Jonás

El hecho es contundente: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consiguió la alianza de varios presidentes latinoamericanos para establecer el “Escudo de las Américas”, una hechura en principio diplomática, que pone a las órdenes de la lucha contra el narcotráfico los esfuerzos de gobiernos como los de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y El Salvador, entre otros.
Como fenómeno de alianzas internacionales, tiene una particularidad establecida por el propio Trump: el objeto de combate es México. Nuestra nación ha sido señalada por el presidente norteamericano como “el epicentro de la violencia” provocada por los cárteles.
Apenas el viernes 06 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado en la rueda de prensa mañanera, cuestionada sobre el anuncio de acciones unilaterales en cualquier lugar de América Latina, que el gobierno mexicano tiene un “acuerdo de entendimiento” con el gobierno estadounidense desde hace varios meses. Y que con base en ese acuerdo se trabaja conjuntamente en el combate a la delincuencia.
El episodio de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, apenas el 22 de febrero, pareciera una “garantía” de protección.
Pero al menos en el discurso, la postura de Donald Trump indica otra cosa: insistió ante los jefes de Estado latinoamericanos que la presidenta Sheinbaum Pardo se niega a recibir el apoyo de su gobierno para enfrentar a los cárteles.
Hay algunas consideraciones para tener presentes sobre este tema, porque la presidenta Sheinbaum, cuestionada nuevamente este fin de semana, recurrió a su ya trillada estrategia de mantener “la cabeza fría”. En otras palabras, de su parte no habrá respuestas a las frases y provocaciones –porque eso son– del presidente estadounidense. En primera instancia, es lo más conveniente, aunque no es una solución de fondo.
Por otra parte, gobiernos tan importantes como los de Chile, Ecuador, Bolivia y Argentina, no pueden describirse sólo como víctimas inocentes de la acción de los cárteles mexicanos. La penetración de la delincuencia organizada es resultado de la debilidad de las instituciones y la corrupción de funcionarios civiles y de seguridad. El modelo se repite en todas partes.
Sin embargo, la presión diplomática aumentará para nuestro país, si al discurso punzante de Trump se unen los de Milei, Noboa o Bukele.
Un coro de acusadores no modifica la realidad, pero sí legitima las acciones del gobierno estadounidense, que con eso reduce la eficacia de las innegables acciones de colaboración del gobierno mexicano.
El Escudo de las Américas es un reto adicional para el gobierno mexicano, obligado ahora a mantener y fortalecer la lucha contra el crimen organizado, y al mismo tiempo, aumentar la colaboración e intercambio de inteligencia con naciones latinoamericanas. Es una carga extra con repercusiones económicas, políticas y sociales.

El Escudo de las Américas

La mañana de este 05 de marzo, el gobernador Pablo Lemus le dio un giro inesperado a la discusión que desde diciembre, se mantuvo abierta por el incremento a la tarifa del transporte público, que pasó de 9.50 a 14 pesos, y que podía aplicar un descuento de tres pesos siempre y cuando se obtuviera la Tarjeta Única implementada por el gobierno estatal.
Hubo muchos episodios de confrontación política y manifestaciones públicas… hasta que ayer el mandatario sorprendió: la tarifa que se aplicará desde el 1 de abril será de 11 pesos, no 14. No es obligatoria la Tarjeta Única y todos los estudiantes pagarán sólo cinco pesos, igual que habrá descuento del 50% para adultos mayores, personas con discapacidad y cuidadores, además de los beneficiarios relacionados con personas desaparecidas.
Pablo Lemus impactó en la opinión.
El anuncio cierra de golpe el episodio de la discusión pública por el transporte y el aumento en la tarifa y deja abierta la vía para una tarea que él mismo explicó: seguirá el trabajo para mejorar la calidad y el desempeño del transporte público. 
De hecho, en las numerosas mesas de trabajo y foros de análisis, se insistió en que no sólo debe hacerse énfasis en la tarifa, sino también en la calidad del servicio del transporte público.
Mientras tanto, ayer mismo también, en el Congreso del Estado se desarrolló una sesión del pleno en la que se aprobó la instalación de una Comisión Especial para Vigilar y Mejorar el Servicio de Transporte Público en Jalisco, en la que participarán todos los diputados coordinadores. Adicionalmente, aprobaron citar a comparecer a los secretarios de Transporte, Diego Monraz y de Hacienda, Luis García, para que expliquen el mecanismo de funcionamiento del transporte después de los cambios anunciados.
La medida adoptada por el gobernador Pablo Lemus puede interpretarse como una corrección a tiempo. Políticamente ya le había representado un gran desgaste a su administración y las críticas sociales aumentaban.
En una ciudad como el Área Conurbada de Guadalajara, donde la movilidad es prioritaria y la mayoría de la población se traslada en transporte público, el aumento en la tarifa a 14 pesos y la obligación de utilizar una tarjeta bancarizada, se había convertido en una “bomba de tiempo”. 
Todavía, efectivamente, quedan pendientes todas las medidas para mejorar el funcionamiento del transporte público. Quizá la primera y más urgente solución que se requiere es la contratación de más choferes y el aumento en la frecuencia de paso de las unidades.
Esa tarea debe ser atendida por el secretario de Transporte, Diego Monraz, y toda la estructura de transporte, incluyendo a los transportistas, que a partir de ayer podrían generar resistencia a la instrucción del gobernador.
El tema sigue en el primer orden del interés público.

