Hiram Espinoza de los Monteros

El agua turbia que sale al abrir la perilla en casas de la Zona Metropolitana de Guadalajara es algo que hasta el momento ninguna autoridad logra explicar. Así, cualquier actividad cotidiana que involucre el uso de agua genera desconfianza: esta llega con mal olor o en “color tejuino”. Simplemente, no es potable.
Las imágenes circularon en redes sociales y los reclamos no tardaron en multiplicarse. Ha habido manifestaciones y cierres viales con tal de que el problema se resuelva y, frente a ello, surgen explicaciones simplistas y sin mayor sustento que la opinión.
La primera explicación pública llegó la semana pasada del director del SIAPA, Antonio Juárez, quien atribuyó el problema al arrastre de sedimentos provocado por tuberías viejas en la red de distribución… Y sí, son más viejas que ayer y lo serán aún más mañana.
En los días siguientes aparecieron otras versiones. Se habló de contaminación en el canal de Las Pintas, de descargas irregulares en la infraestructura hidráulica provenientes de Tlajomulco, algo que el propio municipio rechazó al asegurar que no existían evidencias de que el problema se originara en su territorio.
En cuestión de días el origen del agua turbia cambió varias veces, incluso señalando al propio SIAPA como posible responsable por descargas en su red de abastecimiento.
Esta misma semana el tema escaló aún más cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió medidas cautelares para que se investigue la calidad del agua y se informe con claridad a la población sobre lo que está ocurriendo. También instó a que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) intervenga.
Así, el problema ya no es sólo técnico, sino también institucional, porque lo que comenzó como un reclamo ciudadano por la calidad del agua, terminó convirtiéndose en una cadena de explicaciones que parecen competir entre sí. Mientras las versiones cambian, miles de personas siguen abriendo la llave con la duda de si el agua que reciben es realmente potable.
Todo esto ocurre además en un momento en el que el tema hídrico está en el centro de la agenda pública. Durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Jalisco, el gobernador Pablo Lemus planteó al Gobierno federal dos proyectos prioritarios para la ciudad: la ampliación de la Planta Potabilizadora Número 1 y la construcción de un nuevo acueducto desde Chapala, obras que en conjunto superarían los 13 mil millones de pesos.
El objetivo, según se dijo, es mejorar el suministro y garantizar la calidad del agua para la Zona Metropolitana.
Justamente por eso lo que hoy ocurre con las explicaciones resulta aún más relevante, porque una cosa es investigar con rigor de dónde viene el problema y otra muy distinta intentar responderlo a golpe de declaraciones.
El agua puede aclararse, y esperamos que pronto ocurra, pero lo que no debería seguir saliendo turbio son las explicaciones.

El agua turbia… y las versiones también

Hoy se cumple el primer aniversario del día en que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco hizo que la atención sobre la crisis de desapariciones en México se centrara en el Rancho Izaguirre.
Lo que durante años fue apenas un punto más en la geografía rural, de pronto acaparó portadas y se volvió noticia de interés nacional como símbolo de una de las heridas más profundas del Estado.
Jalisco ya era récord en cuanto a casos de desaparición de personas, pero el número frío sumaba una narrativa espeluznante al mostrarse las decenas de prendas de vestir, pares de calzado, credenciales o cartas escritas por quienes hoy permanecen desaparecidos. Hacía tangible la crisis que se vive en México y eso sí generó indignación.
Las autoridades respondieron como suele ocurrir en medio de una crisis, con el anuncio de investigaciones exhaustivas, promesas de coordinación entre niveles de gobierno y el compromiso de esclarecer lo ocurrido.
En medio de la indignación social, el discurso institucional se llenó de promesas ligadas a la búsqueda de justicia para las víctimas, castigo para los responsables y garantías de que algo así no volverá a repetirse.
El tiempo hizo lo suyo y la crisis pasó. Las agendas informativas cambiaron, nuevos temas ocuparon el espacio mediático y aquello que parecía intolerable, empieza a diluirse entre otras urgencias porque tenemos la triste capacidad para acumular tragedias sin cerrar del todo las anteriores.
Por eso, los aniversarios tienen una función incómoda pero necesaria: obligan a revisar si aquello que se prometió en medio de la crisis, realmente se tradujo en cambios. La respuesta es no; el Estado en cualquiera de sus niveles sigue mostrando incapacidad.
Jalisco ha vivido en los últimos años varios episodios que exponen la magnitud del problema de desapariciones. Hallazgos, fosas clandestinas, colectivos de búsqueda y cifras que siguen acumulándose mientras las respuestas avanzan con mayor lentitud de la que las familias necesitan.
El Rancho Izaguirre no debería convertirse en un recuerdo más dentro de esa larga lista. Debería permanecer como una referencia obligada para evaluar si las promesas hechas frente al escándalo público realmente se convierten en acciones sostenidas.
Los aniversarios, en el fondo, sirven para medir justamente eso: si la indignación pública logró transformar algo o si, una vez más, solo quedó en promesas.

