Jonás

La distribución de agua por parte del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) sufre una nueva crisis: la del agua pestilente que han reportado desde tres semanas atrás en numerosas colonias de Guadalajara, aunque también lo han declarado vecinos de Tlaquepaque y Zapopan. El gobernador Pablo Lemus reveló el 9 de marzo que el origen del problema se ubica en “varios municipios” donde se han arrojado aguas residuales a ductos del SIAPA.
En un comunicado emitido el mismo, día, la Dirección del SIAPA señaló directamente a Tlajomulco de Zúñiga y apuntó varias poblaciones. A las pocas horas, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez negó que Tlajomulco sea la fuente de la contaminación en el SIAPA e indicó que en acuerdo con la Secretaría General de Gobierno, se han realizado recorridos para determinar de dónde surgen las aguas residuales que están llegando a miles de domicilios en Guadalajara y otros municipios. No es Tlajomulco.
El panorama se complica. ¿Quiénes arrojan agua a los ductos del SIAPA? Se trata no de una falta administrativa, sino incluso de un delito.
En los últimos años, el SIAPA no ha podido resolver el agua turbia que con diferentes grados de suciedad, aparece en diferentes puntos de la ciudad. Ahora, se suma la pestilencia del agua que sale por la llave.
¿A qué distancia nos encontramos de que esto provoque un problema de salud pública? 
El mismo 9 de marzo, el gobernador Lemus Navarro informó que es urgente el financiamiento para dos proyectos hidráulicos:
1. La ampliación de la Planta Potabilizadora 1, de Miravalle (la misma a donde supuestamente está llegando el agua contaminada y que huele “a podrida”), que requiere 2 mil millones de pesos para ser ampliada.
2. La construcción de un segundo ducto de agua de Chapala a Guadalajara para sustituir al ducto actual, y para el que se necesitan al menos 11 mil 500 millones de pesos.
El mandatario solicita que el gobierno federal participe con al menos una tercera parte del total de los recursos, es decir un mínimo de 4 mil 500 millones de pesos.
Con esta infraestructura sería posible corregir los problemas de turbiedad del agua y mejorar el servicio.
¿Y los problemas de olores fétidos?
El SIAPA tiene varios problemas más, pendientes de resolver, como el cambio de la obsoleta red de tuberías de distribución del agua; la cartera vencida del SIAPA que asciende a casi 18 mil millones de pesos y que crece año con año; la reingeniería administrativa y operativa; la construcción del drenaje profundo que mitigaría los problemas cíclicos de inundaciones en la metrópoli durante el temporal de lluvias.
Adicionalmente, la infraestructura pendiente para traer agua de El Zapotillo; las plantas de tratamiento de aguas residuales y las nuevas reglas de operación para establecer tarifas, y un largo etcétera.
El paquete de pendientes es colosal y trasciende el sexenio, pero debe iniciarse ya, con las obras más urgentes, para evitar que la nueva crisis alcance, se insiste, la categoría de problemas de salud por la mala calidad del agua que se distribuye.

