La crisis no es electoral

Durante semanas se intentó instalar la idea de que México atraviesa una crisis electoral. Que el sistema cuesta demasiado, que el árbitro está rebasado y que las reglas necesitan una sacudida profunda. Bajo ese argumento se presentó la reforma que finalmente se cayó en el Congreso.

El problema es que la crisis que vive la democracia mexicana no está necesariamente donde algunos quieren encontrarla.

Cuestionémonos seriamente: ¿México tiene una crisis de elecciones, o tiene una crisis de partidos? Las elecciones se realizan, los votos se cuentan y los resultados se conocen con rapidez. En la última jornada federal participaron más de 60 millones de personas y se instalaron más de 170 mil casillas en todo el país. Sí, debemos crecer esa participación significativamente, y el engranaje institucional perfeccionarse.

Lo que no funciona es otra cosa: la confianza en quienes compiten dentro de ese sistema.

Los partidos políticos aparecen de manera constante entre las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía. El desgaste ha sido tan profundo que incluso estructuras que durante décadas parecían políticamente indestructibles, como el PRI, terminaron atrapadas en el mismo pantano de desconfianza que ayudaron a construir.

Pero el problema no se limita a los partidos del pasado. En los últimos años también hemos visto cómo el partido gobernante —Morena— empieza a mostrar una tentación conocida en la historia política: cuando el tablero deja de ser completamente favorable, la reacción no siempre es mejorar el juego, sino ajustar los lentes y mover las reglas.

Ahí es donde la discusión sobre la reforma electoral empezó a revelar su verdadero trasfondo.

Porque la iniciativa no logró demostrar que buscara resolver los problemas más urgentes de la democracia mexicana: cómo recuperar la confianza ciudadana, cómo mejorar la representación política o cómo cerrar el paso al dinero ilegal que intenta infiltrarse en las campañas.

En cambio, el debate se desplazó hacia el cuestionamiento del árbitro electoral y hacia la posibilidad de debilitar instituciones clave del sistema. Ahora, el llamado Plan B, me asusta más, pues apunta en la misma dirección: recortar capacidades al árbitro y sembrar dudas sobre herramientas como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que durante años ha permitido dar certeza a los resultados la misma noche de la elección.

En medio de ese ruido quedaron invisibilizadas propuestas sensatas de otras fuerzas políticas como Movimiento Ciudadano, que por ejemplo, ha planteado reducir responsablemente el financiamiento público de los partidos, equilibrar la distribución de recursos, regular el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral y abrir el debate sobre el voto joven.

Porque el sistema electoral sí necesita reformas. Pero no para inclinar el tablero.

Necesita cerrar las grietas por donde se cuela el dinero ilegal, corregir los incentivos que han encarecido la política y reparar vicios acumulados durante años.

Una reforma electoral útil debería responder a una exigencia simple: estar a la altura de la democracia que la ciudadanía reclama.

Porque las reglas electorales no se cambian para facilitar el poder.

Se cambian para que el poder tenga límites.