Staff quiero tv

Las autoridades estatales continuarán con los operativos de seguridad en la zona de Pueblo Quieto, en el municipio de Guadalajara, además de intensificar las acciones contra las máquinas tragamonedas, informó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
Lo anterior, luego del operativo realizado el pasado 4 de mayo en dicha comunidad, donde autoridades aseguraron armas de fuego, dosis de droga y diversas máquinas tragamonedas.
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El mandatario estatal señaló que estos dispositivos de seguridad continuarán en coordinación con fuerzas federales y estarán enfocados principalmente en combatir la operación de este tipo de máquinas, las cuales, aseguró, representan una fuente de financiamiento para grupos delictivos.
<blockquote>“Estos operativos van a seguir en Pueblo Quieto y en todo el estado de Jalisco, porque todos sabemos que el usufructo de esas máquinas tragamonedas va directamente a grupos delincuenciales. Tenemos que acabar con el tema”, declaró el gobernador.</blockquote>
Asimismo, Lemus Navarro adelantó que el Gobierno estatal analiza enviar una nueva iniciativa al Congreso de Jalisco para sancionar a propietarios o establecimientos que permitan el uso de juegos de azar a menores de edad.
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El gobernador indicó que esta propuesta buscará reforzar las medidas de protección a niñas, niños y adolescentes, además de fortalecer la regulación de los llamados “minicasinos”.
<blockquote>“Queremos enviar una nueva iniciativa al Congreso del Estado para penalizar a cualquier establecimiento o propietario que permita el uso de juegos de azar para menores de edad”, agregó.</blockquote>
Además, explicó que continuarán promoviendo que los municipios firmen convenios de intervención de minicasinos con la Policía del Estado, con el objetivo de otorgar mayores facultades a los elementos de seguridad para intervenir este tipo de espacios.
Finalmente, ante los reportes de vecinos de colonias cercanas como Colonia del Fresno, quienes señalaron que algunas personas desalojadas de Pueblo Quieto comenzaron a ocupar viviendas abandonadas, el gobernador aseguró que se mantendrán los patrullajes en la zona y se brindará apoyo social mediante el Sistema DIF Jalisco a quienes habiten de manera irregular en el lugar.

El mandatario estatal señaló que estos dispositivos de seguridad continuarán en coordinación con fuerzas federales

Pueblo Quieto: Autoridades mantienen operativos en la zona

Jonás

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Finalmente, se pronunció Donald Trump sobre la crisis entre México y Estados Unidos por los dos motivos más conocidos de los últimos días: la muerte de dos agentes de la CIA que participaban en un operativo contra el narcotráfico en Chihuahua, y las denuncias de una corte de Nueva York por tráfico de drogas y otros delitos, contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el senador Enrique Inzunza, además de otros siete servidores públicos.
Su expresión fue contundente y como era de esperarse, amenazante: “Si México no hace su trabajo, nosotros lo haremos”. 
¿De qué está hablando el presidente estadounidense? ¿Presencia de elementos militares o de agencias gubernamentales en territorio mexicano? ¿Uso de tecnología militar, como drones, a distancia? ¿Ataques directos en nuestro territorio?
Trump eleva el nivel de la alerta y obliga al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a salir del ciclo de declaraciones de confrontación en que hemos caído desde el fin de semana pasado.
Todavía ayer en su rueda de prensa mañanera, la presidenta renovó su exigencia de pruebas para sustentar las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y el resto de los involucrados. Pero además, incrementó el nivel de roces mediáticos con otras fuerzas políticas, porque arremetió contra el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, a quien condenó por ser parte parte del “cártel inmobiliario”.
Y mientras tanto, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, lleva un par de días en la misma dinámica: condena a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y la señala como mentirosa y traidora.
Esta dinámica, hay que subrayarlo, no nos conduce a ningún lado. 
El único que como integrante del gabinete federal nos da un mensaje con más luz, es el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien anuncia que el caso Rocha Moya no va a interferir en la revisión del T-MEC, que está por iniciar. Es difícil creerle al secretario, pero cuando menos sirve como ejemplo a otros actores públicos de primer nivel que están empeñados en la narrativa de la confrontación.
Además, entre los discursos de la presidenta, de la nueva dirigente de Morena o de los actores políticos que se oponen a la postura estadounidense, no hay propuestas concretas de solución a una problemática real: la delincuencia organizada está infiltrada en el ejercicio de gobierno.
¿Qué se propone para modificar esa realidad? Estamos a la espera.