El rancho que no debería olvidarse

Una amiga tuvo la mala fortuna de estar el pasado fin de semana en Puerto Vallarta. Semanas atrás, ella, su esposo y otras parejas decidieron rentar una casa con alberca; todo iba bien hasta que debió salir al Oxxo. Escuchó motocicletas y gritos que ordenaban resguardarse. También vio personas armadas, pero no uniformadas. Era domingo, más o menos las 09:30 de la mañana.
Esa escena no habla de eficacia criminal, habla de velocidad. No fue un comunicado oficial el que la hizo regresar, ni un video en redes sociales en donde algún funcionario explicaba lo ocurrido; fue el ruido, la urgencia, el miedo.
En situaciones de riesgo, la información que llega primero es la que organiza el cómo debemos comportarnos, qué sí y qué no debemos hacer.
Tras el operativo del domingo, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el gobernador Pablo Lemus insisten en que existe comunicación constante entre los gobiernos federal y estatal. El mensaje claro es que &#8220;hay coordinación&#8221;. Y probablemente la haya. Pero en materia de seguridad, la coordinación no se mide por la frecuencia de las llamadas, sino por la claridad que percibe la ciudadanía.
Cuando la información tarda en llegar, cuando circula en tiempos distintos o cuando el ciudadano debe reconstruir lo ocurrido a partir de fragmentos dispersos, la narrativa oficial pierde fuerza. No porque no haya diálogo interno, sino porque la coordinación, si no se transmite con oportunidad y coherencia, se vuelve invisible.
La seguridad no es solo despliegue operativo; también es manejo informativo. En contextos de tensión, comunicar es parte de la estrategia. Una línea directa entre niveles de gobierno debería reflejarse en mensajes sincronizados y en certezas inmediatas. De lo contrario, el vacío lo ocupa el ruido y ese llegar primero.
Después de más de un año de gobiernos en funciones, la relación entre ambos niveles de gobierno ya superó la etapa declarativa. Lo que hoy se evalúa no es si hay buena voluntad política, sino si la coordinación se siente. Porque cuando funciona, reduce incertidumbre.
Mi amiga no esperó confirmaciones oficiales. Se resguardó cuando el entorno se lo indicó. Esa es la lógica elemental de cualquier persona ante el riesgo. La pregunta es si la información institucional puede llegar con la misma oportunidad que el estruendo. Porque en seguridad, la confianza se construye en el tiempo exacto en que aparecen las certezas.