La tarifa del transporte

Nuevamente, la presidenta Claudia Sheinbaum pospuso la presentación de su proyecto de reforma electoral que debía ser enviado a la Cámara de Diputados. Argumentó que debían revisarse algunos artículos que de último momento, le parecieron innecesarios. La realidad no admitida es que la presidenta enfrenta una rebelión que está fracturando a la 4T y que marcará el futuro de su administración.
A estas alturas –porque debe recordarse que ella misma había anunciado que la iniciativa se presentaría “a más tardar” el 15 de febrero–, la reforma electoral ya entró en una fase de cuestionamiento total: ¿es necesaria?
La presidenta Sheinbaum Pardo ha argumentado que entre sus objetivos está el fortalecimiento de la democracia y la reducción de sus costos, y ha negado tajantemente, ante la sospecha de sus aliados en el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que se esté gestando un retorno al autoritarismo de hace 40 años.
Los discursos van y vienen, pero lo cierto es que la reforma puede quedarse “atorada” como lo reconocieron en la Cámara Baja, durante otras dos semanas. Y el único objetivo es lograr consensos para que sea aprobada inmediatamente. Pero si ese acuerdo no se consigue antes de los últimos días de marzo, el calendario constitucional impedirá modificaciones para el proceso electoral de 2027.
Aunque los cuestionamientos principales de los aliados de Morena se centran en la reducción de los legisladores plurinominales y en la disminución del presupuesto público que se entrega a los partidos políticos, se suma el cuestionamiento sobre cómo debilitará al Instituto Nacional Electoral (INE), una reducción presupuestal basada en un porcentaje y no en competencias.
En estos momentos, han quedado desnudados las resistencias a la determinación presidencial, que radican no sólo en los partidos que han aprovechado la coalición con Morena desde su llegada al poder presidencial en el año 2018, sino que también hay resistencias entre quienes son integrantes de Morena.
Lo que está en juego ahora es el futuro de la presidencia de Claudia Sheinbaum. Si ella domina este pulso y se aprueba la reforma, centralizará y acumulará el poder; si la reforma no avanza, quedará debilitada el resto del sexenio.