Lo haremos nosotros: Trump

ENTONCES, ¿REFORMA PARA CANDIDATURAS?
Desde que “reventó” el caso de Rubén Rocha Moya y en el Consejo Nacional de Morena la nueva presidenta nacional, Ariadna Montiel, anunció que pondrían reglas para evitar candidaturas de personas sospechosas de corrupción, las declaraciones aumentaron por toneladas, pero las reglas claras no aparecen por ningún lado. Por eso llamó la atención el anunció del Comité Estatal del PAN en Jalisco y su diputado coordinador en el Congreso estatal, Julio Hurtado: una iniciativa para reformar el Código Electoral de Jalisco y la Constitución estatal, a fin de que candidatos y candidatas presenten cartas de antecedentes penales, exámenes toxicológicos y de control y confianza. Pero hay poco tiempo: la reforma debe ser aprobada antes de que acabe mayo, pero parece que esta semana, otra vez, no habrá sesión del pleno del Congreso estatal. Sin prejuzgar, pero parece que se trata sólo del discurso de los buenos deseos sin hechos concretos.
SE ESTRENÓ LA PRESIDENTA DEL CONGRESO
En este tema, la nueva presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Alondra Fausto de León, se pronunció a favor de una reforma que exija nuevos “candados” y exigencias para quienes aspiren a candidaturas en la elección de 2027, aunque claro, sólo manifestó su aceptación a revisar y aprobar reformas, pero en el PRI, su partido, lo más claro que ha sucedido en esta materia es exigir que le quiten el registro de partido político a Morena por el caso de Rubén Rocha Moya… o sea, casi nada. En el Congreso estatal, la diputada Alondra Fausto es presidenta, pero quienes deciden qué reformas se abordan y cuándo, son los coordinadores. Así que “la voz cantante” la sigue teniendo la diputada María del Refugio “Cuquis” Camarena, que según nos enteramos, ya analiza su futuro inmediato como candidata a otro cargo electoral, de manera que no estará muy interesada en hacer más difíciles las candidaturas.
¿TONANTZIN APOYA A “CHEMA” O VICEVERSA?
El regidor de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, José María “Chema” Martínez, encabezó una reunión con estudiantes y académicos en la Universidad de Guadalajara para presentar sus análisis sobre las consecuencias de la organización del torneo mundialista de futbol que inicia en junio próximo. En su ponencia argumentó que hay varios aspectos que perjudican a los sectores más desprotegidos de la comunidad, entre otros puntos. En la ponencia lo acompañó la diputada estatal de Futuro, Tonantzin Cárdenas, quien evidentemente manifestó sus críticas y visiones contrarias a la organización de la justa deportiva. Lo que ya no se supo es si la diputada apoya los intereses del regidor morenista o él está en un acuerdo político para apoyar a Tonantzin Cárdenas, que pronto se quedará sin ninguna representación política porque hasta su partido, Futuro, ya no existe.