La crisis del agua pestilente

La tarifa del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara sigue siendo fuente de discusiones –la mayoría inútiles–, a pesar de que los múltiples problemas que se anticipaban a partir del 1 de abril quedaron conjurados con la confirmación de que no entrará en vigor el costo de 14 pesos, que se había anunciado en diciembre del año pasado.
El gobernador Pablo Lemus anunció desde el pasado 5 de marzo que la tarifa no será de 14, sino de 11 pesos, sin que sea obligatorio el uso de la Tarjeta Única, hecho que también había provocado numerosas críticas y descalificación de las fuerzas políticas de oposición. Además, confirmó que la tarifa para todos los estudiantes será de 5 pesos. Adicionalmente, personas de la tercera edad y quienes vivan con alguna discapacidad e incluso, estén registrados en programas especiales, pagarán sólo la mitad de la tarifa.
Adicionalmente, ayer se confirmó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del Estado desechó las solicitudes de plebiscito y referéndum que se habían presentado los días 23 y 26 de enero pasados, para someter a consulta la determinación de la nueva tarifa de transporte. La razón es simple: al eliminarse el acuerdo para el aumento a 14 pesos, se eliminó la materia que era causa de las solicitudes, mismas que ya se habían turnado al Instituto Nacional Electoral (INE), donde se valoraban las firmas de los solicitantes.
A pesar del nuevo contexto, el Comité Estatal del Partido Morena anunció que mantendrán su exigencia de investigar el proceso que determinó la tarifa y adicionalmente, mantienen la solicitud a la Contraloría del Estado para que investigue la asignación a la empresa “Broxel”, que suministrará la Tarjeta Única.
La discusión, entonces, sigue otros derroteros: el político y el jurídico. El Partido Morena está en su papel como actor de oposición, pero para la población abierta, la que efectúa más de tres millones diarios de viajes en el transporte público, ya no es práctico mantener la discusión en la tarifa. Hay que girar ahora al análisis y revisión de la calidad del transporte.
En el Congreso del Estado se estableció una comisión especial que durante los próximos meses y con la participación de todas fuerzas partidistas representadas por los diputados, revisará los problemas señalados por los usuarios del transporte: calidad del servicio, comportamiento de los conductores, estado de las unidades, frecuencia de paso y otros factores.
Dicho de otro modo: para la sociedad ya es una pérdida de tiempo la discusión sobre la tarifa y los argumentos presentados desde el interés político y partidista. Lo que urge ahora es recuperar la calidad en el servicio, aumentar la cantidad de conductores y de unidades en circulación, además de revisar si el trazado de rutas es el adecuado. En estos y otros aspectos sí vale la pena mantener la vigilancia y la participación ciudadana, porque sin el transporte público, la ciudad se paraliza.

La discusión por la tarifa del transporte público

El hecho es contundente: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consiguió la alianza de varios presidentes latinoamericanos para establecer el “Escudo de las Américas”, una hechura en principio diplomática, que pone a las órdenes de la lucha contra el narcotráfico los esfuerzos de gobiernos como los de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y El Salvador, entre otros.
Como fenómeno de alianzas internacionales, tiene una particularidad establecida por el propio Trump: el objeto de combate es México. Nuestra nación ha sido señalada por el presidente norteamericano como “el epicentro de la violencia” provocada por los cárteles.
Apenas el viernes 06 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado en la rueda de prensa mañanera, cuestionada sobre el anuncio de acciones unilaterales en cualquier lugar de América Latina, que el gobierno mexicano tiene un “acuerdo de entendimiento” con el gobierno estadounidense desde hace varios meses. Y que con base en ese acuerdo se trabaja conjuntamente en el combate a la delincuencia.
El episodio de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, apenas el 22 de febrero, pareciera una “garantía” de protección.
Pero al menos en el discurso, la postura de Donald Trump indica otra cosa: insistió ante los jefes de Estado latinoamericanos que la presidenta Sheinbaum Pardo se niega a recibir el apoyo de su gobierno para enfrentar a los cárteles.
Hay algunas consideraciones para tener presentes sobre este tema, porque la presidenta Sheinbaum, cuestionada nuevamente este fin de semana, recurrió a su ya trillada estrategia de mantener “la cabeza fría”. En otras palabras, de su parte no habrá respuestas a las frases y provocaciones –porque eso son– del presidente estadounidense. En primera instancia, es lo más conveniente, aunque no es una solución de fondo.
Por otra parte, gobiernos tan importantes como los de Chile, Ecuador, Bolivia y Argentina, no pueden describirse sólo como víctimas inocentes de la acción de los cárteles mexicanos. La penetración de la delincuencia organizada es resultado de la debilidad de las instituciones y la corrupción de funcionarios civiles y de seguridad. El modelo se repite en todas partes.
Sin embargo, la presión diplomática aumentará para nuestro país, si al discurso punzante de Trump se unen los de Milei, Noboa o Bukele.
Un coro de acusadores no modifica la realidad, pero sí legitima las acciones del gobierno estadounidense, que con eso reduce la eficacia de las innegables acciones de colaboración del gobierno mexicano.
El Escudo de las Américas es un reto adicional para el gobierno mexicano, obligado ahora a mantener y fortalecer la lucha contra el crimen organizado, y al mismo tiempo, aumentar la colaboración e intercambio de inteligencia con naciones latinoamericanas. Es una carga extra con repercusiones económicas, políticas y sociales.

