El escenario no podría ser más complejo: Claudia Sheinbaum gobierna en un juego de equilibrio entre las tensiones externas del hombre más poderoso del planeta y las internas del líder fundador del movimiento que la postuló; una díada de “machos alfa” -Trump y AMLO- a la que habría que sumar al considerado como el delincuente más peligroso del mundo. Este último, a quien no pudieron capturar ni Calderón ni Peña, y al que López Obrador ni siquiera intentó detener, murió durante su captura.
Es esclarecedor comparar este momento con los “quinazos” del pasado. Carlos Salinas encarceló a un líder petrolero que había osado apoyar la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas; Peña Nieto hizo lo propio con Elba Esther Gordillo para dejar claro que nadie estaba por encima del Ejecutivo tras la laxitud panista. Pero el “quinazo” de Sheinbaum no es contra un dirigente sindical y adversario político.
Esta captura representa el rompimiento simbólico definitivo con el arreglo anterior. Si la política de “abrazos, no balazos” fue una estrategia de pacificación fallida o —como ha pretendido documentar Anabel Hernández— una complicidad criminal a cambio de apoyo electoral y financiamiento, hoy ese pacto está muerto. Incluso si esta decisión responde a presiones de Trump, revela un pragmatismo que, para salvaguardar la soberanía frente a la amenaza de una intervención estadounidense en suelo mexicano, no duda en priorizar el interés superior de la Nación por encima de una mal entendida lealtad al pasado. Basta observar lo ocurrido en Venezuela e Irán para apreciarlo.
En este contexto, cabe la posibilidad de que la insistencia de Sheinbaum en la reforma electoral de alguna manera sea un intento suyo de compensar ante el patriarca del movimiento el abandono parcial de su política, aunque en el discurso insista que no hay tal. Ella cumple con enviar la iniciativa al Congreso; que sean los aliados quienes le digan no al Plan C de AMLO.
En lo local, Pablo Lemus hace lo propio en su particular juego de equilibrio. La relación entre Sheinbaum y el gobernador ha pasado del hielo al inicio del mandato de ambos -y el recelo vigente incluso durante la reciente detención del alcalde de Tequila-, a un reconocimiento personal de la presidenta por su forma de enfrentar el momento más difícil que ha vivido Jalisco en los últimos años. Así lo dejan ver las llamadas directas que desde el mismo domingo ha sostenido la presidenta con el mandatario jalisciense.
En contraposición, Lemus enfrenta a un bloque opositor en el Congreso, donde Morena y un sector del PAN han tejido una alianza contra natura sin sustento ideológico con el único propósito de desgastarlo. Ya antes él había trazado su propia línea de discontinuidad con el gobierno estatal anterior en un tema tan sensible como la desaparición forzada; también ha marcado distancia con la política de confrontación que su antecesor sostuvo en sus primeros años con el entonces presidente López Obrador. De hecho, la decisión de Enrique Alfaro de no asumir el costo político de actualizar los costos de operación del transporte público es ahora la principal bandera de la oposición en ese esfuerzo de golpeteo al gobierno de Lemus.
Jalisco, sede del cártel de mayor expansión territorial y próximo anfitrión del Mundial, es el espejo del desafío nacional. Sin obviar el reto a la seguridad, el gobernador deberá liderar la vuelta a la normalidad en un estado que estos días ha sido foco de atención internacional por razones indeseadas, y que espera volver a serlo en unos meses bajo una luz mucho más favorecedora.
En todo caso, después del domingo 22 de febrero a nadie debería quedarle duda: no hay hilos manejados a distancia desde Palenque. El mensaje es nítido: hay Presidenta en Palacio Nacional.