Sheinbaum en Jalisco

La reforma electoral… que no llega

Conservar la sede de la Copa Mundial de Futbol 2026 se ha tornado, repentinamente, en una de las mayores prioridades para el gobierno de Jalisco y para el mandatario Pablo Lemus Navarro. El tema no es menor porque aunque se vistió de “discurso solidario”, el presidente municipal de San Luis Potosí, Francisco Galindo Ceballos, ya ofreció a esa ciudad como una posible sede alterna en sustitución del Estadio Guadalajara, que aunque se localiza en Zapopan, representa la sede estatal.
Después de los hechos ocurridos el pasado 22 de febrero con el operativo internacionalmente conocido que cobró la vida de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” (junto con muchas otras), uno de los principales esfuerzos oficiales, tanto del gobernador Lemus como de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido el de presentar una imagen de normalidad recuperada e incluso, el comentario mundialmente difundido de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al asegurar que la parte del Mundial de Futbol que corresponde a México está totalmente segura.
Pero entonces, ¿por qué se insiste en alimentar rumores sobre una posible cancelación de sedes? ¿A qué se debe que el alcalde de una ciudad, digamos menor en términos demográficos y de infraestructura, lance el mensaje de que pueden sustituir a Guadalajara?
Indudablemente hay intereses políticos y económicos que se mezclan. No puede ser una coincidencia que un personaje como Galindo Ceballos, con una trayectoria profesional ligada a la seguridad y no al ejercicio del poder político, repentinamente incursione en una dimensión de talante deportivo, económica y de infraestructura.
No puede serlo porque para todos es obvio que en nuestro país, Guadalajara, la Ciudad de México y Monterrey compiten permanentemente por establecer liderazgo en todas las áreas.
Además, San Luis Potosí, un Estado gobernado por Ricardo Gallardo, parcialmente identificado con Morena, pero ahora confrontado con el gobierno federal por la abierta intención de postular a la gubernatura a su esposa, la senadora Ruth González, lo cual ha rechazado reiteradamente la presidenta Claudia Sheinbaum, “gana terreno político” al abrir una mayor brecha para Jalisco en el esfuerzo y pacto político con el gobierno federal, para mantener la sede de la Copa Mundial de Futbol, evento que está ligado a inversiones multimillonarias y expectativas de crecimiento e incluso, una mayor inversión.
El éxito en la organización del Mundial en junio y julio próximos, consolidan a Jalisco como polo de desarrollo y poder en el Occidente del país.
Son numerosas las voces que desde el análisis y la comunicación política y viralizada, insisten en alimentar la posibilidad de perder la sede por problemas de seguridad y en particular, por las consecuencias del operativo de seguridad que eliminó a Nemesio Oseguera.
Lo más importante, en consecuencia, es neutralizarlas primero, y derrotarlas después, en la construcción de la narrativa pública.

Competidores de Guadalajara para el Mundial

La presentación de la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, puede reconfigurar completamente el panorama del poder en nuestro país con consecuencias inmediatas después de las elecciones de 2027. Entre otros escenarios, puede ocurrir el primer gran episodio del debilitamiento de Morena. Es una apuesta en el aire.
La presidenta Sheinbaum, como solemos decir, “se curó en salud”. Afirma porque conoce de la posibilidad, que la reforma puede no ser aprobada pero eso no deberá considerarse como un fracaso porque ella “hizo lo que le pedía el pueblo”, es decir, reducir los costos y someter al voto popular la elección de legisladores plurinominales. Cada uno de estos aspectos, sin embargo, requiere un análisis más puntual.
Al mismo tiempo, los dirigentes más prominentes del Partido Verde han anunciado en los últimos días su baja expectativa sobre la reforma electoral que llegaría de Palacio Nacional. Algunos han dicho que la reforma “es inútil” y anticipan abiertamente que si la votan en contra no debe considerarse su decisión una traición, porque la coalición con Morena no implica incondicionalidad.
Son muchos los aspectos y consecuencias a analizar en la propuesta de reforma electoral, pero si no es aprobada, a pesar de lo que diga la presidenta habrá sido un fracaso político. Y si la coalición Morena-Verde-PT empieza a romperse desde las elecciones de 2027, el proyecto de dominación total (control de la Cámara de Diputados, el Senado y el Poder Judicial) empezará a diluirse. En sentido democrático, esa es una buena noticia.
Por otra parte, es importante hacer notar el tema de la disminución de costos de la democracia mexicana y sus procesos electorales.
En un país como el nuestro, con profundas desigualdades económicas, es una propuesta siempre apoyada la de reducir costos. Pero no tiene mucho sentido recortarle presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) y todo el aparato organizador de los procesos electorales, si esto va a implicar que las elecciones pierdan confiabilidad; de por sí, ya son siempre polémicas y cuestionadas en el entorno actual debido a las dinámicas de comunicación, pero cuando menos en el ámbito judicial sus resultados quedan firmes.
Metafóricamente, si el costo de los alimentos es alto, no es buena idea cambiarlos por otros más baratos pero que conducen a una mala nutrición. Los problemas de salud, serán mucho más costosos en todos los sentidos.
Necesariamente, los defectos –que sí los hay, y muchos– en nuestro sistema democrático, de partidos y electoral, deben revisarse con atingencia y detalle. Y no dependen sólo de reformas constitucionales, sino también de ajustes legales, reglamentarios y técnicos con objetivos de precisión.
Es el problema que ha mostrado desde que surgió la llamada “cuarta transformación”. Eliminan el todo por fallas puntuales, dejando un vacío que amplifica los problemas.
La discusión legislativa de la reforma inicia esta semana.

