Miguel De La Rosa Figueroa

El chorro de agua cristalina que deberían recibir las y los habitantes de la ZMG al abrir la llave, hoy es un líquido café, oloroso a metales, que ensucia la ropa y daña la salud. “Parece que nos mandan chocolate por la tubería”, decía una persona con ironía frente a su fregadero. El agua en estas condiciones, aun cuando los funcionarios públicos del SIAPA quieran aminorar sus implicaciones, constituye una grave crisis de salud pública.
En la Zona Metropolitana de Guadalajara el agua ni es incolora ni es inodora, ni es inocua, su estado incumple los criterios básicos de potabilidad, consecuencia de la negligencia y corrupción que afecta al organismo operador.
Mientras el SIAPA y los gobiernos locales se pierden en tecnicismos y culpas compartidas, al menos 176 colonias —el 10% de la metrópoli— reciben en sus hogares agua de mala calidad.
Es tan escandaloso y tan alto riesgo este momento que, la CEDH, ya emitió medidas cautelares a directivos del SIAPA y COFEPRIS para que informen las medidas correctivas y los riesgos a la salud de la población.
La crisis del agua tiene además un costo doble o hasta triple que las familias ya no pueden sostener, no es solo el riesgo sanitario; es el gasto de comprar garrafones, reparar tuberías carcomidas por el sarro y cambiar filtros que no duran un suspiro,  además de tener que pagar el incremento tarifario cercano al 10%, que se autorizó, con el voto en contra de los diputados de MORENA, con el argumento de dar viabilidad financiera al SIAPA para la prestación eficiente del servicio, atender problemas de desabasto y la mejora continua en la calidad del agua.
Esta cadena de negligencias confirma que el problema no es solo técnico, sino de profunda opacidad administrativa. Mientras el Congreso del Estado condicionó el aumento tarifario a la entrega de un Diagnóstico Integral y un Plan de Acción con metas claras, el SIAPA ha respondido con desdén: entregó un documento extemporáneo, pobre y carente de sustento que solo evidencia el descontrol en su dirección. Al día de hoy, el plan de acción sigue siendo una promesa incumplida, pues no se ha entregado.
Es un insulto que se pretenda dar ¨viabilidad financiera¨ a un organismo que no puede garantizar agua potable, pero que sí es eficiente para cobrar un aumento del 9.6%. La prueba de este desgobierno interno quedó plasmada en papel: el mismo Congreso de Jalisco, con el voto de la bancada de MORENA, aprobó que se realizara al organismo una auditoría externa integral. El informe de auditoría llegó hace dos semanas, y el proceso y la conclusión evidencian lo que la ciudadanía tiene muy claro: el SIAPA tiene muchas debilidades y salvedades que atender y corregir para estar en posibilidades de operar y hacer frente a sus obligaciones.
En más del 70% de los rubros auditados el organismo no pudo proporcionar evidencia documental adecuada: desde una desorganización en el área de recursos humanos —manejando varios tabuladores salariales, duplicidad de pagos a IMSS e IPEJAL e incorrecto cálculo del ISR de sueldos— hasta pagos excesivos de tiempo extra. La mayoría de las compras se hacen por adjudicación directa con urgencia y existe un padrón de proveedores incompleto, con un saldo de cuentas por cobrar que asciende en las instituciones de gobierno a 1,215 millones de pesos y en la ciudadanía a más de 13 mil millones de pesos.
Mientras el SIAPA se pierde en un laberinto de cuentas turbias, adjudicaciones directas y desorden de nómina, se vulnera el derecho humano al agua potable, se atropella inevitablemente el derecho a la salud de miles de familias. En la zona metropolitana, el agua cristalina se volvió un recuerdo, y la transparencia gubernamental, un mito tan turbio como lo que sale de nuestras llaves.