Hiram Espinoza

La coordinación que debe sentirse

El Mundial 2026 se ha convertido en el eje narrativo del gobierno de Pablo Lemus Navarro. Es su apuesta estratégica para posicionar a Jalisco como puerta de entrada al Pacífico mexicano y vitrina internacional. El Mundial vende futuro y, en política, hablar de futuro siempre es rentable.
Con el futuro en la boca se anuncian obras de infraestructura, se presume la conectividad con aerolíneas como Volaris —con la que hasta se pueden organizar frívolas rifas de vuelos—, se proyecta turismo y se promete inversión. Se instala un ánimo optimista en un Estado que, como el resto del país, arrastra problemas en seguridad, movilidad, servicios públicos y desigualdad.
Es evidente que el Mundial no viene a solucionar ninguno de estos problemas, no de tajo ni como fórmula mágica. Pero sí puede convertirse en una herramienta de impulso, es decir, que más allá de la retórica cotidiana, se traduzca en mejoras tangibles al transporte público, en profesionalización de los cuerpos de seguridad, en rehabilitación de espacios públicos más allá de las zonas estratégicas, en cerrar brechas en colonias que no aparecen en las postales oficiales.
Sería un gran error que la energía de quienes gobiernan se concentre únicamente en aquello que dejará buena imagen durante un mes. Jalisco todavía está a tiempo de elegir el modelo.
Los conflictos sociales siguen activos, y con ellos los problemas estructurales que no caben en la narrativa festiva, si bien el Mundial puede ser impulso no debe convertirse en el centro absoluto del proyecto. Con todo y la tentación de la fotografía para redes sociales, la responsabilidad es gobernar para las semanas y los años posteriores.
Ahí está el verdadero riesgo de gobernar para la foto.

El riesgo de gobernar para la foto

La detención de Diego Rivera como alcalde en funciones por presuntos vínculos criminales, no es sólo un hecho judicial, es antes que nada, un hecho político. Porque nadie llega a una presidencia municipal solo.
Antes de la vinculación a proceso, antes de la designación de una alcaldesa interina, antes incluso de la visita del gobernador con su gabinete, hubo una candidatura. Hubo un partido que lo postuló, estructuras que lo respaldaron, operadores que lo promovieron. La cadena de responsabilidad comienza ahí.
En Tequila, la institucionalidad reaccionó con rapidez. El cabildo cubrió el vacío político y el Ejecutivo estatal anunció una inversión de 500 millones de pesos para infraestructura, educación, salud, conectividad y promoción económica. El mensaje dado es que el Estado está presente, la gobernabilidad se restituye, la crisis no paraliza al municipio.
Pero la pregunta de fondo permanece intacta: ¿qué filtros fallaron antes de que la crisis existiera?
La política mexicana ha perfeccionado el protocolo de sustitución. Cuando un alcalde cae, se nombra interino. Cuando hay vacío, se cubre. Cuando hay escándalo, se anuncia inversión. Lo que no se perfecciona con la misma diligencia es el mecanismo previo: la evaluación real de perfiles, la revisión de antecedentes, la responsabilidad partidista frente a quienes postulan.
Los 500 millones de pesos cumplen una función clara: estabilizar, enviar certidumbre, proteger la actividad económica y el símbolo turístico que representa Tequila para Jalisco y México. También cumplen otra función menos visible: cerrar el capítulo con rapidez, desplazar la conversación hacia el futuro y evitar que la discusión se concentre en la cadena de decisiones que permitió el problema.
La inversión puede ayudar a recuperar confianza en el corto plazo. Lo que no puede comprar es una explicación convincente sobre cómo se rompió el primer filtro de la democracia local. Cuál fue la falla de Morena y cuántas más pudieron haberse cometido en el resto de las candidaturas que dieron en el pasado proceso electoral.
Lo que de verdad debe hacerse es asumir la responsabilidad por haber permitido que se descompusiera y diseñar los mecanismos que impidan que esto vuelva a pasar.