El impacto de la reforma electoral

Los narcobloqueos y los autos quemados del fin de semana después de la muerte de “El Mencho” dieron paso a la verdadera emergencia: urgen apoyos, consenso y solidaridad para la recuperación. Y debe hacerse rápido, antes de que los daños se extiendan.
Ayer, el gobernador Pablo Lemus viajó a Puerto Vallarta y en una reunión con los presidentes municipales de la zona Costa Norte y Sierra Occidental, comprometió el apoyo del gobierno estatal para recuperar la normalidad y apoyar las actividades turísticas, una de las principales fuentes de ingresos en esas regiones.
Lo ocurrido el domingo 22 de febrero después de la muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho”, está convirtiéndose en una parte anecdótica de la historia reciente de Jalisco y otros 20 estados del país. Los narcobloqueos, las balaceras, los ataques a comercios y bancos, los actos de rapiña y el miedo generalizado que paralizó totalmente a Jalisco y sorprendió en el Área Metropolitana de Guadalajara, está convirtiéndose en un mal recuerdo.
Pero lo urgente ahora es reaccionar y recuperarse. Las consecuencias de esas jornadas de violencia ya están encima. Ayer, se confirmó la cancelación de la Copa Mundial de Clavados que del 5 al 8 de marzo haría de Zapopan la capital mundial de los clavados, una disciplina en la que clavadistas mexicanos destacan mundialmente. La razón: muchas de las delegaciones internacionales decidieron no asistir por temor a la violencia.
El paréntesis ahora es crítico. Las actividades de negocio, deportivas, culturales, académicas y de todo tipo, deben no sólo sostenerse si no también promoverse con mayor energía. Autoridades, empresariado, académicos, iniciativa privada y todos los sectores de la sociedad jalisciense están en la obligación de solidarizarse y realizar sus tareas con más energía y atingencia, antes de que se instale una imagen internacional de parálisis del Estado.
Jalisco no puede estar condicionado a lo que ocurrió un par de días por la violencia de la delincuencia organizada, aunque la imagen del Estado y del país fue vapuleada por las cadenas de información y las redes sociales, que hacen lucir gigantescos los hechos violentos.
El esfuerzo de los gobiernos federal y del Estado se ha concentrado en eliminar cualquier rumor que ponga en duda la organización de la Copa Mundial de Futbol en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, pero también requieren apoyo y rescate otros sectores.
Ayer mismo, Pablo Lemus anunció en Puerto Vallarta acciones puntuales para recuperar a la ciudad de los daños físicos del crimen organizado, pero también anunció una campaña internacional de promoción del destino turístico. Es lo que se requiere también, en sus diferentes proporciones, en todo el Estado.
También ayer, en el Congreso estatal, se aprobó la iniciativa de creación de un fondo especial para apoyar económicamente a las personas afectadas por el robo y quema de vehículos, por los daños a negocios y propiedades; depende ahora del gobierno del Estado y del gobierno federal dirigir recursos para eso.
Y se requiere también que todas las personas superen el paréntesis y volvamos a las actividades cotidianas en el ámbito laboral, académico, comercial y la recuperación de los espacios públicos.

Afrontar las consecuencias después de “El Mencho”