El Escudo de las Américas

La mañana de este 05 de marzo, el gobernador Pablo Lemus le dio un giro inesperado a la discusión que desde diciembre, se mantuvo abierta por el incremento a la tarifa del transporte público, que pasó de 9.50 a 14 pesos, y que podía aplicar un descuento de tres pesos siempre y cuando se obtuviera la Tarjeta Única implementada por el gobierno estatal.
Hubo muchos episodios de confrontación política y manifestaciones públicas… hasta que ayer el mandatario sorprendió: la tarifa que se aplicará desde el 1 de abril será de 11 pesos, no 14. No es obligatoria la Tarjeta Única y todos los estudiantes pagarán sólo cinco pesos, igual que habrá descuento del 50% para adultos mayores, personas con discapacidad y cuidadores, además de los beneficiarios relacionados con personas desaparecidas.
Pablo Lemus impactó en la opinión.
El anuncio cierra de golpe el episodio de la discusión pública por el transporte y el aumento en la tarifa y deja abierta la vía para una tarea que él mismo explicó: seguirá el trabajo para mejorar la calidad y el desempeño del transporte público. 
De hecho, en las numerosas mesas de trabajo y foros de análisis, se insistió en que no sólo debe hacerse énfasis en la tarifa, sino también en la calidad del servicio del transporte público.
Mientras tanto, ayer mismo también, en el Congreso del Estado se desarrolló una sesión del pleno en la que se aprobó la instalación de una Comisión Especial para Vigilar y Mejorar el Servicio de Transporte Público en Jalisco, en la que participarán todos los diputados coordinadores. Adicionalmente, aprobaron citar a comparecer a los secretarios de Transporte, Diego Monraz y de Hacienda, Luis García, para que expliquen el mecanismo de funcionamiento del transporte después de los cambios anunciados.
La medida adoptada por el gobernador Pablo Lemus puede interpretarse como una corrección a tiempo. Políticamente ya le había representado un gran desgaste a su administración y las críticas sociales aumentaban.
En una ciudad como el Área Conurbada de Guadalajara, donde la movilidad es prioritaria y la mayoría de la población se traslada en transporte público, el aumento en la tarifa a 14 pesos y la obligación de utilizar una tarjeta bancarizada, se había convertido en una “bomba de tiempo”. 
Todavía, efectivamente, quedan pendientes todas las medidas para mejorar el funcionamiento del transporte público. Quizá la primera y más urgente solución que se requiere es la contratación de más choferes y el aumento en la frecuencia de paso de las unidades.
Esa tarea debe ser atendida por el secretario de Transporte, Diego Monraz, y toda la estructura de transporte, incluyendo a los transportistas, que a partir de ayer podrían generar resistencia a la instrucción del gobernador.
El tema sigue en el primer orden del interés público.

La tarifa del transporte

Nuevamente, la presidenta Claudia Sheinbaum pospuso la presentación de su proyecto de reforma electoral que debía ser enviado a la Cámara de Diputados. Argumentó que debían revisarse algunos artículos que de último momento, le parecieron innecesarios. La realidad no admitida es que la presidenta enfrenta una rebelión que está fracturando a la 4T y que marcará el futuro de su administración.
A estas alturas –porque debe recordarse que ella misma había anunciado que la iniciativa se presentaría “a más tardar” el 15 de febrero–, la reforma electoral ya entró en una fase de cuestionamiento total: ¿es necesaria?
La presidenta Sheinbaum Pardo ha argumentado que entre sus objetivos está el fortalecimiento de la democracia y la reducción de sus costos, y ha negado tajantemente, ante la sospecha de sus aliados en el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que se esté gestando un retorno al autoritarismo de hace 40 años.
Los discursos van y vienen, pero lo cierto es que la reforma puede quedarse “atorada” como lo reconocieron en la Cámara Baja, durante otras dos semanas. Y el único objetivo es lograr consensos para que sea aprobada inmediatamente. Pero si ese acuerdo no se consigue antes de los últimos días de marzo, el calendario constitucional impedirá modificaciones para el proceso electoral de 2027.
Aunque los cuestionamientos principales de los aliados de Morena se centran en la reducción de los legisladores plurinominales y en la disminución del presupuesto público que se entrega a los partidos políticos, se suma el cuestionamiento sobre cómo debilitará al Instituto Nacional Electoral (INE), una reducción presupuestal basada en un porcentaje y no en competencias.
En estos momentos, han quedado desnudados las resistencias a la determinación presidencial, que radican no sólo en los partidos que han aprovechado la coalición con Morena desde su llegada al poder presidencial en el año 2018, sino que también hay resistencias entre quienes son integrantes de Morena.
Lo que está en juego ahora es el futuro de la presidencia de Claudia Sheinbaum. Si ella domina este pulso y se aprueba la reforma, centralizará y acumulará el poder; si la reforma no avanza, quedará debilitada el resto del sexenio.