Miguel De la Rosa Figueroa

SIAPA: Agua y cuentas turbias

La iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum pretende corregir tres grandes vicios del sistema político mexicano que el pueblo ha demandado resolver de manera insistente:
Uno, el arribo de las élites de los partidos políticos a los cargos públicos mediante el mecanismo de representación proporcional, sin asumir compromisos con el electorado.
Dos, el excesivo derroche de recursos para el financiamiento de los partidos políticos y los procesos electorales.
Tres, la limitada participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos.
Conforme al estado actual, existen 32 senadurías y 200 diputaciones plurinominales en el Congreso de la Unión, ocupadas por personas que no fueron votadas por el pueblo, es decir que no tuvieron necesidad de ponerse en contacto con la gente, no escucharon sus demandas, no observaron las problemáticas de sus comunidades y no se comprometieron cara a cara a trabajar por su solución. La iniciativa de la Doctora Claudia busca cancelar esas 32 senadurías, dejando 64 (2 por cada entidad federativa más la CDMX) que resultarían de las votaciones mayoritarias logradas en cada Estado, más otras 32 que surgirían de las segundas votaciones más altas por Entidad. Así, el Senado se conformaría por 96 senadurías y no por las 128 actuales, y esas 96 senadoras y senadores tendrían que haber buscado la confianza y voto popular en el territorio.
En cuanto a las diputaciones plurinominales, se propone en la iniciativa de la presidenta, que resulten de las y los 200 candidatos que logren los segundos lugares en las votaciones de los distritos electorales, conformando la Cámara de Diputados entonces con 300 ganadoras y ganadores de primer lugar por distrito, más estos otros 200 de segundo lugar. Con ello las 200 diputaciones plurinominales también habrían establecido contacto y compromiso con la ciudadanía.
Para disminuir el derroche de los recursos públicos, la Doctora Claudia Sheinbaum propone disminuir el financiamiento de los partidos políticos y evitar el gasto por duplicidad de funciones que actualmente se hacen por la existencia del INE y los 32 organismos electorales locales. El propósito que se busca es ahorrar un 25 por ciento del presupuesto electoral, el cual asciende, en un año de elecciones en México, hasta a 60 mil millones de pesos, ubicándonos en este momento como una de las democracias más caras del mundo.
El tercer problema a atender con la propuesta de la presidenta, se enfoca en incluir más a la ciudadanía en la toma de decisiones. En un sentido esta inclusión quiere otorgarle a la gente la decisión sobre la continuidad o no de las y los funcionarios públicos de elección popular, sin tener que esperar cuando resulten calamitosos a que concluyan su periodo. En otro sentido, para que pueda participar la ciudadanía, mediante consultas, sobre los temas de interés general como lo son la definición de obras y la delimitación de prioridades de gasto público.
Sin duda, la resistencia de los partidos políticos opositores, incluidos algunos coyunturalmente aliados de Morena, para impedir que se apruebe la reforma electoral, no obedece al afán de preservar principios, derechos ni valores democráticos, sino al ánimo por mantener vicios del sistema político que les aportan a las élites de los partidos cargos y dinero público y que mantienen al pueblo estancado en una democracia medio representativa y poco participativa.
Pase o no la reforma electoral de la presidenta de México, ya ganó ella por hacer lo que la ciudadanía ha demandado del sistema político: más democracia y menos derroche.

Más democracia y menos derroche

Haciendo memoria de aquella expresión de Rafael Inclán sobre la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia de México: “Vamos a tener una ama de casa por 6 años”, resulta propicio en estos tiempos recordar también la respuesta que le dio ella a tan desafortunado comentario: “A mucho orgullo soy ama de casa, mamá, abuela y Comandanta Suprema de las fuerzas armadas por decisión del pueblo de México”.
No cabe duda, la doctora Claudia Sheinbaum, además de las otras facetas de su vida personal y familiar, aparte de ser una científica destacada, es una probada Comandanta de las fuerzas armadas. Atrás quedaron los malos augurios de que por ser mujer no podría con el encargo, que le daría miedo enfrentar a la delincuencia. O aquellos prejuicios de que las instituciones castrenses y de seguridad federales, habituadas al liderazgo de los varones, no atenderían la instrucción de una mujer.
A la doctora no le han faltado arrestos para tomar decisiones cuando el propósito ha sido garantizar la seguridad y recuperar la paz de las y los mexicanos, y las instituciones de fuerza del Estado no le han escatimado obediencia y disciplina a la mujer a quien el pueblo le otorgó el mando.
Falta mucho por hacer en materia de seguridad, pero la inmensa mayoría reconocemos y tenemos confianza; hay Presidenta, la fuerza del Estado es disciplinada a su liderazgo y esta misma fuerza es por mucho, mayor a cualquier otra que ejerza cualquier grupo del crimen organizado.
Desafortunadamente, en el ejercicio del poder del Estado para enfrentar la criminalidad se han perdido vidas; es de lamentarse profundamente la muerte de las y los integrantes de la Guardia Nacional, del Ejército y de las instituciones de seguridad locales y municipales que han dado lo más preciado por todas y todos nosotros.
Arrastramos décadas de marginación y exclusión social; han de seguirse atendiendo estas desigualdades porque son el caldo de cultivo de la inseguridad. Se deben seguir fortaleciendo  las instituciones  de seguridad como lo es la Guardia Nacional, capacitarla, equiparla y hacerla impenetrable a la corrupción. Ha de continuarse con la incorporación de nuevas tecnologías y métodos de investigación y persecución del delito, mejores sistemas de inteligencia focalizados al seguimiento de las actividades delictivas. Continuar con la coordinación entre el gobierno federal, las entidades y los municipios, hacer de la tarea de prevención, persecución y sanción de la actividad criminal una labor concurrente.
En este ambiente, con estos desafíos, también debemos retomar lo más posible nuestras labores cotidianas. Con la previsión debida seguir estudiando, trabajando, gobernando, comercializando y emprendiendo para engrandecer a México y vencer a aquellos que pretenden destruirlo.