Como consecuencia del operativo federal que acabó con la vida de Nemesio Oseguera “El Mencho”, se desató una ola de violencia que al paso de tres días, se puede comprobar en toda su dimensión. Las cifras oficiales indican que hubo 661 vehículos quemados con más de 500 puntos bloqueo en el Área Metropolitana de Guadalajara y con daños en 50 municipios de los 125 que hay en Jalisco.
La ciudad más daña fue Puerto Vallarta por la dimensión de los ataques y la población que tiene. Pero lamentablemente, el daño mayor quizá se sentirá en el turismo: ayer miles de personas abarrotaban el aeropuerto vallartense, eran turistas que querían regresar a sus lugares de origen lo más pronto posible porque el lunes estuvieron encerrados en sus hoteles, esperando que la violencia terminara.
Las consecuencias de la muerte de “El Mencho” son cuantificables en daños monetarios, pero no se pueden medir en otras consecuencias que afectan a las personas y a la sociedad.
También ayer, muchas personas manifestaban sentirse con miedo de salir a las calles pero tenían que hacerlo porque trabajar es la única forma de obtener recursos para seguir con su vida cotidiana. 
Además de Guadalajara y los municipios conurbados junto con Puerto Vallarta, se registraron daños profundos en municipios como Mascota, Chiquilistlán, Autlán y obviamente, Tapalpa, donde tuvo lugar el operativo de las fuerzas federales contra “El Mencho”.
Hoy, el gobernador Pablo Lemus y el gabinete de seguridad en pleno visitan Puerto Vallarta para llevar el discurso y la presencia que animen a la normalidad que puede tardar mucho tiempo en volver.
En este contexto, diputados del Congreso estatal, tanto del desaparecido partido Hagamos como de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, han propuesto aplicar presupuesto público en un fondo de apoyo a las víctimas de la quema de vehículos, de los ataques armados, de los cierres de negocios y todos los daños colaterales.
La propuesta va de tomar recursos de otras partidas estatales hasta solicitar apoyo económico a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En medio de la emergencia y los daños, parece elemental que se sugiera el apoyo público a los afectados, pero en lugar de hacer sugerencias, los diputados del Congreso estatal deben actuar con la mayor celeridad.
Hoy tendrá lugar en el Congreso una sesión extraordinaria con la finalidad de aprobar el presupuesto que se ejercerá este año: mil 109 millones de pesos. Bien podrían incluir la discusión y aprobación inmediata de los fondos de apoyo y las reglas para entregar el recurso.
Está en posibilidad de los legisladores hacerlo. Que discutan menos y hagan más.

Apoyo económico a las víctimas

La tarifa del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara sigue siendo fuente de discusiones –la mayoría inútiles–, a pesar de que los múltiples problemas que se anticipaban a partir del 1 de abril quedaron conjurados con la confirmación de que no entrará en vigor el costo de 14 pesos, que se había anunciado en diciembre del año pasado.
El gobernador Pablo Lemus anunció desde el pasado 5 de marzo que la tarifa no será de 14, sino de 11 pesos, sin que sea obligatorio el uso de la Tarjeta Única, hecho que también había provocado numerosas críticas y descalificación de las fuerzas políticas de oposición. Además, confirmó que la tarifa para todos los estudiantes será de 5 pesos. Adicionalmente, personas de la tercera edad y quienes vivan con alguna discapacidad e incluso, estén registrados en programas especiales, pagarán sólo la mitad de la tarifa.
Adicionalmente, ayer se confirmó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del Estado desechó las solicitudes de plebiscito y referéndum que se habían presentado los días 23 y 26 de enero pasados, para someter a consulta la determinación de la nueva tarifa de transporte. La razón es simple: al eliminarse el acuerdo para el aumento a 14 pesos, se eliminó la materia que era causa de las solicitudes, mismas que ya se habían turnado al Instituto Nacional Electoral (INE), donde se valoraban las firmas de los solicitantes.
A pesar del nuevo contexto, el Comité Estatal del Partido Morena anunció que mantendrán su exigencia de investigar el proceso que determinó la tarifa y adicionalmente, mantienen la solicitud a la Contraloría del Estado para que investigue la asignación a la empresa “Broxel”, que suministrará la Tarjeta Única.
La discusión, entonces, sigue otros derroteros: el político y el jurídico. El Partido Morena está en su papel como actor de oposición, pero para la población abierta, la que efectúa más de tres millones diarios de viajes en el transporte público, ya no es práctico mantener la discusión en la tarifa. Hay que girar ahora al análisis y revisión de la calidad del transporte.
En el Congreso del Estado se estableció una comisión especial que durante los próximos meses y con la participación de todas fuerzas partidistas representadas por los diputados, revisará los problemas señalados por los usuarios del transporte: calidad del servicio, comportamiento de los conductores, estado de las unidades, frecuencia de paso y otros factores.
Dicho de otro modo: para la sociedad ya es una pérdida de tiempo la discusión sobre la tarifa y los argumentos presentados desde el interés político y partidista. Lo que urge ahora es recuperar la calidad en el servicio, aumentar la cantidad de conductores y de unidades en circulación, además de revisar si el trazado de rutas es el adecuado. En estos y otros aspectos sí vale la pena mantener la vigilancia y la participación ciudadana, porque sin el transporte público, la ciudad se paraliza.

La discusión por la tarifa del transporte público