Sheinbaum en Jalisco

La reforma electoral… que no llega

Conservar la sede de la Copa Mundial de Futbol 2026 se ha tornado, repentinamente, en una de las mayores prioridades para el gobierno de Jalisco y para el mandatario Pablo Lemus Navarro. El tema no es menor porque aunque se vistió de “discurso solidario”, el presidente municipal de San Luis Potosí, Francisco Galindo Ceballos, ya ofreció a esa ciudad como una posible sede alterna en sustitución del Estadio Guadalajara, que aunque se localiza en Zapopan, representa la sede estatal.
Después de los hechos ocurridos el pasado 22 de febrero con el operativo internacionalmente conocido que cobró la vida de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” (junto con muchas otras), uno de los principales esfuerzos oficiales, tanto del gobernador Lemus como de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido el de presentar una imagen de normalidad recuperada e incluso, el comentario mundialmente difundido de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al asegurar que la parte del Mundial de Futbol que corresponde a México está totalmente segura.
Pero entonces, ¿por qué se insiste en alimentar rumores sobre una posible cancelación de sedes? ¿A qué se debe que el alcalde de una ciudad, digamos menor en términos demográficos y de infraestructura, lance el mensaje de que pueden sustituir a Guadalajara?
Indudablemente hay intereses políticos y económicos que se mezclan. No puede ser una coincidencia que un personaje como Galindo Ceballos, con una trayectoria profesional ligada a la seguridad y no al ejercicio del poder político, repentinamente incursione en una dimensión de talante deportivo, económica y de infraestructura.
No puede serlo porque para todos es obvio que en nuestro país, Guadalajara, la Ciudad de México y Monterrey compiten permanentemente por establecer liderazgo en todas las áreas.
Además, San Luis Potosí, un Estado gobernado por Ricardo Gallardo, parcialmente identificado con Morena, pero ahora confrontado con el gobierno federal por la abierta intención de postular a la gubernatura a su esposa, la senadora Ruth González, lo cual ha rechazado reiteradamente la presidenta Claudia Sheinbaum, “gana terreno político” al abrir una mayor brecha para Jalisco en el esfuerzo y pacto político con el gobierno federal, para mantener la sede de la Copa Mundial de Futbol, evento que está ligado a inversiones multimillonarias y expectativas de crecimiento e incluso, una mayor inversión.
El éxito en la organización del Mundial en junio y julio próximos, consolidan a Jalisco como polo de desarrollo y poder en el Occidente del país.
Son numerosas las voces que desde el análisis y la comunicación política y viralizada, insisten en alimentar la posibilidad de perder la sede por problemas de seguridad y en particular, por las consecuencias del operativo de seguridad que eliminó a Nemesio Oseguera.
Lo más importante, en consecuencia, es neutralizarlas primero, y derrotarlas después, en la construcción de la narrativa pública.