Tequila: la responsabilidad que antecede a la reacción

Hay actos de gobierno que significan más que el mero hecho. El martes, el Gobierno de Jalisco entregó vehículos y equipo especializado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). La inversión fue cercana a los 83 millones de pesos y tiene como objetivo fortalecer la capacidad operativa de los peritos, algo necesario ante el tamaño del rezago que prevalece.
Mil 300 cuerpos sin identificar y cerca de 8 mil segmentos humanos en análisis permanecen hoy bajo resguardo del IJCF. Son cifras que describen la realidad de aquellos que hoy son buscados por alguien y que siguen esperando un nombre, una historia, una despedida. Muchos de esos restos no provienen de archivos antiguos, sino de fosas localizadas en Jalisco en años recientes, varias de ellas en la zona metropolitana.
Para enfrentar esa realidad, el Estado invierte en georradares para detectar cuerpos bajo tierra, rayos X portátiles para analizar restos en campo y maquinaria especializada para excavar en fosas clandestinas. Herramientas que dicen mucho del país —y del estado— en el que vivimos.
El Instituto reconoce el rezago, explica sus límites técnicos, habla de avances. Y es cierto: hay identificaciones que hoy se logran en días y no en años, pero ese progreso convive con una especie de anestesia social, una costumbre a convivir con la desaparición de personas. Ahí están las miles de cédulas de búsqueda que son parte del paisaje urbano.
Nos indigna más un bloqueo vial que la razón por la que ese bloqueo ocurre. El 26 de enero, familiares y amigos de José Ricardo Loza, desaparecido desde el día 22, cerraron el Periférico a la altura de Avenida Vallarta. La protesta colapsó la zona, suspendió por horas el servicio de Mi Macro Periférico y derivó en una riña entre manifestantes y usuarios. La molestia fue inmediata por el colapso, no por la ausencia de José Ricardo&#8230; nuestra escala de indignación ha cambiado.
La tragedia se procesa cada vez más en cifras, comunicados y ceremonias administrativas. Agradecemos el nuevo equipo, asumimos el rezago como dato técnico y seguimos adelante, aun cuando hay cuerpos sin identificar, segmentos humanos que deben armarse como rompecabezas y expedientes que no cierran nunca.
Lo inaceptable se vuelve rutina.

La sociedad anestesiada que somos

Mili Naveja, presidenta de la asociación civil Donación de Milagros, denuncia una realidad con consecuencias potencialmente letales: cien pacientes renales de la Clínica 89 del IMSS en Guadalajara se quedaron sin hemodiálisis porque se terminó el contrato de subrogación y se terminó el presupuesto para renovarlo. No hubo transición ni alternativa inmediata, tampoco material para hacerlo en la clínica; lo que tienen es la promesa de asignarlos semanalmente “de cinco en cinco” en otra unidad.
Para un paciente renal, eso no es una reprogramación. Es una cuenta regresiva a una muy mala calidad de vida y condena invariable a la muerte.
A la par, un día antes apenas, en el Congreso de Jalisco dos diputadas anuncian avances en la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas con Espectro Autista, construida desde el parlamento abierto y con un cambio de enfoque de fondo. Antes, desde ese mismo espacio, se colocó en la agenda pública la atención a la diabetes y con ello se construye el discurso de que, en lo estatal, la salud es prioridad.
Pero el caso que Mili hace visible obliga a mirar a otro nivel del Estado. La falta de hemodiálisis es un problema del IMSS y del ISSSTE, instituciones federales que hoy no cuentan con suficientes máquinas para la cantidad de pacientes renales que existen en Jalisco.
En este contexto aparece el anuncio del Servicio Universal de Salud y su tarjeta, presentada como solución administrativa, cuando el problema es de presupuesto para comprar máquinas y contratar más médicos. Ninguna tarjeta crea “turnos” donde no hay capacidad instalada.
La pregunta es si lo único que queda por hacer es —otra vez— una intervención emergente del gobierno de Jalisco para subsanar la falta de respuesta presupuestal del gobierno federal. Es decir, ¿podría Jalisco asignar recurso para atender a pacientes renales, como ya ocurre con quienes padecen de cáncer o diabetes?
Ahí está la grieta entre el discurso y la realidad.
Entre la salud que se anuncia, la que se legisla… y la que, mientras tanto, se queda esperando.

