Mirza Flores

El 8M no es solo una fecha, ni una conmemoración frívola o en boga, es más que eso: es una resistencia, una impronta que sigue estando más vigente que nunca. Los orígenes del 8M están relacionados con la industrialización, porque si bien ésta implicó el desarrollo económico centroeuropeo, también generó una infinidad de violaciones de garantías individuales y de derechos humanos, aunque entonces ni siquiera se consideraban como tal.
Es decir, prevalecía una sobre-explotación de mujeres en todos los ámbitos: carecían de derechos para maternar, para lactar, para trabajar, para votar y, además, ganaban una quinta parte de lo que ganaban los hombres. En este sentido, hay muchas, muchas mujeres que nos han abierto el camino y que debemos recordar en esta jornada, como por ejemplo, Rosa Luxemurgo, quien encabezó la lucha de los derechos laborales y cuestionó la política y la sociedad “tradicionales” lo que, a la postre, le costaría la vida.
De igual forma, la activista alemana Clara Zetkin, quien fue una de las principales impulsoras del Día Internacional de la Mujer; propuso, en 1910, durante la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, establecer una jornada anual para promover los derechos políticos y laborales de las mujeres. Sus visiones articularon la lucha por la igualdad con la organización colectiva y la participación política, sentando las bases que hoy siguen dando sentido al 8M como una fecha de reivindicación y compromiso democrático. Aquellas demandas no eran solamente ideológicas o ideas abstractas; eran reclamos concretos por justicia, dignidad y reconocimiento.
Debemos reconocer que aún tenemos como reto alcanzar la igualdad sustantiva: aquella que se traduce en oportunidades reales y condiciones equitativas. En ese sentido, es importante que todos los gobiernos apoyen la construcción y fortalecimiento de un Sistema Estatal de Cuidados, la cual representa una política pública estratégica. Reconocer el valor social y económico del trabajo de cuidados (históricamente asumido por las mujeres) no solo es un acto de justicia, sino una condición para el desarrollo integral de nuestra sociedad.
El 8M importa porque nos recuerda que los derechos se consolidan cuando se asumen como responsabilidad colectiva. No es una fecha de confrontación, sino de reflexión y compromiso. Es una oportunidad para reafirmar que la participación de las mujeres en la vida pública fortalece la democracia y enriquece la toma de decisiones.
Desde Movimiento Ciudadano, asumimos que la igualdad no puede quedarse en el discurso, requiere decisiones, presupuestos, reformas y seguimiento permanente. Requiere abrir espacios reales de liderazgo para las mujeres en la política y en la vida cotidiana: acompañar sus causas y convertir sus demandas en agenda pública. Por tanto, el 8M no es una postura coyuntural: es una convicción democrática y una tarea que hoy es más vigente que nunca, porque las que estamos hoy seguimos y seguiremos luchando por salarios justos, por condiciones de trabajo dignas, por el derecho de las mujeres a participar en cargos de toma de decisiones, en todos los ámbitos de la vida, a favor de la vida y en contra la violencia hacia niñas y mujeres.
Finalmente, dedico esta columna a mis amigas y compañeras Blanca Álvarez y Ceci Ruvalcaba. Su lucha sigue viva. En paz descansen.

