Tarifazo: ¿Pero qué necesidad?

Sobre el anuncio de dar parcialmente marcha atrás al incremento al transporte público y al uso obligatorio de la tarjeta única, habrá quienes observen lo hecho por el gobernador como un acto de empatía, de resiliencia o incluso de generosidad política, como quien finalmente escuchó la voz del pueblo. Otros, en cambio, dirán que hubo cálculo político y que el descontento social comenzaba a reflejarse en una caída en las preferencias electorales para MC. Pero, como suele ocurrir en política, todo depende del enfoque desde donde se analice. O, si se prefiere, de si uno observa el bosque completo o se queda mirando solo los arbolitos.

Regresemos por un momento a noviembre de 2025. En ese momento no existía, al menos en el ánimo social, una crisis visible en torno al transporte público. No era perfecto —nunca lo ha sido—, pero las cosas transcurrían dentro de cierta normalidad. Desde la perspectiva del usuario promedio, el sistema funcionaba con los problemas de siempre, pero sin sobresaltos extraordinarios.

Otra cosa muy distinta era la mirada de los transportistas. Desde su óptica llevaban años solicitando un ajuste tarifario. Y no es un argumento menor: los insumos del sector —diésel, aceite, refacciones, llantas— han aumentado considerablemente desde el último incremento relevante, ocurrido en octubre de 2018, al final del gobierno de Aristóteles Sandoval, cuando la tarifa pasó de siete a 9.50 pesos.

El problema no era discutir un ajuste. El problema fue la forma. Pasar de 9.50 a 14 pesos de un solo golpe representaba un incremento cercano al 47%, algo difícil de digerir socialmente. Más aún cuando el resolutivo técnico hablaba de una tarifa cercana a 13 pesos, no los 14 como se anunció.

Como diría Juan Gabriel: ¿pero qué necesidad?

La inconformidad no tardó en aparecer. Bastaba observar lo que circulaba en redes sociales, escuchar las conversaciones en casa o atender lo que decían los estudiantes en las aulas. El tema estaba en todas partes. Y cuando llegó el momento de reunir firmas para impulsar el plebiscito y el referéndum, ocurrió algo revelador: no hubo dificultad alguna para conseguirlas. De hecho, sobraron.

Así, el mismo gobernador que para muchos se convirtió en villano por el aumento tarifario, hoy aparece ante otros como un gobernante sensible que supo escuchar la voz ciudadana.

Pero la reflexión quizá sea otra. Porque una cosa es corregir una decisión impopular.

Y otra muy distinta es haber generado un conflicto donde nunca debió de existir.

Diversas encuestas mostraban ya señales claras de inconformidad social. El impacto no era menor: se reflejaba incluso en una caída en las preferencias electorales hacia el partido gobernante, particularmente en el área metropolitana de Guadalajara.

Y aquí aparece la pregunta inevitable. Si desde el principio existían señales de malestar, si el ajuste pudo haberse construido de forma gradual y si el costo político era previsible… entonces la duda no es por qué se corrigió la decisión. La verdadera pregunta es otr.: ¿por qué se tomó en primer lugar?

Porque en política, como en la vida, a veces el mayor mérito no es rectificar…

sino evitar cometer el error desde el principio. Por ello, creo que alguien está asesorando mal al gobernador.