Mi pecho no es bodega

Hiram Espinoza de los Monteros

En México, pedir licencia nunca es un acto menor. Mucho menos cuando quien se separa del cargo es el gobernador de un Estado marcado históricamente por la violencia del narcotráfico y lo hace en medio de señalamientos surgidos desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos criminales.
Rubén Rocha Moya dejó temporalmente el gobierno de Sinaloa y, aunque jurídicamente eso no representa una admisión de culpabilidad, políticamente sí representa algo: la crisis ya era demasiado grande para seguir gobernando como si nada ocurriera.
En realidad, el problema no es únicamente Rocha Moya, sino lo que revela el episodio completo. Un gobernador bajo sospecha, un partido buscando cómo contener el costo político, una oposición hablando de narcopolítica y un país que, más que sorprenderse, parece haber desarrollado cierta resignación frente a este tipo de noticias.
Un señalamiento de este tamaño ha provocado conferencias, posicionamientos, hashtags y discusiones partidistas… pero no verdadero asombro. Y eso habla de una crisis sostenida durante sexenios, a veces más tenue y otras —como ésta— mucho más visible.
Desde Jalisco esa conversación no resulta lejana.
Ahí están los hallazgos y operaciones criminales descubiertas en municipios como Teuchitlán, pero también la violencia que ha alcanzado a funcionarios públicos en distintas regiones del Estado. Tan solo en los últimos meses, Jalisco ha visto el asesinato de regidores en municipios del interior, incluidos los casos de Teocaltiche, donde además la disputa criminal se volvió imposible de ignorar.
De modo que el problema no comienza con una acusación internacional. Comienza mucho antes: cuando regiones completas viven bajo presión criminal, cuando autoridades locales son asesinadas y cuando la violencia está integrada al paisaje cotidiano.
La licencia no resuelve las acusaciones. No elimina las dudas. Lo único que confirma es que ya no se puede seguir administrando el tema desde la normalidad.
Y ahí está lo verdaderamente preocupante: en México ya no discutimos si existe infiltración criminal en la política. Discutimos cuánto de ella estamos dispuestos a tolerar antes de reaccionar.

Hiram Espinoza

La licencia

Gloria Ramos

No es casualidad lo conseguido por Guillermo Cortés Labastida, una hazaña que quedará grabada en Uzbekistán: un niño de 16 años que jamás imaginó que marcaría un antes y un después en su carrera deportiva este 2026.
Triple campeón del mundo, eso es lo que hoy es &#8220;Kato&#8221;, el seleccionado nacional de taekwondo que llegaba a este campeonato con una meta: hacer historia. El jalisciense sabía que era el momento después de la dura preparación que tuvo, de los sacrificios que hizo, de perfeccionar cada golpe, de estar preparado mental y físicamente.
Detrás de él estaba el apoyo de su familia, de sus amigos, de las personas que saben lo que costó este título, que saben lo que trabajo &#8220;Kato&#8221; para conseguirlo.
Pero su historia tenía un antecedente: Sofía 2022.
Guillermo se proclamó campeón del mundo en la modalidad de cadete; llegaba el 2023 y &#8220;Kato&#8221; en Sarajevo, marcó otro hito al convertirse en bicampeón, y ahora en Uzbekistán sería triple campeón del mundo figurando entre los cinco mejores representantes del taekwondo mexicano.
Se le preguntó a &#8220;Kato&#8221; si ya dimensionó esta hazaña y con la sencillez que lo caracteriza, simplemente sonrió un poco, quizás por los nervios, pero contestó muy claro: “Aún no lo creo”.
“Kato” ya fue campeón del mundo, ahora va por un título olímpico.