8 de marzo: una fecha vigente para la igualdad sustantiva

Hay muertes que no son solo una tragedia personal, son un mensaje y un recordatorio brutal, dirigido a todas nosotras, de que hay quienes todavía no toleran que las mujeres gobiernen, que decidan, que persistan.
En 2021, Blanca Estela Álvarez Chávez dejó de un lado su vida profesional y privada para meterse a la política por su municipio. Fue candidata y perdió por una cantidad mínima de votos.
Empresaria turística de crecimiento, Blanca construyó su liderazgo desde abajo, desde las conversaciones en la calle, desde la mesa del cabildo donde ocupó su curul como regidora y desde las comisiones que, aunque no suenan glamorosas, son las que tocan la vida cotidiana de la gente.
Fue en esos espacios donde ella encontró su forma de hacer política: escuchando, gestionando, siendo puente entre las mujeres y hombres de su comunidad con los programas que podían mejorarles la vida. Porque eso era Blanca: una facilitadora de soluciones en un municipio donde los problemas no esperan aprobación.
Conocí a Blanca en las reuniones políticas de nuestro Movimiento, en esos espacios donde una aprende rápido que la persistencia cuesta. Ella lo sabía mejor que nadie. Se postuló dos veces a la presidencia municipal de La Manzanilla de la Paz y dos veces la derrota no la dobló. En otro contexto, eso se llama vocación. En el contexto de una mujer en la política del Sur de Jalisco, eso se llama valentía y Blanca tenía ambas cosas de sobra.
Después de perder la elección, se divorció de su esposo, luego de pasar esa experiencia se fortaleció en lo personal y siguió con su labor pública manteniendo el compromiso que hizo consigo misma, pero también con todas las y los ciudadanos que habitan su localidad.
La sororidad de Blanca era una práctica, era ser, para muchas mujeres de La Manzanilla de la Paz, la única puerta a la que podían tocar cuando no sabían a dónde más ir. Eso, compañeras, no aparece en ningún índice de gestión pública. Pero lo sienten quienes lo vivieron cuando no llegaba a ningún lugar de visita con las manos vacías y hacía de la convivencia comunitaria una práctica regular.
La Fiscalía del Estado investiga su asesinato bajo el protocolo de feminicidio, y eso no es un tecnicismo: es el reconocimiento de que su muerte tiene nombre, tiene categoría, tiene contexto. Blanca no murió por accidente. Las violencias que vivimos nos vuelven a llevar a un luto por una compañera.
A las mujeres y hombres que la conocimos, les acompaño: nuestro duelo es legítimo, su rabia es legítima y su exigencia de justicia también lo es. Desde Movimiento Ciudadano Jalisco lamentamos lo ocurrido con el precedente de que esa mujer valiente, generosa y amable que hoy no está con nosotras, en próximos días rendiría protesta como coordinadora de nuestro movimiento en La Manzanilla.
Blanca Estela Álvarez Chávez entendió que la política sin presencia femenina es solo la mitad de la política. Ella ocupó ese espacio con convicción y con generosidad. Su legado son las mujeres que se van a levantar después de ella, las que van a postularse, las que van a exigir y las que van a gobernar. Con un pésame dirigido a toda su familia, amigos y colaboradores, hago un llamado a mantener su memoria con la dignidad y altura con la que vivió su vida.
La Manzanilla de la Paz y Jalisco te vamos a extrañar.

