Más democracia y menos derroche
La iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum pretende corregir tres grandes vicios del sistema político mexicano que el pueblo ha demandado resolver de manera insistente:
Uno, el arribo de las élites de los partidos políticos a los cargos públicos mediante el mecanismo de representación proporcional, sin asumir compromisos con el electorado.
Dos, el excesivo derroche de recursos para el financiamiento de los partidos políticos y los procesos electorales.
Tres, la limitada participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos.
Conforme al estado actual, existen 32 senadurías y 200 diputaciones plurinominales en el Congreso de la Unión, ocupadas por personas que no fueron votadas por el pueblo, es decir que no tuvieron necesidad de ponerse en contacto con la gente, no escucharon sus demandas, no observaron las problemáticas de sus comunidades y no se comprometieron cara a cara a trabajar por su solución. La iniciativa de la Doctora Claudia busca cancelar esas 32 senadurías, dejando 64 (2 por cada entidad federativa más la CDMX) que resultarían de las votaciones mayoritarias logradas en cada Estado, más otras 32 que surgirían de las segundas votaciones más altas por Entidad. Así, el Senado se conformaría por 96 senadurías y no por las 128 actuales, y esas 96 senadoras y senadores tendrían que haber buscado la confianza y voto popular en el territorio.
En cuanto a las diputaciones plurinominales, se propone en la iniciativa de la presidenta, que resulten de las y los 200 candidatos que logren los segundos lugares en las votaciones de los distritos electorales, conformando la Cámara de Diputados entonces con 300 ganadoras y ganadores de primer lugar por distrito, más estos otros 200 de segundo lugar. Con ello las 200 diputaciones plurinominales también habrían establecido contacto y compromiso con la ciudadanía.
Para disminuir el derroche de los recursos públicos, la Doctora Claudia Sheinbaum propone disminuir el financiamiento de los partidos políticos y evitar el gasto por duplicidad de funciones que actualmente se hacen por la existencia del INE y los 32 organismos electorales locales. El propósito que se busca es ahorrar un 25 por ciento del presupuesto electoral, el cual asciende, en un año de elecciones en México, hasta a 60 mil millones de pesos, ubicándonos en este momento como una de las democracias más caras del mundo.
El tercer problema a atender con la propuesta de la presidenta, se enfoca en incluir más a la ciudadanía en la toma de decisiones. En un sentido esta inclusión quiere otorgarle a la gente la decisión sobre la continuidad o no de las y los funcionarios públicos de elección popular, sin tener que esperar cuando resulten calamitosos a que concluyan su periodo. En otro sentido, para que pueda participar la ciudadanía, mediante consultas, sobre los temas de interés general como lo son la definición de obras y la delimitación de prioridades de gasto público.
Sin duda, la resistencia de los partidos políticos opositores, incluidos algunos coyunturalmente aliados de Morena, para impedir que se apruebe la reforma electoral, no obedece al afán de preservar principios, derechos ni valores democráticos, sino al ánimo por mantener vicios del sistema político que les aportan a las élites de los partidos cargos y dinero público y que mantienen al pueblo estancado en una democracia medio representativa y poco participativa.
Pase o no la reforma electoral de la presidenta de México, ya ganó ella por hacer lo que la ciudadanía ha demandado del sistema político: más democracia y menos derroche.
