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16 marzo 2026
Laura Castro Golarte
Laura Castro Golarte
"Laura Castro Golarte es periodista independiente y activa desde hace más de 40 años; politóloga y doctora en Historia Iberoamericana por la Universidad de Guadalajara. Es autora de varios libros. "

Una demanda añeja, un sueño

16 marzo 2026
|
05:00
Actualizada
12:51

Durante años, el PRI controló el destino del país con un autoritarismo férreo que solidificó desde su fundación, primero con otro nombre: Partido Nacional Revolucionario y a partir del cambio que discurrió el general Lázaro Cárdenas: Partido Mexicano de la Revolución. Una modificación que no implicaba sólo darle otro nombre, sino conformar la estructura de sobrevivencia, ya diseñada por Plutarco Elías Calles, como el fortalecimiento de los sectores campesino, obrero y popular que le darían larga vida al PRI en el poder.

La Revolución Mexicana triunfante abrió las puertas a los que lucharon en esa guerra civil contra la dictadura de Porfirio Díaz y por los derechos de obreros y campesinos, para integrarse a la política en México con la idea inicial de seguir luchando, pero desde el terreno de las leyes primero y, después, como parte de un gobierno civil.

El partido se convirtió en el principal vehículo para llegar al poder, para ocupar puestos diversos y de todos los niveles en las administraciones públicas federales , estatales y municipales. El mecanismo se fue ajustando no sin violencia extrema, asesinatos y asonadas, pronunciamientos, pero poco a poco se fueron asentando los usos y costumbres de una cultura política que no ha muerto del todo. Sus patrones se están tratando de romper, pero las inercias internas son persistentes y no se diga las resistencias de quienes gozaron de ese sistema de poder y privilegios.

Conforme avanzó el siglo XX y los poderosos se hacían más y más autoritarios, las manifestaciones de oposición aparecieron y no cesaron ya. Para calmar las aguas se hicieron reformas electorales desde Luis Echeverría en adelante y fue así como se diseñaron leyes para que los partidos políticos que habían operado como satélites o comparsas, empezaran a ganar más espacios en el escenario político de México. Se inventaron entonces las diputaciones y senadurías de representación proporcional, con la idea de reflejar en el Poder Legislativo la gran diversidad política y cultural de los mexicanos.

Hasta ahí suena muy bien, sin embargo, los partidos colocaron las listas de los plurinominales a los que formaban parte de las mesas directivas de esos partidos para asegurar las curules. Como era de esperarse, aunque con honrosas excepciones, la fórmula se pervirtió y la representación proporcional se convirtió en el camino para sostener el partido político como un patrimonio de los dirigentes. Hoy tenemos extremos como el de Ricardo Anaya, un hombre sobre el que pesan investigaciones y salió del país, pero regresó porque estaba en la lista de los plurinominales del PAN para el Senado y se sentó en la curul, claro, con todo y fuero.

Esto es reciente, pero el pueblo de México desde hace décadas, desde el siglo pasado, empezó a inconformarse y expresar por distintas vías su oposición a la representación proporcional y también a los recursos público que crecían casi de manera exponencial para los partidos políticos y para la misma autoridad electoral. Lo descrito en ese breve párrafo son demandas añejas que no han sido atendidas por la resistencia de los partidos políticos, que no se resignan a operar con menos recursos y sin manipular resultados con las listas plurinominales, cuyos integrantes que llegan a los poderes legislativos, el federal o los locales, realmente no representan al electorado. Lo sabemos.

Son y han sido y por lo visto seguirán siendo, imposiciones de los partidos, porque la propuesta para que los integrantes de las listas fueran también votados por los ciudadanos se rechazó en la Cámara de Diputados igual que las propuestas de reducción de recursos públicos para partidos y para el INE, con el único ánimo de, primero, restarle onerosidad a las elecciones y a toda la estructura político electoral y, segundo, acabar con los privilegios.

La desaparición de esos privilegios de la clase política que se han extendido a la clase económica y a otros beneficiados por los poderosos, es también un reclamo añejo de los mexicanos. Ya se hizo el cálculo de lo que cuestan los diputados locales en todo el país, Estado por Estado, pero es mucho más si contamos regidores, gobernadores y sus gabinetes.

Sueldos, negocios, tráfico de influencias, regalos, prebendas, favores, viajes, camionetas, seguros de todo tipo, especialmente de gastos médicos mayores, joyas, hijos en escuelas y universidades privadas, bonos, aguinaldos, compensaciones, pensiones doradas…

Una larga lista de servicios y prácticas sufragadas por el dinero que pagamos todos vía impuestos y que otorgan a toda esa clase política unas condiciones de vida que no tienen nada que ver con la justa medianía. Viven como millonarios y, claro está, las resistencias a perder presupuesto y a permitir que sea el electorado el que decida quiénes ocuparán los lugares de la representación proporcional, ganaron la primera batalla la semana pasada cuando se votó en contra de la propuesta de la presidencia de la República que en esencia, incluía estos dos elementos planteados por la sociedad desde hace mucho tiempo. No es nuevo.

El juicio social no se hizo esperar y, más pronto de lo imaginado, tanto el Partido Verde como el del Trabajo se recompusieron (claro que no hay inocencia en ello, hay que ver qué más contiene la nueva iniciativa) y afirmaron que ahora sí apoyarán el Plan B que básicamente busca terminar con los privilegios de toda la clase política de ayuntamientos, congresos locales y gubernaturas.

Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, dijo: “Vamos juntos. Toda la coalición a nivel estatal, municipal, congresos de los estados, el Congreso de la Unión y las dirigencias. Verde y PT”. Se adelantó que el anuncio oficial se daría ayer, aunque en el momento de escribir esta columna no había sucedido. Y sabemos también que hoy será enviada la iniciativa de ese Plan B que aparte incluye fortalecer la participación popular. Lo que se propone, implica un ahorro de cuatro mil millones de pesos que se destinarían a estados y municipios.

Es un sueño añejo de los mexicanos que la clase política se conduzca con honestidad y rectitud; es posible, hay que romper patrones. Todos ganamos. En la medida en que los políticos de cualquier partido se conduzcan de esa manera, ganarán elecciones y no tendrán que conformarse con la representación proporcional y escaños escasos que impiden la toma de decisiones.

Es el momento de cambiar los propósitos de muchos políticos. No es mantenerse en el poder para conservar los privilegios, es representar a la sociedad y diseñar programas y políticas públicas para que todos vivamos mejor. Eso es todo. Ojalá de verdad hayan reconsiderado y estemos ante un panorama distinto, benéfico para el país. Hay que estar atentos y atentas a lo que sea que se haya generado ayer con los partidos aliados de Morena (sería ya lo máximo que también reconsideraran PRI, PAN y Movimiento Ciudadano) y con el Plan B cuya iniciativa llegará hoy al Congreso.

Antes de terminar con la columna de hoy, comparto un número de cuenta para apoyar a nuestros hermanos cubanos, ejemplo de dignidad y resiliencia, afectados severamente por los bloqueos ordenados por el gobierno de EE.UU.: de Banorte, es la cuenta de la asociación civil Humanidad con América Latina: 1358451779.

*Las opiniones y contenidos en este texto son responsabilidad total del autor y no de este medio de comunicación.
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