Gran madre y luchadora por el bien de su comunidad

Hay silencios que matan y omisiones que destruyen pueblos enteros. Lo que ha ocurrido en Tequila durante los últimos años no es un accidente, sino la crónica de una entrega pactada. Durante dos años, Morena decidió cerrar los ojos mientras uno de nuestros Pueblos Mágicos se transformaba en un escenario tenebroso, donde el poder público y el crimen organizado se mimetizaron ante la mirada cómplice de la dirigencia de su partido.
La detención de Diego Rivera Navarro, hoy recluido en el Altiplano, no debe verse como un punto final, sino como la evidencia de un sistema de impunidad que Morena protegió hasta que fue políticamente insostenible. Ignoraron todo: saqueo del patrimonio de los tequilenses, denuncias ciudadanas, uso del Museo del Tequila –un espacio de identidad y cultura– como residencia privada, la detención arbitraria de periodistas y, lo más grave, el hostigamiento sistemático a las regidoras del ayuntamiento.
Es imperativo detenernos en este punto: mujeres valientes de distintas fuerzas políticas alzaron la voz para denunciar que el alcalde había pactado con el crimen. A ellas, lejos de reconocerles su valor civil, se les dejó a merced de amenazas de muerte. Es inaceptable que en este país, cumplir con el deber de fiscalizar y proteger a la ciudadanía signifique ponerle precio a la propia vida. La protección y seguridad de estas servidoras públicas debe ser una prioridad absoluta para todas las autoridades; no podemos permitir que el miedo sea la moneda de cambio en nuestros cabildos.
La llegada de una nueva etapa con Lorena Marisol Rodríguez Rivera genera más dudas que certezas. Diversos testimonios y documentos judiciales la señalan como parte del círculo cercano del exalcalde. Tequila no necesita un relevo de nombres bajo la misma estructura; necesita una ruptura total con el modelo de gobierno que permitió que la violencia se sentara en la silla presidencial.
Frente a este vacío de autoridad moral y política, el gobierno de Jalisco ha respondido con presencia, recursos y atención integral. El gobernador Pablo Lemus se trasladó al municipio con su gabinete en pleno para tomar el control de la situación y ha anunciado una inversión histórica de 500 millones de pesos. Estos recursos no son solo números; son programas estatales diseñados para reactivar la economía local, devolverle la certeza a los empresarios y reconstruir el tejido social que Morena permitió que se desgarrara.
La tragedia de Tequila es el espejo de lo que ocurre en muchos territorios gobernados por el partido guinda: espacios cedidos donde la política se rinde ante el delito. En Jalisco, la prioridad es clara: trabajamos con toda la fuerza del Estado para reactivar al Pueblo Mágico, devolverle su tranquilidad y garantizar que su brillo no vuelva a ser opacado por la complicidad de quienes prefirieron el abandono antes que la justicia.

Tequila: del abandono guinda al rescate de su magia

Hay personajes que no necesitan presentación porque su sombra los precede. Adán Augusto López Hernández es uno de ellos. Quien fuera el “hermano” predilecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el operador de hierro en la Secretaría de Gobernación, hoy abandona la coordinación de los senadores de Morena por la puerta de atrás. Sin embargo, no nos confundamos: en el diccionario del oficialismo, “dejar el cargo” no es sinónimo de rendir cuentas, sino de perfeccionar la impunidad.
Su salida ocurre tras meses de un desgaste insostenible, marcado por revelaciones que harían caer a cualquier funcionario en una democracia real. Se va rodeado de señalamientos que vinculan su paso por la gubernatura de Tabasco con el Cártel de La Barredora, factureras y prestanombres para simular competencia en contratos públicos por más de 2 mil millones de pesos y redes de huachicol fiscal que florecieron bajo su amparo.
Documentos de inteligencia y reportes periodísticos han documentado cómo sus piezas de confianza —incluyendo a su exsecretario de Seguridad, hoy en prisión— tejieron una red de protección criminal que hoy asfixia al Sureste. Pero en el México de la &#8220;transformación&#8221;, las evidencias son &#8220;otros datos&#8221; y los cómplices son &#8220;soldados del movimiento&#8221;.
Adán Augusto no cae, lo sacan del escaparate, pero lo conservan dentro del sistema. Al no pedir licencia y mantener su escaño, conserva el fuero, ese blindaje que Morena juró eliminar y que hoy utiliza como chaleco antibalas contra la justicia. Mientras existan sospechas fundadas de sus nexos con el crimen organizado y el desvío de recursos mediante empresas fantasma constituidas en su propia notaría, su permanencia en el Senado es un insulto a la inteligencia de las y los mexicanos.
Lo que hoy vemos es una simulación de castigo. Se va desde ahorita como operador electoral, permitiéndole mantener intactas sus redes político-empresariales. No hay una sola carpeta de investigación abierta en la FGR en su contra; no hay intención de tocar al hombre que conoce las alcantarillas del poder. Morena ha convertido la impunidad en su política pública más eficiente: si eres o te dices útil para ganar elecciones, tus pecados están perdonados.
Por eso es urgente entender que, mientras este grupo siga en el poder, la justicia será selectiva y los personajes oscuros seguirán operando desde la comodidad del fuero. México no merece operadores de la sospecha; merece instituciones que no tiemblen ante los &#8220;hermanos&#8221; del poder.
Hoy Adán Augusto sale de la coordinación, pero sale limpio. Sin investigación, sin proceso, sin rendición de cuentas. No cayó: lo acomodaron. Y ese es, quizá, el síntoma más grave del momento político que vivimos.