Ama de casa y Comandanta Suprema

Este cargo de diputado local, amable lector, lectora, es el primer encargo político legal que he asumido y no espero más. Al terminar de desempeñarlo, que la ciudadanía pueda juzgarme de haberlo hecho con decencia, con congruencia y con utilidad social.
Tiempo antes, 26 años casi, los dediqué a la educación: fui (soy) docente, director y supervisor escolar en el nivel de secundaria. Muy probablemente al concluir la Legislatura regresaré con satisfacción a continuar mi trabajo en dicha función.
He de compartirles también que, reconociendo la falta de experiencia en muchos temas y más en la política, antes de tomar posesión de la diputación busqué el consejo de personas expertas y al consultarles un listado de asuntos que sin duda serían materia de discusión legislativa, surgió el que la gente identifica como las “infancias trans”, el cual habría de abordarse porque pesa sobre el Congreso una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a legislar al respecto.
Los consejos que recibí sobre este asunto fueron más o menos en este sentido:
“Ni se te ocurra apoyar los temas de la diversidad, Jalisco es un Estado conservador y únicamente te ganarías el repudio de la mayoría”.
Incluso, en sintonía con tales recomendaciones me sugirieron una especie de máxima política:
“En política no debemos decir lo que queremos decir, sino lo que la mayoría quiere escuchar”.
Con este preámbulo, respetable ciudadana, ciudadano, desatendiendo los consejos y quizá tan “conveniente” máxima, con profundo respeto a tu postura, que quizá sea la postura de la mayoría y la de la respetable comunidad religiosa, quiero exponerte mi opinión. Pero antes de ella hacer de tu conocimiento información precisa, puntual, de lo que ordena la Corte al Congreso del Estado en torno a las “infancias trans” y lo que contiene la iniciativa que presentamos para atender dicha sentencia.
La Suprema Corte, en una sentencia derivada de un recurso promovido por la CNDH contra un artículo de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, dispuso en su sentencia que los menores de edad tienen derecho a la identidad de género autopercibida, por tanto, es inconstitucional que esa ley permita únicamente a los mayores de edad modificar su acta de nacimiento para cambiar su nombre y su género. En ese sentido dispuso la Corte que a los menores que acudan con el acompañamiento de sus padres o tutores y teniendo claridad el funcionario del registro civil que los solicitantes sean conscientes de la decisión, deberá expedírseles una nueva acta de nacimiento con el nombre y el género que soliciten.
Conforme a este derecho, antes de que se emitiera esta sentencia, en Jalisco, en el año 2020 el gobernador Enrique Alfaro mandó una instrucción a los registros civiles para que aceptaran los cambios en las actas de nacimiento por este motivo. Al día de hoy, cientos de menores lo han hecho y reconozco que más allá de los discursos, el gobierno estatal actual no ha dado disposición en contrario.
Sin embargo, para el caso de menores que no cuenten con la anuencia de sus padres o tutores, la Corte ordenó al Congreso del Estado que DEFINIERA EL PROCEDIMIENTO CIVIL QUE DEBERÁ SEGUIRSE EN INSTANCIA JUDICIAL PARA QUE DICHOS MENORES RECLAMEN ESTE DERECHO.
