, al ser un eje estratégico para construir ciudades conectadas, equitativas y sostenibles.
En este contexto, la Ciudad de México destaca por haber consolidado un modelo de transporte público integral y eficientemente articulado, donde la inversión sostenida ha permitido no solo responder a la demanda urbana, sino también impulsar el desarrollo económico, reducir desigualdades y fortalecer la cohesión social.
Ejemplos los hay, como el caso de Alcaldía de Iztapalapa, donde a partir del gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo se instaló el Trolebús Elevado que disminuyó los tiempos de traslado, con un costo accesible al pasajero.
Otro modelo de movilidad que ha dado excelentes resultados es el sistema de Cablebús, modelo que se ha instalado hacia las zonas urbanas periféricas con carencias de servicios públicos y en donde se asientan familias con menores ingresos.
Algo para destacar es la gratuidad del servicio de transporte para personas de 70 años y más, personas con discapacidad y menores de 5 años. Esto es el enfoque social del movimiento, desde la lógica que primero son los pobres y los grupos vulnerables.
El caso de la Ciudad de México muestra la importancia de colocar a las personas usuarias en el centro de las políticas de movilidad, apostando por sistemas integrados, accesibles y asequibles, como base de una visión de ciudad moderna, incluyente y orientada al futuro.
En Jalisco deberíamos seguir el ejemplo de la Ciudad de México y garantizar un servicio digno, accesible, articulado y multimodal para no afectar la economía familiar, seguro y eficiente para las o los usuarios, pero además sustentable. Jalisco demanda un transporte moderno y con visión de futuro.

Transitemos a la recuperación del transporte público

Por desgracia, los tiempos actuales han puesto de manifiesto que en las relaciones entre naciones, las potencias rigen su actuar por la ley del más fuerte. Conforme a ella, Rusia por medio de la guerra, pretende despojar a Ucrania de una parte de su territorio y recientemente EU, valiéndose de su superioridad militar capturó a Nicolás Maduro para incidir en el petróleo de aquel país.
No conforme con lo anterior, el actual presidente Donald Trump ha insistido en la cesión de  Groenlandia en favor de EU, desafiando a Dinamarca, y recordemos también sus comentarios sobre la propuesta de integrar a Canadá como un estado más de la Unión Americana.
Trump, además, se ha manifestado por el retorno de la doctrina Monroe, asumiéndose con derechos para decidir por encima de las soberanías de los países latinoamericanos. Sin moderación alguna presiona, amenaza a gobiernos y pueblos para que hagan o dejen de hacer lo que él ha decidido para ellos.
México por su vecindad, integración económica y clara desventaja, tiene que lidiar con un vecino abusivo que nos despierta con la noticia de nuevos e ilegales aranceles y nos acuesta con la amenaza de intervenirnos.
No caben las convenciones, el derecho ni los organismos internacionales, América Latina y México enfrentan el acoso del presidente de una potencia que no respeta los límites de la soberanía, la civilidad política y el orden jurídico.
Dicen que estamos regresando a la etapa primitiva de la política internacional, donde el contrato social entre estados no existía y prevalecía la razón de la fuerza, una condición de permanente angustia y completa incertidumbre.
¿Qué hacer frente a esta preocupante realidad?
La parte esencial de la respuesta es la unidad nacional; tener la capacidad de identificar que, independientemente de las diferencias internas, del grado y del tipo que sean, nadie que se asuma de nacionalidad mexicana puede pensar en respaldar el interés de otro Estado en perjuicio del propio, salvo que quiera rayar en traición y caminar así al basurero de la historia.
Ante una circunstancia como la actual, no puede escatimarse el apoyo a la postura de la presidenta de México, Doctora Claudia Sheinbaum, frente al actuar del gobierno de nuestro vecino del Norte; México ofrece colaboración pero no subordinación y rechaza cualquier intento de intervención en los asuntos nacionales.
La Unidad con el posicionamiento digno de la presidenta de México no representa de la oposición una concesión ni favor al gobierno actual, constituye un imperativo cívico irrenunciable; cuando Peña Nieto enfrentó los embates del primer periodo presidencial de Trump, Andrés Manuel López Obrador sin dudarlo le manifestó su respaldo en la defensa de los intereses de México. Vaya que había profundas diferencias con Peña Nieto, pero el interés superior de la Nación nunca podría regatearse por un hombre de profunda convicción patriótica como Andrés Manuel.
No se equivoque la oposición, ante una potencia que amaga a nuestro país, la Unidad no es una opción, es la única respuesta digna.