Mirza

Blindaje e impunidad: membrete de la 4T

El silencio que hoy impera en las vías de la Línea Z, en el Istmo de Tehuantepec, es el eco de una tragedia que pudo —y debió— evitarse. Con un saldo desgarrador de 14 vidas, no debe ser interpretado como un evento fortuito de la ingeniería, sino como el síntoma terminal de una gestión que priorizó la narrativa política sobre la seguridad estructural.
El Tren Interoceánico nació bajo la promesa de ser el motor del nearshoring y el competidor directo del Canal de Panamá. No obstante, la realidad técnica ha chocado de frente con la retórica. Los informes periciales son contundentes: el exceso de velocidad fue el detonante. Pero la pregunta de fondo no es por qué el operador aceleró, sino por qué el sistema permitió que lo hiciera sobre una infraestructura que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había señalado como deficiente años atrás.
La administración del proyecto ha evidenciado una preocupante desconexión entre la disciplina militar y la especialización civil ferroviaria. Mientras que el mando castrense se enfoca en el cumplimiento de plazos y metas de &#8220;soberanía&#8221;, la seguridad de transporte requiere de una autonomía técnica que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) simplemente no ha podido ejercer. Hemos sacrificado el rigor de la certificación internacional en el altar de la celeridad.
El impacto económico es, por lo menos, severo. La confianza de los mercados no se construye con decretos, sino con fiabilidad. Al operar con materiales de dudosa calidad y desoír las advertencias sobre la estabilidad del balasto en tramos críticos, el Estado mexicano ha enviado una señal de alerta a las inversiones: el Corredor Interoceánico es hoy un activo de alto riesgo. La suspensión de operaciones para una recertificación tardía es la admisión tácita de que el proyecto se entregó incompleto bajo una falsa apariencia de funcionalidad.
Más allá de las cifras de déficit y las proyecciones de carga, queda la sensibilidad ante las víctimas. Cada una de esas 14 familias es el testimonio de un sistema que prefirió ignorar la física para alimentar una estadística de progreso. La política de infraestructura en México no puede seguir siendo un ejercicio de voluntarismo donde la velocidad del tren supere la capacidad de las vías para sostenerlo.
Si el Corredor Interoceánico ha de tener un futuro, éste no se encuentra en la inauguración de más tramos, sino en la rendición de cuentas. Es imperativo que la responsabilidad civil y penal alcance a quienes autorizaron la operación de convoyes en condiciones subóptimas. De lo contrario, este proyecto no será recordado como el puente entre dos océanos, sino como el monumento a una negligencia que, por correr demasiado, terminó por descarrilar su propia legitimidad.
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La velocidad de la negligencia