“Kato” hace historia

Miguel De La Rosa Figueroa

• Verdad
El 19 de abril de 2026, dos agentes de la CIA y dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua perdieron la vida en un accidente carretero, cuando regresaban de un supuesto operativo implementado para desmantelar un narcolaboratorio en la sierra de aquella Entidad.
El 23 de abril, el secretario de Seguridad del Estado de Chihuahua confirmó que en el edificio Torre Centinela, donde se monitorea la seguridad de la Entidad, el gobierno panista de Maru Campos le otorgó a la CIA, al FBI y a la DEA el piso 18 para que estuvieran colaborando con las autoridades locales.
La colaboración de agentes extranjeros con el gobierno de Chihuahua se realizó sin observar lo establecido en la Constitución Mexicana (Arts. 19, 40 y 117 entre otros) y en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley de Seguridad Nacional. Existen disposiciones en la Constitución y en diversas leyes secundarias que sancionan a las y los responsables nacionales que colaboren con gobiernos o agentes extranjeros sin autorización del Estado Mexicano.
El 28 de abril, el gobierno de EE.UU. presentó solicitud al gobierno de México para la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa y nueve funcionarios más. El gobierno de México señaló que EE.UU. no acompañó las pruebas necesarias para fundamentar su solicitud. El gobierno de EE.UU. deberá presentarlas en un término de 60 días. Paralelamente, la FGR abrió una carpeta para investigar a los 10 funcionarios referidos. El gobierno de México ha informado que, si las pruebas que ofrezca EE.UU. o que documente la investigación de la FGR acreditan la responsabilidad de éstos, se procederá a su detención.
La CIA tiene un largo historial de intervencionismo en el mundo, en Latinoamérica y en nuestro país. Sus intromisiones están relacionadas con la desestabilización de gobiernos, movimientos y líderes. Una referencia de su actuar lo evidenció el periodista Manuel Buendía en el libro “La CIA en México”, en el que exhibió los entrelazamientos existentes entre funcionarios de los gobiernos federales surgidos del PRI en las décadas de los 70 y 80, los agentes de la CIA y las primeras generaciones de narcotraficantes mexicanos. Manuel Buendía fue asesinado y su muerte se atribuye a quienes se vieron afectados por estas revelaciones.
Morena es un movimiento social y es un partido político. Lo conformamos millones de mexicanas y mexicanos (12 millones nos afiliamos entre octubre y marzo pasado). Nuestro movimiento partido sostiene y lucha por los derechos sociales del pueblo de México. Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo han marcado distancia de todo poder que no sea el poder del pueblo; son gobiernos que no se han subordinado al poder económico, a gobiernos extranjeros y mucho menos al crimen organizado. En lo que atañe a este último, los actuales resultados de la presidenta Claudia Sheinbaum también lo demuestran al registrar miles de detenciones de narcotraficantes, miles de toneladas de drogas confiscadas, miles de armas decomisadas y enormes cantidades de dinero requisado, así como miles de laboratorios de drogas destruidos y una baja significativa de la violencia en el país.
Si ha habido un partido corrompido por el narco en México es el PRI. Ahí están los exgobernadores Mario Villanueva y Roberto Borge en Quintana Roo; Tomás Yarrington y Eugenio Hernández en Tamaulipas; Roberto Sandoval en Nayarit, Jesús Reyna en Michoacán. Le sigue el PAN con Sergio Estrada Cajigal en Morelos; Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas; el exsecretario de Seguridad federal Genaro García Luna. Pregunto además: ¿Por qué no ha vuelto Felipe Calderón a EE.UU. después de la detención de éste? Y recordemos los audios de los acuerdos que delató “La Tuta”, jefe de la “Familia Michoacana”, con “Cocoa”, hermana de Calderón.
• Justicia
La gobernadora panista de Chihuahua y demás colaboradores que autorizaron la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional sin la anuencia del Estado Mexicano, violaron la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, lesionaron con ello la soberanía del país, se les debe sancionar legalmente.
Si los funcionarios señalados en la solicitud de EE.UU. por las pruebas que aporte ese gobierno o por las que encuentre el gobierno nacional, resulta que son responsables, serán juzgados sin consideración alguna por traicionar la voluntad popular, por haberse desentendido de su compromiso con la ciudadanía y haber privilegiado otro interés, el del crimen organizado. Pero este juicio debe fundarse en evidencias claras, objetivas, contundentes, no en campañas mediáticas que la oposición exacerba para obtener ganancia política.
• Soberanía
La soberanía es un derecho irrenunciable del pueblo mexicano. Significa tener libertad para gobernarnos por nosotros mismos y decidir sin ajena intervención los asuntos económicos, sociales, políticos de la nación. La soberanía no es atributo de los gobernantes, sino del pueblo, a éste corresponde el Poder Supremo. La soberanía no fue una concesión gratuita, resultó de la lucha de cientos, miles, millones de personas que nos antecedieron. Parte de ellas murieron buscando conquistarla para su descendencia. La soberanía se pone en riesgo cuando dirigentes priistas y panistas claman porque un gobierno extranjero venga a meterse en los asuntos nacionales y les ayude a recuperar el poder que les quitó el pueblo mediante el voto. Hay priistas y panistas patriotas, pero no distingue este rasgo a sus actuales dirigencias nacionales. La soberanía se trastoca cuando un gobierno local, a ocultas del gobierno federal, hace acuerdos con agentes extranjeros y los deja actuar en el territorio nacional.