Ante la ley del más fuerte, la Unidad

Hace unos días el gobierno del Estado, surgido de Movimiento Ciudadano, le trajo a la ciudadanía un mal regalo: Autorizó el alza a la tarifa del transporte público, de 9.50 a 14 pesos, la cual comenzará a aplicar en el mes de abril del 2026. Posteriormente el gobernador publicó un video donde manifestó que otorgaría un subsidio de 3 pesos para que las y los usuarios paguen únicamente 11 de los 14 pesos del futuro costo del pasaje, asignando para ello una bolsa de mil 200 millones de pesos que se estarían dispersando mediante una tarjeta llamada  “Al estilo Jalisco“.
El gobernador no precisó que los mil 200 millones de pesos se tomarán del presupuesto público, es decir que será la ciudadanía y no él, quienes estarán subsidiando los 3 pesos de cada abordaje.
Por cierto, casi el total de los mil 200 millones están contemplados en el presupuesto aprobado para el 2026, en dos partidas, una de la Secretaría de Asistencia, denominada “apoyo al transporte” por 159 millones 267 mil 100 pesos y otra de la Secretaría de la Hacienda Pública registrada como “Apoyo a las personas usuarias y modernización del transporte público”, por 966 millones 766 mil 185 pesos. Lo anterior evidencia que el gobierno del Estado ya tenía previsto el aumento a la tarifa y reservó mil 126 millones 33 mil 285 pesos para costear el subsidio.
La tarjeta en la que las y los usuarios recibirán los recursos del subsidio será de color naranja, igual que el color distintivo del partido Movimiento Ciudadano. Así, MC por un lado descalabra a la ciudadanía autorizando el aumento al transporte y posteriormente se hace publicidad política con el subsidio financiado con el erario.
En contraprestación al aumento, las y los usuarios no han escuchado de parte del gobierno ni de los transportistas ningún compromiso sobre la mejora del servicio; no han dicho si abrirán nuevas rutas para atender a las colonias que no cuentan con el transporte público; si integrarán más unidades para aumentar la frecuencia de paso y consecuentemente bajar el tiempo de espera y la saturación de pasajeros; si sustituirán las unidades que ya son obsoletas o inseguras; si circularán después de las 9:00 de la noche y en itinerario completo; si equiparán las unidades para que sean incluyentes para personas con discapacidad; si habilitarán paradas con bancas y techado; si mejorarán la percepción salarial y prestacional de las y los choferes, entre otras necesidades. No hay un solo compromiso hasta este momento que haga pensar que el transporte público va a mejorar su servicio a partir del incremento de la tarifa.
El PRI, el PAN y MC han limitado la participación del Estado en el transporte público y gran parte del servicio lo han concesionado a particulares, además se han adjudicado en forma directa o indirecta a través de familiares y amigos, muchas de las autorizaciones para operar rutas. Por eso se complica la toma de decisiones en materia de transporte público, porque la lógica de la autoridad no es la de poder garante o ya de menos agente neutro que medie entre la población usuaria y los transportistas, sino que los funcionarios en su carácter de concesionarios, actúan más en favor de sus intereses económicos que en representación de los intereses de la ciudadanía.
Hace falta cambiar el transporte público, la gente merece un mejor servicio. Actualmente es inexistente en muchas zonas y a la población usuaria no le queda otra que utilizar mototaxis inseguros, autos particulares que funcionan como unidades irregulares de transporte o contratar taxis o autos de plataforma representando todo ello mayor gasto. Varias de las rutas que sí operan el  servicio lo hacen con deficiencia, tardan en pasar y a primeras horas de la noche dejan de circular. Hay así un completo abandono a la población usuaria de transporte público de parte de la autoridad. Hace falta una perspectiva diferente, una que ponga las necesidades de las personas en el centro de las decisiones, una que procure que el mejor transporte público  lo reciban todos, especialmente las zonas más pobres, un transporte que les permita moverse con mayor eficiencia, rapidez y seguridad, para que al agobio del trabajo no sumen las y los trabajadores el agobio de los traslados en el transporte. Para que puedan ahorrar tiempo y dinero con transporte de calidad y a bajo costo, y dispongan de más tiempo y más recursos para sus familias.