La democracia mexicana no está ante una reforma, sino ante un asalto premeditado. Lo que hoy presenciamos es el intento de transformar una mayoría artificial en un dominio absoluto para dar el golpe final al pluralismo político. El régimen actual utiliza una aritmética tramposa para mirarse en el espejo de 1970 y resucitar el autoritarismo.
La reforma electoral que hoy se discute no es un ejercicio de austeridad ni de justicia; es la culminación de un plan para asfixiar las voces disidentes. Desde Movimiento Ciudadano lo decimos con claridad: El ahorro no puede ser la coartada para el autoritarismo.
El núcleo de esta iniciativa —la eliminación de la representación proporcional— es una emboscada matemática. Morena y sus aliados pretenden gobernar como si el país fuera suyo, ignorando que su fuerza en el Congreso no refleja la voluntad real depositada en las urnas. Es una tiranía de las mayorías artificiales: Un sistema donde un partido con menos de la mitad de los votos captura casi la totalidad del Poder Legislativo. Si permitimos que eliminen la representación proporcional, estaremos permitiendo que silencien a millones de mexicanos que no piensan como el régimen.
La narrativa oficialista intenta vender este retroceso como &#8220;Austeridad Republicana&#8221;. Es un argumento falaz. Debilitar al INE y al Tribunal Electoral bajo el pretexto del recorte presupuestal es, en realidad, quitarle los dientes al árbitro cuando el partido en el poder demuestra su incapacidad para jugar limpio. Quieren un árbitro a modo, debilitado y dependiente de la voluntad de Palacio Nacional.
Esta iniciativa es, además, una reforma ciega ante las tragedias del presente. Resulta sospechoso que el régimen ignore deliberadamente la amenaza del financiamiento del crimen organizado en las campañas, que rechace la modernización tecnológica de las urnas y que huya de la segunda vuelta electoral, la única herramienta que daría legitimidad real y acabaría con las mayorías de papel. No es una reforma para fortalecer al ciudadano; es un blindaje para que el poder actual no sea cuestionado por el México del siglo XXI.
En Movimiento Ciudadano defenderemos cada voto. No permitiremos que se desmantele la casa de todos para construir un palacio de uno solo. El futuro de México no puede ser el botín de una mayoría construida con mentiras matemáticas.
La democracia no se toca, evoluciona. Y el futuro no se negocia.

La trampa del pasado: por qué la reforma electoral es un golpe al futuro de México

A siete años de distancia, vale la pena recordar —con datos y no con ocurrencias— dónde estaba Jalisco y dónde está hoy en materia de transporte público. En 2018 heredamos un sistema reprobado, inseguro y profundamente injusto para quienes dependían de él todos los días. Hoy, gracias a la continuidad de políticas públicas serias y a la visión de los gobiernos de Movimiento Ciudadano, podemos decir con claridad que el Estado tiene uno de los mejores sistemas de transporte del país. No es discurso: Son resultados.
Hablar de tarifa exige responsabilidad. Morena ha querido convertir un debate técnico en un pleito político, ignorando algo elemental: Ningún sistema de transporte del mundo es viable sin subsidios y sin inversión pública. Mientras Movimiento Ciudadano construye soluciones, ellos prefieren organizar marchas y montar escenarios de confrontación con el único objetivo de polarizar y sacar raja política, sin aportar una sola propuesta seria.
Hoy, gracias al diálogo y a la apertura del gobernador, se logró un subsidio histórico para todos los estudiantes, que les garantiza movilidad digna a solo cinco pesos, así como un subsidio general de tres pesos por viaje para toda la población. Mientras en la Ciudad de México el subsidio por usuario alcanza los ocho pesos y se cubre con recursos federales, a Jalisco se le niega ese respaldo. Aun así, aquí hacemos más con menos y mantenemos una tarifa por debajo de otros estados del país incluso con menor densidad poblacional.
Eso es posible porque en Jalisco no improvisamos. Se ha invertido de manera constante en camiones, infraestructura, tecnología y capacitación. Solo en el último año se incorporaron casi 300 camiones nuevos, con unidades modernas en el Área Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno. Se entregó la Línea 4 del Tren Ligero y la Línea 5 ya está en construcción. Estas obras no solo reducen tiempos de traslado, también cambian la vida de miles de familias.
Pero la transformación de la movilidad va más allá del transporte motorizado. Todo comenzó con la creación del Imeplan, hace más de una década, cuando se decidió pensar la movilidad con una visión metropolitana y de largo plazo. Desde ahí se impulsó una red de ciclovías que conecta la ciudad y abre alternativas reales para miles de personas que hoy se mueven de forma segura y sustentable. Fue una decisión estratégica frente a un modelo que durante años privilegió únicamente al automóvil, saturando vialidades y relegando a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.
A estas políticas se suma una herramienta que pone a Jalisco a la vanguardia nacional: La Tarjeta Única Jalisco. No es solo un medio de pago. Es una plataforma integral que permite moverte por todo el sistema, acceder al Seguro Médico al Estilo Jalisco, recibir apoyos sociales, usar Mi Bici, obtener descuentos, pagar derechos a meses sin intereses, ahorrar y comenzar a construir historial crediticio. Jalisco hace historia al integrar salud, transporte, apoyos y servicios financieros en una sola tarjeta gratuita, moderna y segura.
Frente a esto, los señalamientos de quienes ya tuvieron la oportunidad de gobernar resultan vacíos: dejaron un sistema colapsado, con unidades viejas y capturado por intereses particulares. Hoy critican una política que sí da resultados, pero nunca fueron capaces de ofrecer un servicio digno.
Defender el transporte público es defender el derecho a la ciudad, al trabajo y a la educación. El gobernador Pablo Lemus ha encarado esta agenda con seriedad y una convicción clara: Poner al centro a las y los jaliscienses. Esa es la diferencia entre gobernar al Estilo Jalisco y solo hacer ruido.