Miguel De la Rosa Figueroa

Verdad, Justicia y Soberanía

Juan Pablo Colín

Sinaloa no cambió de gobierno… solo cambió de nombre. Morena quiere vender una simulación como si fuera solución. Se va Rubén Rocha Moya, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico… y dejan a su número dos, Yeraldine Bonilla Valverde. Eso no es cambio. Es continuidad.
Lo que está pasando en Sinaloa es gravísimo: acusaciones internacionales, violencia desbordada y un gobierno que, en los hechos, sigue intacto. Y frente a eso, la respuesta de Morena no ha sido dar explicaciones, sino construir una narrativa de persecución.
La propia presidenta ha dicho que hay una campaña articulada entre Estados Unidos y la derecha en México. Pero la pregunta es inevitable: ¿los muertos, la violencia y la inseguridad también son parte de esa campaña?
Porque lo que viven millones de mexicanos no es propaganda. Es realidad. Morena lleva casi una década en el poder y los casos empiezan a repetirse.
Pasó en Sinaloa. Ha pasado en Jalisco, en municipios como Tequila. ¿De verdad quieren que creamos que ahora será diferente? Hoy hay ejemplos claros que no pueden ignorarse: candidatos señalados, estructuras como “La Barredora” y perfiles dentro de Morena bajo sospecha constante.
El caso de Carlos Lomelí en Jalisco es parte de esa conversación que Morena no quiere dar. Parece que, más que un filtro, en Morena el requisito es no incomodar… aunque haya dudas sobre la integridad de sus candidatos. Y lo más grave: Morena Jalisco guarda silencio.
Ni una postura clara. Ni una explicación. Ni una sola acción para deslindarse. Por eso lo decimos con claridad: el problema no empieza cuando el crimen ya está en el gobierno. Empieza cuando se le permite competir. Sinaloa es la advertencia.
Lo que pasa cuando no hay controles es que el crimen organizado encuentra la puerta abierta hasta el poder. Por eso desde Jalisco proponemos algo concreto: un blindaje electoral real. Que todos los candidatos, de todos los partidos, presenten carta de no antecedentes penales, se sometan a exámenes antidoping y a pruebas de control de confianza como el polígrafo.
El PAN ya lo hace. Ahora queremos que sea ley. Vamos a presentar una iniciativa para crear un registro estatal de candidatos y establecer filtros obligatorios que impidan que perfiles vinculados al crimen lleguen a las boletas.
Porque la pregunta es muy simple: ¿cuántos perfiles con posibles vínculos criminales veremos en la próxima elección si no hacemos nada? Y aquí hay otro punto que Morena tendrá que responder: ¿están dispuestos a que la Fiscalía investigue a alcaldes y candidatos? ¿O también eso lo van a llamar “campaña”?
México está en un punto crítico. O cerramos la puerta al crimen desde las candidaturas, o terminamos normalizando que el poder público sea ocupado por quienes deberían estar siendo investigados. No es cambio. Es continuidad. Y Sinaloa no es una excepción. Es una advertencia.
La pregunta es si Morena va a seguir negando la realidad… o si, por fin, va a asumir su responsabilidad. Porque lo que está en juego no es un Estado, es el futuro del país. Y eso, no lo vamos a permitir.

