Grecia impulsa una ley para prohibir redes sociales a menores de 15 años mediante la app estatal “Kids Wallet”, que sería obligatoria y supervisada incluso en escuelas, desatando debate sobre control digital y libertades.

El Gobierno de Grecia encendió el debate en Europa al anunciar que impulsará una ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años mediante un sistema estatal obligatorio. La iniciativa será presentada ante el Parlamento a inicios de marzo y, de avanzar como se prevé, podría aprobarse a mediados del mismo mes.
La propuesta cuenta con el respaldo de la mayoría absoluta del partido gobernante Nueva Democracia, encabezado por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis.
El eje del proyecto es la aplicación estatal Kids Wallet, una herramienta digital que ya funciona en el país y que actualmente permite a madres y padres supervisar la actividad en línea de sus hijos y bloquear determinados sitios web.
Además, el sistema se utiliza para impedir la compra de tabaco o alcohol por parte de menores, mediante un código de barras que valida la edad del usuario.
Con la nueva legislación, la aplicación dejaría de ser voluntaria y pasaría a ser obligatoria. Según explicó Nikos Vasilakos, especialista del Departamento contra Crímenes Electrónicos de la Policía griega, la app operaría prácticamente como una extensión de la ley.
Los padres deberán instalarla en los dispositivos móviles de sus hijos menores de 15 años y vincularla a través de la plataforma estatal gov.gr.
El plan no se limitará al ámbito familiar. También contempla inspecciones en centros educativos: los estudiantes deberán mostrar sus teléfonos para comprobar que la aplicación está activa.
La iniciativa incluye filtros para bloquear portales de apuestas, sitios de citas y contenidos sexuales. El objetivo, según el Ejecutivo, es cerrar cualquier margen de evasión y asegurar que la restricción se cumpla sin excepciones.
Aunque el oficialismo tiene los votos para sacar adelante la reforma, la medida ya genera cuestionamientos. Algunos sectores advierten posibles impugnaciones legales por presuntas afectaciones a la libertad de expresión y a la autonomía de las familias.
El debate jurídico y social apenas comienza. Mientras tanto, el Gobierno griego avanza con la intención de convertir esta regulación digital en una política de Estado que podría marcar precedente en la región.