Así transformamos la movilidad en Jalisco

El contenido que publica el senador Gerardo Fernández Noroña, de forma cada vez más recurrente, me deja una reflexión importante. La participación de ciudadanas y ciudadanos que documentan y exponen la vida pública de los líderes del oficialismo, que en un sentido estricto son servidores públicos, permite mostrar la hipocresía y los mensajes incongruentes de quienes hoy ocupan los cargos federales más altos del país.
En esta ocasión, el senador Noroña estaba en unas nuevas vacaciones por la ciudad de Roma, Italia. Al momento en que fue cuestionado por su estadía en aquel país de Europa, fiel a su estilo, se puso a la defensiva, violento, y respondió con agresiones verbales que bien pueden calificarse de clasistas. Todos y todas pueden ver el video en redes sociales. Lo relevante no es solamente la reacción destemplada, sino el intento de ridiculizar a quien cuestiona, como si el escrutinio ciudadano fuera una falta de respeto y no una obligación democrática.
Lo que vimos se suma a una serie de momentos documentados que evidencian la verdadera faceta de quienes, junto con el expresidente López Obrador, juraron y perjuraron seguir una serie de principios que titularon la “austeridad republicana”. Cuando el líder político era el expresidente, resultaba impensable que sus seguidores se expusieran de esta manera. De hecho, algunos fueron castigados con la remoción de su cargo cuando los medios publicaron fiestas y gastos excesivos —recordemos los casos de Josefa González Blanco, Santiago Nieto Castillo o Paola Félix Díaz—. Hoy, en cambio, el oficialismo parece haber normalizado el privilegio envuelto en retórica moral.
Lo que hemos aprendido es que con Morena sí puede haber gobierno rico con pueblo pobre; que la austeridad no es un asunto de principios; y que los funcionarios nunca aprendieron a vivir en la honrosa medianía. La pena se esfumó junto con el dogma ideológico, que terminó siendo palabras para derrochar.
En ese mismo espejo de contradicciones aparece el reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico, una obra presentada como emblema de desarrollo y “soberanía económica”. El accidente —que dejó víctimas mortales y evidenció fallas operativas— coincidió con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre irregularidades millonarias y posibles pagos en exceso durante su construcción. Es lamentable por sus consecuencias humanas y, al mismo tiempo, revelador en términos públicos: mientras el discurso insiste en la austeridad y la rectitud moral, los proyectos estratégicos exhiben sobrecostos, opacidad y deficiencias que terminan pagándose con dinero de todas y todos.
Ahí está, quizá, la mayor lección de estos episodios: la llamada “austeridad republicana” se convirtió en un relato conveniente, una narrativa que moraliza hacia afuera mientras normaliza privilegios hacia adentro. Las vacaciones de lujo, los desplantes de soberbia, los viajes oficiales y los proyectos con inconsistencias se sostienen bajo una retórica que presume ética pública, pero opera con lógica patrimonialista.
Lo verdaderamente preocupante no es solo la distancia entre lo que dicen y lo que hacen, sino la forma en que intentan blindar sus excesos mediante la agresión, la descalificación y el uso faccioso del poder. En lugar de rendir cuentas, castigan la crítica; en vez de corregir, señalan al ciudadano que pregunta.
Tenemos un gobierno dispuesto a condenarte si buscas un país mejor. El senador Noroña ya denunció ante la FGR a un ciudadano que lo increpó en el Aeropuerto de la Ciudad de México; en Campeche se aplicó la Ley Mordaza; y en Veracruz se procesó a un periodista por terrorismo. ¿Qué sigue?