La iniciativa que presentamos, respetable lector, lectora, es exclusivamente para proponer, conforme a la sentencia de la Corte, que el PROCEDIMIENTO JUDICIAL A SEGUIR EN ESTOS CASOS SEA EL DE CARÁCTER SUMARIO, contemplado en el código de procedimientos civiles vigente. Esto es y nada más.
Con apego a la verdad: no estamos legislando para que menores de edad puedan cambiar su sexo, lo que tendría que ver con procedimientos quirúrgicos, ni siquiera para que puedan cambiar su género, porque la sentencia de la SCJN ya lo reconoció basada en la interpretación de derechos establecidos en la Constitución Federal y en diversos tratados internacionales (por cierto, tal sentencia votada por unanimidad de las y los ministros que la integraban antes de la elección del Poder Judicial). Solamente estamos enunciando la vía judicial que habrá de seguirse cuando exista negativa de padres o tutores para que sus hijos, hijas menores que lo quieran hacer, cambien su acta de nacimiento.
Ahora sí, como opiniones personales, he de decir lo siguiente:
Siempre he pensado que las personas somos diferentes y que dichas diferencias no pueden ser motivo para la confrontación, el maltrato o la discriminación. Ya lo hicimos a lo largo de la historia por razones de lugar de nacimiento, por condición económica, por color de piel, por pertenencia religiosa, por ideas políticas y hasta por género (hombres contra mujeres). Todas estas posturas han sido luego estigmas de vergüenza de la humanidad entera y hemos aprendido que la mejor manera de convivir es respetarnos, respetando nuestras diferencias.
Pienso, con tantos años de convivir y de observar la conducta adolescente, que pasando la infancia, las y los menores comienzan a definir en materia de identidad de género aquello con lo que se identifican, no como producto de influencia cultural, no como ocurrencia pasajera, no como consecuencia de trastorno o degeneración sexual; más bien como resultado de cierto impulso natural. Así, es posible observar que muchos menores hombres se asumen como hombres, muchas menores mujeres se asumen como mujeres, pero también en algunos casos se observa a menores que se identifican con un género diferente del de su sexo.
Particularmente con estos últimos, observamos que algunos miembros de sus familias, a veces sus compañeros e incluso los maestros, los comienzan a maltratar o a hacer objeto de escarnio, burlas o discriminación. Vemos a padres molestos, a veces violentos, que dirigen a sus hijos toda su ira cuando se enteran de ello, cuando les escuchan hablar, cuando les ven comportarse diferente.
Pienso al respecto que las familias, la escuela y la sociedad deberían asumir una actitud diferente ante esta divergencia. Considero que la actitud de las y los demás hacia estas personas habría de dejar claro que así como son, son bienvenidas y bienvenidos a la comunidad humana. Deberíamos trabajar, como lo hacemos con todas y todos los demás adolescentes, para que participen de una educación sexual integral. Que aprendan a cuidarse y a cuidar a los demás, que aprendan a respetarse y a respetar a los demás.
Hay muchas cosas más que expresar en torno a esta situación. Quizás valga la pena hacerlo, no desde lo que resulte políticamente, si no humanamente conveniente.