Competidores de Guadalajara para el Mundial

La presentación de la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, puede reconfigurar completamente el panorama del poder en nuestro país con consecuencias inmediatas después de las elecciones de 2027. Entre otros escenarios, puede ocurrir el primer gran episodio del debilitamiento de Morena. Es una apuesta en el aire.
La presidenta Sheinbaum, como solemos decir, “se curó en salud”. Afirma porque conoce de la posibilidad, que la reforma puede no ser aprobada pero eso no deberá considerarse como un fracaso porque ella “hizo lo que le pedía el pueblo”, es decir, reducir los costos y someter al voto popular la elección de legisladores plurinominales. Cada uno de estos aspectos, sin embargo, requiere un análisis más puntual.
Al mismo tiempo, los dirigentes más prominentes del Partido Verde han anunciado en los últimos días su baja expectativa sobre la reforma electoral que llegaría de Palacio Nacional. Algunos han dicho que la reforma “es inútil” y anticipan abiertamente que si la votan en contra no debe considerarse su decisión una traición, porque la coalición con Morena no implica incondicionalidad.
Son muchos los aspectos y consecuencias a analizar en la propuesta de reforma electoral, pero si no es aprobada, a pesar de lo que diga la presidenta habrá sido un fracaso político. Y si la coalición Morena-Verde-PT empieza a romperse desde las elecciones de 2027, el proyecto de dominación total (control de la Cámara de Diputados, el Senado y el Poder Judicial) empezará a diluirse. En sentido democrático, esa es una buena noticia.
Por otra parte, es importante hacer notar el tema de la disminución de costos de la democracia mexicana y sus procesos electorales.
En un país como el nuestro, con profundas desigualdades económicas, es una propuesta siempre apoyada la de reducir costos. Pero no tiene mucho sentido recortarle presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) y todo el aparato organizador de los procesos electorales, si esto va a implicar que las elecciones pierdan confiabilidad; de por sí, ya son siempre polémicas y cuestionadas en el entorno actual debido a las dinámicas de comunicación, pero cuando menos en el ámbito judicial sus resultados quedan firmes.
Metafóricamente, si el costo de los alimentos es alto, no es buena idea cambiarlos por otros más baratos pero que conducen a una mala nutrición. Los problemas de salud, serán mucho más costosos en todos los sentidos.
Necesariamente, los defectos –que sí los hay, y muchos– en nuestro sistema democrático, de partidos y electoral, deben revisarse con atingencia y detalle. Y no dependen sólo de reformas constitucionales, sino también de ajustes legales, reglamentarios y técnicos con objetivos de precisión.
Es el problema que ha mostrado desde que surgió la llamada “cuarta transformación”. Eliminan el todo por fallas puntuales, dejando un vacío que amplifica los problemas.
La discusión legislativa de la reforma inicia esta semana.

El impacto de la reforma electoral

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Mi pecho no es bodega

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Una reforma que nació muerta

Cumplieron con las formas y con la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados: al someter a votación el paquete de iniciativas de reforma a la Constitución Mexicana, no alcanzaron los votos para aprobar la denominada “reforma electoral” presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
No pequemos de ingenuos. Aunque la presidenta diga que no fue un fracaso porque ella “ya cumplió” con lo que el pueblo le había pedido, lo fue.
Políticamente, el costo no lo pagan los partidos políticos “aliados” de Morena, el Verde y el Partido del Trabajo. El costo político lo paga ella.
Ya preparan el llamado “Plan B”, que consistirá en reformas a leyes secundarias para lograr los objetivos centrales de su propuesta: reducir los costos de la organización de elecciones, recortándole presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) aunque eso implique reducir la confiabilidad de las elecciones. ¿Insistirá la presidenta en eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)? ¿En eso sí la apoyarán diputados y senadores del Verde y del PT, satisfechos con que no se reduzca el recurso económico a partidos políticos y no les quiten el control en la elección de legisladores plurinominales?
En coincidencia con lo que han señalado los partidos políticos de oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) lo que de verdad urge es habilitar reglas para evitar que candidatas y candidatos relacionados con la delincuencia organizada y con élites políticas en estados y regiones, mantengan el control de candidaturas.
Por la derrota de la presidenta Sheinbaum en esta reforma le da fuerza a personajes como Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí que impulsa a su esposa Ruth González, para que se candidata a sucederlo; a Saúl Monreal, senador que quiere ser el tercero de los hermanos que gobierne Zacatecas; a Samuel García, que impulsa a su esposa Mariana Rodríguez para que sea candidata a gobernadora de Nuevo León. Y un largo etcétera.
El fracaso de la reforma electoral de la presidenta, aunque en las encuestas fuera apoyada por la población, le pone límites al poder presidencial y la pone contra la pared. A partir de este momento, aunque en el Cámara de Diputados griten: ¡Viva México! ¡Viva la presidenta Sheinbaum!, lo que en realidad ocurre es que se debilita su grupo político y se empoderan quienes la han retado desde hace meses.
La abundante verborrea legislativa que defiende la democracia y el derecho a votar, se sintetiza en el poder de los votos en la Cámara de Diputados y en el Senado. 
A partir de ahora, muy pronto en un sexenio que vive su segundo año, la presidenta Sheinbaum inicia un camino en declive. La lucha interna por las candidaturas en Morena, verá cómo otros liderazgos le discuten a la presidenta las decisiones. Y muy probablemente, las diferencias con el PT y el Verde se hagan más profundas e irreversibles.
No sólo se debilita Claudia Sheinbaum. Con ella pierde fuerza su núcleo y empieza a desmoronarse eso que bautizaron como “el segundo piso” de la 4T.

La reforma que nadie quiere