La impunidad desata más violencia
El nombre de Blanca Estela Álvarez Chávez debería recordarnos que detrás de cada estadística hay una historia de violencia que el país no supo proteger. Blanca no era una cifra ni un expediente. Era una mujer de convicciones, una servidora pública comprometida como regidora en La Manzanilla de la Paz; una madre orgullosa de su hijo recién graduado.
Hoy escribo de ella porque fue asesinada. No hubo accidente ni confusión. A Blanca le arrebataron la vida por asfixia, de la forma más cruel. Su asesinato vuelve a abrir la herida profunda de un país que sigue fallando en proteger a sus mujeres. La tragedia de Blanca no es un hecho aislado. Es el reflejo de una realidad que se repite con una frecuencia que ya retumba en los oídos. En México asesinan a más de diez mujeres cada día. No se trata de una percepción ni de una exageración: es una emergencia nacional que atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida pública.
Las cifras revelan también una verdad todavía más dolorosa: la impunidad. Más del 90 por ciento de los feminicidios en México no se resuelven. Apenas una mínima parte llega a una sanción. Cuando la justicia no llega, la violencia encuentra el camino libre para repetirse.
La violencia, además, ha alcanzado a las niñas, quienes deberían estar más protegidas.
Tan solo el año pasado se registraron casi 60 feminicidios contra ellas y miles permanecen desaparecidas en nuestro país. Son datos que estremecen porque muestran que la violencia contra las mujeres comienza cada vez a edades más tempranas, casi al nacer.
Por eso, cuando nuevamente se acerca el Día Internacional de la Mujer, la pregunta vuelve con fuerza: ¿qué estamos haciendo realmente para cambiar esta historia? Conmemorar no basta. Los discursos y los minutos de silencio resultan insuficientes si no van acompañados de acciones reales que garanticen seguridad, justicia y dignidad para las mujeres.
México no necesita más gestos simbólicos mientras las cifras siguen creciendo. No queremos más cruces rosas ni más zapatos vacíos llenando las plazas. Queremos derechos, queremos justicia y queremos que el Estado deje de ser un espectador frente a la violencia que se vive todos los días.
Porque cuando una mujer es asesinada no solo falla la ley. Falla el pacto social que debería proteger la vida. Falla el sistema de justicia que no llega a tiempo. Y falla también la normalización que permite que estas historias se diluyan en la rutina informativa.
Este 8 de marzo no debería ser solo una fecha para recordar a quienes ya no están.
Debería ser una fecha para que el Estado presente soluciones, exaltar la justicia y acabar con el patriarcado que sigue suelto con licencia para matar.
Que el nombre de todas las mujeres y niñas que ya no están sea el recordatorio de que la omisión de justicia es una forma de violencia que crece cada vez más.