Decir lo que se piensa o lo que quieren escuchar

Desde el 22 de noviembre de 2024 y hasta el día de hoy, el “Operativo Enjambre” diseñado por el gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha detenido a 61 funcionarios públicos presuntamente responsables de cometer diversos delitos. De ellos, 14 se desempeñaban como presidentes municipales y habían obtenido el triunfo postulados por instituciones políticas de todos los colores partidarios: PAN, PRI, PRD, MC, Morena, PT y Verde, más uno perteneciente al Partido Chiapas Unido.
La pluralidad partidaria de los detenidos refleja que la presidenta de México no actúa por consigna política y no encubre a nadie. Con ello manda un mensaje a todos los servidores públicos; la seguridad de las personas, la protección de sus familias, el cuidado de sus bienes, son una prioridad del gobierno federal, y quien atente contra ellos no va a encontrar impunidad ni amparo en el cargo público. El reclamo de la doctora Claudia Sheinbaum ha sido contundente: “Ningún partido político y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse; eso debe quedar muy claro en el país”.
En este contexto, la reciente detención del presidente de Tequila, por instrucción del gobierno federal, ha incentivado en los partidos de oposición, en los pocos funcionarios públicos que aún conservan en algunas entidades y en los medios de comunicación que les son afines, una letanía de acusaciones pretendiendo construir la narrativa de que Morena en su generalidad mantiene pactos con el crimen. Nada más ajeno a la realidad; tanto el gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador y especialmente el de la doctora Claudia Sheinbaum, se distinguen por un esfuerzo evidente, orientado a separar al poder político de cualquier complicidad con la delincuencia organizada.
Evidencia de lo anterior son el número de detenciones, la relevancia de éstas, los materiales, armas, drogas, vehículos asegurados, el dinero confiscado a todos los grupos criminales y no solo a alguno de ellos. Todo esto es por mucho, mayor a los registrados en los sexenios de los partidos de oposición.
No podemos negar que Morena se ha equivocado en la postulación de algunos funcionarios públicos a cargos de elección popular, pero la diferencia sustancial con relación a la oposición es que el propio gobierno federal surgido de Morena, en lugar de voltearse a otro lado o temer al costo político, decide actuar, mientras que en su momento los partidos de oposición que nos antecedieron en el gobierno federal o que gobiernan en las entidades, le han brindado a sus afines completa protección e impunidad.

Operación Enjambre, sin distingo de partidos

Desde el arranque del primer año de gobierno del presidente Donald Trump, en este su segundo mandato, ha llevado al planeta a una delicada crisis por las frecuentes acciones militares, la recurrente imposición unilateral de aranceles, la inhumana persecución de inmigrantes, la represión a las protestas ciudadanas y los múltiples y confrontativos discursos con los que pretende imponer su voluntad, afuera y dentro de su territorio.
México, especialmente, ha padecido sus intemperancias y las ha tenido que sumar a las tradicionales complejidades existentes en su relación con EU. Incluso los acuerdos formalmente suscritos entre ambos países, en estos tiempos han vivido su angustia y puesto en riesgo su observancia y continuidad por los espontáneos arranques de superioridad del vecino del norte.
Sin embargo, aún en ese marco de autoritarismo que distingue al ejecutivo estadounidense, nuestra Nación ha logrado sostener una relación respetuosa y, salvo en algunos temas arancelarios y discursivos, la actual vinculación económica incluso nos ha resultado positiva (aumentamos las exportaciones a EU en un 7% el año pasado).
¿Qué ha determinado este cambio de paradigma, de relaciones de sometimiento a relaciones de entendimiento y de beneficio mutuo? La Doctora Claudia Sheinbaum lo sintetiza en una clara premisa: cooperación sí, subordinación no.
México ya no es la Nación vulnerable de otras épocas. Frente a las amenazas utilizadas como instrumento político, nuestro país responde desde una posición de fortaleza moral, política y económica: el gobierno de la Doctora Claudia Sheinbaum tiene una legitimidad social que rebasa el 80%, lo que se traduce en poder político para negociar; además, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, le aportamos a su economía insumos, recursos, productos y servicios indispensables para sus propios procesos productivos, para la satisfacción de sus necesidades de mercado interno y para su competitividad en el exterior. Hay una interdependencia económica real que obliga a ambas naciones a actuar colaborativamente.
Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con el presidente Trump, en la que se abordaron temas centrales para ambos países, entre ellos el futuro del T-MEC. El diálogo fue directo, respetuoso y orientado a dar seguimiento puntual a los acuerdos. Esta relación demuestra una nueva forma de ejercer la política exterior: firme en los principios, pero abierta a la coordinación.
En temas sensibles, México ha dejado claro su posicionamiento. En materia de agua, el reciente acuerdo sobre el Río Bravo muestra que es posible cumplir compromisos internacionales sin poner en riesgo la viabilidad de nuestros productores y comunidades. En seguridad, México hace su parte para frenar el tráfico de fentanilo, pero exige corresponsabilidad de Estados Unidos para detener el flujo ilegal de armas que tanto daño causan a nuestro pueblo.
La conducción de la presidenta Sheinbaum no sólo ha generado estabilidad y certidumbre; es una líder reconocida a nivel internacional. El propio presidente Trump ha destacado la capacidad, inteligencia y firmeza de la mandataria mexicana. La relación con Estados Unidos es compleja, sí, pero por primera vez en décadas se construye desde el respeto mutuo, la soberanía y el bienestar de nuestro pueblo.

