El tarifazo sigue, no la Tarjeta Naranja

La reciente decisión del Gobierno de Jalisco sobre la tarifa del transporte público deja más preguntas que respuestas, y sobre todo deja claro algo preocupante: se está optando por la salida fácil, cargarles el costo a los ciudadanos, sin garantizar una verdadera mejora en el servicio.

Hoy se nos dice que la tarifa será de 11 pesos para los usuarios. Sin embargo, la realidad es distinta: el costo real del pasaje será de 14 pesos. La diferencia, 3 pesos por viaje, será cubierta con un subsidio pagado con el dinero de todas y todos los jaliscienses. Es decir, no se evita el aumento, simplemente se disfraza.

Desde el PAN en Jalisco fuimos claros desde el principio. Nunca nos negamos a discutir el tema de la tarifa, pero propusimos algo elemental: que cualquier ajuste estuviera condicionado a resultados. Nuestra propuesta era sencilla: establecer un plazo de seis meses para evaluar mejoras reales en el transporte público. Si el servicio no mejoraba, entonces la tarifa no debía incrementarse.

Era una lógica simple: primero mejorar, después cobrar más, pero esa condición hoy desaparece. Con el subsidio anunciado por el gobierno estatal, los transportistas tendrán garantizados los 14 pesos por pasaje desde el primer día, independientemente de si el servicio mejora o no. En otras palabras, se les asegura el ingreso sin exigir resultados claros para los usuarios.

Más preocupante aún es que se echa para atrás una de las condiciones que se habían planteado: el uso de la llamada tarjeta naranja para acceder al subsidio. Ahora el esquema es directo. El usuario paga 11 pesos y el gobierno pone los otros 3. Así, sin filtros y sin mecanismos claros de evaluación.

La pregunta es inevitable: ¿Dónde queda la exigencia de mejorar el servicio? Porque las y los usuarios del transporte público en Jalisco conocen bien la realidad. Unidades en mal estado, rutas insuficientes, tiempos de espera excesivos y un sistema que todavía tiene enormes áreas de oportunidad. La discusión no puede centrarse únicamente en la tarifa; debe centrarse en la calidad del servicio.

Pero hay un elemento aún más injusto en esta decisión: en Jalisco existen municipios y comunidades donde simplemente no hay transporte público. Miles de jaliscienses que no cuentan con una sola ruta de camión, que tienen que resolver su movilidad como pueden y aun así, también ellos pagarán con sus impuestos este subsidio, es decir, personas que nunca se subirán a una unidad del transporte público estarán financiando el aumento disfrazado de tarifa.

Eso no es justicia social, ni es una política pública bien diseñada, si el gobierno decidió avanzar con este subsidio, entonces tiene la obligación de establecer metas claras, plazos concretos y mecanismos de evaluación transparentes. Los 3 pesos que pagarán todos los jaliscienses no pueden ser un cheque en blanco para los transportistas, ese dinero público debe traducirse en unidades nuevas, mejor frecuencia, rutas más eficientes y un servicio digno para los usuarios.

Porque lo que no puede seguir pasando en Jalisco es que cada discusión sobre el transporte termine igual: los ciudadanos pagando más y el servicio quedándose igual.

El transporte público debe mejorar, no solo costar más y si el dinero de todos está sobre la mesa, entonces también debe estar la exigencia de resultados, esa es la responsabilidad del gobierno, y esa es la exigencia que seguiremos haciendo desde Acción Nacional.