Juan Pablo Colín – Contrapeso

No es cambio, es continuidad: Morena y la puerta abierta al crimen

Mirza Flores

El caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, ha dejado de ser un asunto de mala administración para convertirse en el síntoma más agudo de la descomposición política que atraviesa el país. Como gobernante, su gestión ha sido un despliegue de incapacidad, con señalamientos de corrupción, problemas sociales sin resolver y una violencia desbordada que ha secuestrado la tranquilidad de las familias sinaloenses. Sin embargo, hoy el escenario escala a un nivel de alarma internacional que no admite más simulaciones.
La acusación formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, por narcotráfico y colaboración con el Cártel de Sinaloa es el reflejo institucional de lo que diversas voces han denunciado durante años sobre los vínculos entre Morena y el crimen organizado. Los cargos por tráfico de drogas y delitos de armas, que incluyen señalamientos sobre la intervención criminal en el proceso electoral de 2021 mediante intimidación política, ponen a prueba la verdadera voluntad de la Fiscalía General de la República y de la propia Presidencia.
Ante la gravedad de los hechos, la respuesta desde Palacio Nacional ha sido el refugio en una retórica gastada: apelar a la soberanía para evadir la realidad. Dicen que ninguna potencia extranjera nos dirá cómo gobernarnos, pero el problema real no es la supuesta injerencia, sino la autocomplacencia. La soberanía no puede ser el escudo de la sospecha ni el escondite de quienes han traicionado la confianza pública. El verdadero riesgo para México no viene de fuera; reside en la solidez de nuestras instituciones y en qué tan profundo ha calado el pacto de impunidad dentro de nuestras estructuras de poder.
Es indignante observar cómo, mientras se desconoce el paradero exacto del  exgobernador y el gabinete de seguridad, apenas atina a suponer que sigue en Sinaloa, y se despliegan fuerzas federales para su resguardo. Resulta una ironía dolorosa que los funcionarios señalados por vínculos criminales reciban protección inmediata, mientras los activistas y defensores de derechos humanos siguen desprotegidos frente a la barbarie. Desde Movimiento Ciudadano exigimos una explicación puntual: el pueblo de México merece verdad y justicia. La presunción de inocencia jamás debe sustituir la rendición de cuentas.
Hoy, mientras Rocha Moya permanece blindado y en la sombra, los habitantes de Sinaloa enfrentan un futuro incierto bajo el fuego. El gobierno federal no puede seguir siendo un espectador pasivo ni un abogado de oficio; debe hacerse responsable de las consecuencias de haber permitido que el poder político y el delincuencial se mimetizaran. Es momento de romper con el pacto de impunidad que ha prevalecido por décadas; de lo contrario, la historia recordará este periodo no como una transformación, sino como la entrega definitiva del Estado ante el crimen.

Rocha Moya: cuando la soberanía se vuelve complicidad

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Moody’s baja a negativa la perspectiva crediticia de Sinaloa

El Gobierno de México incautó más de 100 mil pastillas de fentanilo en el estado de Sinaloa, región que se ha visto sacudida por la violencia ligada al crimen organizado.
México ha aumentado las incautaciones y detenciones de criminales, en medio de la presión del gobierno de Donald Trump para que frene el tráfico de drogas, en particular del letal fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos.
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Al realizar una inspección a una persona en motocicleta, agentes de seguridad &#8220;hallaron 104.000 pastillas de fentanilo, las cuales se encontraban en el interior de una mochila&#8221;, dijo el gobierno mexicano en un comunicado.
La droga y la motocicleta fueron puestos a disposición de las autoridades, añadió el reporte.
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<blockquote class="twitter-tweet">
Resultado de recorridos de seguridad y vigilancia en Culiacán, Sinaloa, elementos de <a href="https://twitter.com/SSPCMexico?ref_src=twsrc%5Etfw">@SSPCMexico</a> y <a href="https://twitter.com/FGRMexico?ref_src=twsrc%5Etfw">@FGRMexico</a> aseguraron aproximadamente 104,000 pastillas de fentanilo, así como una motocicleta con reporte de robo.
El Gabinete de Seguridad mantiene acciones coordinadas para… <a href="https://t.co/seGdEDUNe1">pic.twitter.com/seGdEDUNe1</a>
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) <a href="https://twitter.com/GabSeguridadMX/status/2028978251532808465?ref_src=twsrc%5Etfw">March 3, 2026</a></blockquote>
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El Estado de Sinaloa ha sido sacudido por asesinatos y secuestros cotidianos en el marco de una lucha interna entre facciones. La pugna acumula más de mil 700 personas asesinadas y casi 2 mil desaparecidas en poco más de un año.
Trump firmó en diciembre del año pasado un decreto que clasifica al fentanilo como &#8220;arma de destrucción masiva&#8221;, en medio de una constante presión al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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Sinaloa: FGR asegura más 100 mil pastillas de fentanilo

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