El mal regalo de MC a la ciudadanía

Juan Pablo Colín

“La paz de Jalisco no es negociable”

José Manuel Romo Parra

Carta de amor a Tapalpa

Staff quiero tv

Mi pecho no es bodega

Jonás

Apoyo económico a las víctimas

Arturo Garibay

“El caballero de los Siete Reinos”: Luchar desde la ternura

Haciendo memoria de aquella expresión de Rafael Inclán sobre la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia de México: “Vamos a tener una ama de casa por 6 años”, resulta propicio en estos tiempos recordar también la respuesta que le dio ella a tan desafortunado comentario: “A mucho orgullo soy ama de casa, mamá, abuela y Comandanta Suprema de las fuerzas armadas por decisión del pueblo de México”.
No cabe duda, la doctora Claudia Sheinbaum, además de las otras facetas de su vida personal y familiar, aparte de ser una científica destacada, es una probada Comandanta de las fuerzas armadas. Atrás quedaron los malos augurios de que por ser mujer no podría con el encargo, que le daría miedo enfrentar a la delincuencia. O aquellos prejuicios de que las instituciones castrenses y de seguridad federales, habituadas al liderazgo de los varones, no atenderían la instrucción de una mujer.
A la doctora no le han faltado arrestos para tomar decisiones cuando el propósito ha sido garantizar la seguridad y recuperar la paz de las y los mexicanos, y las instituciones de fuerza del Estado no le han escatimado obediencia y disciplina a la mujer a quien el pueblo le otorgó el mando.
Falta mucho por hacer en materia de seguridad, pero la inmensa mayoría reconocemos y tenemos confianza; hay Presidenta, la fuerza del Estado es disciplinada a su liderazgo y esta misma fuerza es por mucho, mayor a cualquier otra que ejerza cualquier grupo del crimen organizado.
Desafortunadamente, en el ejercicio del poder del Estado para enfrentar la criminalidad se han perdido vidas; es de lamentarse profundamente la muerte de las y los integrantes de la Guardia Nacional, del Ejército y de las instituciones de seguridad locales y municipales que han dado lo más preciado por todas y todos nosotros.
Arrastramos décadas de marginación y exclusión social; han de seguirse atendiendo estas desigualdades porque son el caldo de cultivo de la inseguridad. Se deben seguir fortaleciendo  las instituciones  de seguridad como lo es la Guardia Nacional, capacitarla, equiparla y hacerla impenetrable a la corrupción. Ha de continuarse con la incorporación de nuevas tecnologías y métodos de investigación y persecución del delito, mejores sistemas de inteligencia focalizados al seguimiento de las actividades delictivas. Continuar con la coordinación entre el gobierno federal, las entidades y los municipios, hacer de la tarea de prevención, persecución y sanción de la actividad criminal una labor concurrente.
En este ambiente, con estos desafíos, también debemos retomar lo más posible nuestras labores cotidianas. Con la previsión debida seguir estudiando, trabajando, gobernando, comercializando y emprendiendo para engrandecer a México y vencer a aquellos que pretenden destruirlo.

Ama de casa y Comandanta Suprema