Salud: lo que anuncian, lo que legislan… y lo que no alcanza

La salud pública es un asunto colectivo, significa que las decisiones individuales tienen efectos comunitarios, significa también que la prevención no puede depender únicamente del sistema de salud del Estado; pero sí es su responsabilidad poner las herramientas suficientes.
Eso lo saben los estudiosos del diseño de políticas públicas, pero también lo aprendimos quienes vivimos con consciencia el año 2020, el de la pandemia por COVID-19. Ahí entendimos aquello de “o salimos juntos, o no salimos”.
Años después, el brote de sarampión en México nos recuerda esa premisa. Si nos enfocamos solo en nuestro Estado, Jalisco supera ya el millar de casos confirmados, con una concentración relevante en el municipio de Tonalá. La respuesta institucional ha sido la instalación de módulos, brigadas de vacunación y cercos sanitarios en torno a los casos detectados. Medidas necesarias, aunque claramente reactivas.
Esta semana, desde la conferencia matutina del gobierno federal, se anunció la compra adicional de vacunas y se reiteró la intención de fortalecer la cobertura del sistema de salud. En el discurso, el énfasis está puesto en la capacidad de respuesta del Estado. En la práctica, la prevención vuelve a aparecer una vez que el problema ya está encima.
Sin embargo, reducir el debate a lo que hace o deja de hacer el gobierno es insuficiente.
El COVID dejó una enseñanza que hoy parece diluirse: Ningún esquema de vacunación funciona si la población no participa activamente. La renuencia a vacunarse, la desinformación y la percepción de que ciertas enfermedades están erradicadas, forman parte del problema tanto como los rezagos institucionales.
La salud pública no se sostiene únicamente con compras emergentes ni con anuncios de cobertura universal. Tampoco con la idea de que la responsabilidad es exclusivamente gubernamental. Es un equilibrio frágil entre políticas públicas oportunas y ciudadanía consciente.
El sarampión no es solo un reto sanitario; es un recordatorio de que las lecciones aprendidas no se conservan solas. Requieren memoria, constancia y corresponsabilidad. Ahí está el verdadero contraste entre lo que se dice y lo que se hace.

Sarampión: O salimos juntos o no salimos… oootra vez

Miguel De La Rosa Figueroa

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En Jalisco hay evidencia de que las decisiones públicas no se sostienen por su diseño original, sino por la reacción que provocan. No es necesariamente el gobierno quien marca el rumbo, sino la ciudadanía la que termina presionando para corregirlo.
El caso más reciente es el relacionado con el transporte público. La tarifa técnica se fijó en 14 pesos como resultado de un proceso formal, y el costo al usuario quedó en 11 tras el ajuste del subsidio estatal. La diferencia no es menor: no se modificó la decisión estructural, pero sí su impacto político.
Y en ese ajuste hubo también una corrección importante. El subsidio dejó de estar condicionado al trámite de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, uno de los puntos que generó mayor inconformidad. Es decir, no solo se atendió el reclamo por el costo, sino también por la forma en que se pretendía aplicarlo.
Ahora viene “cascabeleando” otro asunto que cada vez resulta más urgente: la mala calidad del agua. En medio de la crisis que atraviesa el SIAPA, su director reconoció que no hay recursos suficientes para atender los problemas del sistema, mientras desde el propio gobierno se impulsa el acueducto como una de las soluciones para mejorar la calidad del agua, al sustituir el canal abierto por conducción cerrada.
El acueducto no es la única acción necesaria, pero se plantea como un parteaguas —mejor referencia imposible— en la calidad del agua que llega a las plantas de tratamiento. Sin embargo, podría enfrentarse a un obstáculo importante: a mediados de febrero, colectivos ambientalistas interpusieron un amparo para exigir transparencia sobre el proyecto del segundo acueducto Chapala–Guadalajara, cuya información ha sido reservada bajo argumentos de seguridad.
No es un actor menor. El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario ha demostrado que puede llevar estos conflictos al terreno legal y sostenerlos en el tiempo. Ahí está el antecedente de El Zapotillo: una obra concluida, sí, pero modificada de fondo tras años de litigio, lo que permitió evitar la desaparición de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Ahí aparece la tensión de fondo: se proyectan soluciones de gran escala mientras persisten fallas estructurales y falta de claridad en el presente. Y frente a eso, la presión social —en la calle o en tribunales— termina empujando respuestas que no estaban sobre la mesa desde el inicio.
Esto no necesariamente habla de un gobierno que escucha —como suele decirse—, sino de uno que corrige. Y hay una diferencia importante: escuchar implica incorporar desde el inicio; corregir implica que algo no se hizo bien desde el principio. Y cuando la corrección sustituye a la planeación, el futuro deja de diseñarse… y empieza a improvisarse.

El ciudadano que corrige al gobierno