Reforma a medias

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó su iniciativa de reforma electoral con un discurso atractivo: austeridad, representación directa y fin de las listas plurinominales en el Senado que —según el oficialismo— han servido a las cúpulas partidistas. Sin embargo, en el terreno político real, la propuesta ya muestra señales de que no llegará intacta al Diario Oficial. Esta vez, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados habituales de Morena, no están dispuestos a acompañar todos los cambios. Y eso altera la aritmética legislativa.

La eliminación de los plurinominales en el Senado —quizá el punto más polémico— difícilmente prosperará. Reducir la Cámara alta a 96 escaños, sin representación proporcional, implica abrir la puerta a una sobrerrepresentación automática del partido dominante en los Estados. El PT y el Verde, que han sobrevivido en buena medida gracias a los espacios de lista, saben que esa cirugía podría significar su propia marginalidad futura. Por primera vez, el bloque oficialista no votará en automático.

Tampoco parece viable la reducción del financiamiento a los partidos en los términos planteados. Aunque el discurso de austeridad conecta con el ánimo ciudadano, ningún instituto político quiere amputarse recursos en un contexto de competencia intensa. El recorte del 25% al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y a las prerrogativas partidistas se topará con resistencias internas. No solo por razones presupuestales, sino por el temor de debilitar la operación territorial y la fiscalización.

Lo demás, en cambio, sí avanzará. Ajustes salariales en organismos electorales, reducción de regidores en Ayuntamientos, nuevas reglas para propaganda digital y prohibición de aportaciones en efectivo son temas con menor costo político. También la eliminación de la reelección inmediata a partir de 2030 y la prohibición del nepotismo cuentan con respaldo transversal. Son banderas populares que ningún partido quiere aparecer rechazando.

Paradójicamente, en medio del debate sobre la representación y dinero, el gran ausente es el tema más urgente: los candados contra la infiltración del crimen organizado en las candidaturas. En un país donde los procesos electorales han sido vulnerados por el financiamiento ilícito, la intimidación y la cooptación de aspirantes, la reforma no plantea filtros robustos, mecanismos de verificación patrimonial más estrictos ni controles de inteligencia que anticipen riesgos.

Se habla de austeridad, pero no de blindaje. Se discute la arquitectura del Senado, pero no la vulnerabilidad de los municipios y Estados capturados por los poderes fácticos. Se propone mayor coordinación financiera, sí, pero no un sistema preventivo que impida que perfiles con vínculos criminales lleguen siquiera a la boleta.

El resultado previsible es una reforma descafeinada: sin la eliminación total de plurinominales en el Senado, sin tijeretazos profundos a los partidos, pero con ajustes administrativos y simbólicos, que permitirán al oficialismo reivindicar cambios. La alianza legislativa ya no es monolítica. Y en esa fisura, la reforma perderá filo.

El debate apenas comienza, pero todo indica que el rediseño electoral será más moderado de lo anunciado. Mucho ruido, menos transformación.