Una líder maravillosa

Antes fue el dengue y ahora el sarampión. Los casos de estos problemas de salud, que colocan a Jalisco en el primer lugar nacional, reflejan el descuido que las autoridades locales han tenido en la política de salud implementada, la cual sigue causando perjuicios en la salud de la población.
De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades locales, Jalisco registra una tasa de 7.54 casos de sarampión por cada 100 mil habitantes, la más alta a nivel nacional. Esta situación nos coloca frente a una clara fase de alerta sanitaria, ante la cual la Organización Panamericana de la Salud incluso ha sugerido retirar a México el estatus de país libre de sarampión.
Durante 2025 y 2026 se han confirmado mil 344 casos y ya se registran dos defunciones por esta enfermedad. Hasta hoy, 38 municipios reportan personas afectadas por este problema de salud. A ello se suman los riesgos sanitarios a los que podría exponerse la población de Jalisco al ser sede mundialista.
Jalisco enfrenta nuevamente una crisis de salud pública. Resulta urgente que la política estatal se involucre de manera decidida en su atención, garantizando la aplicación de la vacuna en todos los espacios posibles y reforzando los servicios médicos de primer contacto. Actualmente, numerosas unidades de salud operan con carencias severas, como la falta de personal y la escasez de insumos básicos, incluida la ausencia de jeringas para la vacunación, lo que evidencia una problemática estructural en el sistema de salud estatal.
Debe ser prioritaria la coordinación entre las secretarías involucradas para asegurar que la vacunación se lleve a cabo en los planteles educativos, principalmente en los de educación básica, siempre previa autorización de madres y padres de familia. La prevención no puede seguir siendo postergada ni tratada como un asunto secundario.
Esta crisis sanitaria se debe, en gran parte, a que las autoridades locales continúan empecinadas en una postura separatista, al negarse a coordinarse con la Federación tanto en las medidas de prevención sanitaria como en la prestación de los servicios de salud en general. Esta actitud pone en riesgo el derecho a la salud de millones de jaliscienses, al anteponer diferencias políticas a las necesidades urgentes de la población.
Es momento de reconocer que la incorporación de Jalisco al IMSS Bienestar es urgente e inaplazable. Esta medida fortalecería de manera decisiva el sistema de atención para quienes no cuentan con ningún régimen de seguridad social. Jalisco merece, exige y tiene derecho a recibir servicios de salud con los más altos estándares de calidad, cobertura y atención; la política estatal no puede seguir retrasando decisiones que afectan la vida y bienestar de la población.

Sarampión sube, gobierno de Jalisco baja

Hace unos días un medio de comunicación local publicó una nota en donde señala que la Contraloría del Estado encontró que en el año 2023 el Gobierno de Jalisco compró a la empresa “Forticus Tech” 8 mil 603 computadoras a un sobreprecio del 200%. Con relación a ese contrato, el gobierno erogó 99.7 millones de pesos, es decir 9 mil 995 por equipo. Si el sobre precio fue del 200% en esta adquisición, significa que el gobierno de Alfaro pagó indebidamente en exceso, más de 66 millones de pesos.
La misma nota periodística da cuenta que en el año 2024 el gobierno de Alfaro le hizo dos compras más a la misma empresa: En la primera adquirió 6 mil 40 computadoras y pagó por ellas 59.7 millones de pesos, cuyo valor unitario fue de 9 mil 897 pesos. En la segunda compra adquirió 8 mil 625 computadoras por un costo de 86.1 millones de pesos, es decir a un precio de 9 mil 998 pesos por equipo. Se desconoce si ambos contratos del 2024 están siendo investigados por la Contraloría estatal.
La intervención de la Contraloría en la compra de computadoras en el 2023 fue por exigencia de distintos empresarios quienes se quejaron de que en la licitación hubo participantes que ofertaron los mismos equipos hasta en 3 mil 100 pesos.
Hay elementos suficientes para estimar que no solo en la primera adquisición sino en las dos siguientes, el sobreprecio ronda el 200%. Entonces, si en total se adquirieron 23 mil 268 equipos y se pagaron por ellos 245.5 millones de pesos, significa que el gobierno de Alfaro, en lugar de pagar 245.5 millones de pesos, debió pagar solo 81.8 millones. Esto presume un menoscabo de 163.7 millones de pesos del erario.
Un caso más de corrupción identificado por la Contraloría en el gobierno de Alfaro, es el de los 150 millones de pesos que se observaron porque se quisieron justificar como compra de gasolina para patrullas que estaban descontinuadas e inservibles.
Considere la ciudadanía, 163.7 millones de pesos del sobreprecio de las computadoras, más 150 millones de pesos de la falsa compra de gasolina. En suma 313.7 millones de pesos perdidos por estos actos de corrupción. ¿Cuántas escuelas, centros de salud, unidades deportivas, ambulancias o patrullas no se adquirieron? ¿Cuántas maestras, maestros, médicos, policías no se contrataron por este desfalco? ¿Cuántas calles se quedaron sin alumbrado, sin empedrado, cuántas viviendas sin agua o drenaje? ¿Quiénes están disfrutando con lo anterior, quiénes han perdido por ello?

