Reforma electoral: control y algo más
Morena no quiere una reforma electoral que fortalezca la democracia; lo que busca es una reforma que le otorgue más control político, que reduzca la vigilancia institucional y que debilite los contrapesos que hoy limitan el poder del gobierno, y cuando un partido que gobierna pretende cambiar las reglas del juego electoral desde el poder mismo, lo primero que corresponde a cualquier ciudadano responsable es desconfiar, porque la experiencia histórica nos demuestra que las democracias no se erosionan de golpe, sino mediante ajustes aparentemente técnicos que, en el fondo, concentran decisiones y reducen equilibrios.
La democracia no se cuida sola ni se mantiene por inercia; la democracia se defiende todos los días, especialmente cuando el partido gobernante intenta colocarse en la posición de juez y parte, moldeando el sistema electoral a su conveniencia y debilitando a las instituciones que deberían actuar con autonomía, pues México no necesita una reforma diseñada para acomodar el sistema al poder en turno, sino un marco electoral que garantice piso parejo, autoridades fuertes, reglas claras y absoluta independencia frente a cualquier presión política.
Lo más preocupante es que esta iniciativa evita deliberadamente atender el problema más peligroso que hoy enfrentan nuestras elecciones: la infiltración del dinero del narcotráfico, la presión del crimen organizado sobre candidaturas y la posibilidad real de que intereses criminales condicionen resultados, porque ese es el verdadero riesgo estructural para la democracia mexicana, y sin embargo, en lugar de proponer mecanismos más severos de fiscalización, mayores capacidades de investigación o blindajes efectivos contra la intervención del crimen organizado, el proyecto guarda silencio sobre lo esencial y se concentra en modificar estructuras que hoy brindan certeza.
En cambio, sí plantea la desaparición del PREP y el debilitamiento de herramientas que han dado estabilidad y transparencia durante décadas, mecanismos que permiten a la ciudadanía conocer resultados preliminares desde la misma noche de la elección y que reducen incertidumbre, tensiones y especulaciones, porque cuando se elimina información oportuna y verificable, no se fortalece la confianza, se abre la puerta a la sospecha, y cuando se debilita al árbitro electoral y se concentran decisiones en menos manos, el que pierde no es un partido político en particular, sino el ciudadano que deposita su voto con la esperanza de que será contado con claridad y respetado sin manipulación.
Las reglas electorales no pueden modificarse desde el poder para beneficiar a quien gobierna, porque eso rompe el equilibrio mínimo que toda república requiere para funcionar con legitimidad, y aunque Morena prometió ser diferente y respetar la voluntad popular, cada vez que un contrapeso institucional le resulta incómodo intenta reducirlo o desaparecerlo, lo que confirma una tendencia preocupante hacia la concentración de poder y la erosión gradual de los equilibrios democráticos que tanto trabajo costó construir.
Si realmente existiera voluntad de mejorar el sistema electoral, la prioridad sería blindarlo contra el dinero ilícito, fortalecer la fiscalización, proteger a candidatos y ciudadanos frente a la violencia y asegurar que ningún grupo criminal pueda influir en la decisión popular, porque esa sí sería una reforma de fondo y no un ajuste estratégico para controlar el proceso, y por eso desde Jalisco lo decimos con claridad: no vamos a permitir que una reforma electoral se convierta en un instrumento para perpetuarse en el poder, vamos a defender el voto libre, la transparencia institucional y el derecho de cada ciudadano a decidir sin presiones, porque la democracia no se negocia ni se acomoda al gobierno en turno, la democracia se defiende con firmeza.