Palabras para derrochar

Hiram Espinoza de los Monteros

El agua turbia… y las versiones también

Jonás

La reforma que nadie quiere

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Mi pecho no es bodega

Juan Pablo Colín

El tarifazo sigue, no la Tarjeta Naranja

Miguel De La Rosa Figueroa

SIAPA: Agua y cuentas turbias

Hay derrotas que se explican solas, pero pocas son tan reveladoras como la de una reforma que no logró convencer ni a quienes comparten la misma mesa. El fracaso del proyecto electoral del oficialismo exhibe que la cohesión del movimiento es tan frágil como la legitimidad de sus intenciones. Lo que hoy vemos no solo es el freno de la oposición, sino también el colapso de una narrativa que chocó contra su propia ambición.
El tan cacareado proyecto de renovación del sistema electoral mexicano terminó estancándose en una dinámica que revela, más que cualquier discurso, que la llamada Cuarta Transformación se ha convertido en algo nada inspirador: una mera gestión de daños. Y aquí viene la ironía más dolorosa de todo este proceso; Morena no tuvo que enfrentarse a la oposición para ver frenada su iniciativa, sino a sus propios aliados, a los partidos de su coalición, con los que supuestamente comparte visión y proyecto. A la oposición simplemente optaron por no escucharla desde el principio.
Una propuesta que no logró convencer a sus propios aliados no podía pretender ser legítima ante el resto del país, y difícilmente puede llamarse reforma democrática la que nació sin diálogo, sin consenso y sin la participación de los actores que, nos guste o no, son parte del sistema que se pretende modificar. Estamos, para decirlo con claridad, ante otro Plan B, C o D que en poco abonará al fortalecimiento real de la democracia ni a la participación ciudadana que tanto se invoca en los discursos.
Desde Movimiento Ciudadano creemos que México sí necesita una reforma electoral, pero una que nazca de las necesidades reales de la ciudadanía, no de los intereses de quien detenta el poder. Por eso nuestra bancada presentó una propuesta concreta y responsable, una iniciativa que no se queda en el &#8220;no&#8221;: busca fortalecer la participación ciudadana, reducir el gasto del sistema electoral, blindar los procesos electorales frente al crimen organizado y garantizar reglas más justas para la competencia política.
En el Senado, MC lo ha dicho con todas sus letras: no podemos limitarnos a votar en contra, tenemos que construir alternativas. Y en eso nos distinguimos. La reforma del gobierno no pasó, no porque la oposición sea poderosa, sino porque incluso entre sus propios promotores no lograron ponerse de acuerdo, lo cual es la señal más evidente de que algo falló desde el principio, que la negociación política pudo más que la convicción democrática.
Nuestro sistema electoral es perfectible, tiene rezagos importantes y enfrenta desafíos que hace veinte años no existían, pero cualquier reforma que aspire a mejorar la democracia tiene que empezar por incluir a quienes representan a la ciudadanía, y no puede construirse desde la lógica del poder que quiere perpetuarse. En Jalisco, seguiremos apostando por una reforma que amplíe derechos, abra espacios al debate público y ponga a la gente, no a los partidos, en el centro.

Una reforma que nació muerta