Paremos la corrupción

Jonás

Investigación judicial en la refinería de Dos Bocas

Staff quiero tv

Mi pecho no es bodega

Juan Pablo Colín

Plan B y las prioridades

Arturo Garibay

“Proyecto Fin del Mundo”: Entretenimiento apocalíptico

Hiram Espinoza de los Monteros

El ciudadano que corrige al gobierno

Hubiese sido ideal que la iniciativa de ley en materia electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum hubiera alcanzado la mayoría calificada. Con ello, el reclamo social de que disminuya el excesivo financiamiento a los partidos políticos sería ya una realidad en nuestro país.
Hubiese sido ideal que se aprobara dicha iniciativa, para que las futuras diputaciones y senadurías plurinominales las decidiera el voto popular directamente y no las cúpulas de los partidos políticos.
Hubiese sido ideal su aprobación, para otorgarle al pueblo mayor participación en los asuntos públicos y más control sobre el actuar de los funcionarios a través de los mecanismos de consulta y revocación de mandato propuestos en ella.
Pero esta iniciativa no pasó; el PAN, el PRI, MC y algunos partidos aliados votaron en contra; priorizaron la conservación de sus privilegios por encima de las demandas ciudadanas en materia política y de austeridad. La presidenta cumplió, ellos no.
Sin embargo, no podemos dejar de insistir y de volver a intentarlo, no por terquedad, sino por deber ético, por compromiso social.
En ese ánimo, la doctora Claudia Sheinbaum ha enviado una nueva propuesta, el denominado Plan B, mediante el cual, si no en todo, sí en parte busca corregir algunos vicios y excesos del sistema político mexicano.
Concretamente, propone un tope al gasto de los congresos locales, para que sus recursos no rebasen el .7 por ciento del presupuesto de cada Entidad. Además, fija un rango para el número de regidurías en cada municipio de entre 7 y 15 según la proporción de habitantes. En el caso de consejerías del INE, de los OPLE’s y magistraturas de los tribunales electorales, dispone límites salariales y de prestaciones, considerando esta necesidad porque a pesar de que la Constitución determina que nadie puede ganar más que quien ocupe la presidencia de México, en la práctica aún sucede y con excesos vergonzosos.
De aprobarse esta nueva iniciativa, el pueblo de México se estaría ahorrando cuando menos 4,000 millones de pesos cada año y de haber prosperado la anterior, sería un monto mayor a los 15,000 millones.
Otra vez surgen voces desde la oposición que se pronuncian ahora en contra del Plan B; señalan que se violenta el federalismo, que se afecta la autonomía de los órganos electorales. Falso, tanto en la anterior como en esta nueva iniciativa lo que se busca, entre otras razones fundamentales, es poner un freno al derroche de los recursos públicos y priorizar el gasto en favor de las necesidades sustantivas de la población.
Está iniciativa no es la ideal, no resuelve de fondo el dispendio, pero en lo que la voluntad popular castiga electoralmente a sus detractores, es la reforma posible.

Plan B, lo posible